Josefa Villareal Baños

Expediente 684/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
684/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Josefa Villareal Baños

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA TERCERO INTERESADA PETRA CASTRO HERNÁNDEZ, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION AUTORIZADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 684/2018. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, y remitido ese mismo día por razón de turno, al Juzgado Octavo de Distrito, Josefa Villarreal Baños, por propio derecho y en su carácter de Síndica Municipal y representante legal del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ejecutora. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Todos con sede en la ciudad de Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Del H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO: 1.- El acuerdo de fecha trece de julio del año 2018 emitido en el expediente laboral burocrático 259/2011, promovido por la hoy tercera interesada, mediante el cual la autoridad responsable sin fundar ni motivar dicho auto, me impone una multa consistente en 250 días salarios mínimos vigentes en la capital del estado, en mi calidad de síndica del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, y de forma personal y que para tal efecto ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero; y sin señalar de forma específica como tuvo por acreditada la contumacia de mi parte, a dar cumplimiento a su mandato, requisito sine quo non que resulta indispensable para hacer efectiva dicha medida de apremio, máxime que se le mantiene informado de todas y cada una de las gestiones que mi representada se encuentra realizada, para cumplir con el laudo reclamado. 2. La instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras para que me realice un cobro, por un concepto de multa determinada. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: A): Del C. actuario adscrito a ese H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje; la inconstitucional e ilegal notificación que me realizó el día 5 de agosto del 2018, en el juicio laboral burocrático número 259/2011, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Guerrero; laboral, del acuerdo de fecha trece de julio de 2018, el cual de la simple lectura del acta de notificación se desprende que no fue realizado en los términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y de Descentralizados del Estado de Guerrero, y por ende dicha notificación resulta nula; en virtud de que es de explorado derecho que la Ley 51 no admite supletoriedad de norma y dicha notificación se realiza con base en lo de norma y dicha notificación resulta nula; en virtud de que es de explorado derecho que la Ley 51 no admite supletoriedad de norma y dicha notificación se realiza con base en lo dispuesto por los artículos 741 y 744 de la Ley Federal del Trabajo. B) SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO: 1.- El cumplimiento que le pretende dar a la ilegal orden de sancionar e imponerme el pago de una multa determinada, sin que mi representado se encuentre enterado, por qué razón o motivo alguno se le pretende impone dicha sanción o medida. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se registró la demanda de amparo bajo el número 684/2018, se previno a la parte quejosa a efecto de que manifestara si en contra de la notificación reclamada, promovió algún recurso ordinario o medio de defensa legal en su contra; previo desahogo de la prevención formulada, en acuerdo de veintiuno siguiente se desechó por cuanto aquel acto y se admitió respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó la notificación del inicio de este juicio al tercero interesado; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso 36/2016 que lo modifica; ya que se reclama la imposición de una multa a la autoridad demandada en un juicio burocrático en la etapa de ejecución de sentencia, cuya ejecución tendrá lugar en un municipio en donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Legitimación. La quejosa Josefa Villareal Baños, se encuentra legitimada para promover el presente juicio constitucional, al ser la persona que aun cuando ostenta el cargo de Sindica Municipal del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero y es a este último a quien se le impuso la medida de apremio, aquélla debe cubrir con su peculio la multa que por esta vía se reclama y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado demandado; según lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la Tesis: XXI.2o.C.T.6 L (10a.), consultable en la página 2771 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Laboral, de rubro y texto siguiente: MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO). La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el objeto de estudio lo constituye el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, pronunciado en el expediente laboral 259/2011, por el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el cual se impuso la parte quejosa una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, de conformidad con el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, así como su ejecución. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, pues así lo manifestó la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, y que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 259/2011 que allegó en su apoyo (tomo I de prueba), las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. Igual determinación corresponde hacer en torno al acto de ejecución que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, no obstante que al rendir su informe justificado (por conducto de la Directora General de Asuntos Jurídicos) negó su existencia. Lo anterior, dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue designado, ya que, por la naturaleza propia de sus atribuciones, es inconcuso que se encuentra en aptitud de hacer efectiva la multa que se impuso al Ayuntamiento quejoso en el juicio natural, cuya existencia reconoció la autoridad ordenadora responsable, tan es así que del acuerdo impugnado se advierte se ordenó girarle oficio a efecto de que aplicara la medida de apremio aludida. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, se tiene que la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, alega que en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia; sin embargo, no vierte razonamiento alguno tendente a tratar de probar la actualización de dicha causal, sino que únicamente se limita a citarla, lo que no es suficiente para que este juzgador quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, sino que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico-jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió, por lo que es de desestimar la causal invocada. SEXTO. Estudio de fondo. No habiendo diversa causal que analizar, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. Antes, para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, se estima conveniente citar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las actuaciones que como justificación a su informe remitió la autoridad responsable, mismas que quedaron valoradas en el considerando anterior, así como las requeridas por este juzgador en acuerdo de veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho; documentales a las que se les otorga valor probatorio en los términos señalados en la parte considerativa de referencia. Antecedentes. De esas constancias se obtiene que: Petra Castro Hernández, por conducto su apoderado Jesús Montealván Ramírez, promovió juicio de amparo en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; juicio que por cuestión turno correspondió su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, quien lo radicó bajo el número de juicio 395/2018 y en el que, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, lo que constituye un hecho notorio que puede ser invocado, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, y en el cual se dictó sentencia, de la que se obtiene que el juez de Distrito: Precisó que el objeto de estudio lo constituyó: "La omisión de dictar todas las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo", así como "La omisión de acordar los escritos presentados ante la responsable el veintinueve de enero y veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Citó como antecedentes: 1. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 36), el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictó un acuerdo en el cual requirió a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, para que dentro del término de veinte días hábiles exhibiera el pago de la cantidad de $339,988.70 (trescientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional), a la parte actora o acredite las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la condena, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le aplicaría una multa de 250 días de salario mínimo en términos del artículo 95, de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. 2. Dicho auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 259/2011, fue notificado a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, hasta el veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 40). 3. Mediante escritos de diecinueve de enero de dos mil dieciocho y veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 41 del juicio de amparo), el apoderado legal de la parte actora, solicitó al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, solicitó se hiciera efectivo a la parte demandada, el apercibimiento decretado el diecinueve de enero de dos mil dieciocho. C. En razón a lo anterior destacó: . De la narrativa de antecedentes, se advierte que aun cuando el escrito de veintidós de enero de dos mil dieciocho, el apoderado de la parte actora, solicitó al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se hiciera efectivo a la parte demandada, el apercibimiento decretado el diecinueve de enero del año en curso, al no haber dado cumplimiento a lo condenado en el laudo dictado en el juicio de origen, fue solicitado sin que hubiera transcurrido el termino otorgado a la autoridad. Sin embargo, no debe perderse de vista que el apoderado de la demandada reitero dicha petición el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, ante el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero (foja 44 del juicio de amparo), sin que haya hecho pronunciamiento alguno al respecto. En efecto, dicho requerimiento de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, fue notificado a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, desde el veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 40). Ahora, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable recibió el último escrito con que se le solicitó hiciera efectiva la multa decretada a la autoridad demanda sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo lo haya acordado; de lo que se advierte que transcurrieron más de dos meses, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictara el acuerdo relativo; generando con dicha omisión, una serie indeterminada de juicios de amparo, por cada promoción que omite acordar y actuación que omite realizar". D. Para concluir que, lo procedente era conceder la protección constitucional para el efecto de que el Tribunal responsable: Realice el computo del término concedido a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, en auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho y proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escritos prestados el veintinueve de enero y veintidós de marzo ambos de dos mil dieciocho y lo notifique a las partes en el juicio laboral de origen". En cumplimiento a la sentencia concesoria, el trece de julio de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que proveyó sobre lo solicitado por la parte actora - en lo principal y tercera interesada en el presente asunto-, en los siguientes términos: . por lo que tomando en cuenta los escritos de mérito, así como el auto de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho mediante el cual se requirió al H. Ayuntamiento demandado para que en un término de veinte días hábiles diera cumplimiento al laudo y toda vez que dicho término feneció el día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, sin embargo y tomando en cuenta que desde esa fecha a la fecha del presente auto ha transcurrido un lapso de más de cuatro meses, y el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, no ha dado cumplimiento hecho por este Tribunal, se le hace efectivo el apercibimiento señalado en auto antes citado, es decir, se le aplica una multa al demandado por conducto de su Representante Legal, el Síndico Procurador C. JOSEFA VILLAREAL BAÑOS, consistente en una multa de 250 días de salarios mínimos establecida en el artículo 95 de la ley 51 del Estado, reformado mediante decreto 851, Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinticinco de agosto del dos mil quince, - lo transcribe-.". Precisado lo anterior, tenemos que la quejosa en sus conceptos de violación manifiesta esencialmente que el acto reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le aplica en forma retroactiva el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en virtud que dicho numeral fue reformado el veinticinco de agosto de dos mil quince; mientras que el juicio laboral se inició con antelación a dicha reforma, es decir, todo el procedimiento se rigió por la ley burocrática anterior, por tanto, la medida de apremio impuesta en acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho debía ser acorde al numeral 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero anterior, y no con base en el reformado mediante decreto publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince. Asimismo, sostiene que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente motivado, puesto que la autoridad responsable omitió individualizar la multa, ya que está la impone de forma personal y en su carácter de síndica de la parte demandada, lo cual afirma le resulta ambiguo en su comprensión; además, no señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en que se apoyó para determinar su capacidad económica así como la existencia y gravedad de la infracción, adecuando dichos lineamientos con las circunstancias especiales al caso concreto; ni precisó de forma específica cómo tuvo por acreditada su contumacia; aunado a que, no existió apercibimiento alguno sobre el particular. En este punto, debe recordarse que el presente asunto es de naturaleza laboral y quien acude al amparo es un representante de la patronal; por tanto, la legalidad del auto reclamado, será analizada de acuerdo a lo estrictamente expresado por la quejosa en sus motivos de inconformidad; pues no opera la suplencia de la queja a su favor, al no encontrarse contemplada en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Así, se estiman infundados los conceptos de violación por lo siguiente. El artículo 14 Constitucional, en su primer párrafo, dispone: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. (.).Dentro del texto de esta disposición se encuentra una de las garantías de mayor trascendencia dentro del sistema jurídico mexicano, dado que el Constituyente prohibió tajantemente que las leyes -en su concepción amplia, es decir, comprendiendo a los reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general-, pudieran aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, lo cual implica que las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser destinadas a los hechos que se realizaron antes de su entrada en vigor cuando esto le cause un menoscabo en sus prerrogativas. Por su parte, en la práctica el principio de retroactividad se compone de dos momentos o acepciones, a saber: 1) Retroactividad de la ley: las más común, la cual no es otra cosa que el análisis de los efectos de la legislación, verificando si estos vuelven al pasado modificando situaciones creadas bajo el imperio de una ley anterior y afectando derechos adquiridos, entendiéndose por tales aquellos que han entrado al patrimonio de un individuo o a su dominio, los cuales ya no pueden ser desconocidos por las autoridades. 2) Aplicación retroactiva: que distinta de la anterior, se refiere a verificar si el acto concreto de aplicación se emitió dentro del ámbito temporal de validez de la norma; ello, sin afectar tampoco derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. En ese orden de ideas, la retroactividad de la ley se refiere únicamente a los efectos de la ley misma, es decir, si por su sola emisión -de haberlos- desconoce o no derechos adquiridos, y la aplicación retroactiva depende del momento de la materialización de su contenido. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 87/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 415, tomo XX, Julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. Como se advierte, aunado al tema de retroactividad se encuentra la teoría de los derechos adquiridos, misma que distingue claramente entre los derechos que ya ingresaron material o jurídicamente en la esfera jurídica de un sujeto y aquellos que sólo constituyen una expectativa, esto es, los que no se han materializado aún, pues requieren de un evento futuro para que ello acontezca. Así, se afirma que el derecho adquirido es aquél que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Resulta ilustrativa sobre este aspecto la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 53, Volumen 145-150, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto señalan: DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. De lo expuesto, se advierte que el argumento que hace valer la quejosa en el sentido de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje responsable no debió aplicar en el acuerdo que se reclama el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, ya que el juicio laboral se inició con antelación a la reforma de dicho numeral, por lo que la multa impuesta debía ser acorde al numeral 95 antes de su reforma, y no con base en el numeral reformado mediante decreto publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, se ubica en la hipótesis de aplicación retroactiva. Ahora bien, el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, anterior a la reforma publicada en el periódico oficial el veinticinco de agosto de dos mil quince, disponía lo siguiente: Artículo 95. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por mil pesos". Precepto legal que con motivo de la reforma aludida, actualmente dispone: "Artículo 95. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero. Como puede observarse, el artículo 95 reformado de la legislación burocrática del Estado de Guerrero, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales, continúa previendo la multa, pero establece ahora el margen entre la mínima de doscientos días de salario mínimo y la máxima de quinientos días. En ese sentido, contrario a lo manifestado por la quejosa la aplicación por parte de la autoridad responsable del artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, no es violatoria de la garantía de retroactividad prevista en el artículo 14 Constitucional, pues si bien es cierto que establece el incremento de la medida de apremio (multa), que se encuentra facultado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para imponer en caso de incumplimiento a sus determinaciones, es inexacto que el Ayuntamiento demandado tenga el derecho adquirido de que en el supuesto de no acatar un requerimiento actual, la medida de apremio (multa), sea sobre la misma base o tasa, prevista en el numeral 95 anterior a la reforma publicada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. En efecto, el precepto en cita, vigente a partir del veintiséis de agosto de dos mil quince, rige desde esa fecha; por tanto, dado que en acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, requirió al Ayuntamiento demandado el pago de la cantidad a que fue condenado; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado, acorde al artículo 95 de la Ley número 51 del Estado, proveído que le fue notificado al demandado, resulta inconcuso que el requerimiento efectuado fue emitido de conformidad con la normativa vigente, sin que le sea aplicado de forma retroactiva, puesto que se realizó cuando ya se encontraba en vigor el artículo 95 de la Ley número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que tasa dicha medida de apremio entre doscientos y quinientos días de salario. Bajo ese orden de ideas, se tiene que el numeral 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, es una norma de carácter procesal, en virtud que faculta al Tribunal a imponer una multa como medida de apremio en el supuesto de incumplimiento a una determinación; en ese sentido, es de señalar que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las partes no adquieren el derecho de que las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda en el juicio natural, se les apliquen durante todo el procedimiento, ya que los derechos procesales se agotan en cada etapa del procedimiento, de ahí que cada fase se rija por la regla vigente en el momento en que se desarrolla, a excepción de que el legislador disponga lo contrario. Lo que no ocurre en el caso pues de las reformas transitorias de la reforma publicada en el periódico oficial del Estado de Guerrero el veinticinco de agosto de dos mil quince, no se desprende prohibición alguna para aplicar lo dispuesto en el artículo 95, en los juicios que se encontraran pendientes de ejecución y que se hubieren iniciado y resuelto antes de la entrada en vigor de dicho numeral (veintiséis de agosto siguiente), como se observa de la siguiente transcripción: PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. SEGUNDO. Comuníquese el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos legales conducentes. TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para el conocimiento general. P.O No. 68 ALCANCE I, 25 DE AGOSTO DE 2015. Por tanto, en virtud que en acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, requirió al Ayuntamiento demandado, el pago de la cantidad a que fue condenado; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo, acorde al artículo 95 de la Ley 51 del Estado, lo que se hizo efectivo en proveído de trece de julio siguiente, resulta inconcuso que el requerimiento fue emitido de conformidad con la normativa vigente al momento en que fue pronunciado el requerimiento relativo, sin que ello implique la aplicación retroactiva de dicho numeral, dado que como se indicó las etapas procesales que se desarrollan en cada juicio, se deben tramitar bajo las reglas del procedimiento vigentes al momento en que surgen, con excepción de los casos en los que la reforma respectiva establezca. En otras palabras, aun cuando el juicio natural se inició antes de la referida reforma, la omisión del Ayuntamiento demandado de acatarlo es de tracto sucesivo, dentro del procedimiento de ejecución, por lo que resulta correcto que el requerimiento de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se efectuara acorde a la normativa vigente, en virtud que no existe ninguna disposición transitoria que obligue a continuar el procedimiento de ejecución al tenor de la anterior disposición, sin que se desprenda un derecho adquirido por el Ayuntamiento demandado, al tratarse de una norma de carácter procesal dentro de la ejecución del laudo. Ilustra al respecto la tesis 2a. XLIX/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 273, tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la diversa Jurisprudencia XXI.2o.C.T. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, publicada el día de hoy con el número en el Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO. SU APLICACIÓN POR EL TRIBUNAL LABORAL PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES EN AQUELLOS ASUNTOS RESUELTOS, INCLUSO ANTES DE SU REFORMA EL 25 DE AGOSTO DE 2015, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo como medida de apremio a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, incluso durante la etapa de ejecución del laudo; entonces, este numeral es aplicable para toda clase de juicios que se encuentren en dicha etapa, aun tratándose de aquellos que fueron resueltos antes de que se reformara el 25 de agosto de 2015, sin que tal situación implique violación al principio de irretroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no opera en perjuicio de algún derecho sustantivo adquirido por las partes, habida cuenta que las normas procesales tienen su origen dentro del propio procedimiento y se agotan en atención al estadio procedimental en que se encuentren, de forma que en cualquier juicio o procedimiento se aplica la legislación adjetiva vigente en el momento en que se desarrolle la etapa procesal de que se trate, salvo disposición en contrario, en los artículos transitorios de la propia ley, lo que no sucede en el caso." Por otro lado, el artículo 16 de nuestra Carta Magna, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." En éste se encuentra consagrado el derecho fundamental de seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, se traduce en que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En correlación con lo anterior, los preceptos 95, 96, 97 y 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, disponen: "Artículo 95. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero. Artículo 96. Las multas se harán efectivas por la Dirección General de Hacienda y Economía del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Dirección de Hacienda informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa señalando los datos relativos que acrediten su cobro.""Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores. De los numerales transcritos se advierte que la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en el juicio burocrático 259/2011. En ese sentido, de la confrontación de los antecedentes directos del acto reclamado con los ordinales invocados, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenido en el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se notificó a la parte demandada "hasta el veintiséis de enero de dos mil dieciocho", como se advierte de la transcripción que de los datos asentados en la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 395/2018, se hizo en líneas precedentes, sin que se aprecie que dicha notificación se hubiere impugnado, entonces válidamente puede afirmarse que, contrario a lo esgrimido por la quejosa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero sí ajustó su proceder al texto constitucional destacado al emitir el proveído de trece de julio del dos mil dieciocho. Lo anterior es así, porque contrario a lo que afirma, en el sentido de que no se formuló requerimiento alguno, previo a hacer efectiva la multa respectiva, el Tribunal responsable hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo que tenía para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Asimismo, se observa que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, la autoridad responsable ordenadora tuvo en consideración, entre otros aspectos, el lapso de tiempo que transcurrió entre aquél en el cual feneció el plazo otorgado para dar cumplimiento al laudo y la fecha en la que se emitió el acuerdo reclamado -cuatro meses-, sin que así lo hiciera, de lo que pendió su decisión de imponer la sanción a la que se hizo acreedora la quejosa como representante legal del Ayuntamiento demandado, quedando así individualizada la multa; sin que de su lectura se advirtiera la ambigüedad acusada al ser clara su redacción en ese sentido, pues al efecto la responsable señaló "se aplica la multa al demandado por conducto de su Representante Legal, el Síndico Procurador C. JOSEFA VILLAREAL BAÑOS. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, los artículos 95 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de las determinaciones emitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el sentido de dar cumplimiento a los laudos, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dichos preceptos al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento, por lo cual se encuentran colmadas las exigencias previstas en los numerales constitucionales en cita. Además que tampoco puede soslayarse que de conformidad con los ordinales invocados, queda de relieve el hecho de que la autoridad responsable ordenadora está facultada para requerir el cumplimiento del laudo emitida en el juicio burocrático de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, porque como se advierte de aquéllos ordinales, ese proceder es una consecuencia lógica y natural del propio sentido del laudo definitivo, que está expresamente regulado en los artículos 95 a 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (contumacia), fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el mencionado artículo 95 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero otorga al Tribunal de Conciliación y Arbitraje el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargos de servidores públicos municipales, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, aunado a ello, a nada practico conduciría declarar fundado dicho argumento, por las razones expresadas. De ahí que no le sean benéficos los criterios que invoca la quejosa, dado que los elementos que deben atenderse al fijarse las multas, quedaron debidamente requisitados. Por lo expuesto, se tiene colmada la garantía de legalidad prevista en el precepto 16 Constitucional al existir un mandamiento legítimo de autoridad; que al pronunciarse dicho mandato se apercibió al obligado que en caso de no cumplirlo se le impondrá un medio de apremio; asimismo, se determine con precisión el medio de apremio a aplicar previsto en la ley, en el caso multa; se notificó el mandato al sujeto obligado a su cumplimiento; y, por último, a partir de que surtió efectos la notificación del auto que contiene el mandato legítimo de autoridad, sin que se hubiera cumplido en el término concedido, se hizo efectivo el medio de apremio al contumaz, se estima que la autoridad responsable colmó la garantía. Bajo ese contexto, se estiman infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa; por lo que procede negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitada. Determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Josefa Villarreal Baños, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, asistido de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe. ... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO....

  4. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 684/2018. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, y remitido ese mismo día por razón de turno, al Juzgado Octavo de Distrito, Josefa Villarreal Baños, por propio derecho y en su carácter de Síndica Municipal y representante legal del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ejecutora. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Todos con sede en la ciudad de Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS "ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Del H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO: 1.- El acuerdo de fecha trece de julio del año 2018 emitido en el expediente laboral burocrático 259/2011, promovido por la hoy tercera interesada, mediante el cual la autoridad responsable sin fundar ni motivar dicho auto, me impone una multa consistente en 250 días salarios mínimos vigentes en la capital del estado, en mi calidad de síndica del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, y de forma personal y que para tal efecto ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero; y sin señalar de forma específica como tuvo por acreditada la contumacia de mi parte, a dar cumplimiento a su mandato, requisito sine quo non que resulta indispensable para hacer efectiva dicha medida de apremio, máxime que se le mantiene informado de todas y cada una de las gestiones que mi representada se encuentra realizada, para cumplir con el laudo reclamado. 2. La instrucción, indicación o mandamiento girado a las autoridades señaladas como ejecutoras para que me realice un cobro, por un concepto de multa determinada. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: A): Del C. actuario adscrito a ese H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje; la inconstitucional e ilegal notificación que me realizó el día 5 de agosto del 2018, en el juicio laboral burocrático número 259/2011, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Guerrero; laboral, del acuerdo de fecha trece de julio de 2018, el cual de la simple lectura del acta de notificación se desprende que no fue realizado en los términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley 51, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y de Descentralizados del Estado de Guerrero, y por ende dicha notificación resulta nula; en virtud de que es de explorado derecho que la Ley 51 no admite supletoriedad de norma y dicha notificación se realiza con base en lo de norma y dicha notificación resulta nula; en virtud de que es de explorado derecho que la Ley 51 no admite supletoriedad de norma y dicha notificación se realiza con base en lo dispuesto por los artículos 741 y 744 de la Ley Federal del Trabajo. B) SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO: 1.- El cumplimiento que le pretende dar a la ilegal orden de sancionar e imponerme el pago de una multa determinada, sin que mi representado se encuentre enterado, por qué razón o motivo alguno se le pretende impone dicha sanción o medida". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, se registró la demanda de amparo bajo el número 684/2018, se previno a la parte quejosa a efecto de que manifestara si en contra de la notificación reclamada, promovió algún recurso ordinario o medio de defensa legal en su contra; previo desahogo de la prevención formulada, en acuerdo de veintiuno siguiente se desechó por cuanto aquel acto y se admitió respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó la notificación del inicio de este juicio al tercero interesado; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso 36/2016 que lo modifica; ya que se reclama la imposición de una multa a la autoridad demandada en un juicio burocrático en la etapa de ejecución de sentencia, cuya ejecución tendrá lugar en un municipio en donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Legitimación. La quejosa Josefa Villareal Baños, se encuentra legitimada para promover el presente juicio constitucional, al ser la persona que aun cuando ostenta el cargo de Sindica Municipal del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero y es a este último a quien se le impuso la medida de apremio, aquélla debe cubrir con su peculio la multa que por esta vía se reclama y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado demandado; según lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la Tesis: XXI.2o.C.T.6 L (10a.), consultable en la página 2771 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Laboral, de rubro y texto siguiente: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO). La Ley No. 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo, como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución del laudo. Asimismo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de junio de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 974, de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en aquellos casos en que el titular de una unidad administrativa demandada incurra en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo se le impondrá una multa equivalente a ciertos días de salario vigente, en su calidad de funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa. De ahí que, una vez fijada la multa en la etapa de ejecución del laudo en el procedimiento laboral burocrático, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el objeto de estudio lo constituye el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, pronunciado en el expediente laboral 259/2011, por el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el cual se impuso la parte quejosa una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, de conformidad con el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, así como su ejecución. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, pues así lo manifestó la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, y que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 259/2011 que allegó en su apoyo (tomo I de prueba), las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. Igual determinación corresponde hacer en torno al acto de ejecución que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, no obstante que al rendir su informe justificado (por conducto de la Directora General de Asuntos Jurídicos) negó su existencia. Lo anterior, dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue designado, ya que, por la naturaleza propia de sus atribuciones, es inconcuso que se encuentra en aptitud de hacer efectiva la multa que se impuso al Ayuntamiento quejoso en el juicio natural, cuya existencia reconoció la autoridad ordenadora responsable, tan es así que del acuerdo impugnado se advierte se ordenó girarle oficio a efecto de que aplicara la medida de apremio aludida. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, se tiene que la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, alega que en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia; sin embargo, no vierte razonamiento alguno tendente a tratar de probar la actualización de dicha causal, sino que únicamente se limita a citarla, lo que no es suficiente para que este juzgador quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, sino que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico-jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió, por lo que es de desestimar la causal invocada. SEXTO. Estudio de fondo. No habiendo diversa causal que analizar, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. Antes, para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, se estima conveniente citar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las actuaciones que como justificación a su informe remitió la autoridad responsable, mismas que quedaron valoradas en el considerando anterior, así como las requeridas por este juzgador en acuerdo de veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho; documentales a las que se les otorga valor probatorio en los términos señalados en la parte considerativa de referencia. Antecedentes. De esas constancias se obtiene que: Petra Castro Hernández, por conducto su apoderado Jesús Montealván Ramírez, promovió juicio de amparo en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; juicio que por cuestión turno correspondió su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, quien lo radicó bajo el número de juicio 395/2018 y en el que, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, lo que constituye un hecho notorio que puede ser invocado, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, y en el cual se dictó sentencia, de la que se obtiene que el juez de Distrito: Precisó que el objeto de estudio lo constituyó: "La omisión de dictar todas las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo", así como "La omisión de acordar los escritos presentados ante la responsable el veintinueve de enero y veintidós de marzo de dos mil dieciocho". Citó como antecedentes: "1. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 36), el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictó un acuerdo en el cual requirió a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, para que dentro del término de veinte días hábiles exhibiera el pago de la cantidad de $339,988.70 (trescientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional), a la parte actora o acredite las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la condena, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le aplicaría una multa de 250 días de salario mínimo en términos del artículo 95, de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. 2. Dicho auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 259/2011, fue notificado a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, hasta el veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 40). 3. Mediante escritos de diecinueve de enero de dos mil dieciocho y veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 41 del juicio de amparo), el apoderado legal de la parte actora, solicitó al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, solicitó se hiciera efectivo a la parte demandada, el apercibimiento decretado el diecinueve de enero de dos mil dieciocho". C. En razón a lo anterior destacó: ". De la narrativa de antecedentes, se advierte que aun cuando el escrito de veintidós de enero de dos mil dieciocho, el apoderado de la parte actora, solicitó al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se hiciera efectivo a la parte demandada, el apercibimiento decretado el diecinueve de enero del año en curso, al no haber dado cumplimiento a lo condenado en el laudo dictado en el juicio de origen, fue solicitado sin que hubiera transcurrido el termino otorgado a la autoridad. Sin embargo, no debe perderse de vista que el apoderado de la demandada reitero dicha petición el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, ante el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero (foja 44 del juicio de amparo), sin que haya hecho pronunciamiento alguno al respecto. En efecto, dicho requerimiento de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, fue notificado a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, desde el veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 40). Ahora, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable recibió el último escrito con que se le solicitó hiciera efectiva la multa decretada a la autoridad demanda sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo lo haya acordado; de lo que se advierte que transcurrieron más de dos meses, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictara el acuerdo relativo; generando con dicha omisión, una serie indeterminada de juicios de amparo, por cada promoción que omite acordar y actuación que omite realizar". D. Para concluir que, lo procedente era conceder la protección constitucional para el efecto de que el Tribunal responsable: "Realice el computo del término concedido a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, en auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho y proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escritos prestados el veintinueve de enero y veintidós de marzo ambos de dos mil dieciocho y lo notifique a las partes en el juicio laboral de origen". En cumplimiento a la sentencia concesoria, el trece de julio de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el que proveyó sobre lo solicitado por la parte actora - en lo principal y tercera interesada en el presente asunto-, en los siguientes términos: ". por lo que tomando en cuenta los escritos de mérito, así como el auto de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho mediante el cual se requirió al H. Ayuntamiento demandado para que en un término de veinte días hábiles diera cumplimiento al laudo y toda vez que dicho término feneció el día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, sin embargo y tomando en cuenta que desde esa fecha a la fecha del presente auto ha transcurrido un lapso de más de cuatro meses, y el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, no ha dado cumplimiento hecho por este Tribunal, se le hace efectivo el apercibimiento señalado en auto antes citado, es decir, se le aplica una multa al demandado por conducto de su Representante Legal, el Síndico Procurador C. JOSEFA VILLAREAL BAÑOS, consistente en una multa de 250 días de salarios mínimos establecida en el artículo 95 de la ley 51 del Estado, reformado mediante decreto 851, Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinticinco de agosto del dos mil quince, - lo transcribe-.". Precisado lo anterior, tenemos que la quejosa en sus conceptos de violación manifiesta esencialmente que el acto reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le aplica en forma retroactiva el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en virtud que dicho numeral fue reformado el veinticinco de agosto de dos mil quince; mientras que el juicio laboral se inició con antelación a dicha reforma, es decir, todo el procedimiento se rigió por la ley burocrática anterior, por tanto, la medida de apremio impuesta en acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho debía ser acorde al numeral 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero anterior, y no con base en el reformado mediante decreto publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince. Asimismo, sostiene que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente motivado, puesto que la autoridad responsable omitió individualizar la multa, ya que está la impone de forma personal y en su carácter de síndica de la parte demandada, lo cual afirma le resulta ambiguo en su comprensión; además, no señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en que se apoyó para determinar su capacidad económica así como la existencia y gravedad de la infracción, adecuando dichos lineamientos con las circunstancias especiales al caso concreto; ni precisó de forma específica cómo tuvo por acreditada su contumacia; aunado a que, no existió apercibimiento alguno sobre el particular. En este punto, debe recordarse que el presente asunto es de naturaleza laboral y quien acude al amparo es un representante de la patronal; por tanto, la legalidad del auto reclamado, será analizada de acuerdo a lo estrictamente expresado por la quejosa en sus motivos de inconformidad; pues no opera la suplencia de la queja a su favor, al no encontrarse contemplada en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Así, se estiman infundados los conceptos de violación por lo siguiente. El artículo 14 Constitucional, en su primer párrafo, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. (.)." Dentro del texto de esta disposición se encuentra una de las garantías de mayor trascendencia dentro del sistema jurídico mexicano, dado que el Constituyente prohibió tajantemente que las leyes -en su concepción amplia, es decir, comprendiendo a los reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general-, pudieran aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, lo cual implica que las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser destinadas a los hechos que se realizaron antes de su entrada en vigor cuando esto le cause un menoscabo en sus prerrogativas. Por su parte, en la práctica el principio de retroactividad se compone de dos momentos o acepciones, a saber: 1) Retroactividad de la ley: las más común, la cual no es otra cosa que el análisis de los efectos de la legislación, verificando si estos vuelven al pasado modificando situaciones creadas bajo el imperio de una ley anterior y afectando derechos adquiridos, entendiéndose por tales aquellos que han entrado al patrimonio de un individuo o a su dominio, los cuales ya no pueden ser desconocidos por las autoridades. 2) Aplicación retroactiva: que distinta de la anterior, se refiere a verificar si el acto concreto de aplicación se emitió dentro del ámbito temporal de validez de la norma; ello, sin afectar tampoco derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. En ese orden de ideas, la retroactividad de la ley se refiere únicamente a los efectos de la ley misma, es decir, si por su sola emisión -de haberlos- desconoce o no derechos adquiridos, y la aplicación retroactiva depende del momento de la materialización de su contenido. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 87/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 415, tomo XX, Julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor." Como se advierte, aunado al tema de retroactividad se encuentra la teoría de los derechos adquiridos, misma que distingue claramente entre los derechos que ya ingresaron material o jurídicamente en la esfera jurídica de un sujeto y aquellos que sólo constituyen una expectativa, esto es, los que no se han materializado aún, pues requieren de un evento futuro para que ello acontezca. Así, se afirma que el derecho adquirido es aquél que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Resulta ilustrativa sobre este aspecto la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 53, Volumen 145-150, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto señalan: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado." De lo expuesto, se advierte que el argumento que hace valer la quejosa en el sentido de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje responsable no debió aplicar en el acuerdo que se reclama el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, ya que el juicio laboral se inició con antelación a la reforma de dicho numeral, por lo que la multa impuesta debía ser acorde al numeral 95 antes de su reforma, y no con base en el numeral reformado mediante decreto publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, se ubica en la hipótesis de aplicación retroactiva. Ahora bien, el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, anterior a la reforma publicada en el periódico oficial el veinticinco de agosto de dos mil quince, disponía lo siguiente: "Artículo 95. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por mil pesos". Precepto legal que con motivo de la reforma aludida, actualmente dispone: "Artículo 95. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero". Como puede observarse, el artículo 95 reformado de la legislación burocrática del Estado de Guerrero, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales, continúa previendo la multa, pero establece ahora el margen entre la mínima de doscientos días de salario mínimo y la máxima de quinientos días. En ese sentido, contrario a lo manifestado por la quejosa la aplicación por parte de la autoridad responsable del artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, no es violatoria de la garantía de retroactividad prevista en el artículo 14 Constitucional, pues si bien es cierto que establece el incremento de la medida de apremio (multa), que se encuentra facultado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para imponer en caso de incumplimiento a sus determinaciones, es inexacto que el Ayuntamiento demandado tenga el derecho adquirido de que en el supuesto de no acatar un requerimiento actual, la medida de apremio (multa), sea sobre la misma base o tasa, prevista en el numeral 95 anterior a la reforma publicada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. En efecto, el precepto en cita, vigente a partir del veintiséis de agosto de dos mil quince, rige desde esa fecha; por tanto, dado que en acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, requirió al Ayuntamiento demandado el pago de la cantidad a que fue condenado; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado, acorde al artículo 95 de la Ley número 51 del Estado, proveído que le fue notificado al demandado, resulta inconcuso que el requerimiento efectuado fue emitido de conformidad con la normativa vigente, sin que le sea aplicado de forma retroactiva, puesto que se realizó cuando ya se encontraba en vigor el artículo 95 de la Ley número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que tasa dicha medida de apremio entre doscientos y quinientos días de salario. Bajo ese orden de ideas, se tiene que el numeral 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, es una norma de carácter procesal, en virtud que faculta al Tribunal a imponer una multa como medida de apremio en el supuesto de incumplimiento a una determinación; en ese sentido, es de señalar que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las partes no adquieren el derecho de que las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda en el juicio natural, se les apliquen durante todo el procedimiento, ya que los derechos procesales se agotan en cada etapa del procedimiento, de ahí que cada fase se rija por la regla vigente en el momento en que se desarrolla, a excepción de que el legislador disponga lo contrario. Lo que no ocurre en el caso pues de las reformas transitorias de la reforma publicada en el periódico oficial del Estado de Guerrero el veinticinco de agosto de dos mil quince, no se desprende prohibición alguna para aplicar lo dispuesto en el artículo 95, en los juicios que se encontraran pendientes de ejecución y que se hubieren iniciado y resuelto antes de la entrada en vigor de dicho numeral (veintiséis de agosto siguiente), como se observa de la siguiente transcripción: "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. SEGUNDO. Comuníquese el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos legales conducentes. TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para el conocimiento general. P.O No. 68 ALCANCE I, 25 DE AGOSTO DE 2015." Por tanto, en virtud que en acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, requirió al Ayuntamiento demandado, el pago de la cantidad a que fue condenado; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo, acorde al artículo 95 de la Ley 51 del Estado, lo que se hizo efectivo en proveído de trece de julio siguiente, resulta inconcuso que el requerimiento fue emitido de conformidad con la normativa vigente al momento en que fue pronunciado el requerimiento relativo, sin que ello implique la aplicación retroactiva de dicho numeral, dado que como se indicó las etapas procesales que se desarrollan en cada juicio, se deben tramitar bajo las reglas del procedimiento vigentes al momento en que surgen, con excepción de los casos en los que la reforma respectiva establezca. En otras palabras, aun cuando el juicio natural se inició antes de la referida reforma, la omisión del Ayuntamiento demandado de acatarlo es de tracto sucesivo, dentro del procedimiento de ejecución, por lo que resulta correcto que el requerimiento de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se efectuara acorde a la normativa vigente, en virtud que no existe ninguna disposición transitoria que obligue a continuar el procedimiento de ejecución al tenor de la anterior disposición, sin que se desprenda un derecho adquirido por el Ayuntamiento demandado, al tratarse de una norma de carácter procesal dentro de la ejecución del laudo. Ilustra al respecto la tesis 2a. XLIX/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 273, tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la diversa Jurisprudencia XXI.2o.C.T. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, publicada el día de hoy con el número en el Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO. SU APLICACIÓN POR EL TRIBUNAL LABORAL PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES EN AQUELLOS ASUNTOS RESUELTOS, INCLUSO ANTES DE SU REFORMA EL 25 DE AGOSTO DE 2015, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo como medida de apremio a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, incluso durante la etapa de ejecución del laudo; entonces, este numeral es aplicable para toda clase de juicios que se encuentren en dicha etapa, aun tratándose de aquellos que fueron resueltos antes de que se reformara el 25 de agosto de 2015, sin que tal situación implique violación al principio de irretroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no opera en perjuicio de algún derecho sustantivo adquirido por las partes, habida cuenta que las normas procesales tienen su origen dentro del propio procedimiento y se agotan en atención al estadio procedimental en que se encuentren, de forma que en cualquier juicio o procedimiento se aplica la legislación adjetiva vigente en el momento en que se desarrolle la etapa procesal de que se trate, salvo disposición en contrario, en los artículos transitorios de la propia ley, lo que no sucede en el caso." Por otro lado, el artículo 16 de nuestra Carta Magna, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." En éste se encuentra consagrado el derecho fundamental de seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, se traduce en que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En correlación con lo anterior, los preceptos 95, 96, 97 y 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, disponen: "Artículo 95. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero." "Artículo 96. Las multas se harán efectivas por la Dirección General de Hacienda y Economía del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Dirección de Hacienda informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa señalando los datos relativos que acrediten su cobro." "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." De los numerales transcritos se advierte que la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en el juicio burocrático 259/2011. En ese sentido, de la confrontación de los antecedentes directos del acto reclamado con los ordinales invocados, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenido en el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se notificó a la parte demandada "hasta el veintiséis de enero de dos mil dieciocho", como se advierte de la transcripción que de los datos asentados en la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 395/2018, se hizo en líneas precedentes, sin que se aprecie que dicha notificación se hubiere impugnado, entonces válidamente puede afirmarse que, contrario a lo esgrimido por la quejosa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero sí ajustó su proceder al texto constitucional destacado al emitir el proveído de trece de julio del dos mil dieciocho. Lo anterior es así, porque contrario a lo que afirma, en el sentido de que no se formuló requerimiento alguno, previo a hacer efectiva la multa respectiva, el Tribunal responsable hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo que tenía para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Asimismo, se observa que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, la autoridad responsable ordenadora tuvo en consideración, entre otros aspectos, el lapso de tiempo que transcurrió entre aquél en el cual feneció el plazo otorgado para dar cumplimiento al laudo y la fecha en la que se emitió el acuerdo reclamado -cuatro meses-, sin que así lo hiciera, de lo que pendió su decisión de imponer la sanción a la que se hizo acreedora la quejosa como representante legal del Ayuntamiento demandado, quedando así individualizada la multa; sin que de su lectura se advirtiera la ambigüedad acusada al ser clara su redacción en ese sentido, pues al efecto la responsable señaló "se aplica la multa al demandado por conducto de su Representante Legal, el Síndico Procurador C. JOSEFA VILLAREAL BAÑOS". De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, los artículos 95 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, (fundamento), establece cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de las determinaciones emitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el sentido de dar cumplimiento a los laudos, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dichos preceptos al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento, por lo cual se encuentran colmadas las exigencias previstas en los numerales constitucionales en cita. Además que tampoco puede soslayarse que de conformidad con los ordinales invocados, queda de relieve el hecho de que la autoridad responsable ordenadora está facultada para requerir el cumplimiento del laudo emitida en el juicio burocrático de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, porque como se advierte de aquéllos ordinales, ese proceder es una consecuencia lógica y natural del propio sentido del laudo definitivo, que está expresamente regulado en los artículos 95 a 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en el auto de trece de julio de dos mil dieciocho, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (contumacia), fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el mencionado artículo 95 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero otorga al Tribunal de Conciliación y Arbitraje el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargos de servidores públicos municipales, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, aunado a ello, a nada practico conduciría declarar fundado dicho argumento, por las razones expresadas. De ahí que no le sean benéficos los criterios que invoca la quejosa, dado que los elementos que deben atenderse al fijarse las multas, quedaron debidamente requisitados. Por lo expuesto, se tiene colmada la garantía de legalidad prevista en el precepto 16 Constitucional al existir un mandamiento legítimo de autoridad; que al pronunciarse dicho mandato se apercibió al obligado que en caso de no cumplirlo se le impondrá un medio de apremio; asimismo, se determine con precisión el medio de apremio a aplicar previsto en la ley, en el caso multa; se notificó el mandato al sujeto obligado a su cumplimiento; y, por último, a partir de que surtió efectos la notificación del auto que contiene el mandato legítimo de autoridad, sin que se hubiera cumplido en el término concedido, se hizo efectivo el medio de apremio al contumaz, se estima que la autoridad responsable colmó la garantía. Bajo ese contexto, se estiman infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa; por lo que procede negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitada. Determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Josefa Villarreal Baños, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, asistido de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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