Josefa García Moran

Expediente 801/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
801/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Josefa García Moran

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de diecinueve de octubre del año en curso (foja 40), se tuvo por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia certificada del juicio laboral 913/2018. En este contexto, de las constancias que integran el juicio natural, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Los razonamientos anteriores se contienen en la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, página mil ochenta y seis, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Ahora bien, la quejosa se duele que la autoridad responsable en el auto de radicación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 913/2018, señaló las nueve horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, argumentando que dicha data es contraria al término legal; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, en virtud de la proximidad en la fecha señalada por la autoridad responsable. Sobre este particular, existe jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado o bien una demora prolongada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia III.3o.T. J/3(10a), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta y siete, diciembre de dos mil dieciséis, tomo II, página mil quinientos sesenta y nueve, que establece: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. De esta manera, el plazo de cuatro meses puede considerarse como un término referente para estimar aquellos supuestos en que existe una abierta dilación al procedimiento laboral, vinculando dicha temporalidad con el promedio de resolución de los amparos indirectos en el Circuito; máxime, que tratándose de la violación a los plazos y términos previstos en la legislación laboral, si éstos no exceden de esos cuatro meses, sería difícil cumplimentar una posible concesión de amparo, puesto que al quedar firme la sentencia, una vez tramitadas ambas instancias, la fecha señalada como lejana, obviamente ya habría transcurrido. Entonces, si el acto reclamado consiste en el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por cuanto hace al señalamiento de una fecha lejana para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, al no exceder de cuatro meses, a la presentación de la demanda de amparo, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, ponderando que acorde a la fecha de presentación de la demanda (veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho), a la data que se considera lejana o remota (tres de diciembre de dos mil dieciocho), como se ha expuesto, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, lo cierto es que no media el lapso referido de cuatro meses, tomando en cuenta que durante éste sobrevienen como inhábiles, además de los sábados y domingos, los días doce y diecisiete de octubre, uno, dos y diecinueve de noviembre del año en curso. Sirve de sustento a esta determinación jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con esta misma fecha hace constar la siguiente: CERTIFICACIÓN: Número de promoción: 12552. Expediente Principal: 801/2018. Promovente: Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. Motivo: Alegatos y solicitud de copia certificada de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional, agregándose a los autos para su constancia legal. Doy fe. Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite el mismo. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 801/2018 y fórmese expediente. Sin tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído.

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