Josefa García Cuevas

Expediente 259/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
259/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Josefa García Cuevas
  • Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso oficio 11083/2020 del índice de este Juzgado, mediante el cual se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es destruible y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En otro contexto, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que acompañó a su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, devuélvansele y se solicita se sirva acusar recibo, previo glose de la portada del anexo uno formado con las citadas constancias. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a la parte quejosa, que dice: "Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 259/2020-I-B, promovido por Josefa García Cuevas, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el punto de consideración cuarto de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma la Jueza Ma. Guadalupe Torres García, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, hasta hoy veintinueve de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida de la Secretaria Rosalba Izaguirre Arellano, que autoriza y da fe. (Sentencia firmada electrónicamente, se anexa evidencia criptográfica.)"

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 259/2020-I-B promovido por Josefa García Cuevas, por conducto de su apoderado legal Maximiano Castillo Balleza, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que considera vulneran su derecho fundamental contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, Josefa García Cuevas, por conducto de su apoderado legal Maximiano Castillo Balleza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD CAPITAL DE SAN LUIS POTOSÍ. B).- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD CAPITAL DE SAN LUIS POTOSÍ. C).- SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. D).- JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A).- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.- La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a ordenar a la SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, a fin de que lleve a cabo la REAPERTURA de la H. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO con las medidas sanitarias, a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral No. 1607/2019/JE1-2, dado a que desde que se presentó la demanda 10 DE JULIO DE 2019 no se podido llevar a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, pues la H. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral de la Actora contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA a que tiene derecho el actor del juicio. b).- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.- La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a ordenar a la SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO, lleve a cabo la REAPERTURA de la H. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con las medidas sanitarias, a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral No.1607/2019/JE1-2, dado a que desde que se presentó la demanda 10 DE JULIO DE 2019 no se podido llevar a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, pues la H. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral de la Actora contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA a que tiene derecho la actora del juicio. C).- SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. La omisión de realizar todos y cada uno de los Actos tendientes a la REAPERTURA de la H. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, a su cargo con las medidas sanitarias, a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral NO....dado a que desde que se presentó la demanda 10 DE JULIO DE 2019 no se podido llevar a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, dado a que esta se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral de la Actora, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA a que tiene derecho la actora del juicio. D).- H. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. La omisión de otorgarle el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA al actor del juicio natural, en los términos y normas establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 17 Constitucional, dentro de los autos del procedimiento laboral No. ...2 dado a que desde que se presentó la demanda (10 DE JULIO DE 2019), no e podido llevar a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, pues no se ha señalado fecha y hora para el desahogo de esta, lo cual se traduce en la PARALIZACIÓN TOTAL de dicho procedimiento." Segundo. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número estadístico 259/2020-I-B, solicitándose el respectivo informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites correspondientes, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor de acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 17, 94, 103 fracción I, y 107 fracciones I, II, primer párrafo, y III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener: "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado", este órgano jurisdiccional procede a precisar el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se establecen como actos reclamados: 1. Del Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí: La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendentes para la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria. 2. De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad: La omisión de fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en el juicio laboral 1607/2019/JE1-2. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, Tomo II, Novena Época del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Determinación de existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó como apoyo a su informe justificado la responsable, consistentes en el duplicado del expediente laboral ...por el aquí quejoso en contra de la fuente de trabajo denominada "...Montoya Saldierna, en donde se advierte el auto emitido por la junta responsable el diecisiete de agosto de dos mil veinte, notificado el nueve de septiembre del año en curso, donde fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; documental pública que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado código supletorio. De igual modo, son ciertos los actos reclamados al Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, no obstante que dichas autoridades al momento de rendir sus informes justificados, negaron la existencia de las omisiones que les fueron reprochadas. Lo anterior, en virtud de que el análisis de tales negativas no es dable en el presente apartado de la sentencia, pues ello se haría constituir en un pronunciamiento de fondo respecto a si las autoridades responsables vulneraron o no los derechos fundamentales del quejoso. Esto es, sobreseer con base en la inexistencia de lo reclamado en los términos alegados por las autoridades responsables, aun realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si conforme a sus facultades han realizado o no, las gestiones necesarias para ordenar la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria -para determinar la existencia o no del acto-, atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada. Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público, conforme con lo previsto en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ( XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. . De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación del peticionario de amparo sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo al quejoso, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndolo hecho, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, el impetrante de la tutela constitucional reclama de las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, la omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendentes para la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria. Sin embargo, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, los integrantes del Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, emitieron y publicaron en sus estrados, el boletín 13/2020, el cual se tiene como un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral segundo. En dicho comunicado, los integrantes del Pleno de la citada Junta, determinaron que, en acatamiento a las medidas estipuladas por el Gobierno Federal y del Estado de San Luis Potosí, así como lo señalado en el Decreto Oficial de diecinueve de julio del año en curso, emitido por el Poder Ejecutivo del Estado y Oficialía Mayor, en el que se precisó que esa Junta era considerada un Tribunal esencial, procedía establecer como se llevaría a cabo la reapertura de sus instalaciones y, al efecto, en el punto primero el Pleno señaló que los términos procesales y actuaciones judiciales empezarían a correr a partir del uno de septiembre de dos mil veinte; asimismo, en los restantes puntos indicaron el horario y esquema de atención de ese Tribunal, en acato a las medidas establecidas por la Secretaría de Salud Federal. Lo que se corrobora con las imágenes que a continuación se insertan. En ese sentido, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto en estudio, toda vez que la omisión reclamada a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, dejó de tener efectos, debido a que el Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, emitió el boletín 13/2020, en cuyo primer punto determinó que a partir del uno de septiembre del presente año, empezarían a correr los términos y actuaciones judiciales, para luego establecer los horarios y forma de atención a los usuarios, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud Federal. Sin que aquí lo determinado implique un pronunciamiento en relación a las facultades de las autoridades responsables en relación al acto que se les reclamó, dado que al quedar de manifiesto la actualización de la anunciada causa de improcedencia, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de tales aspectos, puesto que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte SCJN, séptima época, materia común, página 335, de la voz: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". En otro aspecto, la quejosa también reclama a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, la omisión de la autoridad responsable de fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en el juicio laboral 1607/2019/JE1-2, pues alega que se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental contemplado en el artículo 17 de la Carta Magna. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el diecisiete de agosto de dos mil veinte, se emitió un acuerdo en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, en el que se fijaron las doce horas con treinta minutos del diecinueve de enero de dos mil veintiuno, para que tenga celebración la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, reproduciéndose para las partes los apercibimientos decretados en el auto de radicación y ordenando la notificación a las partes de tal proveído. En esa tesitura, es inconcuso que los efectos de la omisión reclamada desaparecieron, dado que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en San Luis Potosí, emitió un acuerdo en el que señaló fecha y hora para llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial en el juicio laboral de origen, el cual si bien se dictó con fecha diecisiete de agosto de este año, la notificación se llevó a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, el nueve de septiembre de dos mil veinte, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. De ahí que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 259/2020-I-B, promovido por Josefa García Cuevas, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el punto de consideración cuarto de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma la Jueza Ma. Guadalupe Torres García, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, hasta hoy veintinueve de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida de la Secretaria Rosalba Izaguirre Arellano, que autoriza y da fe. (Sentencia firmada electrónicamente, se anexa evidencia criptográfica.)

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano