José Zaragoza Cortes

Expediente 970/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
970/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
08/12/2017

Partes del expediente

  • José Zaragoza Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo promovido por ************, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se sobreseyó en el juicio.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponde, el oficio firmado por el Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en Ciudad de México, firmando en representación del Gerente del Registro Público de Derechos del Agua adscrito a dicha dependencia, por medio del cual rinde su informe justificado, toda vez que el quince de noviembre pasado, este juzgado decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente el informe justificado rendido por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad; así como la prueba documental que adjuntó, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el siete de noviembre de la presente anualidad se practicó la notificación al quejoso ********, respecto la Hoja Registral del Título de Concesión ***, inscrito con el número *** (foja 22). De lo expuesto en el parágrafo precedente, emerge que en el caso se actualiza en forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que ha cesado la omisión reclamada. Efectivamente, de la demanda de amparo aparece que el impetrante señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable -Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua con residencia en esta ciudad- de notificar la hoja de inscripción de la prórroga en el Registro Público de Derechos de Agua, como respuesta a la solicitud de prórroga formulada por el quejoso, respecto del título de concesión *** (foja 3). Sin embargo, consta en el sumario que la referida autoridad del agua ya notificó a la parte impetrante la hoja registrada relativa al título de concesión supramencionado, debidamente inscrito. En razón de lo cual, es inconcuso que se actualiza la causal en trato. Por tanto, si en el presente juicio se reclamó precisamente la omisión de notificar la hoja de inscripción de la prórroga en el Registro Público de Derechos de Agua, del título de concesión ***, con la remisión de la Hoja Registral del Título de concesión supracitado debidamente inscrita, y la constancia de notificación respectiva, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la omisión ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional. Lo anterior, en el entendido de que se dio respuesta de manera congruente, en tanto que se practicó la notificación de la Hoja Registral del título de concesión *** Así, se cumplió cabalmente con el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución que, hasta este momento, era materia de la vulneración constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.A. J/54 (9a.), Décima Época, Libro VI, de Marzo de 2012, Tomo 2, página 931, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. Sin que en el caso resulte aplicable el procedimiento previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues éste solo opera tratándose de actos materialmente administrativos que sean existentes al momento de la presentación de la demanda y sobre los que se alegue como vicio de inconstitucionalidad, su falta de fundamentación; no así cuando lo que se controvierte en la instancia constitucional es la omisión de responder a un escrito, vulnerándose con ello el numeral 8º de la Ley Fundamental. En este caso el silencio reclamado y, por ende, la afectación a derechos fundamentales, cesa cuando se responde lo pedido. Sirve como criterio orientador, la parte conducente de la jurisprudencia 2ª. CXV/2016 (10ª) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 36, tomo II, página 1550, de rubro y texto: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMPLEMENTE EL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO EN EL CASO AHÍ PREVISTO, NO ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al señalar el precepto citado que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, por excepción, la autoridad debe complementar dichos aspectos, también dispuso las medidas instrumentales necesarias para no generar un desequilibrio procesal o indefensión, particularmente para la quejosa, pues impone el deber de que se le dé a conocer el contenido del informe que complemente el acto en sus aspectos formales, se le conceda un plazo razonable para que formule la ampliación de la demanda, se corra traslado a las demás partes, y que con todo y la complementación del acto por parte de la autoridad, prevalezca la excepción al principio de definitividad aplicable a actos administrativos carentes de fundamentación, además de impedir que la excepción aludida dé lugar a la improcedencia del juicio. Esto es así, pues su alcance se encuentra claramente acotado en relación con los juicios de amparo en que se reclaman actos materialmente administrativos, caso en el cual las autoridades, como excepción, deberán complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado en su informe justificado, lo que en sí mismo no es inconstitucional, pues no se permite la existencia de actos carentes de fundamento legal y motivos de hecho adecuados a la norma, sino en todo caso, se exige que esos aspectos queden acreditados en el curso del procedimiento e innegablemente si esto no ocurre, sobrevendrá la declaración de inconstitucionalidad del acto, la cual se basará en la consideración de que se trata de un vicio de fondo (y no de mera forma), que impide a la autoridad reiterarlo, lo que revela, aún más, la intención del legislador de lograr una solución de fondo y final a la controversia. De ahí que el artículo 117, párrafo final, de la Ley de Amparo no es contrario a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lejos de permitir la existencia de actos que no consten por escrito y no se encuentren fundados y motivados asegura, previo al dictado de la sentencia, que el acto reclamado cumpla con esos requisitos, considerados garantías instrumentales del derecho a la seguridad jurídica." Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable a lo anterior la Tesis: 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala, visible a fojas 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    Visto el informe justificado y anexo que remite el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. En ese contexto, se tiene como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de la materia a las personas que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** Finalmente, respecto de las pruebas documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, que ofrece, con fundamento en el numeral 119 de la Ley en cita, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia en este juicio de amparo.

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