José Yerak Núñez Torres
Expediente 387/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Yerak Núñez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el secretario de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 8348/2022, con el que se le notificó el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, así como de dos tomos de prueba que adjuntó en apoyo al informe justificado que en su momento le fue solicitado.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que se cuenta con dos tomos de prueba que en su momento la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, remitió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la citada ciudad, en apoyo a su informe justificado. Ahora bien, tomando en consideración que en proveído de diecinueve de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo que promovió *************, así como que en acuerdo de nueve del mes y año en curso, se declaró firme dicha determinación. En ese sentido, al resultar innecesaria la retención de los dos tomos de pruebas en comento, se ordena devolverlos a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en la ciudad de Guanajuato; solicítesele el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso **************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 179/2022, que le fue enviado para notificar a *****************, el proveído de uno del mes y año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito. Atendiendo a que ya fue devuelta la comunicación oficial a que se hizo referencia en líneas precedentes, en consecuencia, se levanta la reserva ordenada en proveído de ocho del mes y año en curso y se acuerda: Visto el escrito signado por *********************, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en proveído de uno de abril del año en curso. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que la quejosa reclama de la autoridad responsable, es: La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación 520/2021, de la estadística de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante la cual confirmó la diversa emitida por el Juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente C275/2021, en la que declaró improcedente el incidente sobre improcedencia de la vía planteado por la aquí quejosa en el referido controvertido. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:" (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, como previamente se estableció el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación 520/2021, de la estadística de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante la cual confirmó la diversa emitida por el Juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, el cinco de octubre del mismo año, en el Juicio Especial Civil Sumario Hipotecario C-275/2021, en la que declaró improcedente el incidente sobre improcedencia de la vía planteado por la aquí quejosa (parte demandada en el referido controvertido). Por tanto, como se puede observar, la resolución por medio de la cual la sala civil responsable confirma la diversa emitida el cinco de octubre de dos mil veintiuno, por el Juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, en los autos del juicio Especial Civil Sumario Hipotecario C-275/2021, en la que declaró improcedente el incidente sobre improcedencia de la vía planteado por el aquí quejoso en el referido expediente, no puede ser considerada como un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente se relaciona con la vía planteada por la parte actora para la tramitación de dicho juicio, lo cual, en determinado caso, podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera del quejoso hasta el dictado de la sentencia; por lo que, no se le puede considerar como un acto de imposible reparación, de manera que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. De ahí que, la actuación reclamada sólo implique la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene sentencia favorable y, en caso contrario, de resultar opuesto a sus intereses, pueden reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción I, en relación con la diversa XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como se estableció dicho acto reclamado no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En otro contexto, se tiene a la parte quejosa señalando para recibir notificaciones en esta ciudad, el domicilio ubicado en la calle ***************** de esta ciudad. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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