José Yamil Saad Contreras
Expediente 1842/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1842/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- José Yamil Saad Contreras
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexo de cuenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su presidente; y, de la Actuaria adscrita a la referida Junta, por medio de los cuales rinden el informe justificado que les corresponde. Atento a lo anterior, se tiene a las referidas autoridades rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe la primera de las autoridades mencionadas en la comunicación de cuenta, para los efectos legales procedentes. De igual manera, con apoyo en el numeral invocada, se tiene como prueba de la parte quejosa documental pública, consistente en el informe justificado de las referidas autoridades, misma que se reservó mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, de las constancias exhibidas por la autoridad oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en lo que interesa que el tres de noviembre de dos mil veintitrés señaló día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular, ofrecida en el expediente laboral 769/2018, de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Por otra parte, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la parte quejosa reclama: la omisión de cierre de instrucción y de dictar el laudo dentro del expediente 769/2018, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; sin embargo, de las constancias que remite la referida autoridad responsable se advierte que el mismo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para ordenar el cierre de instrucción y en consecuencia dictar el laudo correspondiente, toda vez que en el expediente 769/2018, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintitrés la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado señaló día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular, ofrecida dentro del referido expediente, lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En la especie, de las constancias remitidas por el tribunal responsable, se observa que: mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintitrés la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado señaló día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular, ofrecida dentro del expediente 769/2018; por lo que dicho expediente no se encontraba en estado procesal para ordenar el cierre de instrucción y en consecuencia dictar el laudo correspondiente. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, la autoridad responsable -Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado- aún no se encontraba procesalmente en condiciones para ordenar el cierre de instrucción y en consecuencia dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 769/2018. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para dictar el cierre de instrucción y de dictar el laudo respectivo, actos que la parte quejosa aduce ha omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DEINTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexo de cuenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su presidente; y, de la Actuaria adscrita a la referida Junta, por medio de los cuales rinden el informe justificado que les corresponde. Atento a lo anterior, se tiene a las referidas autoridades rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe la primera de las autoridades mencionadas en la comunicación de cuenta, para los efectos legales procedentes. De igual manera, con apoyo en el numeral invocada, se tiene como prueba de la parte quejosa documental pública, consistente en el informe justificado de las referidas autoridades, misma que se reservó mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, de las constancias exhibidas por la autoridad oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en lo que interesa que el tres de noviembre de dos mil veintitrés señaló día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular, ofrecida en el expediente laboral 769/2018, de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Por otra parte, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la parte quejosa reclama: la omisión de cierre de instrucción y de dictar el laudo dentro del expediente 769/2018, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; sin embargo, de las constancias que remite la referida autoridad responsable se advierte que el mismo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para ordenar el cierre de instrucción y en consecuencia dictar el laudo correspondiente, toda vez que en el expediente 769/2018, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintitrés la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado señaló día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular, ofrecida dentro del referido expediente, lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En la especie, de las constancias remitidas por el tribunal responsable, se observa que: mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintitrés la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado señaló día y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular, ofrecida dentro del expediente 769/2018; por lo que dicho expediente no se encontraba en estado procesal para ordenar el cierre de instrucción y en consecuencia dictar el laudo correspondiente. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, la autoridad responsable -Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado- aún no se encontraba procesalmente en condiciones para ordenar el cierre de instrucción y en consecuencia dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 769/2018. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para dictar el cierre de instrucción y de dictar el laudo respectivo, actos que la parte quejosa aduce ha omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DEINTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio signado por el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual informa que fue informado del recurso de revisión el veintiséis de octubre del año en curso y señala correo electrónico. En consecuencia se tiene a la autoridad oficiante informando la fecha en que tuvo conocimiento del recurso de revisión interpuesto por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que este juzgado toma conocimiento. Por otro lado, en términos de lo establecido en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, téngase por señalada la cuenta de correo electrónico para establecer contacto en el momento que se estime necesario, y no para que se le realicen notificaciones por este medio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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