José Yamil Esteban Higareda

Expediente 54/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
54/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • José Yamil Esteban Higareda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...CÚMPLASE...

  2. Principal

    ... Agréguese el oficio número 1190/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 54/2018 y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de uno de marzo de dos mil dieciocho, en la queja civil número 26/2018, promovida por Alejandro Pimentel Pineda, apoderado jurídico de la persona moral quejosa HIELOS VALLADOLID, S.A. DE C.V. así como autorizado del señor JOSÉ YAMIL ESTEBAN HIGAREDA, en contra del auto de uno de febrero del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: ".ÚNICO.- Es infundado el recurso interpuesto...". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que la suscrita estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase al promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. ...

  3. Principal

    ... Agréguese el oficio número 984/2018, remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; por el que acusa recibo del diverso oficio 1762, por el que se rindió informe justificado y se remitieron los autos del juicio de amparo número 54/2018, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por Alejandro Pimentel Pineda, apoderado jurídico de la persona moral quejosa HIELOS VALLADOLID, S.A. DE C.V. así como autorizado del señor JOSÉ YAMIL ESTEBAN HIGAREDA, en contra del auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, por el que se desechó su demanda de garantías, informando además que se admitió dicho medio de impugnación; lo anterior para los efectos legales procedentes. ...

  4. Principal

    ... Agréguese el escrito signado por ALEJANDRO PIMENTEL PINEDA, apoderado jurídico de HIELOS VALLADOLID, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho, para lo cual adjunta copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas que le otorgó José Yamil Esteban Higareda, en cuanto Administrado Único de la citada persona moral, ante la fe del Notario Público número 137, con ejercicio y residencia en esta ciudad, el cual adminiculado con el diverso que adjuntó a su demanda de amparo, acredita el carácter con el que promueve, mismo que se le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo. Ahora bien, vista la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, como se verá a continuación: Cabe destacar que JOSÉ YAMIL ESTEBAN HIGAREDA, por derecho propio y ALEJANDRO PIMENTEL PINEDA, en cuanto apoderado jurídico de HIELOS VALLADOLID, Sociedad Anónima de Capital Variable, hacen consistir los actos reclamados en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- Reclamamos de la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora JUEZ SEXTO DE LO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE PRIMER PARTIDO JUDICIAL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ZAPOPÁN, JALISCO, el auto de fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del Juicio Especial Mercantil número 2749/2017, promovido por la tercero con interés AB&C LEASING DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en contra del primero de los comparecientes y de la persona moral HIELOS VALLADOLID, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a través del cual se admitió la demanda del Juicio seguido en contra de los quejosos directos, y que concedió el término de 3 tres días para contestar la demanda más 1 uno más en raspón de la distancia, con flagrante violación de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1075 y relativos del Código de Comercio reclamando del JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, el acuerdo recaído al exhorto que se le remitiera para la cumplimentación del auto reclamado, que encontrara supuestamente ajustado a derecho el mismo; y de la Responsable Ejecutora la C. ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN, la cumplimentación vía exhorto del auto reclamado; b).- El primero de los comparecientes reclama también la falta de notificación del auto emitido por la Responsable señalada en primer término, toda vez, que jamás se le notificaron en su domicilio particular los actos reclamados siendo la falta de notificación la más grave de las violaciones procesales dentro de un procedimiento judicial." Así, en relación al acto reclamado a que hace referencia en el inciso a) antes transcrito, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario del artículo 107 de la referida Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En el caso concreto, el acto aquí analizado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque en la especie con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a la determinación del Juez responsable de admitir la controversia mercantil y ordenar el emplazamiento de los aquí quejosos, como parte demandada, otorgando el plazo que indicó, para que dieran contestación a la misma, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, porque la referida admisión y trámite del juicio mercantil no causa un agravio no reparable en sentencia definitiva, en donde se abordará la procedencia de la controversia planteada, es decir, analizando la acción y, en su caso, de ser desfavorable a los intereses de los quejosos, es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo directo. Tiene aplicación a lo anterior, aplicada por identidad de razón, la jurisprudencia XI.T.Aux.C. J/1, consultable en la página 1642, Tomo XXX, correspondiente al mes de Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS EN JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los criterios establecidos por nuestro Máximo Tribunal respecto del concepto de acto de imposible reparación, como argumento de autoridad, se advierte que para que el Juez de Distrito pondere sobre la procedencia de un amparo indirecto respecto de un acto dictado dentro de juicio, no debe apreciar si la infracción puede o no reclamarse cuando se dicte la resolución definitiva, ya que el Alto Tribunal del país, en jurisprudencia obligatoria, se pronunció en cuanto a la naturaleza jurídica que deben tener los actos en juicio, en el sentido de que solamente existen dos supuestos normativos de procedencia del amparo indirecto: a) cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental (regla general) o, bien b) si se trata de una violación exorbitante del procedimiento; de tal suerte que la posibilidad de que una supuesta infracción al procedimiento pueda o no impugnarse cuando se reclame la sentencia definitiva, no constituye hipótesis normativa de procedencia del juicio de garantías biinstancial, habida cuenta que tal facultad sólo compete a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando conozcan del juicio de amparo directo, a los que corresponde estimar si procede o no analizar la infracción que se reclame, de acuerdo con los requisitos que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, para tal efecto, dado que, inclusive, podría darse el supuesto de que existan violaciones procesales en juicio que no se pudieran reclamar en alguna de las dos vías de amparo.". Así como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/175, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1187, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado precisado en el inciso b), que se transcribió, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la diversa causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se advierte que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En otras palabras, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. En ese contexto, si bien es cierto que el quejoso JOSÉ YAMIL ESTEBAN HIGAREDA, reclama la falta de notificación, en su domicilio particular, del auto admisorio de veinticuatro de octubre de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio especial mercantil 2749/2017, también lo es que, de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo, se advierte que se le emplazó al citado controvertido en domicilio diverso al que señala como su particular, de lo que se sigue que no tiene la calidad de tercero extraño al procedimiento de origen, merced a que éste, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que es parte demandada en el juicio de origen y que tuvo conocimiento certero de los actos reclamados desde el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por ello es que estuvo en posibilidad de controvertir en el juicio de origen el acto que en esta vía constitucional reclama. En ese contexto, resulta evidente que, respecto del acto combatido consistente en el emplazamiento realizado en un domicilio diverso al que señala como su particular, el mismo debió agotar el principio de difinitividad que rige el juicio constitucional, esto es, impugnar la notificación practicada por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que reclama de ilegal, mediante el incidente de nulidad de notificaciones o de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio aplicable al caso concreto, mismo que establece textualmente: "ARTÍCULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida". De la interpretación literal del precepto citado se advierte que en contra de las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida, cabe el incidente de nulidad de notificaciones o de actuaciones, por lo que si dicha incidencia constituye un medio de defensa por medio del cual, la parte quejosa podía nulificar la diligencia practicada el nueve de enero de dos mil dieciocho, por la Actuaria responsable, es evidente que, previamente a la promoción del juicio de amparo, tuvo que haber promovido dicha incidencia, porque constituye un medio de defensa por medio del cual, la parte quejosa podía nulificar la diligencia que señaló como acto reclamado, pero como no lo hizo así, el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente, por no haberse cumplido con el principio de definitividad. En ese contexto, tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Igualmente, sirve de apoyo al caso concreto, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1651, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo". Además, cabe destacar que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad en comento, ya que, como se dijo anteriormente, el quejoso es parte dentro del juicio especial mercantil, el que aún estaba en trámite al momento en que promovió el presente juicio de amparo; además, el acto impugnado de ninguna forma importa peligro de que se le prive de la vida, se le deporte, se le destierre o que se cometa en su perjuicio cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y tampoco está combatiendo un acto restrictivo de su libertad. En consecuencia, al actualizarse las citadas causales de improcedencia, lo procedente es DESECHAR la presente demanda de garantías y, por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo en vigor. ...

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