José Xicohtencatl Ahuatzi
Expediente 1074/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Xicohtencatl Ahuatzi
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Autoridad responsable acusa recibo Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos interina adscrita a la Primera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio a través del cual se le remitió el expediente 359/2015, así como las copias certificadas del toca administrativo 216/2017 y expedientillo 359/2015 derivado del recurso de apelación 253/2018, mismos que envió como apoyo a su informe justificado.
- Principal
Se devuelve expediente Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 75 y 76), se ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido y se omitió remitir los anexos que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales devuélvase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala el expediente 359/2015, así como las copias certificadas del toca administrativo 216/2017 y expedientillo 359/2015 derivado del recurso de apelación 253/2018, mismos que remitió mediante oficio 1000/2018-l (foja 5), solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de enero de dos mil diecinueve (fojas 57 a 67), en la que se decretó sobreseer el amparo en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Apizaco, Tlaxcala, siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del siete de enero de dos mil diecinueve (foja 42 vuelta), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1074/2018-I, promovido por José Xicohténcatl Ahuatzi y Susana Gudelia Gutiérrez Gutiérrez, por propio derecho; Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la declara abierta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante el secretario Christoper Rodríguez Escobar, y sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo de la parte quejosa (fojas 6 a 12) y escrito aclaratorio (fojas 37 a 39). Auto de once de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 41 a 43) por el que se admitió la demanda de amparo promovida por la parte quejosa José Xicohténcatl Ahuatzi y Susana Gudelia Gutiérrez Gutiérrez, por propio derecho. Constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito (foja 45). Constancia de emplazamiento de los terceros interesados Trinidad Xicohténcatl Ahuatzi y Bertha Emilia Flores Vásquez (fojas 47 a 54). Escrito de los terceros interesados Trinidad Xicohténcatl Ahuatzi y Bertha Emilia Flores Vásquez por el cual se apersonan al juicio (foja 55). Informe con justificación que rindió: 1. Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (foja 5). A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden, para que surtan los efectos legales procedentes. PERÍODO PROBATORIO Acto seguido, se abre el período de pruebas: el Secretario da cuenta con las siguientes: Las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda (fojas 13 a 17) y las allegadas por la autoridad responsable Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en el expediente número 359/2015, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y copia certificada del Toca Administrativo número 216/2017 (foja 5), ordenándose formar tomo de pruebas (foja 29 y 30). Enseguida, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales aportadas por la autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; al no existir pruebas pendientes de desahogo se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Sin alegatos de las partes, se cierra esta etapa. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, quedando el asunto en estado de dictar la sentencia que en derecho corresponda. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se tiene por desahogada la presente audiencia constitucional y con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se procede a dictar la sentencia siguiente. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1074/2018-I, promovido por José Xicohténcatl Ahuatzi y Susana Gudelia Gutiérrez Gutiérrez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O I DEMANDA 1. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 6 a 12), ante la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, José Xicohténcatl Ahuatzi y Susana Gudelia Gutiérrez Gutiérrez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17. II TRÁMITE 2. Por haber sido amparo directo, se promovió la demanda de amparo, ante la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, turnando la demanda de mérito a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito en Turno, con sede en Apizaco, Tlaxcala, y que por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, la registró con el número 625/2018, declinó competencia y la remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala (fojas 3 a 21). 3. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número 1074/2018-I; asimismo, se dio trámite a dicha demanda y se previno (fojas 27 a 30). 4. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, desahoga dicha prevención y se admite la demanda; asimismo, se fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional y dio al agente del Ministerio Público Federal Adscrito la intervención que legalmente le compete (fojas 41 a 43). 5. Finalmente la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO III COMPETENCIA 6. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados emanan de un tribunal ubicado en esta entidad federativa. IV FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 8. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: La sentencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil de apelación 253/2018, del índice de la autoridad responsable, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por Trinidad Xicohténcatl Ahuatzi y Bertha Emilia Flores Vásquez, y deja insubsistente la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala dentro del expediente 359/2015, relativo al juicio de interdicto de retener la posesión. V CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO 9. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. 10. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." 11. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por así haberlo reconocido al rendir su informe justificado (foja 5); lo que se corrobora con las constancias que remitió, consistente en el expediente número 359/2015, índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y copia certificada del Toca Administrativo número 216/2017 (foja 5), mismas que se ordenó formar tomo de pruebas (foja 29 y 30). Las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. 12. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". VI OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA 13. El aquí quejoso se notificó el ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 93 vuelta, tomo I de pruebas), misma que surtió efectos el mismo día, de conformidad con el numeral 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del nueve al veintinueve de octubre; tomando en consideración que el trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, por ser sábados y domingo fueron inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia. 14. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dicho acto reclamado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se evidencia en el siguiente cuadro: OCTUBRE DE 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 Fue Notificado 9 Empieza plazo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Promueve demanda y Fenece plazo 30 31 15. Luego si la presentación de la demanda se realizó el veintinueve de octubre del año en cita, ante Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, resulta inconcuso que fue presentada de manera oportuna, pues se hizo dentro del plazo que establece el artículo 17 de la citada Ley de Amparo. VII CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 16. Pues bien, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" 17. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformaron, entre otros, los artículos 103 y 107 constitucionales, que regulan la procedencia, trámite y resolución del juicio de amparo; reformas que entraron en vigor el cuatro de octubre siguiente, de conformidad con el artículo primero de tránsito del decreto referido. 18. De tales disposiciones, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción III, del artículo 107 constitucional, que dimensiona el concepto de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo, la cual fue analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la que consideró: 19. Si bien la jurisprudencia cuya interpretación provocó la contradicción de tesis fue aplicada por dos Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia laboral, lo cierto es que dicho criterio está redactado para ser obligatorio en todas las restantes disciplinas. 20. En el artículo 107, fracción III, de la Constitución se contiene como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues el texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada. 21. Una de las motivaciones de la reforma constitucional al artículo 107 fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles; por tanto, la interpretación más acorde con este propósito es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza. 22. Con lo anterior, si bien se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional. 23. La expresión "actos de imposible reparación" data del texto original de la fracción IX del artículo 107 constitucional, y ha tenido a lo largo de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas interpretaciones ; sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". 24. La primera -fracción III- regula los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 25. La segunda -fracción V- normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. 26. Así, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. 27. Interpretación que se deduce de las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 28. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001 , ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión. 29. Consideraciones que sustentan la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, de junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." 30. En esta tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando lo analizado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013, precisó que, un acto de autoridad para ser calificado como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. 31. Señaló que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a. La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). 32. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". 33. Por lo que aun cuando un particular se duela de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional -violaciones a los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales-, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, ya que se encuentra dentro del mismo; además, refirió que las omisiones de dar respuesta a peticiones formuladas dentro de los procedimientos jurisdiccionales, se rigen por los plazos y términos fijados en las normas secundarias, por tanto, no se cumple con el requisito de procedibilidad del amparo consistente en la afectación a un derecho sustantivo o que deje sin defensa al accionante del amparo, pues no se trata de una transgresión autónoma al procedimiento sino que es en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a dar respuesta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. 34. Dichas consideraciones sustentan la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1086, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." 35. En el caso, la parte quejosa reclama el contenido de la resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho recaída en el recurso de apelación 253/2018, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 36. Como se precisó en la fijación del acto reclamado, la resolución reclamada resolvió la apelación interpuesta por la parte tercero interesada, contra la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 359/2015 relativo al Juicio de Interdicto de retener la posesión. 37. En esta tesitura, a juicio de este juzgador, dicho acto no es de imposible reparación, como a continuación se verá. 38. Para efectos del juicio de amparo, acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución , como ejemplo de lo anterior, puede señalarse la admisión y desahogo de la prueba pericial en genética, actos que pongan en peligro la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, pues dada su especial naturaleza esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. 39. En esta tesitura, la resolución reclamada al tratarse de una cuestión procesal no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado y que tutela la Constitución; o bien, establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte no es reclamable a través del juicio de amparo. 40. Es verdad, de un análisis al acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la sentencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil de apelación 253/2018 del índice de la autoridad responsable, se advierten las siguientes consideraciones: a) Que los apelantes Trinidad Xicoténcatl Ahuatzi y Bertha Emilia Flores Vásquez, exhibieron ante el Juez de primera instancia, un escrito de veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual presentaron copia certificada del toca administrativo 216/2017, del índice de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, donde se practicó una diligencia de quince de julio del mismo año, de la cual se advierte que la calle (causa generadora del juicio principal) quedó liberada; por lo que solicitaron que dicho juicio quedara sin materia. b) Que en atención a dicha promoción recayó el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, donde se ordenó dar vista a los demandados por el término de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; lo que realizaron por escrito de once de enero de dos mil dieciocho, manifestando esencialmente no tener inconveniente. c) Que el juez de primera instancia sin tomar en consideración lo manifestado por las partes, el quince de mayo de dos mil dieciocho dictó sentencia definitiva. d) Que por escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho, dentro de dicho toca, copia certificada de lo actuado en el toca administrativo 216/2017, del índice de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, formado con motivo del recurso de revisión promovido por José Xicoténcatl Ahuatzi y Susana Gudelia Gutiérrez Gutiérrez, en contra del Presidente Municipal de Chiauhtempan, Tlaxcala. e) Que dicho procedimiento administrativo se encuentra subjudice, pendiente de resolución definitiva ejecutoriada; pues aun cuando las acciones ejercitadas no son iguales, ni la calidad en las que intervinieron las partes, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 758 del Código de Procedimientos Civiles del Estado , sin que se actualice la conexidad prevista en el diverso 759 del citado ordenamiento legal, toda vez que los procedimientos citados son de distinta materia, por tanto no es factible que se resuelvan en una sola sentencia; y, f) Que en atención a lo anterior, dejó insubsistente la sentencia definitiva de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y ordenó la suspensión del procedimiento, hasta en tanto exista sentencia debidamente ejecutoriada en el procedimiento administrativo contenido en el Toca 216/2017, del índice de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, actualmente Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. 41. Ahora bien, siguiendo las consideraciones del Máximo Tribunal del País, el caso a estudio, el acto reclamado no cumple las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, dado que el actuar de la responsable no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no impedirle el libre ejercicio de alguna prerrogativa, toda vez que como se desprende del mismo sólo se pretende determinar la corrección de la sentencia recaída a una promoción, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. 42. Es verdad, debe indicarse que el solo transcurso del tiempo que se origine con la reposición del procedimiento no otorga al acto reclamado la característica de imposible reparación para hacer procedente el juicio de amparo, pues existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. 43. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido es: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". 44. Así como la diversa jurisprudencia I.11o.C. J/7, del Décimo primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1536, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido es: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso.". 45. Por lo expuesto, se concluye que al no lesionar el acto reclamado ningún derecho sustantivo tutelado por la Constitución, no se actualiza la hipótesis de eventos de imposible reparación que hagan procedente el juicio de amparo. 46. Máxime que debe tenerse en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente de resolverse el procedimiento administrativo contenido en el toca número 216/2017 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, formado con motivo del recurso de revisión promovido por los quejosos (fojas 2 a 21, tomo II de pruebas). 47. Consecuentemente, debe sobreseerse en el juicio en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. 48. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. 49. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". 50. Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. 51. En relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia que prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado contrario sensu, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. 52. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: UNICO: Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1074/2018-I, promovido por José Xicohténcatl Ahuatzi y Susana Gudelia Gutiérrez Gutiérrez, por propio derecho, respecto del acto reclamado, precisado en el considerando IV, por las razones y para los efectos precisados en el diverso VIII de esta sentencia.
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