José Wilbert Ávila Fernández
Expediente 103/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Wilbert Ávila Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió para la parte quejosa, que es la única legitimada al efecto, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el quince de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que haya hecho valer tal medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de diecisiete de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, remite copia certificada de las documentales siguientes: Oficio STyPS/SSTZS/JLCA/014/2016, que contiene exhorto dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mérida, Yucatán, deducido del juicio laboral DI-77/2014, del índice la autoridad responsable. Acuse de envío de documentos relativos al exhorto STyPS/SSTZS/JLCA/014/2016, con número de guía MC4469622487MX. Recibo de pago emitido por el Servicio Postal Mexicano, relativo a la guía MC4469622487MX. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, atento a lo previsto por el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de girar el exhorto correspondiente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mérida, Yucatán, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: .- Reclamo de la ORDENADORA: LA DOLOSA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO GIRAR EL EXHORTO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, PARA DESAHOGAR LA PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS CC. MARIANA DE LA LUZ CASTILLO PÉREZ, TERESA DE FATIMA BARAHONA HERRERA Y JOSE ARMANDO CORDOVA KOYOC; OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA EN LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS LLEVADA A CABO EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE Y QUE FUE DEBIDAMENTE ADMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AUTO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS DE FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, lo anterior, viola en mi perjuicio lo dispuesto por los artículos 685, 757,Y 771 de la Ley Federal del Trabajo, lo que constituye una falta de continuidad a la que está obligada a observarLA (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE, incurriendo NUEVAMENTE en OMISIÓN Y DILACIÓN EN EL TRÁMITE DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJA LA LEY, dentro del juicio promovido por el suscrito en contra de CHETUMAL AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. Y OTROS, y que corresponde al expediente DI-77/2014." Del análisis de la copia certificada enviada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que el ocho de marzo del presente año, el exhorto de mérito fue recepcionado por el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), para su envío correspondiente tal como se ilustra a continuación: De las imágenes anteriores, se advierte que la Junta responsable, el ocho de marzo de esta anualidad, hizo entrega del exhorto aludido al Servicio de Mensajería correspondiente para su envío y posterior diligenciación, tal como se acredita con el acuse de recibo y comprobante de pago, en copia certificada antes ilustrados. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado el dos de marzo de dos mil dieciséis, proveyó respecto de las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandada en el juicio de origen DI-77/2014, esto es, ordenó girar el exhorto correspondiente al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mérida, Yucatán, toda vez que los testigos radican en aquélla entidad, en segundo lugar, la Junta responsable acreditó [con los acuses antes ilustrados] que dicho exhorto fue entregado al Servicio Postal Mexicano, para su envío correspondiente, motivo por el cual las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Con fundamento en el artículo 119 de la ley en cita, se tiene como prueba de la responsable antes señalada, la documental consistente en: Copia certificada de diversas constancias que integran el expediente DI-77/2014, de su estadística. Misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia respectiva. Ahora, del análisis de dichas constancias se advierte que el dos de marzo de esta anualidad, la Junta responsable, ordenó girar atento exhorto al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mérida, Yucatán, para el desahogo de las testimoniales a cargo de **************, para lo cual giró el oficio STyPS/SSTZS/JLCA/014/2016, mismo que se acompaña en copia certificada. Empero, de dicha constancia no se advierte que ésta haya sido enviada, esto es, no se acompaña acuse de algún registro de mensajería o correos que acredite que se haya remitido a la autoridad exhortada. Por consiguiente, con fundamento en el numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, remita la constancia que acredite el envío del oficio STyPS/SSTZS/JLCA/014/2016 a la autoridad Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mérida, Yucatán. Lo anterior se impone de esa manera, ya que este órgano jurisdiccional observa la posible actualización de una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. [....]". Se apercibe a la autoridad responsable en comento, que de no cumplir con lo requerido o no informar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la ley de la materia.
- Principal
(CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cuatro de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de uno de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación secretarial de cuenta y atento a que el presente asunto se encuentra en trámite, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del suscrito Juez Aarón Alberto Pereira Lizama, como titular de este órgano de control constitucional, a partir del uno de marzo del año en curso. Lo anterior, para el efecto de que las partes estén en aptitud de manifestar, de así estimarlo, si se actualiza algún impedimento o excusa legal de los previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer del presente asunto.
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