José Walter Herrera Godínez
Expediente 523/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- José Walter Herrera Godínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio en lo principal, transcurrió sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(IV)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de veintinueve de mayo dos mil dieciocho...Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El treinta de abril de dos mil dieciocho, José Walter Herrera Godínez , presentó demanda de amparo contra el Juez Cuarto de lo Familiar del Estado, en el que reclamó la omisión de notificarlo y llamarlo a juicio dentro del expediente 1036/217 de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 523/2018-IV, previa aclaración se admitió en auto de diez de mayo del presente año, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar a la tercera interesada y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El veintiocho de mayo del año que transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado el oficio de las autoridades responsables, en la que señalaron que el quince de mayo de dos mil dieciocho se emplazó al aquí quejoso, corriéndole traslado con las copias de la demanda y anexos, así como el auto de radicación y la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete; al efecto, remiten copia certificada de las constancias que integran el expediente 1036/2017; documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Actuaciones de las cuales se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, por lo que resulta procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional. En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el asunto en concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la omisión del Juez Cuarto Familiar del Estado, así como del Ministro Ejecutor y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, de notificarlo y llamarlo a juicio en el expediente 1036/2017 de su índice. Luego, del análisis de las constancias que las responsables remitieron en apoyo a su informe justificado se obtiene que en el expediente 1036/2017, el quince de mayo de dos mil dieciocho, se emplazó al aquí quejoso José Walter Herrera Godínez, notificándole el auto de radicación y la interlocutoria de alimentos, dictada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho. (IV)
- Principal
Visto el oficio que remiten las autoridades responsables Juez Cuarto Familiar y Ministro Ejecutor y Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Familiar y anexo que acompañan, agréguese a los autos para que obre como corresponda, téngaseles rindiendo informe justificado y ofreciendo diversas documentales, en términos de lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El treinta de abril de dos mil dieciocho, José Walter Herrera Godínez , presentó demanda de amparo contra el Juez Cuarto de lo Familiar del Estado, en el que reclamó la omisión de notificarlo y llamarlo a juicio dentro del expediente . de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 523/2018-IV, previa aclaración se admitió en auto de diez de mayo del presente año, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar a la tercera interesada y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El veintiocho de mayo del año que transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado el oficio de las autoridades responsables, en la que señalaron que el quince de mayo de dos mil dieciocho se emplazó al aquí quejoso, corriéndole traslado con las copias de la demanda y anexos, así como el auto de radicación y la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete; al efecto, remiten copia certificada de las constancias que integran el expediente .; documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Actuaciones de las cuales se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, por lo que resulta procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional. En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: . En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. .. En el asunto en concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la omisión del Juez Cuarto Familiar del Estado, así como del Ministro Ejecutor y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, de notificarlo y llamarlo a juicio en el expediente .. de su índice. Luego, del análisis de las constancias que las responsables remitieron en apoyo a su informe justificado se obtiene que en el expediente ., el quince de mayo de dos mil dieciocho, se emplazó al aquí quejoso José Walter Herrera Godínez, notificándole el auto de radicación y la interlocutoria de alimentos, dictada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.
- Principal
Visto el escrito del quejoso José Walter Herrera Godínez, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de tres del mes y año en curso, en el que manifiesta que es su deseo señalar como responsable al Ministro Ejecutor o Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Familiar y exhibe las copias para correr traslado a las partes. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, así como los preceptos 1°, 3°, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Tramítese sin incidente de suspensión. -Informe justificado- Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberán exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibidas que, en caso de ser omisas a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $... misma que es vigente a partir del uno de febrero de este año; siendo que dicha cantidad, multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de ....En caso de no rendir el informe solicitado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1°., de la Ley de Amparo. -Fecha audiencia constitucional- Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. -Emplazamiento a terceros interesados e intervención a Ministerio Público- Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con la copia de la demanda de amparo. En términos del numeral 5, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercera interesada a Alexia Senyacen Cornejo Márquez; por lo tanto, se ordena a cualesquiera de los actuarios adscritos, que con copia simple de la demanda, escrito aclaratorio y de este proveído, la emplace en el domicilio señalado para tal fin en la demanda de amparo. Debiendo el fedatario judicial requerir a dicha parte para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, en términos del numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad; apercibida que en caso de ser omisa, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal que le corresponda, sin ulterior acuerdo, se le hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 305 y 306 de la legislación supracitada. -Causas de improcedencia- Según lo dispuesto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de .. que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, conforme a lo señalado en párrafos que anteceden. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo.
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