José Vizcarra Moya

Expediente 318/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
318/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • José Vizcarra Moya
  • Jesús Omar Hernández Carrillo
  • José Vizcarra Moya y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    De la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, la parte quejosa interponga el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios 14388/2021, 14389/2021 y 14391/2021, enviados a las autoridades responsables con sede en Tecomán, Colima, a efecto de notificarles la sentencia dictada en autos, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería a los quejosos, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número P./J. 14/2018, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO INTERESADO NO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL QUEJOSO. Conforme a los artículos 5o., fracción III, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en un juicio de amparo directo, cuando subsista el estudio de un tema propiamente constitucional, la cual se encuentra condicionada a que dicha sentencia irrogue una afectación directa a su esfera jurídica; por tanto, no está legitimado para interponer ese recurso contra la omisión del Tribunal Colegiado de Circuito de estudiar los planteamientos del quejoso que cuestionan la constitucionalidad de un precepto determinado, pues esa omisión sólo perjudica a quien los formula, es decir, a este último, además de que el derecho de expresar esos argumentos en la demanda de amparo se origina con la aplicación del precepto referido, en perjuicio del quejoso." Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, al tratarse de un expediente en el que si bien tuvo por no presentada la demanda; sin embargo, se concedió la suspensión de plano en el auto admisorio, asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de depuración. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. .

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 318/2021, promovido por * * , contra los actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Ciudad de Tecomán, Colima, Titulares de las Mesas de Delitos de Homicidio y Mesa de Delitos Contra la Salud y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en línea a este juzgado Segundo de Distrito, Lino Vizcarra Moya promovió demanda en favor José Vizcarra Moya y Jesús Omar Hernández Carrillo y solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que en seguida se precisan: ". III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- AUTORIDADES ORDENADORAS. Los ciudadanos Agentes del Ministerio Público del Fuero Común de la Ciudad la ciudad de Tecomán, Colima, titulares de las mesas de delitos de Homicidio y mesa de delitos contra la salud. B).- AUTORIDADES EJECUTORAS.- Director General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima, Colima. El C. Comandante, encargado o jefe de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado con sede en la ciudad de Tecomán, Colima. V.- ACTO RECLAMADO.- La privación ilegal de la libertad personal fuera de todo procedimiento judicial, los actos de incomunicación, el maltrato moral y probablemente físico en perjuicio de los directos quejosos OSCAR VIZCARRA MOYA y JESÚS OMAR HERNANDEZ CARRILLO. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 318/2021; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites legales, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Segundo de Distrito en el estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La privación de la libertad personal fuera de todo procedimiento judicial, los actos de incomunicación, el maltrato moral y probablemente físico. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, registro electrónico192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto de la inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Mesa de Homicidios "1", de Tecomán, Colima, negó los actos reclamados por la parte quejosa. Igualmente, el [i] Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Mesa de Contra la Salud "1", de Tecomán, Colima; [ii] el Director General de la Policía Investigadora, con sede en esta ciudad; [iii] y el Jefe de Grupo de la Policía Investigadora Titular de la Comandancia Regional de Tecomán, Colima, al rendir su respectivo informe justificado entre otras cosas señalaron que no han ordenado ni ejecutado la incomunicación, maltrato moral y probablemente físico en perjuicio de los directo quejosos, ni cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. Ante ello, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea para desvirtuar la negativa de las autoridades que fueron señaladas como responsables en los actos precisados, se tienen por inexistentes y, consecuentemente se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Por el contenido que informa se cita la tesis Jurisprudencial 284, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otro lado, es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Mesa de Contra la Salud "1", de Tecomán, Colima; [ii] el Director General de la Policía Investigadora, con sede en esta ciudad; [iii] y el Jefe de Grupo de la Policía Investigadora Titular de la Comandancia Regional de Tecomán, Colima, consistente en la privación de su libertad. Pues al respecto señalan que los quejosos José Vizcarra Moya y Jesús Omar Hernández Carrillo, fueron detenidos, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a una orden de cateo librada por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder judicial del Estado de Colima, con sede en Tecomán, derivada de la carpeta de investigación NSJP/TEC/CI/SALUD1-38/2021; también refieren, que le veinticinco siguiente, mediante oficio 560/2021 los referidos quejosos -imputados en la carpeta de investigación- José Vizcarra Moya y Jesús Omar Hernández Carrillo, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en turno de Tecomán, Colima, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Lo cual se corrobora con las copias certificadas que acompañaron a su informe; documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia se demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia Común, página 262, registro electrónico 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis 108K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia Común, página 353, registro electrónico 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Pues bien, este órgano de control constitucional advierte que, respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Definido que resultó parcialmente cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado al [i] Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Mesa de Contra la Salud "1", de Tecomán, Colima; [ii] el Director General de la Policía Investigadora, con sede en esta ciudad; [iii] y el Jefe de Grupo de la Policía Investigadora Titular de la Comandancia Regional de Tecomán, Colima, consistente en la privación de su libertad, en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se explica a continuación: El precepto legal en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de ese ordenamiento, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos, volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. La razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no puede ser reparado por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Ahora, en el caso, la parte quejosa reclama la detención de que fue objeto. Sin embargo, del informe justificado rendido por [i] el Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Mesa de Contra la Salud "1", de Tecomán, Colima; [ii] el Director General de la Policía Investigadora, con sede en esta ciudad; [iii] y el Jefe de Grupo de la Policía Investigadora Titular de la Comandancia Regional de Tecomán, Colima, consistente en la privación de su libertad, de las constancias que remitieron, se advierte que los quejosos José Vizcarra Moya y Jesús Omar Hernández Carrillo, fueron detenidos en flagrancia, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a una orden de cateo librada por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder judicial del Estado de Colima, con sede en Tecomán, derivada de la carpeta de investigación NSJP/TEC/CI/SALUD1-38/2021; asimismo, que el veinticinco siguiente, mediante oficio 560/2021, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en turno de Tecomán, Colima, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De manera que la detención fuera de procedimiento judicial que reclama el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, se ha consumado de manera irreparable, lo que hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos e impide volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, al ser físicamente imposible reintegrarles la libertad de la que fueron privados por medio del presente amparo. Puesto que, como ya se mencionó, dichos quejosos fueron detenidos el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a una orden de cateo librada por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder judicial del Estado de Colima, con sede en Tecomán, derivada de la carpeta de investigación NSJP/TEC/CI/SALUD1-38/2021 y el veinticinco siguiente, mediante oficio 560/2021, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en turno de Tecomán, Colima, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por el contenido que informa se cita la jurisprudencia siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar" Por tanto, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los quejosos, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de garantías. SEXTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por los quejosos * * contra los actos reclamados a las autoridades responsables; en los términos precisados en esta sentencia.

  3. Principal

    Colima, Colima, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual el Subdirector de la Policía Investigadora, en suplencia del Director General, cumple con el requerimiento formulado y remite copia simple de la notificación encomendada por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que obre como constancia. Por otra parte, vista la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el último informe rendido no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferirla y en su lugar se señalan las once horas con seis minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, registro 191995, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documento de cuenta, a través de los cuales el Jefe de Grupo de la Policía Investigadora Titular de la Comandancia Regional de Tecomán, Colima, rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional.

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