José Viveros Yepez

Expediente 721/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
721/2020
Año
2020
Actuaciones
38
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • José Viveros Yepez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3. Transferencia. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse, previa depuración y anotación correspondiente en los libros de gobierno, el expediente en que se actúa a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Incidente de suspensión. Mediante resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Documentos exhibidos por la parte quejosa. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que allegó a este juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 5.1. Trámite de devolución. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega de la documental que se solicite, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con la licenciada Cristina García Maya, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico de este órgano jurisdiccional 44 33 22 69 60 extensión 1162, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: Estado de autos. Vista la cuenta que antecede, se advierte que se han superado diversas circunstancias que habían disminuido la capacidad operativa de este órgano jurisdiccional para actualizar la integración del expediente físico del asunto en que se actúa, hasta glosar al mismo la más reciente determinación judicial, como es la sentencia correspondiente; circunstancias entre las que se encuentran: a) la atención prioritaria a la integración de expedientes con recursos y su envío al órgano revisor; b) el rezago prexistente; c) las nuevas y elevadas cargas de trabajo; d) la constante disminución de personal operativo por licencias personales, médicas o contagios del virus SARS-Cov2, vacaciones, días económicos; y, e) la depuración y destrucción de expedientes que se llevó a cabo entre el ocho de noviembre y diez de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento estricto al requerimiento formulado a este juzgado por la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal en el dictamen de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 501/2020-DV. En consecuencia, una vez que se ha producido la glosa al expediente físico de la sentencia en cita, cuya emisión con firmas autógrafas constituyó una medida necesaria, racional y proporcional para abatir el rezago precisamente en la integración del citado cuaderno (atraso producido por la atención a otras actividades jurisdiccionales que se consideraron prioritarias), procédase a notificar dicho fallo como legalmente corresponda y a integrar la resolución al expediente electrónico, a fin de que exista coincidencia con el impreso. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, quien da fe. P-I721/2020 OFICIO(S)

  3. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 721/2020, promovido por José Viveros Yepez, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al juez primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con residencia en Morelia, Michoacán y otras autoridades; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades los actos siguientes: 1) Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en Morelia, Michoacán (antes Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar). La resolución de veintinueve de mayo de dos mil catorce, emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 427/2014, que sobre pago de alimentos provisionales promovió María Teresa Bremauntz Pérez Sandi, frente al quejoso, que decreta el monto de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional), como pensión provisional en favor de la acreedora. El proveído de once de febrero de dos mil veinte, que ordena requerir al quejoso el pago por concepto de alimentos provisionales vencidos y ordena girar exhorto al Juez Familiar de Primera Instancia de Zamora, Michoacán, para que, en su auxilio, comisione a la actuaria adscrita para que realice dicho requerimiento. 2) Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán. Radicar el exhorto 20/2020, de su índice y ordenar su emplazamiento. 3) Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán. La diligencia de requerimiento de pago y embargo verificada el quince de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento al exhorto 20/2020, de su índice, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 427/2014. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 48 y 54, fracción I, de la de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente en la fecha de presentación de la demanda, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse pluralidad de actos y de ellos tuvo ejecución en Zamora, Michoacán, lugar en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. 1) La jueza primera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en Morelia, Michoacán y 2) la actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto que se les reclamó. Por su parte, el juez primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, por tanto, se presume cierto en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 427/2014, que la primera nombrada acompañó a su informe, en las que se encuentran los actos que se reclaman a las autoridades, incluida la radicación del exhorto atribuida al juez omiso. Documental que adquiere valor probatorio pleno, al haber sido expedida por funcionaria pública en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados. Ello es así, no obstante que en el caso, de ser necesario operará la suplencia de la queja deficiente, conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, al versar la controversia sobre derechos de alimentos. Lo cual es de orden público e interés social, incluso en el caso que el quejoso es el acreedor alimentario, pues se cuidará que las autoridades responsables hayan emitido su determinación atendiendo a los criterios de perspectiva de género y en un plano de igualdad y equilibrio respecto de situaciones de desventaja, las partes se encuentren en el mismo plano de igualdad. Sirve de sustento la jurisprudencia de registro digital 2022087, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO". Consideración previa. Se precisa que la resolución de este asunto se hará atendiendo al otrora Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de febrero de dos mil ocho, toda vez que las diligencias de origen fueron presentadas el veinticuatro de abril de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Conceptos de violación. Primer concepto. La determinación de la autoridad ordenadora viola el artículo 14 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente su actuar, debido a que no se apoyó en ningún precepto legal, en jurisprudencia de la Corte o Tribunales Colegiados. Segundo concepto. La resolución combatida de veintinueve de mayo de dos mil catorce, viola el contenido de los artículos 955, 961, 962, 963 y 964 del Código Familiar para el Estado, en virtud de que: La acreedora no allegó medios probatorios para demostrar el grado de sus requerimientos. El juez motivó su determinación en que existía urgencia y necesidad de dicha medida en favor de la tercera interesada, debido a una prueba testimonial la cual carece de valor probatorio ya que ninguno de los dos testigos precisó circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco el motivo de porqué sabían que la tercera necesitaba alimentos. La autoridad responsable no observó lo dispuesto por el artículo 475, fracción V, del Código Familiar ya que María Teresa Bremauntz Pérez abandonó el domicilio conyugal, sin causa justificable ante autoridad del estado y sin consentimiento del quejoso quien le da alimentos, por tanto, la obligación se encontraba suspendida. Que María Teresa Bremauntz Pérez Sandi, no comprobó el estado de urgencia y necesidad, porque dicha medida fue otorgada el veintinueve de mayo de dos mil catorce y hasta el once de febrero solicitó su ejecución, lo que implica que no necesita alimentos. Con total carencia de fundamentación y motivación en términos del artículo 961 del Código Familiar, la jueza responsable estableció y decretó alimentos provisionales en favor de la promovente por la cantidad de setenta y cinco días de salario mínimo general vigente en el área geográfica B, a la que pertenece Michoacán, equivalente a $63.77 (sesenta y tres pesos con 77/100 moneda nacional) diarios de manera mensual que ascienden a $4,782.75 (cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 75/100 moneda nacional), sin precisar porqué dicha cantidad en específico, cuando pudo imponer otra. Respuesta al primer y segundo motivo de inconformidad. Son infundados estos motivos de disenso, en virtud de que la determinación de la jueza responsable al emitir su determinación de alimentos provisionales se ajusta a derecho, colmando una debida fundamentación y motivación. Ello es así, pues la jueza responsable, al emitir su determinación, la cual obra en autos y fue valorada en el considerando cuarto, se fundó, entre otros, en los artículos 452, 453, 455, 463, 465, 955, 957 y 961 del Código Familiar para el estado, de los cuales se advierte que los alimentos es un derecho que tiene el acreedor alimentista, de recibir del deudor. Que éstos comprenden un cúmulo de factores para satisfacer necesidades primarias, tales como comida, vestido, habitación, atención médica y hospitalaria, entre otros. Así pues, que los cónyuges están obligados a propiciarse alimentos y cuando exista separación, la ley determinará la subsistencia de dicha obligación. Que cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentaria hayan llevado en los últimos años, lo que le otorga facultad discrecional, para fijar el monto. Así pues, que los alimentos determinados por convenio o sentencia tendrán un incremento automático mínimo acorde al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor. En esa tesitura, que cuando se demandan alimentos, deben presentarse los documentos que prueben el derecho que se reclama. Que para ello, se debe acreditar: I. El título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique aproximadamente el caudal de quien deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales. Dijo además que en la resolución el juez fijará la suma en que debe consistir los alimentos, comenzando a contar, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, mandando abonarlos por meses anticipados y para determinar dicha suma, debe observarse lo dispuesto por el numeral 455 del referido Código Familiar. Ahora bien, la autoridad responsable tuvo por acreditado el derecho de la quejosa relativo a los alimentos en virtud de haber presentado la partida del registro civil conducente, a la cual le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 19 y 37 del Código Familiar, 424, fracción V, 426 y 530 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la cual acredita que están casados. En esa tesitura, dijo que se justificaba la solvencia del deudor alimentista con los medios de convicción que obran en dicho expediente localizables a fojas 8 a la 11, 24, 25 y de la 27 a la 30, emitidos por su orden por el jefe de la Oficina Regional de Morelia, del Registro Público de la Propiedad Raíz, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado y el Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Morelia. De los que dedujo que José Viveros Yépez, tiene registrado a su nombre cuatro bienes inmuebles, ocho vehículos automotores y está inscrito con el Registro Federal de Contribuyentes VIYJ730331SY8, con el cual ha rendido diversas declaraciones, siendo la última por la suma de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). Constancias a las que otorgó pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 424, 426 y 530 del Código adjetivo. Además, la jueza responsable consideró que el hecho de que no se encuentre probado el monto de sus ingresos, ello no lo puede eximir de la obligación alimenticia que tiene para con su esposa; pues por su edad (cuarenta y dos años), es capaz de emplearse en alguna actividad; aunado a que no se demostró lo contrario. Citó al respecto un precedente de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el toca I-350/2011, que robustece ese criterio de solvencia. Consideró además lo manifestado por la promovente en el sentido de que al haberse dedicado a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos durante la vigencia de su matrimonio, no cuenta con empleo. En relación con el tercer requisito, consistente en la urgencia y necesidad que haya para necesitar los alimentos, dijo que se acreditaba con la prueba testimonial a cargo de Juan Carlos Suárez Flores y Teresita Rosales Pérez, a la cual otorgó valor probatorio en términos de los artículos 547 y 548 del Código adjetivo y 884 y 885, del Código Familiar, ambos de la entidad. Respecto de la fijación de la pensión, se apoyó en los artículos 465 y 961 del Código Familiar para decir que, al no estar acreditado los ingresos mensuales del acreedor, procedía a fijar un monto discrecional en favor de la acreedora por la cantidad de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional), diarios de forma mensual. Al respecto citó las tesis VII.3o.C.66 y VII.2º.C.121, que consideró aplicables para fijar el monto discrecional de pensión. Justificando además su actuar, a fin de no dejar en estado de indefensión a María Teresa Bremauntz Pérez Sandi, ya que acreditó su estado de necesidad, que se dedica al hogar, dijo no tener preparación académica y las circunstancias de las cuales refiere es objeto. De ahí que no le asiste la razón al quejoso en sus motivos de disenso, pues no desvirtúo su vínculo marital con la tercera interesada, tampoco que se acreditó su capacidad de otorgar alimentos en base a las documentales ya preciadas, respecto de la cuales se motivó y fundó la convicción generada. Máxime tampoco redarguyó el hecho de que para justificar la urgencia de María Teresa Bremauntz Pérez Sandi, de necesitar alimentos, la jueza tomó en cuenta su grado de necesidad, teniendo como finalidad que con dicha escasa suma no dejarla en desprotección, ya que durante la convivencia conyugal, dijo haberse dedicado al hogar y no se preparó profesionalmente por estar dedicada a ello, razón por la cual, aunado a las situaciones que refirió ser objeto derivadas de la conducta de su cónyuge. Lo que sin duda la introduce en un grado de necesidad y desigualdad frente al quejoso, quien contrario a ello, de las constancias de autos se advierte que tiene un nivel académico profesional, así como solvencia económica para aportar dicha cantidad. No obstante que la suma discrecional que se consideró de pensión diaria en favor de la acreedora es bastante benéfica para el deudor, pues el egresar de su patrimonio $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional), no se considera que conlleve ni siquiera mínimas repercusiones en su caudal. Ahor bien, respecto de lo aseverado relativo a que la autoridad responsable no observó lo dispuesto por el artículo 475, fracción V, del Código Familiar ya que María Teresa Bremauntz abandonó el domicilio conyugal, sin causa justificable ante autoridad del estado y sin consentimiento del quejoso quien le da alimentos, por tanto, la obligación se encontraba suspendida, es infundado, en virtud de que como se acaba de precisar, la jueza atendió a las conductas que José Viveros Yépez, tenía hacia ella. Sin que pase inadvertida la manifestación del quejoso que la tercera interesada salió del domicilio conyugal sin "permiso", de quien le suministra alimentos, de ahí la clara desventaja y plano de desigualdad en que se encuentra Teresa Bremauntz, lo que denota su sometimiento frente al quejoso a cambio de recibir alimentos, lo que refuerza más aún el criterio en esta instancia reclamado. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en criterios jurisprudenciales respecto de la sensibilidad que se debe tener al juzgar asuntos que impliquen desventaja a una de las partes, por estar inmersa en alguna categoría sospechosa, así también emitió el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. A propósito de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia de registro digital 2003217, de rubro "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)". De la cual se desprende que la sola manifestación de la parte solicitante, en el sentido de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, es suficiente para justificar el estado de necesidad. Lo anterior debido a que en este país los roles de género de la mayoría de las mujeres casadas es dedicarse preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, al cuidado y educación de los hijos, lo cual precisamente limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, reduciendo sus ingresos en comparación de su cónyuge. De ahí lo fundado de la presunción de necesidad de alimentos y en caso de estimarse lo contrario, es al demandado acreedor a quien corresponde demostrar lo contrario. En suma, dicha determinación se ajustó a derecho, pues la jueza responsable motivó adecuadamente su determinación expresando los motivos y razones que la llevaron a determinar su actuar, lo cual quedó debidamente motivado y fundado con los preceptos en el caso aplicables e inclusive citó las tesis y precedente que estimó pertinentes, las cuales guardan congruencia con su resolución. Tercer concepto de violación. La exhortante únicamente solicitó al juez exhortado comisionara a la actuaria adscrita y requiriera el pago de alimentos. En la diligencia de quince de octubre de dos mil veinte, la actuaria se extralimitó en sus funciones pues no fue facultada para requerir el pago al quejoso ni realizar embargo. Si bien estaba facultado para aplicar medidas de apremio, éstas son las establecidas en el artículo 131 del Código adjetivo del Estado y el juzgado exhortado no podía practicar otras diligencias que no le fueron encomendadas expresamente. Respuesta al tercer concepto de violación. Dicho motivo de inconformidad es infundado, en virtud de que el actuario de primera instancia exhortado, no se extralimitó en sus funciones. Ello es así, pues el auto reclamado de once de febrero de dos mil veinte, determina el monto adeudado por el deudor alimentista y ordenó a la actuaria de la adscripción se constituya en legal y debida forma en el domicilio de José Viveros Yépez, ubicado en calle Virrey de Almanza, número seiscientos diez, fraccionamiento Las Fuentes, de Zamora, Michoacán, para que se le requiera el pronto y efectivo pago de $400,208.00 (cuatrocientos mil doscientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), así pues, que en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo, los cuales se pondrán en persona que designe el promovente bajo su más estricta responsabilidad. De lo que se desprende que si bien, en principio se ordena a la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, realice dicha diligencia, en acto seguido se remite exhorto al Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que "se constituya en el domicilio del deudor alimentario y lo requiera del pago de alimentos ordenado en el presente proveído". Máxime que la exhortante otorgó plenitud de jurisdicción para emitir acuerdos tendientes a lograr dicha diligencia, inclusive a aplicar medios de apremio que estime conducentes. De ahí que el exhortante solicita al órgano exhortado que comisione a un actuario de su adscripción a fin de que lleve a cabo la diligencia en términos de dicho proveído. De donde se entiende que el ministro ejecutor llevará a cabo el cometido encomendado cumpliendo a cabalidad con el contenido literal del acuerdo, pues tampoco dice la cantidad que debía solicitarse, ello se contiene al inicio del cuerpo del acuerdo, entonces si atendiéramos a la literalidad de los argumentos del quejoso, el actuario auxiliador no hubiera estado en posibilidad de solicitar cantidad de dinero, tampoco hubiera sabido a que domicilio dirigirse. Lo cual no acontece, pues basta que el acuerdo se haya dicho al inicio que se requiriera el pago y en su defecto se embargaran bienes, por tanto, la actuaria no se extralimitó en sus funciones, pues realizó precisamente lo encomendado por la autoridad. Sirve de sustento la jurisprudencia de registro digital 2019912, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EXHORTO. CUANDO AL JUEZ EXHORTADO SE LE CONFIERE PLENITUD DE JURISDICCIÓN O FACULTAD DISCRECIONAL PARA PRACTICAR LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESAHOGO DE LO ORDENADO, ELLO IMPLICA QUE ESTÁ FACULTADO PARA CONOCER Y RESOLVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE SE INTERPONGAN EN LOS QUE SE CUESTIONE LA LEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO". De ahí lo infundado de dicho motivo de disenso. Cuarto concepto de violación. Que se violan los derechos humanos del quejoso porque la ley ordinaria no contempla recurso o medio de impugnación para inconformarse contra la resolución. Respuesta al cuarto concepto de violación. Es infundado en virtud de que, no obstante que la legislación estatal expresamente no contemple la existencia de un recurso ordinario contra la determinación que reclama, no implica que dichas determinaciones no puedan ser impugnadas mediante otro mecanismo de defensa. A propósito, los artículos 103 y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 107 a 169 de la Ley de Amparo, contemplan los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. El cual es un medio extraordinario de defensa para los particulares que se sientan vulnerados en sus garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, el cual procede ante el Juzgado de Distrito competente, contra actos dictados fuera, dentro y después de concluido un juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la jurisprudencia de registro 2010984, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Viveros Yépez, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el primer considerando, por los motivos expuestos en el diverso sexto.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA: MARÍA TERESA BREMAUNTZ PÉREZ, la siguiente sentencia: SENTENCIA VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 721/2020, promovido por José Viveros Yepez, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al juez primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar con residencia en Morelia, Michoacán y otras autoridades; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades los actos siguientes: 1) Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en Morelia, Michoacán (antes Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar). La resolución de veintinueve de mayo de dos mil catorce, emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 427/2014, que sobre pago de alimentos provisionales promovió María Teresa Bremauntz Pérez Sandi, frente al quejoso, que decreta el monto de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional), como pensión provisional en favor de la acreedora. El proveído de once de febrero de dos mil veinte, que ordena requerir al quejoso el pago por concepto de alimentos provisionales vencidos y ordena girar exhorto al Juez Familiar de Primera Instancia de Zamora, Michoacán, para que, en su auxilio, comisione a la actuaria adscrita para que realice dicho requerimiento. 2) Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán. Radicar el exhorto 20/2020, de su índice y ordenar su emplazamiento. 3) Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán. La diligencia de requerimiento de pago y embargo verificada el quince de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento al exhorto 20/2020, de su índice, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 427/2014. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 48 y 54, fracción I, de la de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente en la fecha de presentación de la demanda, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse pluralidad de actos y de ellos tuvo ejecución en Zamora, Michoacán, lugar en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. 1) La jueza primera de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en Morelia, Michoacán y 2) la actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto que se les reclamó. Por su parte, el juez primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, por tanto, se presume cierto en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 427/2014, que la primera nombrada acompañó a su informe, en las que se encuentran los actos que se reclaman a las autoridades, incluida la radicación del exhorto atribuida al juez omiso. Documental que adquiere valor probatorio pleno, al haber sido expedida por funcionaria pública en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados. Ello es así, no obstante que en el caso, de ser necesario operará la suplencia de la queja deficiente, conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, al versar la controversia sobre derechos de alimentos. Lo cual es de orden público e interés social, incluso en el caso que el quejoso es el acreedor alimentario, pues se cuidará que las autoridades responsables hayan emitido su determinación atendiendo a los criterios de perspectiva de género y en un plano de igualdad y equilibrio respecto de situaciones de desventaja, las partes se encuentren en el mismo plano de igualdad. Sirve de sustento la jurisprudencia de registro digital 2022087, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO". Consideración previa. Se precisa que la resolución de este asunto se hará atendiendo al otrora Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de febrero de dos mil ocho, toda vez que las diligencias de origen fueron presentadas el veinticuatro de abril de dos mil catorce, en la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Conceptos de violación. Primer concepto. La determinación de la autoridad ordenadora viola el artículo 14 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable no fundó ni motivó debidamente su actuar, debido a que no se apoyó en ningún precepto legal, en jurisprudencia de la Corte o Tribunales Colegiados. Segundo concepto. La resolución combatida de veintinueve de mayo de dos mil catorce, viola el contenido de los artículos 955, 961, 962, 963 y 964 del Código Familiar para el Estado, en virtud de que: La acreedora no allegó medios probatorios para demostrar el grado de sus requerimientos. El juez motivó su determinación en que existía urgencia y necesidad de dicha medida en favor de la tercera interesada, debido a una prueba testimonial la cual carece de valor probatorio ya que ninguno de los dos testigos precisó circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco el motivo de porqué sabían que la tercera necesitaba alimentos. La autoridad responsable no observó lo dispuesto por el artículo 475, fracción V, del Código Familiar ya que María Teresa Bremauntz Pérez abandonó el domicilio conyugal, sin causa justificable ante autoridad del estado y sin consentimiento del quejoso quien le da alimentos, por tanto, la obligación se encontraba suspendida. Que María Teresa Bremauntz Pérez Sandi, no comprobó el estado de urgencia y necesidad, porque dicha medida fue otorgada el veintinueve de mayo de dos mil catorce y hasta el once de febrero solicitó su ejecución, lo que implica que no necesita alimentos. Con total carencia de fundamentación y motivación en términos del artículo 961 del Código Familiar, la jueza responsable estableció y decretó alimentos provisionales en favor de la promovente por la cantidad de setenta y cinco días de salario mínimo general vigente en el área geográfica B, a la que pertenece Michoacán, equivalente a $63.77 (sesenta y tres pesos con 77/100 moneda nacional) diarios de manera mensual que ascienden a $4,782.75 (cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 75/100 moneda nacional), sin precisar porqué dicha cantidad en específico, cuando pudo imponer otra. Respuesta al primer y segundo motivo de inconformidad. Son infundados estos motivos de disenso, en virtud de que la determinación de la jueza responsable al emitir su determinación de alimentos provisionales se ajusta a derecho, colmando una debida fundamentación y motivación. Ello es así, pues la jueza responsable, al emitir su determinación, la cual obra en autos y fue valorada en el considerando cuarto, se fundó, entre otros, en los artículos 452, 453, 455, 463, 465, 955, 957 y 961 del Código Familiar para el estado, de los cuales se advierte que los alimentos es un derecho que tiene el acreedor alimentista, de recibir del deudor. Que éstos comprenden un cúmulo de factores para satisfacer necesidades primarias, tales como comida, vestido, habitación, atención médica y hospitalaria, entre otros. Así pues, que los cónyuges están obligados a propiciarse alimentos y cuando exista separación, la ley determinará la subsistencia de dicha obligación. Que cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentaria hayan llevado en los últimos años, lo que le otorga facultad discrecional, para fijar el monto. Así pues, que los alimentos determinados por convenio o sentencia tendrán un incremento automático mínimo acorde al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor. En esa tesitura, que cuando se demandan alimentos, deben presentarse los documentos que prueben el derecho que se reclama. Que para ello, se debe acreditar: I. El título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique aproximadamente el caudal de quien deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales. Dijo además que en la resolución el juez fijará la suma en que debe consistir los alimentos, comenzando a contar, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, mandando abonarlos por meses anticipados y para determinar dicha suma, debe observarse lo dispuesto por el numeral 455 del referido Código Familiar. Ahora bien, la autoridad responsable tuvo por acreditado el derecho de la quejosa relativo a los alimentos en virtud de haber presentado la partida del registro civil conducente, a la cual le otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 19 y 37 del Código Familiar, 424, fracción V, 426 y 530 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la cual acredita que están casados. En esa tesitura, dijo que se justificaba la solvencia del deudor alimentista con los medios de convicción que obran en dicho expediente localizables a fojas 8 a la 11, 24, 25 y de la 27 a la 30, emitidos por su orden por el jefe de la Oficina Regional de Morelia, del Registro Público de la Propiedad Raíz, director de ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado y el Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Morelia. De los que dedujo que José Viveros Yépez, tiene registrado a su nombre cuatro bienes inmuebles, ocho vehículos automotores y está inscrito con el Registro Federal de Contribuyentes VIYJ730331SY8, con el cual ha rendido diversas declaraciones, siendo la última por la suma de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). Constancias a las que otorgó pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 424, 426 y 530 del Código adjetivo. Además, la jueza responsable consideró que el hecho de que no se encuentre probado el monto de sus ingresos, ello no lo puede eximir de la obligación alimenticia que tiene para con su esposa; pues por su edad (cuarenta y dos años), es capaz de emplearse en alguna actividad; aunado a que no se demostró lo contrario. Citó al respecto un precedente de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el toca I-350/2011, que robustece ese criterio de solvencia. Consideró además lo manifestado por la promovente en el sentido de que al haberse dedicado a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos durante la vigencia de su matrimonio, no cuenta con empleo. En relación con el tercer requisito, consistente en la urgencia y necesidad que haya para necesitar los alimentos, dijo que se acreditaba con la prueba testimonial a cargo de Juan Carlos Suárez Flores y Teresita Rosales Pérez, a la cual otorgó valor probatorio en términos de los artículos 547 y 548 del Código adjetivo y 884 y 885, del Código Familiar, ambos de la entidad. Respecto de la fijación de la pensión, se apoyó en los artículos 465 y 961 del Código Familiar para decir que, al no estar acreditado los ingresos mensuales del acreedor, procedía a fijar un monto discrecional en favor de la acreedora por la cantidad de $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional), diarios de forma mensual. Al respecto citó las tesis VII.3o.C.66 y VII.2º.C.121, que consideró aplicables para fijar el monto discrecional de pensión. Justificando además su actuar, a fin de no dejar en estado de indefensión a María Teresa Bremauntz Pérez Sandi, ya que acreditó su estado de necesidad, que se dedica al hogar, dijo no tener preparación académica y las circunstancias de las cuales refiere es objeto. De ahí que no le asiste la razón al quejoso en sus motivos de disenso, pues no desvirtúo su vínculo marital con la tercera interesada, tampoco que se acreditó su capacidad de otorgar alimentos en base a las documentales ya preciadas, respecto de la cuales se motivó y fundó la convicción generada. Máxime tampoco redarguyó el hecho de que para justificar la urgencia de María Teresa Bremauntz Pérez Sandi, de necesitar alimentos, la jueza tomó en cuenta su grado de necesidad, teniendo como finalidad que con dicha escasa suma no dejarla en desprotección, ya que durante la convivencia conyugal, dijo haberse dedicado al hogar y no se preparó profesionalmente por estar dedicada a ello, razón por la cual, aunado a las situaciones que refirió ser objeto derivadas de la conducta de su cónyuge. Lo que sin duda la introduce en un grado de necesidad y desigualdad frente al quejoso, quien contrario a ello, de las constancias de autos se advierte que tiene un nivel académico profesional, así como solvencia económica para aportar dicha cantidad. No obstante que la suma discrecional que se consideró de pensión diaria en favor de la acreedora es bastante benéfica para el deudor, pues el egresar de su patrimonio $63.77 (sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional), no se considera que conlleve ni siquiera mínimas repercusiones en su caudal. Ahor bien, respecto de lo aseverado relativo a que la autoridad responsable no observó lo dispuesto por el artículo 475, fracción V, del Código Familiar ya que María Teresa Bremauntz abandonó el domicilio conyugal, sin causa justificable ante autoridad del estado y sin consentimiento del quejoso quien le da alimentos, por tanto, la obligación se encontraba suspendida, es infundado, en virtud de que como se acaba de precisar, la jueza atendió a las conductas que José Viveros Yépez, tenía hacia ella. Sin que pase inadvertida la manifestación del quejoso que la tercera interesada salió del domicilio conyugal sin "permiso", de quien le suministra alimentos, de ahí la clara desventaja y plano de desigualdad en que se encuentra Teresa Bremauntz, lo que denota su sometimiento frente al quejoso a cambio de recibir alimentos, lo que refuerza más aún el criterio en esta instancia reclamado. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en criterios jurisprudenciales respecto de la sensibilidad que se debe tener al juzgar asuntos que impliquen desventaja a una de las partes, por estar inmersa en alguna categoría sospechosa, así también emitió el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. A propósito de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia de registro digital 2003217, de rubro "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)". De la cual se desprende que la sola manifestación de la parte solicitante, en el sentido de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, es suficiente para justificar el estado de necesidad. Lo anterior debido a que en este país los roles de género de la mayoría de las mujeres casadas es dedicarse preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, al cuidado y educación de los hijos, lo cual precisamente limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, reduciendo sus ingresos en comparación de su cónyuge. De ahí lo fundado de la presunción de necesidad de alimentos y en caso de estimarse lo contrario, es al demandado acreedor a quien corresponde demostrar lo contrario. En suma, dicha determinación se ajustó a derecho, pues la jueza responsable motivó adecuadamente su determinación expresando los motivos y razones que la llevaron a determinar su actuar, lo cual quedó debidamente motivado y fundado con los preceptos en el caso aplicables e inclusive citó las tesis y precedente que estimó pertinentes, las cuales guardan congruencia con su resolución. Tercer concepto de violación. La exhortante únicamente solicitó al juez exhortado comisionara a la actuaria adscrita y requiriera el pago de alimentos. En la diligencia de quince de octubre de dos mil veinte, la actuaria se extralimitó en sus funciones pues no fue facultada para requerir el pago al quejoso ni realizar embargo. Si bien estaba facultado para aplicar medidas de apremio, éstas son las establecidas en el artículo 131 del Código adjetivo del Estado y el juzgado exhortado no podía practicar otras diligencias que no le fueron encomendadas expresamente. Respuesta al tercer concepto de violación. Dicho motivo de inconformidad es infundado, en virtud de que el actuario de primera instancia exhortado, no se extralimitó en sus funciones. Ello es así, pues el auto reclamado de once de febrero de dos mil veinte, determina el monto adeudado por el deudor alimentista y ordenó a la actuaria de la adscripción se constituya en legal y debida forma en el domicilio de José Viveros Yépez, ubicado en calle Virrey de Almanza, número seiscientos diez, fraccionamiento Las Fuentes, de Zamora, Michoacán, para que se le requiera el pronto y efectivo pago de $400,208.00 (cuatrocientos mil doscientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), así pues, que en caso de no hacerlo, se le embarguen bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo, los cuales se pondrán en persona que designe el promovente bajo su más estricta responsabilidad. De lo que se desprende que si bien, en principio se ordena a la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, realice dicha diligencia, en acto seguido se remite exhorto al Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que "se constituya en el domicilio del deudor alimentario y lo requiera del pago de alimentos ordenado en el presente proveído". Máxime que la exhortante otorgó plenitud de jurisdicción para emitir acuerdos tendientes a lograr dicha diligencia, inclusive a aplicar medios de apremio que estime conducentes. De ahí que el exhortante solicita al órgano exhortado que comisione a un actuario de su adscripción a fin de que lleve a cabo la diligencia en términos de dicho proveído. De donde se entiende que el ministro ejecutor llevará a cabo el cometido encomendado cumpliendo a cabalidad con el contenido literal del acuerdo, pues tampoco dice la cantidad que debía solicitarse, ello se contiene al inicio del cuerpo del acuerdo, entonces si atendiéramos a la literalidad de los argumentos del quejoso, el actuario auxiliador no hubiera estado en posibilidad de solicitar cantidad de dinero, tampoco hubiera sabido a que domicilio dirigirse. Lo cual no acontece, pues basta que el acuerdo se haya dicho al inicio que se requiriera el pago y en su defecto se embargaran bienes, por tanto, la actuaria no se extralimitó en sus funciones, pues realizó precisamente lo encomendado por la autoridad. Sirve de sustento la jurisprudencia de registro digital 2019912, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EXHORTO. CUANDO AL JUEZ EXHORTADO SE LE CONFIERE PLENITUD DE JURISDICCIÓN O FACULTAD DISCRECIONAL PARA PRACTICAR LAS DILIGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESAHOGO DE LO ORDENADO, ELLO IMPLICA QUE ESTÁ FACULTADO PARA CONOCER Y RESOLVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE SE INTERPONGAN EN LOS QUE SE CUESTIONE LA LEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO". De ahí lo infundado de dicho motivo de disenso. Cuarto concepto de violación. Que se violan los derechos humanos del quejoso porque la ley ordinaria no contempla recurso o medio de impugnación para inconformarse contra la resolución. Respuesta al cuarto concepto de violación. Es infundado en virtud de que, no obstante que la legislación estatal expresamente no contemple la existencia de un recurso ordinario contra la determinación que reclama, no implica que dichas determinaciones no puedan ser impugnadas mediante otro mecanismo de defensa. A propósito, los artículos 103 y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 107 a 169 de la Ley de Amparo, contemplan los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. El cual es un medio extraordinario de defensa para los particulares que se sientan vulnerados en sus garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, el cual procede ante el Juzgado de Distrito competente, contra actos dictados fuera, dentro y después de concluido un juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la jurisprudencia de registro 2010984, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Viveros Yépez, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el primer considerando, por los motivos expuestos en el diverso sexto.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano