José Villela Tovar
Expediente 341/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Villela Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
... Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se advierte que en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó archivar el presente expediente como asunto concluido, estableciéndose que éste es susceptible de destrucción; en consecuencia, por resultar innecesaria la retención de las constancias que el Juez Tercero de Distrito en San Luis Potosí, remitió como complemento a su informe justificado en el juicio de amparo en que se actúa; mediante oficio que derive del presente proveído devuélvanse las mismas a la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintitrés de noviembre al cuatro de diciembre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Cuadernos de pruebas Devuélvanse a las autoridades responsables Juez Tercero de Distrito en el Estado, así como al Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad, los cuadernos de pruebas que remitieron en apoyo a sus informes justificados. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la medida cautelar; por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, en términos de los puntos vigésimo, fracción III, y vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción y el cuaderno incidental de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte.
- Principal
La suscrita Elsa Fabiola Saldaña Durán, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mi adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, hoy trece de noviembre de dos mil veinte.- Doy Fe. Elsa Fabiola Saldaña Durán Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, capital, a las diez horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado y Secretaria con quien actúa Elsa Fabiola Saldaña Durán, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 341/2020-5, promovido por José Villela Tovar, contra actos del Director del Centro Penitenciario de la Pila en el Estado y otras autoridades. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancias de emplazamiento a las partes; e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Finalmente, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mi adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación de constancias, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con documentales que exhibieron las autoridades responsables como apoyo a sus informes justificados. Asimismo, hace constar que no obran diversas pruebas que relacionar, ni pendientes de desahogo. La Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, mismas que serán tomadas en consideración al dictarse la sentencia respectiva. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta con el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, hace constar que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Acto seguido, la Juez acuerda: Se tiene a la Representante Social de la Federación adscrita formulando los alegatos de su intención; y por perdido el derecho de formular alegatos a las restantes partes. Al no haber diversas manifestaciones qué relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 341/2020-5, promovido por José Villela Tovar, contra actos del Director del Centro Penitenciario de la Pila en el Estado y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el once de junio de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, José Villela Tovar, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y la autoridad que a continuación se precisan: Autoridades responsables: 1. Director del Centro Penitenciario de la Pila en el Estado y Municipio de San Luis Potosí. 2. Juez Quinto del Ramo Penal del Fuero Común en el Estado de San Luis Potosí. 3. Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. ACTOS RECLAMADOS: La privación ilegal de la libertad. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de once de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil veinte, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento de las partes los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Jueces de Distrito; toda vez que el acto que se reclama se atribuye a una autoridad residente en territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, en relación con la totalidad de constancias que lo integran, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es: La privación ilegal de la libertad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que la quejosa reclama al Juez Tercero de Distrito en el Estado, y al Juez Quinto del Ramo Penal en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de los informes justificados rendidos en autos. Situación que se corrobora de las constancias que adjuntó dichas autoridades responsables a sus informes justificados, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al estar expedida por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, debe desvirtuarse dicha negativa, toda vez que su informe justificado, se desprende que el quejoso al momento de la presentación de la demanda, estaba privado de su libertad en razón de que se encontraba cumpliendo con diversas sentencias pronunciadas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado y Juez Quinto del Ramo Penal; de ahí que se tengan como ciertos los actos atribuidos al Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí. CUARTO. Causas de improcedencia. Expuesto lo anterior, es menester proceder de conformidad al artículo 62 de la Ley de Amparo, dispositivo que establece que, el análisis de las causas de improcedencia debe ser de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, lo que implica que su estudio debe efectuarse con independencia de que las partes la aleguen o no. En el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece:... El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, de manera tal que los efectos de éste se destruyen total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Ahora bien, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, en el caso se actualiza el segundo de los supuestos, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado se patentiza en razón de que la autoridad que lo emitió dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación con motivo de ese actuar, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, como lo prevé, la fracción II, del numeral invocado, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija... En el caso, como ya se precisó, se actualiza el segundo de los supuestos porque el acto reclamado en este sumario consistente en la privación de la libertad a la que estaba sujeto el quejoso, como consecuencia de la compurga de las sentencias dictadas dentro de diversas causas penales del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, y de la estadística del Juzgado Quinto Penal del Estado, dejó de surtir efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haberse decretado su libertad en ambos procedimientos, pues así lo revelan las boletas de libertad elaboradas a favor del quejoso y que fueron remitidas por el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí. Así, tales circunstancias evidencian que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada respecto de la privación de la libertad a la que estaba siendo sujeto el peticionario del amparo, al estar demostrado que el quejoso actualmente se encuentra gozando de su libertad. En ese sentido, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente expediente... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 341/2020-5, promovido por José Villela Tovar, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Oficio de cuenta Por otra parte, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que suscribe el Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, a través del cual remite copia de la boleta de libertad expedida en favor del aquí quejoso; lo anterior, al tener en consideración que mediante proveído de cinco de los corrientes, se tuvo por recibida dicha boleta de libertad y por ende por desahogando el requerimiento formulado en autos. Notifíquese.
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