José Villegas Ruiz
Expediente 850/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato
- José Villegas Ruiz
Actuaciones
- Principal
agréguese para que obre como corresponda el oficio firmado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja laboral 42/2022 de ese índice. Acúsese recibo y comuníquese al promovente que el tribunal de alzada determinó: "ÚNICO. Se DECLARA INFUNDADO el recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-
- Principal
gréguese el oficio suscrito por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 22044/2022, mediante el cual se le remitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso e informa se admitió como recurso de queja 42/2022. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, téngase interpuesto el recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en turno del Decimosexto Circuito. Otórguense los permisos necesarios para que el Tribunal de Alzada acceda al expediente electrónico del presente asunto, a fin de substanciar el recurso de mérito. En vía de informe comuníquese al superior que con el proveído recurrido se desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia.-
- Principal
I. Ministerio Público aduce incompetencia para la elaboración de plan de acción y cronograma de búsqueda del quejoso. Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de ocho de junio de dos mil veintidós, destaca, en esencia, dos cuestiones: ue con base en los lineamientos establecidos en el Protocolo Homologado de Investigación es que, de manera oficiosa, ha llevado a cabo actos de investigación tendientes a la localización del quejoso Juan Manuel Lara González, entre las cuales ha solicitado colaboración a diversas autoridades para su búsqueda y localización. Que el plan de acción y cronograma establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, debe ser realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, por lo que esa fiscalía no es la autoridad competente para realizarlo. No asiste la razón a la Agente del Ministerio requerida, conforme a las siguientes consideraciones. El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establece: "En Actores, Roles y Responsabilidades se divide a todas las autoridades que tienen alguna responsabilidad en la búsqueda de personas en cuatro categorías: primarias, transmisoras, informadoras y difusoras. Las primarias son las comisiones de búsqueda, las autoridades ministeriales que investiguen cualquier delito cometido contra personas desaparecidas, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y los juzgados en el marco de juicios de amparo contra desaparición forzada. Sobre ellas recae la obligación de accionar para descubrir la suerte y dar con el paradero de las personas desaparecidas y no localizadas. Las transmisoras, entre las que se encuentran los consulados y embajadas mexicanas, son competentes para recibir reportes sobre la imposibilidad de localizar a una persona, y deben remitirlos a las autoridades primarias y en algunos casos operar como canales de comunicación entre éstas y quienes hicieron el reporte. Las informadoras, que incluyen entre muchas otras a autoridades migratorias, tributarias y de registro civil, son las que producen, resguardan o recopilan información relevante para la búsqueda y deben proporcionarla sin restricciones a las primarias. Las difusoras tienen capacidad para transmitir masivamente mensajes y deben auxiliar a las autoridades primarias a difundir contenidos que convoquen a la población para ayudar en los procesos de búsqueda." Asimismo, en sus artículos 88, 96, 97 y 98, incisos g), h), i), q) y s), el citado protocolo establece lo siguiente: "1. Autoridades Artículo 88. La búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas es responsabilidad de la CNB, las CLB y, en general, de las instituciones del Estado mexicano (todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno). El grado de participación de las instituciones difiere según la naturaleza de sus funciones y atribuciones. Este Protocolo las divide en primarias, transmisoras, informadoras y difusoras." "II. Comisiones Locales de Búsqueda Artículo 96. Las CLB son las coordinadoras estatales de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Artículo 97. Una de las funciones principales y razón de ser de las CLB es fungir como puente e intermediación entre el sistema institucional de sus entidades (todas las autoridades) y las familias. Las CLB deben velar siempre porque las demás instituciones de sus entidades garanticen los derechos de las familias a la participación y a la información. Artículo 98. Las CLB tienen las siguientes funciones generales, como autoridades primarias: (.) g. Detonan y coordinan la Búsqueda Inmediata cuando son las primeras en conocer de la imposibilidad de localizar a una persona, realizan los rastreos remotos (vid infra, 1.6), despliegan personal con capacidad operativa cuando se encuentra en la cercanía de los puntos y polígonos de búsqueda (vid infra, 1.7), relevan a las instituciones de seguridad pública que han detonado Búsquedas Inmediatas en la coordinación de las mismas; h. Solicitan y dan seguimiento a acciones de búsqueda individualizadas, por su cuenta o en coordinación con la CNB u otras CLB (vid infra, 2); Ejecutan acciones de Búsqueda Individualizada por cuenta propia o en coordinación con otras instituciones (vid infra, 2); (.) q. Explotan indicios sobre el paradero de las personas que generen los métodos de Búsqueda Generalizada (vid infra, 2.4 y 4); (.) s. Ejecutan, por su cuenta o en coordinación con otras autoridades, procesos de localización con vida y sin vida, producen informes de localización, notifican a familiares (vid infra, 6, 6.1 y 6.2)." De los artículos transcritos se advierte que las Comisiones Locales de Búsqueda son autoridades primarias en la búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, por lo cual, recae sobre ellas la responsabilidad de accionar los mecanismos pertinentes para dar con la suerte o paradero de las personas de las que se desconoce su localización o posible paradero a partir de que tienen conocimiento de una noticia o reporte. También se observa que, al igual que las comisiones locales de búsqueda, las autoridades ministeriales -como es el caso de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, con sede en esta ciudad- desempeñan un papel crucial en la investigación de personas desaparecidas, pues recae sobre ellas la obligación de realizar acciones útiles para la averiguación de su paradero. Ahora bien, las acciones dichas autoridades implementen deben ser sin dilaciones innecesarias, e inmediatas, las cuales, deben estar plenamente delimitadas y con un plan integral que se elabore a partir de los elementos con que cuente al momento de la noticia o reporte que se le dio a conocer. En el caso, toda vez que obran datos abundantes en torno a la desaparición forzada del quejoso Juan Manuel Lara González, es posible y necesario que la fiscal requerida, en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, en estricto apego al Protocolo aludido y de manera coordinada, inicien un plan de acción y cronograma para la búsqueda del quejoso, e informarlo a este juzgado de distrito. El proceso de búsqueda que se indica tiene su fundamento en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como en el Principio 8 de los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que indican, respectivamente, lo siguiente: Del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas COORDINACIÓN 6. Todas las personas e instituciones involucradas con los procesos de búsqueda deben realizar sus funciones en comunicación constante (formal e informal), actuando complementariamente e impulsando así la obtención de resultados de forma eficiente. Debe evitarse que las personas reportantes, denunciantes y, en general, familiares de la persona desaparecida o no localizada sean enviados simultánea o sucesivamente a diferentes autoridades, y prevenirse que la información que pueda ser útil para la búsqueda y para la investigación de hechos delictivos sea segmentada. Lo anterior requiere el establecimiento de mecanismos y canales de comunicación intrainstitucionales e interinstitucionales, así como la disponibilidad y gestión adecuada de la información. La duplicidad de procesos y acciones debe evitarse. Búsqueda Individualizada: ¿Dónde está la persona cuya ausencia se presume causada por la comisión de un delito? 226. La Búsqueda Individualizada es el despliegue de acciones tendientes a localizar a una persona desaparecida, contra la que se presuma que se ha cometido o se está cometiendo cualquier delito. Es ejecutada oficiosamente por las autoridades ministeriales (que poseen facultades exclusivas cuyo ejercicio es necesario para la búsqueda), ejecutada casuísticamente por comisiones de búsqueda y otras autoridades cuya intervención las comisiones de búsqueda o autoridades ministeriales soliciten de manera puntual, y siempre recibe seguimiento por parte de las comisiones de búsqueda. Se caracteriza por iniciarse a partir de que se cumple cualquier supuesto que haga presumir la comisión de un delito en contra de la persona desaparecida (vid supra, 1.10), por la realización de acciones de búsqueda y actos de investigación tendientes a dar con su paradero, por la recopilación de información adicional sobre la persona desaparecida y su contexto; así como por su énfasis en la planeación específica y enfoque diferenciado durante la búsqueda. 227. El papel de ejecución de la Búsqueda Individualizada implica la realización material de las acciones de búsqueda (sea oficiosamente o a solicitud de las autoridades ministeriales o comisiones de búsqueda), así como su documentación en expedientes de búsqueda e investigación. 228. Las autoridades ministeriales responsables de investigar delitos cometidos contra personas desaparecidas son ejecutoras oficiosas de su Búsqueda Individualizada. Las instituciones de seguridad pública, las autoridades informadoras y las autoridades transmisoras son ejecutoras puntuales, lo cual implica que deben realizar acciones de búsqueda, en el marco de sus facultades, a solicitud de las comisiones de búsqueda o las autoridades ministeriales. 229. Las comisiones de búsqueda solicitan acciones de Búsqueda Individualizada a las autoridades ministeriales, así como a otras autoridades, y dan seguimiento a las acciones de búsqueda y actos de investigación ejecutados por otras autoridades, sea oficiosamente o a partir de solicitudes. Para ello, las autoridades ministeriales deben poner a disposición de las comisiones de búsqueda toda la información de la que dispongan sobre la investigación de delitos posiblemente cometidos contra personas desaparecidas. 230. Las comisiones de búsqueda podrán ejecutar, en el marco de sus facultades, acciones de búsqueda por su cuenta, sea por sus propios medios o en colaboración con otras autoridades. Todas las autoridades deben responder las solicitudes de información de las CLB y la CNB. 2.1 Búsqueda de personas desaparecidas víctima de cualquier delito y complementariedad entre protocolos de investigación y este Protocolo "235. Las autoridades ministeriales que sean responsables de la investigación de cualquier delito presuntamente cometido contra personas desaparecidas deben realizar un conjunto de actos de investigación y acciones de búsqueda tendientes a descubrir la suerte y dar con el paradero de las víctimas, independientemente del delito que se investigue y de la competencia específica de la unidad ministerial a la que estén adscritas. Es decir, no únicamente las fiscalías especializadas en desaparición creadas por la LGD son responsables de buscar a las personas desaparecidas, ni únicamente lo son las autoridades ministeriales que integren averiguaciones previas o carpetas de investigación específicamente por los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y regulen sus actuaciones por el PHI, sino que cualquier unidad ministerial de cualquier especialidad o naturaleza que tenga a su cargo la investigación de cualquier delito cometido contra una o más personas desaparecidas es responsable de ejecutar su Búsqueda Individualizada." (.) De los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada "PRINCIPIO 8. LA BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE CON UNA ESTRATEGIA INTEGRAL 1. Al iniciar la búsqueda se deben examinar todas las hipótesis razonables sobre la desaparición de la persona. Solo se podrá eliminar una hipótesis cuando esta resulte insostenible, de acuerdo con criterios objetivos y contrastables. 2. La formulación de hipótesis sobre la desaparición de una persona debe estar fundada en toda la información disponible, incluida aquella entregada por los familiares o denunciantes, y en el uso de criterios científicos y técnicos; no debe basarse en preconceptos relacionados con las condiciones y las características individuales de la persona desaparecida. 3. Las autoridades encargadas de la búsqueda deben diseñar, con la participación -si ellas así lo desean- de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral para todas las etapas del proceso de búsqueda y determinar todas las actividades y diligencias a realizar de manera integrada, mediante todos los medios y procedimientos necesarios y adecuados para encontrar, liberar o exhumar a la persona desaparecida o establecer la identidad de ella. La estrategia integral de búsqueda debe incluir un plan de acción y un cronograma y debe ser evaluada periódicamente. Con base en los instrumentos anteriores, contrariamente a lo expuesto por la fiscal, es necesario que tanto dicha autoridad ministerial, como la Comisión Local de Búsqueda, elaboren un plan de acción y cronograma en torno a la desaparición del quejoso Juan Manuel Lara González. Debe recordarse que el protocolo en cita contiene normas de carácter obligatorio para la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, en Irapuato, Guanajuato, de conformidad con los artículos 3, 4, fracción XI, 99, primer párrafo, y 101, de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aunado a que, como se estableció en el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, la fiscal especializada tiene el carácter de autoridad primaria en la búsqueda y localización del quejoso, y está obligada a realizar la investigación del paradero del desaparecido, de manera coordinada con el resto de las autoridades contempladas en el protocolo. Lo anterior, so pena de incurrir en una falta administrativa grave, de conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley General en cita, los cuales establecen dicha sanción en los casos en que la autoridad obligada a aplicar el protocolo, actúe de manera negligente o incumpla injustificadamente con sus obligaciones relacionadas con la búsqueda de personas: Artículo 42. Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Artículo 43. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes. II. Se vincula al cumplimiento de la ejecutoria a la Comisión Local de Búsqueda de Personas en el Estado de Guanajuato. En tales condiciones se vincula al cumplimiento de la sentencia amparadora dictada en el presente expediente a la Comisión Local de Búsqueda de Personas en el Estado de Guanajuato y se requiere tanto al titular de dicha Comisión como a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, con sede en esta ciudad, a cargo de la carpeta de investigación 81667/2017, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, inicien el plan de acción y cronograma de búsqueda del quejoso Juan Manuel Lara González, en el cual se precisen las acciones que realizarán de forma conjunta o coordinada para la búsqueda del quejoso.
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