José Villavicencio Delgadillo

Expediente 261/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
261/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • José Villavicencio Delgadillo

Actuaciones

  1. Principal

    VI) Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, quien en cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de trece de marzo de la presente anualidad, remite copia autorizada del auto de veinte de los corrientes a fin de acreditar las gestiones que se encuentra realizando tendentes al cumplimiento de la sentencia, en el que se advierte que fijo las doce horas del dos de abril de dos mil dieciocho, a fin de llevar a cabo el requerimiento de pago y/o embargo al demandado en el procedimiento natural, aduciendo además que una vez que tenga verificativo acordará la conducente y lo hará del conocimiento a este juzgado, indicando que el señalamiento de la citada fecha acontece derivado de la excesiva carga de trabajo, así como a los recursos insuficientes materiales y humanos con que cuenta. Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso en el precepto legal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos sin que se tenga por satisfecho el requerimiento relativo, atendiendo a que las consideraciones expuestas (cargas excesivas y falta de recursos) no justifican que el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio no se ajuste a los términos establecidos en el artículo 193 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que los efectos del amparo fueron los siguientes: ".1. Establezca primeramente si conforme al estado procesal actual del juicio laboral 1218/2013, el demandado ha dado o no cumplimiento al requerimiento de pago y/o cumplimiento de laudo. 2. En caso de no haberlo hecho, proceda de manera expedita, objetiva y eficaz, esto es, de acuerdo con lo establecido en los artículos 250, 252 y 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a realizar las gestiones inherentes para lograr la materialización de la totalidad de las multas impuestas al Ayuntamiento enjuiciado (por conducto de su presidente municipal); y, 3. Finalmente, vigile -bajo su más estricta responsabilidad- que la ejecución del laudo que dictó sea pronta y expedita, en aras de satisfacer los extremos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa virtud, ante el retraso del acatamiento al fallo y en contravención al sistema de ejecución del cumplimiento de sentencias de amparo previsto en la Ley de la materia, tomando en consideración que trascurrió con exceso el plazo otorgado para dar cumplimiento a la concesión del amparo, como se advierte de la notificación del oficio de trece de marzo de dos mil dieciocho practicado a la oficiante, mismo que fue notificado el quince siguiente (foja 157); por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de marzo del presente año (fojas 138 a 141) y se impone a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, una multa equivalente a cien unidades de Medida y Actualización de valor diario, al día en que la citada autoridad quedó debidamente notificada del auto por el que se le requirió dicha información, es decir que asciende a la cantidad de $8,060 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), misma que resulta de multiplicar $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) cantidad que equivale a la unidad de Medida y Actualización de valor diario vigente a partir del primero de enero de dos mil diecisiete, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, consultado en la página de Internet www.inegi.org.mx; correspondiente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por cien días, la cual deberá hacerse efectiva por conducto del Administrador Desconcentrado de Recaudación México "1". En tal virtud, de conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica del Estado de México, y con el objeto de llevar a cabo la multa impuesta a la autoridad responsable mencionada, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la Contraloría interna de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que dentro del término de tres días proporcione a este juzgado los siguientes datos: el nombre completo, R.F.C, fecha de nacimiento en su caso, domicilio particular, precisando calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación. de la persona que funge como Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, o bien manifieste la imposibilidad que tuviera al respecto y para el caso de no contar con dicha información, deberá realizar las gestiones necesarias a fin de allegarse de las mismas y sean remitidas a este Órgano de Control Constitucional, todo ello para dar cumplimiento a la multa que le fue impuesta a dicha autoridad, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. No obstante a lo anterior, atendiendo a que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable nuevamente, para que dentro del plazo de tres días, establecidos en el artículo 192 de la Ley de Amparo, una vez satisfechos los requerimientos relativos al cumplimiento de la sentencia de amparo establecidos en la ejecutoria de veintiuno de febrero del año en curso, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito (foja 115 a 137), lo haga del conocimiento a este juzgado, para lo cual deberá remitir copias certificadas, de las actuaciones relativas; en el entendido que no basta con girar oficio para ordenar o requerir el cumplimiento solicitado, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de agilizar y lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, circunstancias todas que deberá hacer del conocimiento a este Juzgado de Distrito y remitir constancias con las que acredite su actuar. Apercibido que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente de ciento cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la ley de la materia, así como de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para imponer multa cuando la ejecutoria no sea puntualmente cumplida. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." De igual forma, es aplicable, la tesis CLXXIV/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2000, con número de registro 190903, que establece: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que integran el Capítulo XII, "de la Ejecución de Sentencias" del Título Primero del Libro Primero, se desprende que tanto el Poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerado que las sentencias deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia corroboran plenamente esta apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple con una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de Amparo, como regla general o dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial acto amerite. Por tanto quien se encuentra en ese supuesto deja de desempeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que de ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le deba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o, lo que es más grave, daría lugar a que nunca se cumpliera la sentencia y nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2007911, que establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Sin que en el caso resulte procedente requerir al superior jerárquico, pues la autoridad responsable no tiene para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues se trata de un organismo autónomo en el ámbito jurídico. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3515 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2000099, que establece: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de veintiséis de febrero del año en curso en consecuenciase hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por José Villavicencio Delgadillo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio a través del cual el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, hace del conocimiento que remitió copia del oficio 3519/2018 al Agente del Ministerio Público de la Federación Encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A", al cual se le adjunto copia autorizada de la resolución dictada el dieciséis de febrero de la presente anualidad dentro del presente sumario constitucional. agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno, pues el oficio de referencia obra en copia simple, tal y como se advierte del sello de Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. Lo anterior tomando en consideración que la firma es una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad del propio oficio, con todas sus consecuencias legales. En efecto, ya que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma; sin embargo, la firma que calza el oficio que se atiende, y que supuestamente corresponde al oficiante, es copia simple, por tanto, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para otorgarle valor probatorio; en consecuencia, tal hecho equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad en el oficio que se atiende. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 533, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis comunes Tribunal Pleno, pág. 916, que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, SU VALOR PROBATORIO." Notifíquese.

  4. Principal

    IV.- téngase por recibido el oficio de cuenta por el cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México acusa recibo de las copias certificadas relativas al presente juicio de amparo, y solicita copias del diverso 184/2015. Atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y respecto de las copias certificadas que solicita del juicio de amparo 184/2015, dígase al oficiante que deberá elevar una nueva petición dirigida al expediente correspondiente.

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