José Villanueva Hernández
Expediente 1609/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1609/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/03/2019
Partes del expediente
- José Villanueva Hernández
Actuaciones
- Principal
ha causado ejecutoria la resolución y se ordena el archivo
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Centro, con residencia en esta ciudad; así entonces, con su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable de que se trata ofreciendo como prueba de su parte, las documentales que adjunta a su informe de cuenta. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se aprecia que la presente demanda únicamente se admitió por lo que hace al acto que el quejoso reclamó consistente en: "La falta de respuesta al escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, presentado en la carpeta de investigación con número de caso 0204-2018-09673." Tomando en consideración lo anterior, se llega al convencimiento que de las constancias que hoy se glosan, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2 de la Ley de Amparo, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 63 fracción V, ambos de la ley de la materia, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Ello, dado que las causas de improcedencia, con un presupuesto procesal de orden público, que deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio. Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causa de improcedencia que se invoca. En primer término, conviene destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por su parte, la fracción V, del artículo 63, sitúa lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Del texto de los artículos reproducidos, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. En efecto, en el caso sometido a estudio, de las constancias que obran en autos, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la falta de respuesta al escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, presentado en la carpeta de investigación con número de caso 0204-2018-09673, pues dentro de las constancias que se reciben se advierte que la responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Centro, con residencia en esta ciudad, en dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dio respuesta a las peticiones contenidas en el escrito presentado por el quejoso en esa propia fecha, dentro de las cuales se contenía que fuera agregada a la carpeta de investigación de la que derivaba dicha omisión, la factura con número de serie WFYADI, así como la expedición de la totalidad de las constancias que integran dicha carpeta, mismas que quedaron a su disposición, sin que a la fecha haya acudido a recibirlas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia de mérito, acorde a diversos criterios sustentados por órganos de control constitucional, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por lo expuesto, existe convicción de que cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Por lo tanto, al haberse reclamado en el presente juicio de amparo, la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a su petición elevada mediante escrito presentado el dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, pues de las constancias acompañadas al oficio que hoy se glosa, se desprende que la responsable dio respuestas a cada una de las petición contenidas en dicho escrito; por lo que es inconcuso, que han cesado los efectos del acto combatido. En consecuencia, al haber quedado plenamente demostrado en autos la cesación de los efectos del acto que por esta instancia constitucional se duele la solicitante del amparo, no es dable analizar jurídicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia Federal. En tal virtud, al haber sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia en comento, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es importante señalar, que la causa por la que se decreta el sobreseimiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Cabe decir que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión al quejoso, al haberse omitido darle vista con la misma a efecto de que analizara las manifestaciones que a su derecho conviniera, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento del juicio, por cuanto hace a los actos en cuestión, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no contraviene el derecho al acceso a la justicia con que cuenta dado que el mismo que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada, al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, a que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que la parte quejosa esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, tal y como lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 426/2013. En razón de lo anterior, se deja sin efecto el auto de treinta de enero del presente año, únicamente en la parte relativa al señalamiento de la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con dieciséis minutos del siete de marzo del presente año.
- Principal
Agréguense a los autos para que obre como correspondan, los telegramas que remite Sofía Fernanda Saldivar Amezola, quien se ostenta como delegada de las autoridades responsables Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a través de los cuales, refiere acusar recibo de los oficios 64359 y 44778; atento a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que no se aprecia en el presente cuaderno que cuenta con la personalidad aludida. En razón de lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no obra en autos la constancia de notificación del oficio 64359, de dieciocho de septiembre último, dirigido a la autoridad responsable foránea Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual se le notificó el recurso de queja interpuesto en el presente incidente de suspensión, en contra del auto de veinticuatro de agosto del presente año, mismo que fue reexpedido en cuatro de diciembre pasado. Asimismo, no obra en autos el acuse de recibo del diverso oficio 44778, de treinta y uno de octubre del año próximo pasado, girado al Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual se le notificó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la interlocutoria de uno de octubre del mismo año, mismo que fue vuelto a requerir en veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en el que se consagra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, en correlación con lo dispuesto en el diverso 28 fracción III de la Ley de Amparo, para la mejor eficacia y celeridad de la notificación de este proveído, requiérase a las autoridades de que se trata, para que dentro del término de veinticuatro horas, por la misma vía, informen la hora y fecha en que hayan recibido los oficios antes señalados. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, precisamente en el término concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
- Principal
Se tiene a la parte quejosa solicitando autorización para hacer uso de los medios y servicios electrónicos, se autoriza, en ese sentido le serán practicadas la notificaciones en los términos y lineamientos establecidos en los preceptos legales correspondientes...
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