José Vidal Zuñiga Ruíz
Expediente 356/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/06/2023
Partes del expediente
- José Vidal Zuñiga Ruíz
- José Vidal Zuñiga Ruíz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 226 a 231), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. ANOTACIONESSe ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido.En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena:DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo.Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. TRANSFERENCIA2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficios registrados con folios 18345 y 19056 (fojas 197 a 199 y 205 a 222), la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y tomando en consideración que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa no haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la suscrita procede a analizar dicho tópico con base en los elementos que obren en el presente expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables -en lo que interesa-, 1. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad, 2. Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 3. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de quienes reclamó lo siguiente: ".La resolución de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual se decretó la separación de la corporación policiaca al ahora quejoso, emitida por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana." Así, mediante resolución de veintidós de junio de dos mil diecisiete (fojas 113 a 125), este órgano jurisdiccional sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal, e inconforme con dicha determinación, la parte quejosa ***, interpuso recurso de revisión que le correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, el cual radicó con el amparo en revisión ***, órgano judicial que revocó la sentencia recurrida (fojas 162 a 186) y en su lugar, concedió el amparo. EFECTOS DE LA SENTENCIA Los efectos de la concesión de amparo consistieron en: ".procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: Dejen sin efecto la resolución reclamada de dos de febrero de dos mil diecisiete. En su lugar, emitan una diversa, con libertad de jurisdicción, en la que dejen de considerar los fundamentos y motivos que sustentan las conductas de la separación decretada, esto es, que se identifican rasgos de hostilidad, lo que puede afectar la forma de interactuar del quejoso con otros; que tiene energía débil, lo que le afecta la disciplina, en el sentido de que suele llegar a sus labores con los zapatos sin bolear y el uniforme arrugado; que sustentan el incumplimiento de los requisitos de permanencia en el cargo, es decir, la no aprobación de las evaluaciones de control de confianza. En el entendido de que, de estimar que la conducta relativa a la no aprobación del examen médico-toxicológico, por resultar positivo al consumo de marihuana, es suficiente para considerar que no reúne el requisito de permanencia en el cargo, pueden reiterar la separación del cargo del quejoso en el puesto que desempeñaba, fundando y motivando debidamente su nueva determinación." ACTO DE LA AUTORIDAD Por oficios registrados con folios 18345 y 19056 (fojas 197 a 199 y 205 a 222), el Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, informó que cumplió con la ejecutoria de amparo, anexó copias certificadas del auto y de la resolución de seis y quince de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, emitidas en el procedimiento administrativo disciplinario *** de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a lo establecido en el primer punto de los efectos de la concesión de amparo, declaró que dejó sin efectos la resolución de dos de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativo disciplinario *** de su índice, y en su lugar, pronunció con plenitud de jurisdicción la resolución administrativa de quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 206 a 220), atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Así, con relación al segundo punto, pronunció con plenitud de jurisdicción la resolución administrativa de quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 206 a 220), en la que dejó de considerar los fundamentos y motivos que sustentan las conductas de la separación decretada, esto es, que se identifican rasgos de hostilidad, lo que puede afectar la forma de interactuar del quejoso con otros; que tiene energía débil, lo que le afecta la disciplina, en el sentido de que suele llegar a sus labores con los zapatos sin bolear y el uniforme arrugado; que sustentan el incumplimiento de los requisitos de permanencia en el cargo, es decir, la no aprobación de las evaluaciones de control de confianza. De tal suerte que, la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, en la nueva resolución fundó y motivó la aplicación de la sanción consistente en la separación definitiva del puesto que venía desempeñando el quejoso José Vidal Zúñiga Ruíz ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debido a que no cumplió con los requisitos de permanencia para desempeñar su servicio, cargo o comisión, al no aprobar los procesos de certificación y evaluación que le fueron aplicados por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, contraviniendo con ello, lo previsto en los artículos 88 B de permanencia, fracción VI, y 26 de permanencia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, articulo 52 Septies de permanencia, fracción VI, de la Ley de Sistema Estatal de Seguridad Pública y 26 B de permanencia, fracción VI, de la Ley que establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Aunado a que en la evaluación Medico-Toxicológica, obtuvo un resultado positivo en la prueba de inmunoensayo cromatógrafico en marihuana, además de estar propenso al consumo de bebidas embriagantes, motivo por el cual no acreditó los exámenes establecidos en el artículo 3 del Reglamento Interior Centro Estatal de Control de Confianza Certificado. Asimismo, la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, individualizó la sanción aplicada, con base a los elementos previstos en el artículo 70 de su Reglamento, siendo los siguientes: 1. Las condiciones personales del elemento. 2. La jerarquía del puesto y la responsabilidad que el mismo implique. 3. La antigüedad en el servicio. 4. Reincidencia. 5. La gravedad de la falta. En ese contexto, cumplió con el deber de expresar las circunstancias especiales y razones que tomó en consideración para concluir que el quejoso no reúne el requisito de permanencia en el cargo, y reiteró la separación de su cargo en el puesto que desempeñaba; así también, cumple el requisito de exponer detalladamente los medios probatorios en los que funda que *** no cumple con los requisitos de permanencia, siendo los siguientes: 1) Documental pública consistente en el memorándum ***, de veintisiete de mayo de dos mil catorce. 2) Documental pública consistente en copia certificada *** de dieciséis de octubre de dos mil trece. 3) Documental pública consistente en acuerdo de radicación de veinticuatro de marzo de dos mil catorce. 4) Documental pública consistente en determinación de tres de junio de dos mil catorce. 5) Documental pública consistente en auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis. 6) Documental pública consistente en acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis. 7) Documental pública consistente en oficio *** de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. 8) Documental pública consistente acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se citó al quejoso para efecto de comparecer ante la Sala de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, a las diez horas del quince de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se le hace del conocimiento que no acreditó la evaluación médico-toxicológica. 9) Documental pública consistente en cédula de notificación de once de diciembre de dos mil diecisiete. 10) Documental pública consistente en la audiencia de ley de quince de diciembre de dos mil diecisiete, misma que fue desahogada sin la comparecencia del quejoso. Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el quejoso conociera el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de está, dar a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que el afectado pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efecto la resolución reclamada de dos de febrero de dos mil diecisiete, y en su lugar, emitió una diversa, con libertad de jurisdicción, en la que dejó de considerar los fundamentos y motivos que sustentan las conductas de la separación decretada, a saber: a) que se identifican rasgos de hostilidad, lo que puede afectar la forma de interactuar del quejoso con otros; b) que tiene energía débil, lo que le afecta la disciplina, en el sentido de que suele llegar a sus labores con los zapatos sin bolear y el uniforme arrugado; y c) que sustentan el incumplimiento de los requisitos de permanencia en el cargo, es decir, la no aprobación de las evaluaciones de control de confianza, y estimó que la conducta relativa a la no aprobación del examen médico-toxicológico, por resultar positivo al consumo de marihuana, es suficiente para considerar que no reúne el requisito de permanencia en el cargo. De ahí que, reiteró la separación del cargo del quejoso en el puesto que desempeñaba, pues en el caso subsanó la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, debido a que acató el núcleo esencial de la misma. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de decisión a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de criterio. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN". CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación del Secretario y de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Por otra parte, en lo relativo al domicilio que señala y la designación de ***, dígase que dichas personas se encuentran autorizadas en proveído de treinta de marzo actual (fojas 44 y 45), y respecto a los restantes como lo dispone el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a Wilber García Hernández y Edwin Alberto Altamirano Ruíz. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la ley de la materia, concédasele por única ocasión una prórroga de diez días, misma que comenzará a computarse una vez que reciba el oficio de la presente determinación. Notifíquese.
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