José Vidal Florido López y Otros.
Expediente 625/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Vidal Florido López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó el desechamiento de la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Se recibe el escrito de cuenta, mediante el cual el promovente cumple con el requerimiento formulado en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte; manifiesta que promueve la demanda de amparo en su carácter de endosatario en procuración de *** y anexa el documento con el que acredita tal extremo en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en: La citación al procedimiento de remate en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL ASUNTO. Se traen a cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los antecedentes narrados en el juicio de amparo 743/2019 del índice de este juzgado: El diez de febrero de dos mil dieciséis, *** promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de *** y ***, radicado con el expediente *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato. El doce de octubre de ese año se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la que se secuestró el inmueble ubicado en ***; la cual se aprobó en auto de catorce siguiente. En sentencia de quince de junio de dos mil diecisiete se condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad tuvo embargada la copropiedad del inmueble mencionado. En proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve se tuvo exhibido el avalúo actualizado del predio. El ocho de julio siguiente se agregó el certificado de gravámenes relativo al bien raíz. El seis de agosto de dos mil diecinueve se aprobó la citación de la quejosa como acreedora preferente. El ocho de agosto siguiente se tuvo a la peticionaria apersonada al procedimiento por conducto de su apoderado. En acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve se señaló fecha para audiencia de remate en primera almoneda del inmueble embargado. El treinta de agosto siguiente el apoderado de la quejosa interpuso recurso de revocación en contra del auto de veintidós de ese mes y año. Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable desechó el recurso de revocación (actuación que se fijó como acto reclamado). Ahora, se precisa que en ese juicio de amparo se desechó la demanda porque se consideró materializada la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, esto es, que el acto controvertido no era la última actuación en el procedimiento de remate: solo se desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del proveído en que la autoridad señaló fecha para la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble embargado en la contienda natural pero no se ordenó la escrituración del predio ni su entrega a terceras personas. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo se desecha la demanda promovida por ***, por conducto de sus endosatarios en procuración ***, contra actos del Juzgado Único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La quejosa no es tercera extraña al juicio de origen. En el caso, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación: compareció al procedimiento de origen. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" Tales numerales prevén la improcedencia del juicio de amparo cuando la parte quejosa se ostente como tercera extraña a juicio; sin embargo, de las constancias de autos se advierte que compareció al procedimiento de origen. Entonces, el amparo vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a la materia de la litis, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la figura del tercero extraño a juicio, para efectos del amparo. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de audiencia que implica el derecho de todo gobernado para que, previo a cualquier acto de autoridad que pudiera tener por objeto privarlo de la libertad, propiedad, posesiones o de derechos, se le dé la oportunidad razonable de defenderse dentro del proceso de donde derivan los actos de molestia. Lo antes expuesto se relaciona con las formalidades esenciales del procedimiento que establecen las condiciones fundamentales e inevitables que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y que al mismo tiempo constituye el requisito indispensable para que puedan desarrollarse las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del llamamiento a juicio han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que su falta o defectuosa práctica, constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las diversas exigencias esenciales del juicio. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esos formulismos trae como consecuencia su nulidad. En ese contexto, se inscribe la institución de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, siendo parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental alega en el juicio de garantías. En la misma línea se encuentra el tercero extraño stricto sensu, pero a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio, y no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En ese supuesto, el perfecto tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. La quejosa acude al procedimiento constitucional ostentándose como tercera extraña al procedimiento natural: aduce que se le pretende privar sus derechos como acreedora preferente respecto del inmueble ubicado en ***, el cual fue embargado el trece de marzo de dos mil veinte en el juicio ejecutivo mercantil ***, pero nunca fue citada personalmente a la venta judicial realizada dentro del diverso juicio ejecutivo mercantil *** del índice de la responsable. De ahí que alegue que se transgredió su garantía de audiencia previa. Sin embargo, como se adelantó, de los documentos anexos a la demanda de amparo, de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, así como de las actuaciones que conforman el juicio de amparo 743/2019 del índice de este juzgado que se traen a cuenta como hechos notorios, se colige que a la peticionaria no le asiste el carácter de tercera extraña ya que, cuando menos desde el seis de agosto de dos mil diecinueve (fecha en que se aprobó la citación como acreedora preferente y, posteriormente, el ocho de ese mismo mes y año, en que se le tuvo por apersonada al procedimiento por conducto de su apoderado) tuvo conocimiento de las actuaciones que conforman el juicio de origen, incluso, interpuso un recurso de revocación y promovió la referida demanda de amparo indirecto 743/2019 del índice de este juzgado contra actos emanados del juicio ejecutivo mercantil *** del índice de la responsable. Actuaciones que, como se dijo, son suficientes para inferir que la solicitante conoció del procedimiento de remate del aludido inmueble llevado a cabo en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice de la responsable, cuando menos desde el ocho de agosto de dos mil diecinueve, esto es, antes de la fecha en que se remató ese bien, que ocurrió el diecinueve de agosto de dos mil veinte, según, lo narrado bajo protesta de decir verdad en el escrito registrado con el progresivo 12990. Por tanto, no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación con el que se ostentó en el presente juicio constitucional porque, para conservar esa categoría, es menester que no se ligue de alguna manera a la controversia de origen y se desconozca, en su totalidad. Sirve de orientación, la jurisprudencia siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Luego, al no asistirle a la peticionaria el carácter de tercera extraña a ese procedimiento, en todo caso, estuvo en posibilidad de hacer valer los medios de defensa legales procedentes en contra de la citación a la audiencia de remate, incluso, contra la mencionada venta judicial. Cierto, si la parte quejosa tenía conocimiento desde el seis y ocho de agosto de dos mil diecinueve de que en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice de la responsable era materia del procedimiento de remate el mencionado inmueble; y, posteriormente, el trece de marzo de dos mil veinte en el juicio ejecutivo mercantil *** se embargó el mismo bien; estuvo en condición de comparecer a la almoneda a defender sus derechos como acreedora preferente de diverso asunto, como del mencionado expediente *** dado que se verificó el diecinueve de agosto de dos mil veinte. O bien si la parte peticionaria considera que no se le citó con las formalidades de ley a dicho procedimiento de remate o no se le notificó la nueva fecha para la venta judicial, previo a promover el juicio de amparo debe impugnar esa citación a través del incidente de nulidad. En efecto, los numerales 1068, 1349 a 1353 del Código de Comercio prevén: "Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento. A tal efecto, el juez deberá hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura que corresponda la infracción, a efecto de que este substancie el procedimiento disciplinario respectivo. Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula; II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal; V. Por correo certificado,. . Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350.- Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1351.- Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo 1352.- Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. 1353.- Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten." De los preceptos se obtiene que las notificaciones de los acuerdos sean impugnables a través del incidente de nulidad de notificaciones. Luego, la peticionaria debió agotar dicho medio de defensa en contra de la citación a la almoneda o la notificación de la nueva fecha antes de acudir al juicio de amparo. Sin que la quejosa se encuentre relevada de respetar el principio de definitividad dado que no se actualiza diverso supuesto de excepción previsto en los incisos a, b y c del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: a) El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que se trata de la citación al procedimiento de remate. b) La decisión controvertida no afecta la libertad personal de la parte quejosa porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. c) La promovente del amparo no es ajena al procedimiento de origen pues tiene el carácter de acreedora y compareció a dicho procedimiento. Además, la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no se encuentra sujeta a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que los artículos citados son enfáticos en prever que ese medio de defensa procede contra las notificaciones controvertidas. Sirve a lo anterior, la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 171007 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.11o.C.190 C Página: 3338 "TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN HABIENDO SIDO LLAMADA AL PROCEDIMIENTO DE REMATE COMO ACREEDORA PROMUEVE EL JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS DICTADOS DURANTE ESA ETAPA, SI AÚN NO SE EMITE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE QUE LO APRUEBE O DESAPRUEBE. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Ahora bien, aplicando ese mismo criterio de manera analógica, si la persona que promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al procedimiento de remate, reclama no haber sido llamada al mismo en su carácter de acreedora del bien inmueble objeto de remate, así como también reclama diversos proveídos emitidos en esa fase del procedimiento y, sin embargo, de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de las transgresiones que reclama antes de que se llevara a cabo la audiencia de remate y por vía de consecuencia, antes de que sea emitida la sentencia respectiva que lo apruebe o desapruebe, aunado a que en el juicio de origen se le reconoció el carácter de acreedora del bien objeto del remate; ello trae como consecuencia que no pueda considerársele como tercera extraña al juicio, al estar en plena posibilidad de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra de los actos reclamados, y en su caso, alegar tales violaciones que se den durante esa fase del procedimiento, al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de remate que llegue a emitirse, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que al no tener el carácter de tercera extraña al procedimiento de remate, la misma debe sujetarse a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que el amparo que se pida ante el Juez de Distrito, tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Sin que sea impedimento a la materialización de la causa de improcedencia lo alegado por los endosatarios en procuración (promoventes de la demanda de amparo) en el sentido de que ellos no conocían que la propietaria del título de crédito (quejosa directa) ya había comparecido al procedimiento de remate efectuado en el juicio generador del acto reclamado a través de un diverso representante. Empero, tal aseveración resulta infundada para admitir la demanda de amparo: el hecho de que ahora sean los endosatarios en procuración los que promuevan esta demanda de amparo no significa que la titular del pagaré desconozca los hechos acaecidos cuando se apersonó al procedimiento de origen a defender sus derechos como acreedora preferente. Cierto, se reitera, que del diverso juicio de amparo 743/2019 del índice de este juzgado se advierte que la aquí directa quejosa *** por conducto de su apoderado *** (quien en este juicio de amparo, ahora figura como autorizado de los promoventes) se apersonó al juicio ejecutivo mercantil *** del índice de la responsable en su calidad de acreedora preferente. Máxime que, en el caso, los promoventes no pueden alegar que la mencionada citación o falta de ella al procedimiento de remate del juicio natural les acarrea una vulneración a sus derechos sustantivos porque en términos del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los endosatarios en procuración (carácter reconocido) solo se les faculta como mandatarios de la propietaria del título de crédito para realizar cualquier gestión para su cobro judicial o extrajudicial, pero la titular del derecho consignado en el pagaré sigue siendo, en este caso, la peticionaria directa Martha Ramos Medrano, quien, como se demostró, ya se apersonó al mencionado procedimiento de venta judicial. Sirve de orientación, en su parte conducente y por las razones que informe, la tesis siguiente: Registro digital: 173306 Aislada Materias(s): Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXV, Febrero de 2007 Tesis: I.6o.C.411 C Página: 1706 "ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN. SI ÉSTE TIENE CONOCIMIENTO DE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTA LOS DERECHOS INHERENTES AL CRÉDITO, DEBE CONSIDERARSE QUE TAMBIÉN EL ENDOSANTE SE HA ENTERADO PARA QUE A PARTIR DE AHÍ SE COMPUTE EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 2546 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que el mandato es un contrato mediante el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Ahora bien, no obstante que el endoso se define como una manifestación unilateral de la voluntad y el mandato es un contrato, cuando el endosatario acepta expresamente los derechos que se le confieren o cuando realiza actos tendientes a la ejecución de las facultades dadas y aceptadas, se perfecciona un verdadero contrato de mandato, derivándose para aquél, en lo aplicable, los derechos y obligaciones que la ley contempla para los mandatarios, aun cuando dicho mandato derivado de un endoso en procuración es de carácter especial, toda vez que sólo se da al endosatario un poder general para pleitos y cobranzas que se encuentra limitado a la realización de diversos actos tendientes al cobro del título de crédito. Esa representación cobra relevancia, para efectos del juicio de amparo, cuando los derechos inherentes al crédito, de los cuales es titular el propietario del documento, se ven afectados por un acto de autoridad, en cuyo caso, el conocimiento que tenga el endosatario de ese hecho debe reputarse adquirido por el titular, en virtud de que aquél es sustituto o hace las veces de este último, en todo lo relacionado al crédito. Por tanto, si el endosatario al cobro se entera de un acto de autoridad que afecta al crédito que persigue realizar, debe considerarse que su titular también se ha enterado y, a partir de entonces, se computará el término para promover la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, al materializarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo
- Principal
Se recibe el escrito de cuenta suscrito por el endosatario en procuración de la quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, consistente en: "Antecedentes: 1. Bajo formal protesta de decir verdad, de forma enunciativa más no limitativa, destaque los principales antecedentes que les constan del juicio ejecutivo mercantil M162/2020, así como del diverso 235/2016, ambos del índice del Juzgado Único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Personalidad: 2. Manifiesten si promueven la demanda de amparo por propio derecho o como endosatarios en procuración de Martha Ramos Medrano, lo cual deberán acreditar con documento idóneo." Al respecto, se tiene que el quejoso sí cumplió con el número 1 de la prevención transcrita, porque manifiesta los antecedentes de los juicios ejecutivo mercantil M162/2020 y 235/2016, ambos del índice del Juzgado Único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Por lo que hace al punto dos de la prevención formulada, si bien el promovente señaló que la demanda de amparo la promueve como endosatario en procuración de Martha Ramos Medrano; sin embargo, fue omiso en acreditar dicha personalidad con documento idóneo, dado que la documental que exhibió para tal efecto fue en copia simple la que por sí sola carece de valor probatorio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 7, tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Interrupción del plazo para cumplir con prevención. Bajo ese contexto, hágase de su conocimiento que el plazo que le fue concedido para atender la prevención, específicamente en el punto dos del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, de modo que le queda por trascurrir dos días de ese plazo. Lo anterior en atención a que el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, le fue notificado el diecinueve siguiente, misma que surte sus efectos el día hábil siguiente; por tanto, el plazo de cinco días otorgado para cumplir con la prevención formulada transcurriría del veinticuatro al treinta de noviembre del año en curso; ahora, al haber presentado la promoción de cuenta el veintisiete de noviembre del año que transcurre (cuarto día del plazo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, se interrumpe el citado cómputo; por tanto, siguen restando DOS DÍAS del plazo otorgado para que la parte quejosa desahogue la vista formulada. Es ilustrativa a lo anterior, por analogía de razón jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis 411/2011, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto fueron aprobados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, bajo el rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". En ese sentido, se le requiere para que cumpla con acreditar la personalidad con la que se ostenta con documento idóneo, así como exhibir copias de dicho documento para correr traslado a las partes, esto es, siete reproducciones. En el entendido que de no acatarlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa fue omisa en cumplir con la prevención formulada en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado y se provee: Se formula nueva prevención a la quejosa. Ahora, acorde con el contenido del artículo 114 de la ley de la materia, el juzgador únicamente puede requerir a la parte quejosa en un sólo auto a fin de que satisfaga alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma. Sin embargo, en el caso se actualiza una excepción a la regla citada, pues con motivo de la consulta de las listas de acuerdos publicadas en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y de la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 743/2019 del índice de éste Juzgado, el cual se trae a cuenta como hecho notorio, aparecieron nuevos requisitos a satisfacer que no se tuvieron presentes en esa ocasión. Al respecto, se estima aplicable la tesis XXVII.3K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1121, Tomo XVII, Abril 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo se advierte que los quejosos promueven el amparo en contra de actos dictados en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato y que de las constancias que anexan, son endosatarios en procuración de ***. Ahora, en el juicio de amparo 743/2019 del índice de este juzgado, se advierte que fue promovido por *** por conducto de su apoderado *** (quien en este juicio de amparo, ahora figura como autorizado de los promoventes) contra actos dictados en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato. De ese juicio de amparo se destaca que *** compareció al referido procedimiento en su calidad de acreedora preferente a efecto de deducir derechos. Por tanto, previo a proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: Antecedentes: Bajo formal protesta de decir verdad, de forma enunciativa más no limitativa, destaque los principales antecedentes que les constan del juicio ejecutivo mercantil ***, así como del diverso ***, ambos del índice del Juzgado Único Menor Mixto de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Personalidad: Manifiesten si promueven la demanda de amparo por propio derecho o como endosatarios en procuración de ***, lo cual deberán acreditar con documento idóneo. Lo anterior, porque si bien fueron omisos en destacar su carácter con el que promueven la demanda, lo cierto es que de la copia simple que anexaron, se advierten que son endosatarios en procuración de ***, quien como se dijo, ya compareció al procedimiento generador del acto reclamado en su calidad de acreedora preferente, y lo que aquí se controvierte es precisamente la omisión de citarlos al juicio natural con ese carácter. En caso de que promuevan la demanda de amparo por propio derecho, bajo protesta de decir verdad tendrán que manifestar el carácter que ostentan en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del juzgado responsable, esto es, si son actores, cesionarios, endosatarios en propiedad o cualquier otro que ostente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 7, tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Circunstancias que resultan ineludibles para estar en condición de promover sobre la admisión de la demanda de amparo. Apercíbase a los promoventes que de no cumplir con lo acordado, y de no exhibir la totalidad de las copias del escrito aclaratorio, esto es, diez reproducciones, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme con lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia, cuyo texto es como sigue: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por los peticionarios, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Se hace saber a la parte promovente del delito en el cual incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]"
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,874 expedientes
- José Ventura Velázquez Valtierra1747/2016
- José Ventura Velázquez Valtierra1025/2017
- Jose Ventura Velazquez Valtierra1495/2016
- Jose Vicente Arias Anaya1065/2017
- Jose Vicente Arias Anaya1294/2017
- José Vicente Arias Padilla y Otros.1017/2017
- José Villanueva Rodríguez811/2021
- José Xavier Salgado Carrillo1412/2016
- Jose Xavier Salgado Carrillo1583/2016
- Jose y/o Juan Armando Lopez Gallegos1500/2017
- Josefa Hernández Pérez360/2020
- Josefa Ramírez Ramírez1118/2017