José Vidal Cohuo Canché

Expediente 2894/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2894/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • José Vidal Cohuo Canché

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. (...) Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín Daniel Balan Parra, en contra de los actos que reclama del Juez de Paz de la localidad de Maní, Yucatán y otras autoridades, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas, como se señaló en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese. (...)

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por José Vidal Cohuo Canche contra el acto de la Comisión Federal de Electricidad, la cual fue presentada con tres copias y tres anexos. Se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 2894/2022-VIII. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Así, se estima que en el caso, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Cabe destacar que el quejoso reclama de la Comisión Federal de Electricidad el corte del suministro de energía eléctrica en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el local comercial departamento ropa, departamento número tres del Tianguis ubicado en la calle cincuenta, entre cincuenta y uno, a un costado del mercado y a un lado del Kiosko del Centro del Municipio de Tekax, Yucatán, respecto del cual asegura ser el propietario. Asimismo, importa mencionar que, bajo protesta de decir verdad, en su capítulo de hechos, en el marcado como segundo, se aprecia su claro señalamiento de ser el titular del número de servicio 786150100210, de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, en el local comercial de mérito. Ahora, si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que el auto admisorio no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en ese momento solo cuenta con el escrito inicial y las pruebas que se hubieren acompañado; de ahí que el juzgador en estas circunstancias no se encuentre en aptitud para desechar la demanda por considerar que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dado que en esa etapa no es evidente, clara y fehaciente, criterio que sostuvo en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10ª), con registro digital 2011888. "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." No obstante, ese criterio jurisprudencial, cuando la causal de improcedencia se actualiza de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la revisión puntual del escrito de demanda y de los documentos anexos, podrá decretarse su desechamiento. Con base en esos extremos, no se inobserva el criterio jurisprudencial que censura la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, porque la hipótesis analizada en esa jurisprudencia trata el supuesto donde el juicio de amparo es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo. Lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos supuestos, aun de admitirse la demanda, a la postre es patente el sobreseimiento en el juicio, como acontece en el caso, por las razones que a continuación se expresan. En principio, es de importancia considerar el concepto de autoridad responsable a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Así también, conviene señalar que el artículo 1° de la propia ley, prevé: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. (.)" De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto reclamado constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, puesto que, así lo dispone el artículo 1° de la ley relativa, dispositivo que consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución. En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose por esta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas e incluso los particulares que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, también pueden adquirir la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo En este contexto, cabe distinguir, entonces, si se trata de una autoridad formal (órgano del Estado) o de un particular que lleva a cabo actos de autoridad. Esto es importante porque los requisitos para los segundos difieren de los primeros. Así, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Ahora, considerando la evolución que ha tenido el concepto de "autoridad responsable", resulta evidente que tal concepto se encuentra íntimamente vinculado al del acto reclamado. En efecto, para determinar quién puede ser autoridad para efectos de este proceso constitucional, es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad, por tanto, determinar el concepto de autoridad, es una labor compleja en la que hay que atender las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo. Bien, la Comisión Federal de Electricidad es un organismo público, encargado del servicio de energía eléctrica cuyo suministro se pacta a través de un contrato, que implica la estipulación de obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones de manera recíproca. Por tanto, el acto reclamado no constituye un acto asimilable a los de una autoridad, porque deriva o tiene su origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, traducido en una relación de coordinación; de ahí que las controversias que deriven de derechos y obligaciones generadas en el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de este, como acontece en el caso, pues si bien no obra en autos el contrato de suministro correspondiente, lo cierto es que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso reconoció ser el titular del servicio, tanto que exhibió un recibo a su nombre expedido por la Comisión Federal de Electricidad por el servicio de suministro de energía eléctrica; datos que, en esa lógica, resultan indicativos de que la orden de corte del aludido suministro de energía eléctrica proviene, como se dijo, de un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial y siendo esto así, no es susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo. En este contexto, es incuestionable que el acto de suministro de energía eléctrica que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad es un acto de comercio y, por ende, las controversias que se susciten entre esta y los gobernado con motivo de la suspensión del suministro de energía eléctrica quedan sujetas a las leyes mercantiles, siendo la vía mercantil la procedente en la que deben reclamarse tales cuestiones, tal como se sostiene en la jurisprudencia 2ª./J. 2/2019, que se cita en el auto recurrido, de la propia Segunda Sala, con registro digital 2019230, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUELLOS.". Y si bien, de la ejecutoria de la contradicción de tesis 198/2017, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) con registro digital 2016656, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA", se advierte que, en relación con los casos en los que Comisión Federal de Electricidad podría tener el carácter de autoridad, esa Sala estableció que no se debe descartar la eventualidad de que aquella lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Sin embargo, señaló que lo anterior debía dilucidarse en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente, atendiendo al criterio construido por la superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometieran los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando esa suspensión o corte de energía eléctrica pusieran en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encontraran en una situación vulnerable. Sobre esa base es dable estimar que puede considerarse como autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad cuando realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, como sería en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente cuando la suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de personas que pertenecen a grupos vulnerables, lo cual debe ser dilucidado en cada caso concreto. En este contexto jurídico, es claro que el máximo tribunal del país impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de efectuar un análisis particular sobre el reclamo de la parte quejosa, pues en el caso de que se esté ante un pronunciamiento sobre el eventual combate de normas generales, o bien de violación de derechos humanos anteriormente señalados, entonces debe considerársele como autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, en el presente asunto no se advierte una cuestión excepcional, pues el quejoso no impugna normas generales y tampoco se advierte que sea una situación que ponga en riesgo de su vida (como por ejemplo ante la necesidad de apartados de asistencia) y tampoco se observa que el quejoso pertenezca a un grupo vulnerable, por tanto, no es factible atribuirle el carácter de autoridad para efecto del juicio constitucional. Por consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en cuestión. Téngase como su autorizado en términos amplios a José Rangel Falcón Salazar, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo y en términos restringidos de conformidad con el segundo párrafo del citado artículo a Cecilia Falcón Salazar, por así solicitarse en la demanda. Ahora bien, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a que los autorizados hagan uso de los medios electrónicos dentro del local de este juzgado, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Ahora bien, toda vez que el promovente solicita se les permitan el acceso al expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas del presente juicio de amparo, proporcionando el nombre de usuario "Josran81" y "Cesy22 "; por tanto, se autoriza a los usuarios que señala, el acceso al expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas a través del sistema integral de seguimiento de expedientes; lo anterior, en virtud de que el referido promovente proporciona a este órgano jurisdiccional las claves de usuario que afirma se encuentra registrada; para tal efecto, instrúyase al Oficial Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los actuarios de este juzgado, para que realicen las gestiones necesarias para tal fin. Notifíquese electrónicamente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/6010/2022 de veintiocho de noviembre del dos mil veintidós ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.

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