José Víctor Silverio Bravo Sánchez

Expediente 668/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
668/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • José Víctor Silverio Bravo Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de junio de dos mil veintitrés. LA AUTORIDAD RESPONSABLE REMITE COPIAS CERTIFICADAS REQUERIDAS. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dando cumplimiento a lo requerido en auto de treinta de mayo de este año, para lo cual remite copia debidamente certificada de la promoción de cuatro de agosto de dos mil veintidós, presentada por la parte quejosa en el expediente laboral ***. Por tanto, vistas las constancias, se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. De la copia certificada de las constancias remitida por la autoridad responsable, se desprende que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual, acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, la omisión de acordar la promoción presentada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ***. Sin embargo, de las constancias recibidas el treinta de mayo de este año y en esta fecha, se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó la promoción presentada por ***, y en su atención, con fundamento en el artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, ordenó pasar a la etapa de alegatos, concediendo a las partes un término de tres días hábiles a efecto de exhibirlos, apercibidas que en caso de no hacerlo así, perderían su derecho de alegar dentro de expediente de origen. Esto es, el quejoso, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que la omisión reclamada era violatoria de derecho; sin embargo, dejaron de existir, toda vez que la responsable emitió la respuesta a la petición de la parte quejosa; de ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo." Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; por ello, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado dado que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, se pone de relieve la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las diez horas con veintidós minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.VI

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de junio de dos mil veintitrés. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vistos los autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, en auto de treinta de mayo de este año, para que remita copia certificada del escrito de cuatro de agosto de este año, presentada por la parte quejosa en el expediente laboral ***, por ser necesarias para la debida integración del presente juicio. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con veintidós minutos del veintinueve de junio de dos mil veintitrés.VI

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de mayo de dos mil veintitrés. SE AGREGA INFORME JUSTIFICADO. Glósese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, téngase al Encargado de la Presidencia del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, rindiendo informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por exhibido el medio de prueba que ofreció la responsable consistente en copia certificada del proveído de veintiséis de mayo del año en curso, relativa al expediente laboral ***, de su índice. SE REQUIEREN CONSTANCIAS. Toda vez que la suscrita está obligada a recabar oficiosamente las constancias necesarias para emitir la resolución en el presente juicio, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad oficiante para que, en el término de tres días, remita copia certificada del escrito de cuatro de agosto de este año presentada por la parte quejosa en el juicio natural. Apercibida que, de no hacerlo, o manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 260, fracción II, de la Ley de Amparo.VI

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente...VI

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