Jose Victor Rodriguez Hernanez

Expediente 791/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 24 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
791/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Jose Victor Rodriguez Hernanez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de febrero de dos mil diecinueve. Vistos los autos del presente juicio, se advierte que si se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión. En esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001 el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dos de enero de dos mil diecinueve, (foja 388), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, y de la que se desprende que el quejoso realizó manifestaciones, al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, se deberá dejar sin efectos el decreto número dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, número 5595 (cinco mil quinientos noventa y cinco), por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario del ahora quejoso; y, En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso..." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Delegado del Congreso del Estado de Morelos, mediante oficio LIVI/SSLYP/DJ/1°1656/2018, remitió copia certificada del decreto número treinta y cuatro, por el cual se abrogó el decretó número DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE, de dos de mayo de dos mil dieciocho y en consecuencia concedieron la pensión por jubilación al quejoso José Victor Rodríguez Hernández, la cual deberá cubrirse al 65% conforme al artículo 16, fracción II, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como del escrito de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dirigido al Gobernador del Estado de Morelos, en el cual solicitó la publicación de dicho decreto (fojas 337 a 354) Posteriormente, mediante oficio CJ/DGACyA/PA/3727/2018-12-R de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, remitió copia simple del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5655, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se publicó el decreto número treinta y cuatro, (fojas 379 a 387) con las que manifestó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismas con las cuales este Juzgado Federal, dio vista y notificó a la parte quejosa con las mismas.. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, abrogó el decreto dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, número 5595 (cinco mil quinientos noventa y cinco), por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario del ahora quejoso y emitiendo uno diverso en el cual otorgaron al quejoso José Victor Rodríguez Hernández, la cual deberá cubrirse al 65% conforme al artículo 16, fracción II, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable desincorporara de su esfera jurídica al quejoso del artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, la autoridad responsable dejara abrogó el decreto dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, número 5595 (cinco mil quinientos noventa y cinco), por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario del ahora quejoso; y, en su lugar, emitiera otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso, en aras de cumplir con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la ley de amparo. En consecuencia, las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable abrogó el decreto dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, número 5595 (cinco mil quinientos noventa y cinco), por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario del ahora quejoso y emitiendo uno diverso en el cual otorgaron la pensión por jubilación a razón del 65% al quejoso José Victor Rodríguez Hernández, del último salario percibido al momento del otorgamiento de la pensión, mismo que ya se encuentra publicado en el periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, número 5655 (cinco mil seiscientos cincuenta .y cinco). Sin que pase desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que realiza el quejoso respecto que las autoridades responsables no han realizado pago alguno de las prestaciones que refiere. Sin embargo, ello no es materia de la ejecutoria de amparo como se analizó en párrafos que anteceden y lo que pretende ahora es que se le haga el pago de las prestaciones que refiere, lo cual, ya no es materia del núcleo de la ejecutoria de amparo, pues, la concesión de amparo fue para que la responsable desincorporara de su esfera jurídica al quejoso del artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, la autoridad responsable abrogara decreto dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cicno por ciento del último salario del ahora quejoso; y, en su lugar, emitiera otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso, lo que a la fecha ya aconteció. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del -Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos, de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante -organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos, y el embargo y acuerdo de remate del inmueble tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el once de enero de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a once de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dos de enero de dos mil diecinueve, (foja 388), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, y de la que se desprende que el quejoso realizó manifestaciones, al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Se desincorpore de su esfera jurídica el artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, se deberá dejar sin efectos el decreto número dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, número 5595 (cinco mil quinientos noventa y cinco), por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario del ahora quejoso; y, En su lugar, dicte otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso..." Por tanto, la sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. Atento a lo anterior, el Delegado del Congreso del Estado de Morelos, mediante oficio LIVI/SSLYP/DJ/1°1656/2018, remitió copia certificada del decreto número treinta y cuatro, por el cual se abrogó el decretó número DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE, de dos de mayo de dos mil dieciocho y en consecuencia concedieron la pensión por jubilación al quejoso José Victor Rodríguez Hernández, la cual deberá cubrirse al 65% conforme al artículo 16, fracción II, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como del escrito de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dirigido al Gobernador del Estado de Morelos, en el cual solicitó la publicación de dicho decreto (fojas 337 a 354) Posteriormente, mediante oficio CJ/DGACyA/PA/3727/2018-12-R de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, remitió copia simple del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5655, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se publicó el decreto número treinta y cuatro, (fojas 379 a 387) con las que manifestó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismas con las cuales este Juzgado Federal, dio vista y notificó a la parte quejosa con las mismas.. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, es decir, abrogó el decreto dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, número 5595 (cinco mil quinientos noventa y cinco), por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario del ahora quejoso y emitiendo uno diverso en el cual otorgaron al quejoso José Victor Rodríguez Hernández, la cual deberá cubrirse al 65% conforme al artículo 16, fracción II, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable desincorporara de su esfera jurídica al quejoso del artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, la autoridad responsable dejara abrogó el decreto dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, número 5595 (cinco mil quinientos noventa y cinco), por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario del ahora quejoso; y, en su lugar, emitiera otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso, en aras de cumplir con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la ley de amparo. En consecuencia, las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable abrogó el decreto dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, número 5595 (cinco mil quinientos noventa y cinco), por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cinco por ciento del último salario del ahora quejoso y emitiendo uno diverso en el cual otorgaron la pensión por jubilación a razón del 65% al quejoso José Victor Rodríguez Hernández, del último salario percibido al momento del otorgamiento de la pensión, mismo que ya se encuentra publicado en el periódico "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, número 5655 (cinco mil seiscientos cincuenta .y cinco). Sin que pase desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que realiza el quejoso respecto que las autoridades responsables no han realizado pago alguno de las prestaciones que refiere. Sin embargo, ello no es materia de la ejecutoria de amparo como se analizó en párrafos que anteceden y lo que pretende ahora es que se le haga el pago de las prestaciones que refiere, lo cual, ya no es materia del núcleo de la ejecutoria de amparo, pues, la concesión de amparo fue para que la responsable desincorporara de su esfera jurídica al quejoso del artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; esto es, la autoridad responsable abrogara decreto dos mil cuatrocientos treinta y nueve, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el dos de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual se concedió al aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del cincuenta y cicno por ciento del último salario del ahora quejoso; y, en su lugar, emitiera otro en el que no aplique en perjuicio del impetrante la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 16, fracción I, inciso j), que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del último salario del aquí quejoso, lo que a la fecha ya aconteció. Por lo que con fundamento en el numeral 214 del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del -Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos, de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante -organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos, y el embargo y acuerdo de remate del inmueble tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones. Al respecto se tienen por hechas las mismas, las cuales se podrán tomar en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

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