José Víctor Flores Blas
Expediente 902/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2020
Partes del expediente
- José Víctor Flores Blas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído dictado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto por estar concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el oficio signado por -- en su carácter de delegado de las autoridades señaladas como responsables pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual, informa en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en autos, así como de la ejecutoria dictada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro de la inconformidad 13/2020, y al efecto remite diversas constancias medicas certificadas relativas al expediente de la quejosa Alvarado Cisneros Natalia, con número de seguro social 1563-45-1372, e informa el seguimiento dado al "documento denominado REFERENCIA-CONTRAREFERENCIA,
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación del laudo dictado en los autos del juicio --; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y en atención a su contenido,
- Principal
Visto el escrito que suscribe --, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de septiembre pasado; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y téngase por cumplido el aludido requerimiento. En virtud de lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por --, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 8º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debe decirse que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo, no debe realizarse en forma aislada, sino por el contrario, que ello debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, para así estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de los mismos, así como la situación jurídica que guarda la parte impetrante con respecto a tales actos; y una vez hecho lo anterior, poder determinar válidamente en su caso tanto la competencia del Órgano de Control Constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de garantías. Ahora bien, es de señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en el caso lo que procede es desechar la demanda al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, ésta en relación con el diverso 217 todos de la Ley de Amparo, Para demostrarlo en principio se destaca que en el caso el quejoso señala como acto reclamado en esencia la omisión genérica de las autoridades responsables para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el expediente 392/2013-C del índice de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Sobre esta premisa en el caso se tiene que si bien la responsable tiene la obligación de ejecutar las sentencias que pronuncie, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen a su vez la obligación de manifestar su voluntad para que continúe la acción ejercida; por tanto, si en el presente asunto se reclama la omisión genérica de la autoridad responsable para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el juicio natural, tal reclamo produce la improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al reclamarse en la demanda de amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad responsable para hacer cumplir lo ordenado en el laudo dictado en el juicio de origen, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera a la responsable, si como en el caso, de la lectura de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, se advierte que ya se emitió laudo, y no ha concretado la ejecución del mismo. Resulta importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 339/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Esa ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de rubor y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". Al sostenerse lo anterior no se soslaya que en la etapa de ejecución el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, en la ejecución de sentencias, es necesario no solo la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa no es una fase que la autoridad responsable pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la promoción del amparo se ordene proveer lo conducente de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa. En ese contexto, como en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado de forma genérica la omisión de la autoridad responsable de hacer cumplir lo ordenado en la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio natural, en el caso se actualiza de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, ésta en relación con el diverso 217 todos de la Ley de Amparo, concatenados con la jurisprudencia que se aplica por analogía, de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA", pues se estaría en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa o el cumplimiento sustituto depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por demostrada la omisión genérica que se atribuyera a las autoridades responsables. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Lo antes sustentado no contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo; en consecuencia, se reitera que el principio pro homine y el control de convencionalidad no generan una desatención de la jurisprudencia de observancia obligatoria. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Sin que pase inadvertido para este juzgado de Distrito, el hecho de que en su escrito aclaratorio la parte quejosa hubiese señalado que mediante sendos ocursos de veintiuno de septiembre y dos de octubre de dos mil diecisiete, solicitó ante la responsable la ejecución forzosa del laudo dictado en el juicio laboral de origen; sin embargo, según información publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), misma que se invoca como hecho notorio, en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se evidencia que en el juicio de amparo 7/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso, la autoridad responsable exhibió copia certificada del acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 392/2013-C, en el que proveyó desfavorablemente los aludidos escritos, en razón de que la persona que los signó, no tenía reconocida en dicha expediente la personería con la que se ostentó; lo anterior, sin que por otro lado, el solicitante del amparo hubiese acreditado alguna petición de ejecución de laudo diversa, siendo que, por otra parte, es su obligación instar la ejecución del mismo cuantas veces sea necesario, en términos de la jurisprudencia previamente citada. Finalmente, por lo que ve a la solicitud del ocursante en el sentido de que se le autorice la consulta del expediente electrónico, por medio del usuario "JoseCruzVerjan"; toda vez que el aludido usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se autoriza la referida consulta; asimismo, se autoriza la práctica de notificaciones personales a la parte quejosa, por esa misma vía (electrónica), por así haberlo solicitado; lo anterior, en términos de lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley de Amparo.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes
- Jose Vantin Carranza Torres1587/2022
- Jose Vazquez Ibarra1444/2022
- José Vázquez Ibarra774/2022
- Jose Vicente Gonzalez Jimenez600/2019
- Jose Vicente Orozco Dado501/2020
- José Víctor Flores Blas7/2019
- Jose Victor Hernandez Avila895/2004
- José Villalobos López1421/2022
- José Zepeda Capilla3638/2017
- José Zepeda Capilla122/2019
- José Zepeda Capilla749/2018
- José Zepeda Sánchez379/2023