José Vicente Váldez Guerrero
Expediente 159/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José Vicente Váldez Guerrero
- JOSÉ VICENTE VÁLDEZ GUERRERO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa allegó documentos originales al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, en acatamiento a lo que dispone el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se previene a dicha parte procesal para que acuda a este juzgado, dentro del plazo de noventa días naturales a recoger dichas constancias, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas al realizarse la desincorporación del expediente.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DIECISIES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL QUE: Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa allegó documentos originales al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, en acatamiento a lo que dispone el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se previene a dicha parte procesal para que acuda a este juzgado, dentro del plazo de noventa días naturales a recoger dichas constancias, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas al realizarse la desincorporación del expediente.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ninguna promoción que indique que los quejosos recurrieron el auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo, dentro del término previsto por el artículo 98 de la ley de la materia, considerando que éstos fueron notificados en la misma fecha, quedando comprendido dicho plazo del seis al diez de los presentes mes y año; por consiguiente, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Ténganse recibidas las demandas de amparo firmadas autógrafamente por José Vicente Valdez Guerrero, Carlos Galindo Fregoso, Víctor Margarito Hernández Hernández, Jesús Antonio Serrano Martínez, Sebastián Torres Valdez, Víctor Jesús Núñez Camacho y Rodolfo Adrián Rivera García, contra actos de ******************** ********************, Presidente y Secretario del Consejo Directivo del ********************, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: REGISTRO DE LAS DEMANDAS. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquense con los números 159/2023 al 165/2023. ACUMULACIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Ahora bien, en consideración a que los escritos constitucionales fueron promovidos por distintos quejosos, pero igual planeamiento de reclamo, consistente en la suspensión de sus derechos como socios del ********************, por el incumplimiento a la cláusula vigésima de los estatutos vigentes de dicha asociación; en contra de las mismas autoridades responsables, a saber, ******************** ********************, Presidente y Secretario del Consejo Directivo del ********************. Con fundamento en lo establecido en los preceptos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66 de este último ordenamiento, de oficio se ordena tramitar y resolver de plano la acumulación de los sumarios 160/2023, 161/2023, 162/2023, 164/2023 y 165/2023 del índice de este juzgado al diverso 159/2023 en que se actúa, en aras de los principios de economía y celeridad procesal, así como de administración de justicia en forma pronta e incluso por seguridad jurídica, a fin de evitar el dictado resoluciones contradictorias. Surte puntual aplicación la jurisprudencia 24/2015, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 22, tomo I, septiembre de 2015, página 19. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En la especie, como se anticipó, los quejosos señalan como acto reclamado la suspensión de sus derechos como socios del ********************, por el incumplimiento a la cláusula vigésima de los estatutos vigentes de dicha asociación; en contra de las mismas autoridades responsables, a saber, ******************** ********************, Presidente y Secretario del Consejo Directivo del ********************. En tales condiciones, una vez examinados los actos concretos por lo que se dice afectada la parte quejosa y los antecedentes plasmados en los escritos de cuenta, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5° fracción II, de la Ley de Amparo. De una interpretación armónica de los numerales en comento, se aprecia que amplían el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues equipara a los particulares como autoridades, cuando éstos realizan actos en los que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que afecten derechos cuando su actuar esté determinado en una norma general. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", ha señalado que las circunstancias que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise el consenso de la voluntad del gobernado. En ese contexto, los actos reclamados a ******************** ********************, Presidente y Secretario del Consejo Directivo del ********************, consistentes en la suspensión de los derechos de cada quejoso como socios del ********************, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, conviene traer a colación el contenido de los artículos 2552 a 2556 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, que disponen: "Artículo 2552.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Artículo 2553.- El contrato por el que se constituya una asociación, debe constar por escrito. Artículo 2554.- La asociación puede admitir y excluir asociados. Artículo 2555.- Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. Artículo 2556.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a esos documentos." De lo antes transcrito, en lo que interesa, se colige que cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Que las asociaciones se regirán por sus propios estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra terceros. Que el poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a estos documentos. De lo anterior, se advierte que ********************, se rige fundamentalmente por sus estatutos, los que no constituyen una norma general y de orden público, que pongan a esa institución en un plano de supra a subordinación respecto de los peticionarios del amparo. Conviene además, partir de la definición doctrinal de lo que es una norma general, para finalmente determinar si los estatutos de la persona moral ********************, pueden o no tener el carácter de una norma general. La doctrina ha establecido que las Leyes o Normas Jurídicas, son aquellas disposiciones que emanan del poder público, y que se encuentran constituidas por dos elementos: el material (contenido) y el formal (manera en que se creó). Es de apuntarse, que dentro de sus elementos materiales, existen tres que hacen que las normas jurídicas o leyes, se distingan de cualquier otra disposición que norme o regule una conducta o actividad humana, a saber: su obligatoriedad, su generalidad y su carácter abstracto e impersonal. Hasta aquí, se puede concluir, que las normas jurídicas o leyes, se distinguen de otras por su origen, al surgir del poder público del Estado Mexicano, y por sus características inherentes como son su observancia obligatoria (obligatoriedad) para todas aquellas personas (generalidad) que se encuentren dentro del supuesto material de ésta (abstracción). Lo anterior, pone en evidencia que ********************, actúa con base en sus propias disposiciones internas, las cuales rigen únicamente a aquellos individuos [socios o miembros] que tienen [por voluntad propia] el carácter de afiliados o asociados, y que a partir de la aplicación de sus estatutos crea, modifica o extingue, por sí mismo y para sus integrantes, situaciones de derecho, que afectan únicamente el ámbito interno que rige las relaciones o vínculos existentes entre la institución y sus afiliados o asociados, hechos y actos jurídicos que ocurren en la esfera del derecho privado, dentro de una relación lineal o de coordinación entre la institución y sus miembros. Ello es así, ya que la suspensión de sus derechos como socios, se fundamenta en la cláusula vigésima de sus estatutos, que precisa lo siguiente: "Ningún asociado tendrá derecho a establecer demanda o procedimiento judicial contra el Consejo Directivo o cualesquiera de sus miembros, por responsabilidad en el desempeño de sus cargos. Tales demandas solo podrán entablarse previo acuerdo de la asamblea general, por la persona que esta designe." En tales términos, resulta claro que los actos que se reclaman a las autoridades Presidente y Secretario de ******************** relativos a la prohibición de acceso a las instalaciones de la moral y a participar en las convocatorias para las elecciones de consejos directivos y en asambleas ordinarias y extraordinarias, no se despliegan a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general, por lo cual no puede estimarse que la nombrada asociación civil sea autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque la relación que entabla con sus afiliados y/o socios, no denota una característica de supra a subordinación. De conformidad con lo antes expuesto, se tiene entonces, que la relación que guardan los quejosos y ********************, no denota el ejercicio directo de atribuciones legalmente conferidas por una norma jurídica, emitida por el poder público del Estado, que tenga el carácter de ser general, obligatoria y abstracta; esto es, en los actos reclamados concretamente por ella, la nombrada institución señalada como responsable no ejerció facultades de imperio que le hubieran sido dotadas por una norma general de orden público, sino que su relación jurídica es contractual, derivada específicamente del contrato de asociación, que de conformidad con el artículo 2552 del Código Civil en el Estado de Sinaloa, es la reunión de varios individuos, que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Se reitera, los aludidos estatutos no son norma general de orden público, porque no tienen su origen o formación dentro del poder público del Estado (aspecto formal de una norma), sino que forman parte del derecho privado. Surgen a la vida como asociación a través de la celebración de un contrato privado entre varios individuos, quienes convienen reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común y lícito, que no tengan un carácter preponderantemente económico; contrato que debe ser elevado a escritura pública y registrado para surtir efectos contra terceros, siendo que a partir de ese momento, los adherentes a los estatutos obtienen el carácter de asociados y tienen facultades de admitir o excluir a más socios, circunstancia que se encuentra regulada propiamente, como actos del derecho privado, por los artículos 2552 al 2555 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Lo anterior evidencia que se está en presencia de una relación de coordinación, de igualdad entre asociación y asociados. De manera que si la relación contractual que une a las partes es indicativa de coordinación e igualdad; de que el ente es particular y que lo que se pretende con la petición de la asociada es la suspensión en sus derechos como socios (acceder a las instalaciones de la asociación), es manifiesto que no se está ante un acto de autoridad. No pasa inadvertido por el que esto resuelve el criterio jurisprudencial 2a./J. 54/2012 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la SCJN, Registro: 2001071, cuyo rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Sin embargo, quien esto atiende considera que en casos excepcionales el citado auto inicial puede constituir la actuación procesal oportuna para determinar que una asociación civil señalada como responsable, a quien se imputa la determinación de suspender provisionalmente los derechos de los asociados, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, y se tiene la certeza y plena convicción de que se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en consecuencia, procede desechar la demanda, como en el caso acontece. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial PC.IV.A. J/45 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Por ende, no le recae a ******************** ********************, Presidente y Secretario del Consejo Directivo del ********************, el carácter de autoridades responsables ya que de conformidad con el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; por lo que su actuación no está regulada en ninguna ley, ni existe una relación de supra a subordinación, sino que su interactuación con los quejosos lo es al amparo de la libre autodeterminación de su voluntad. DESECHAMIENTO. En las condiciones apuntadas, procede DESECHAR LAS DEMANDAS DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, relacionada con los ordinales 1° y 5°, fracción II, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************de esta ciudad; y por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, quien tiene su cédula profesional ********************autorizada en el Registro Único de Profesionales de Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por no contar con el anotado registro. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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