José Vicente Uscanga Cueto

Expediente 1098/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1098/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • José Vicente Uscanga Cueto

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el pasado nueve de noviembre feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de diecisiete de octubre actual que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte promovente el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por José Vicente Uscanga Cueto, contra actos del 1. Comandante de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese y regístrese el expediente correspondiente con el número de juicio de amparo 1098/2023, y provéase lo conducente. Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto y constancias, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, al haber realizado la parte aquí quejosa una manifestación de voluntad que conlleva al consentimiento de los actos que ahora pretende impugnar, consistentes en: ".DE LA GUARDIA NACIONAL, RECLAMO LA SUSPENSIÓN DE OFICIO NÚMERO GN/SPAyL/M.M.N/1909/2023, POR LO CUAL AL HOY QUEJOSO C. USCANGA CUETO JOSÉ VICENTE, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 56587, SE ME COMUNICA CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, POR LO QUE ME DEBO DE PRESENTAR DE MANERA INMEDIATA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PROCESAL, CASA DE LA MONEDA, NÚMERO 198, COLONIA LOMA HERMOSA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C. P. 11250, EN LA CIDUAD DE MÉXICO, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023. 2.- DEL GENERAL MTRO. CRUZ ISAAC MUÑOZ NAVARRO, RECLAMO LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO GN/UOEC/DGSCI/5908/2023, POR LO CUAL AL HOY QUEJOSO C. USCANGA CUETO JOSÉ VICENTE, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 56587, QUE CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, POR LO QUE ME DEBO DE PRESENTAR DE MANERA INMEDIATA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PROCESAL, CASA DE LA MONEDA, NÚMERO 198, COLONIA LOMA HERMOSA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11250, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN AQUELLA FECHA. 3.- DEL comisario mí mando encargado de la Estación CON DOMICILIO San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la Dirección General de Seguridad en Carreteras, RECLAMO QUE PRETENDE EJECUTAR EL OFICIO NÚMERO GN/OUEC/DGSCI/5908/2023." El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Así es, dicha causal atiende al principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento para efectos de la improcedencia del juicio de amparo debe entenderse como la manifestación de la voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos el acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer de su propia conducta o expresión de voluntad. Entonces, para estimar actualizada esa causal se requiere que el acto exista y sea agraviante del quejoso, que haya tenido conocimiento de él sin deducir dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad; esto es, realice una conducta espontánea que revele su conformidad de someterse a los efectos de dicha determinación. Es aplicable la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En el caso particular, de la certificación secretarial de cuenta, se destaca que dentro del este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 353/2023 promovido por José Vicente Uscanga Cueto, contra actos del 1. Comandante de la Guardia Nacional, de la 2. Dirección General de Seguridad Procesal de la Guardia Nacional, ambas con sede en la Ciudad de México, y el 3. General Maestro Cruz Isaac Muñoz Navarro, Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el cual mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia, con motivo del desistimiento realizado por el mencionado quejoso, en virtud de así creerlo necesario para sus intereses. Y del cual se aprecia que se reclamó lo siguiente: EL OFICIO NÚMERO GN/SPAyL/M.M.N./1909/2023, EN EL CUAL SE LE COMUNICA AL HOY QUEJOSO QUE EL VEINTE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE BATALLÓN DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTANCIAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PROCESAL, CASA DE LA MONEDA NÚMERO CIENTO NOVENTA Y OCHO, COLONIA LOMA HERMOSA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO GN/UOEC/DGSCI/5908/2023. Actos, respecto de los cuales la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que: "Con fecha 20 de abril del año 2023, se me notificó el oficio número GN/UOEC/DGSCI/5908/2023, por el cual se me notificaba el cambio de adscripción a partir del día 21 de abril del año en curso". (sic) De lo anterior es dable concluir que si el quejoso, por voluntad expresa desistió del diverso juicio de amparo 353/2023 del índice de este Juzgado de Distrito, lo que motivó que el siete de agosto de dos mil veintitrés, se decretara el sobreseimiento fuera de audiencia de dicho juicio, el que mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, causó estado (juicio en el que reclamó los mismos actos y contra las mismas autoridades responsables que el de origen del presente); ello implicó el desistimiento de la acción para impugnar los mismos actos, lo que supone el consentimiento expreso de los actos hoy reclamados, pues no debe perderse de vista que el efecto del desistimiento del quejoso (sobreseimiento en el juicio) entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados en el medio constitucional de que se trata, por tanto, el juicio de amparo promovido contra los mismos actos reclamados y las mismas autoridades, del cual deriva el presente asunto, con independencia, de que ahora manifiesta que tuvo conocimiento de los mismos, con motivo de la notificación practicada el dos de agosto de los corrientes; resulta notoriamente improcedente; pues resulta indiscutible, que los oficios que ahora reclama fueron hechos de su conocimiento en la fecha en que indicó bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo con que se formó el juicio de amparo 353/2023, esto es, el veinte de abril de dos mil veintitrés. Por lo que si el primer juicio promovido respecto de los actos reclamados que se analizan, fue el número 353/2023, es dable concluir que al haberse desistido del mismo, entendiéndose que dicho desistimiento implicó no solo el desistimiento de la demanda de amparo, sino el desistimiento de la acción en él intentada, el segundo juicio deviene improcedente, pues su voluntad en ese sentido implicó el desistimiento de la acción en amparo contra los actos reclamados en el juicio de amparo del que se desistió, y por tanto, el consentimiento de los mismos para los subsecuentes medios de defensa. Corroboran lo anterior las consideraciones expuestas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 302/1991, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 3/96 de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS", que al efecto dejó establecido lo siguiente: "QUINTO. Establecida la existencia del conflicto de criterios, para delimitar su materia debe tenerse en consideración que los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron la actualización de distintas causas de improcedencia, puesto que uno de ellos examinó la relativa a la existencia de cosa juzgada y el otro la relativa al consentimiento expreso de los actos reclamados, contenidas respectivamente en las fracciones IV y XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Además de lo anterior, debe advertirse que el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al examinar la causa de improcedencia prevista por la fracción IV del precepto señalado, sólo se pronunció sobre el requisito para que opere esa causal, relativo al pronunciamiento de fondo en el primer juicio, partiendo implícitamente de la base de que se trata del mismo acto reclamado; es decir, no analizó expresamente el diverso requisito para que se actualicen los supuestos de esa causa de improcedencia y que la labor jurisprudencial de la Suprema Corte ha definido, como el relativo a que se trate en ambos casos de las mismas autoridades. También debe considerarse que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sólo tomó en cuenta para resolver, la circunstancia de que se trataba del mismo acto reclamado, esto es, no examinó si se trataba en ambos juicios de las mismas autoridades, porque atendió a los elementos que requiere la actualización de los supuestos de la causa de improcedencia que consideró procedente, es decir, la relativa al consentimiento de los actos reclamados, que es independiente del señalamiento de las autoridades. Otro elemento importante que se pone de manifiesto en las resoluciones de los Tribunales Colegiados y que es relevante para el estudio relativo, es que se trata en ambos casos de desistimientos formulados, uno ante el juez de Distrito que conocía del juicio de amparo indirecto, y el otro ante el Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo; o sea que se trata de un desistimiento de la demanda y no del desistimiento del recurso de revisión. Por tanto, la contradicción de tesis se delimita en establecer los efectos que produce el desistimiento en un juicio de amparo, respecto de un diverso juicio de esa naturaleza, intentado posteriormente por el mismo quejoso y en contra de los mismos actos reclamados. Desde luego, la anterior delimitación no implica que no pueda realizarse un pronunciamiento sobre las dos causas de improcedencia que tomaron en consideración los tribunales al resolver. Por lo contrario, sentadas las bases de los efectos que produce el desistimiento del quejoso en el juicio de amparo primeramente intentado, se podrá advertir la aplicabilidad de las causas de improcedencia a que se refirieron los órganos colegiados. SEXTO. Bajo esas premisas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer el criterio que se sustenta en esta resolución. Para el efecto de establecer la tesis que debe prevalecer es condición indispensable referirse al desistimiento en el juicio de amparo. Dentro de la doctrina procesal el desistimiento ha sido considerado como la abdicación al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho; y se ha examinado distinguiendo entre el desistimiento de la acción, de la instancia o del derecho. Uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo, es el contenido en la fracción I del artículo 107 constitucional y en la fracción IV del artículo 4 de su ley reglamentaria, en el sentido de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que, generalmente, sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Por tanto, si el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda abdicar de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto; y esto ha sido reconocido en la ley, pues el numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda. Ese precepto dispone: "Artículo 74. Procede el sobreseimiento: "I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda;" El desistimiento que contempla la fracción I del artículo 74 transcrita, constituye una abdicación o renuncia a la potestad o derecho del sujeto, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implica, por tanto, un desistimiento de la acción, como ha sido reconocido dentro de la doctrina del juicio de amparo. El desistimiento del quejoso da origen al sobreseimiento en el juicio y los efectos de éste, según lo ha señalado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consisten en poner fin al juicio sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, dejando las cosas tal como se encontraban al momento de promoverse la demanda. Así lo señala la jurisprudencia mil setecientos noventa y ocho del alto tribunal, publicada en la página dos mil ochocientos noventa y seis, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, la que señala: "1798. SOBRESEIMIENTO. El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones. "Quinta Época: "Tomo V, pág. 40. Mendoza N. Miguel. "Tomo X, pág. 517. Saldaña Aurelio. "Tomo XII, pág. 735. Pozada Faces María del. "Tomo XXVIII, pág. 1013. Roix Pedro. "Tomo LIV, pág. 148. Urdapilleta José." Por ende, la manifestación de voluntad del quejoso externada de modo fehaciente, constituye la renuncia o abdicación del derecho a que el órgano de control despliegue su actividad para, eventualmente, proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, lo que para los efectos del juicio de amparo constituye un consentimiento expreso de dicho acto, puesto que su consecuencia, que es el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar en el sentido dado al acto reclamado, independientemente de que esto sea o no conforme con sus atribuciones, esto último porque precisamente la renuncia del quejoso impide, en su caso concreto, el análisis de si la actividad desarrollada por la autoridad es o no acorde con sus facultades y obligaciones. Es pertinente señalar, que lo determinante para concluir que el desistimiento del quejoso implica el consentimiento del acto reclamado, no lo es la circunstancia de que el juicio de amparo deba promoverse en los términos previstos por la ley, pues existen supuestos en los que ese medio de defensa puede intentarse en cualquier tiempo, como se sigue de lo dispuesto por los artículos 22, fracción II, primer párrafo, y 217 de la Ley de Amparo, los que señalan: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: "II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales." "Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal." Lo anterior se explica porque el desistimiento formulado por el quejoso, supone tanto el conocimiento del acto reclamado, como que su instancia ya puso en movimiento al órgano jurisdiccional. De tal manera, el hecho de que el enjuiciante esté en condiciones de promover en cualquier tiempo el juicio de amparo, no implica que no pueda surtir efectos el desistimiento formulado en un primer juicio, pues esa manifestación de voluntad constituye, como se dijo, una aceptación del acto reclamado que no puede ser ignorada por el órgano jurisdiccional de control. Sostener la hipótesis contraria, es decir, que en los casos en que el quejoso puede promover en cualquier tiempo el juicio de amparo, no surte efectos el desistimiento en un juicio anterior, en contra de los mismos actos reclamados, sólo conduciría a la inseguridad jurídica, pues quedaría a la voluntad de aquél la promoción de dos o más juicios de amparo en contra de un mismo acto, como lo señaló el Segundo Tribunal Colegiado. Así, el hecho de que la Ley de Amparo permita la promoción de la demanda de amparo en cualquier tiempo, en determinadas hipótesis que operan como excepción a la regla general, tiene como un propósito evidente, garantizar al gobernado el acceso a la Justicia Federal en casos particularmente graves o que pueden ser susceptibles de causar un perjuicio a sujetos para los que el orden constitucional ha dispuesto una tutela especial. Pero la excepción a la regla general de que el amparo debe ser promovido dentro de los términos fijados por la ley, no implica que ese medio de defensa pueda ser promovido, respecto de los mismos actos reclamados, en tantas ocasiones como lo desee el quejoso, pues su instancia se encuentra sujeta a requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio válido de la acción; es decir, una cosa es que el amparo, en determinados casos, pueda ser promovido en cualquier tiempo y otra, muy diferente, es que ese medio de defensa pueda ser promovido tantas veces como lo pretenda el quejoso, en contra de los mismos actos reclamados. Por ende, si en la hipótesis de la contradicción, el quejoso promovió un juicio de amparo en contra de determinado acto reclamado, y luego desistió de dicho juicio, su manifestación de voluntad entraña el consentimiento expreso del acto reclamado, ya que las cosas quedan en el mismo estado en el que se encontraban antes de promoverse la demanda, por virtud del sobreseimiento que resulta como consecuencia de la renuncia del quejoso, al eventual análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Por consiguiente, si bajo la anterior hipótesis el mismo quejoso promueve un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados, es obvio que la procedibilidad de su acción quedará determinada por el consentimiento expreso, previamente generado por el desistimiento formulado en el primer juicio, lo que acarreará la improcedencia del segundo. Establecida esa conclusión ahora corresponde determinar cuál es la causa de improcedencia que se actualiza en relación con el diverso juicio promovido por el mismo quejoso y respecto del mismo acto reclamado. Si ya se ha señalado que el desistimiento del quejoso entraña el consentimiento expreso de los actos reclamados, esa sola condición actualiza el supuesto previsto por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que señala: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: "XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" De tal manera, el diverso juicio promovido por el mismo quejoso y en contra de los mismos actos reclamados será improcedente por el consentimiento previo de aquéllos, configurado con el desistimiento formulado por el quejoso en un juicio de amparo anterior. En ese sentido, el consentimiento de los actos reclamados opera en el juicio con independencia de las razones que se hayan tenido en cuenta para el desistimiento, pues la consecuencia que éste produce, el sobreseimiento en el juicio, como se dijo, deja en libertad de actuación a las autoridades responsables, sin imponerles obligación alguna; y la ley no contempla o permite los desistimientos condicionados lo que, desde luego, es distinto de que esa renuncia pueda referirse sólo a parte de los actos reclamados cuando éstos son varios. Por ello, la razón no asiste al denunciante de la contradicción, cuando sostiene que el desistimiento en el primer juicio tuvo como propósito mejorar su defensa y que, en tal virtud, era procedente el segundo juicio, pues su manifestación de voluntad de renunciar al eventual análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, lleva implícito el consentimiento de los actos reclamados, pues no forma parte de su esfera de derechos el promover válidamente el juicio de amparo, en contra de los mismos actos, tantas veces como considere conveniente, supuesto que su acción está sujeta a la satisfacción de diversos requisitos de procedibilidad; y en el aspecto negativo de éstos, es decir, en las causas que hacen improcedente el juicio, se contemplan, entre otras, las relativas al consentimiento expreso o tácito de los actos reclamados las que, una vez demostradas, conducen al sobreseimiento. Por esas razones, como se indicó, en hipótesis como la señalada, el diverso juicio de amparo resulta improcedente por el consentimiento expreso de los actos reclamados. (.)" De donde se desprende que respecto de los efectos que produce el desistimiento del quejoso en un juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que no puede entenderse como un derecho del quejoso, el promover válidamente el juicio de amparo contra los mismos actos, tantas veces como considere conveniente, dado que su acción está sujeta a la satisfacción de diversos requisitos de procedibilidad; y su manifestación de voluntad al desistirse de un juicio de amparo, entraña el consentimiento expreso del acto reclamado y la renuncia al eventual análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Por tanto, tal y como lo señaló el Alto Tribunal, el desistimiento implica el consentimiento expreso del acto reclamado, aun en los supuestos en que el juicio de amparo pueda promoverse en cualquier tiempo; pues sostener la hipótesis contraria sólo conduciría a la inseguridad jurídica, quedando a la voluntad de quejoso la promoción de dos o más juicios de amparo en contra de un mismo acto. Así, debe entenderse que en cualquier caso, el desistimiento de un juicio de amparo implica el consentimiento expreso del acto reclamado, puesto que su consecuencia, que es el sobreseimiento en el juicio, implica la renuncia a la potestad o derecho del sujeto, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. De ahí que por efecto del desistimiento del juicio 353/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, el quejoso consintió expresamente los actos en él reclamados, por lo que al ser los mismos actos reclamados y las mismas autoridades la materia del juicio que nos ocupa, es dable concluir que el presente reclamo en la vía constitucional, resulta improcedente; por tanto, debe tenerse por actualizada la citada causa de improcedencia. Tienen aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 3/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." En otro orden de ideas, respecto de la autoridad y acto reclamado consistente en: De la Primera Sala Regional del Golfo, con sede en Xalapa, Veracruz. Acto reclamado: no administrar justicia en términos a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, no respetando los términos de Ley por lo que de igual forma lacera mi garantía de audiencia ordenada por el artículo 14 Constitucional. Actos que devienen del reclamo del quejoso, en el sentido de que el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés, solicitó a la Primera Sala Regional del Golfo, con sede en Xalapa, Veracruz, en los autos del expediente 1618/23-13-01-8, la certificación del término ordenado por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y turnar los autos para resolver, en relación al recurso de reclamación que interpuso contra el auto de siete de agosto del actual, que desechó la demanda administrativa; sin que a la fecha en que presentó su libelo de garantías que nos ocupa (trece de octubre de dos mil veintitrés) la responsable no ha resuelto dicho recurso, ni ordenado la suspensión hasta en tanto se resuelva el procedimiento judicial en cuestión. Al respecto, resulta improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con la diversa V -interpretada en sentido contrario- del diverso 107 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano respecto de dicho acto y autoridad. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El primero de los citados preceptos establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar, y en su caso tener por actualizada, alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. El segundo de los numerales reproducidos, sostiene que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos dictados dentro de juicio, sólo procede siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación, en, aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, nuestro más alto tribunal ha definido que para calificar a un acto como irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos con consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, esto es, debería recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, tiene sustento en las razones que informan el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En el caso concreto la parte promovente (actor dentro del juicio natural) señala como acto reclamado la no administración de justicia en términos a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, no respetando los términos de Ley por lo que de igual forma lacera mi garantía de audiencia ordenada por el artículo 14 Constitucional. Ya que manifiesta que el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés, solicitó la certificación del término ordenado por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que pasara los autos a dictar sentencia, lo anterior dentro del expediente 1618/23-13-01-8, del índice de la Primera Sala Regional del Golfo, con sede en Xalapa; lo cual, estima violatorio de su derecho a una administración de justicia pronta y expedita. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia del rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", el juicio de amparo indirecto será procedente si existe una omisión o falta de respuesta a una petición expresa dentro de juicio que implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; sin embargo, cuando dentro de un procedimiento jurisdiccional, un gobernado promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su conocimiento, el trámite no solamente se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, sino que debe estarse a los plazos y términos previstos por el legislador ordinario en la norma secundaria. Sirve de ilustración a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Atento a ello, y en el caso que nos acontece, el reclamo se da dentro de un procedimiento, como lo es el expediente 1618/23-13-01-8, del índice de la Primera Sala Regional del Golfo, con sede en Xalapa; por lo que no es dable considerar que hay una transgresión al derecho sustantivo de acceso a la justicia pronta y expedita, porque no se trata de una afectación autónoma respecto del procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en el propio contexto jurisdiccional, por lo que tiene un carácter adjetivo, el cual tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria. Lo antes expuesto, pone en relieve que la falta o negativa de acordar la solicitud formulada relacionada con la certificación que establece el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y turnar los autos para resolver sobre el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que desechó la demanda administrativa, lo anterior dentro del expediente 1618/23-13-01-8 del índice de la Primera Sala Regional del Golfo, con sede en Xalapa; no es de aquellos actos que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impida el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una violación de carácter adjetiva o procesal por tratarse del silencio por parte de la autoridad para emitir una determinación en relación con la solicitud planteada por el aquí quejoso dentro de un procedimiento. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado de la solicitud plantada, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una resolución favorable. Ello es así, ya que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis recién invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la dilación que se refiere la parte quejosa en su demanda de amparo; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la inacción por parte de la responsable dentro del plazo que la legislación aplicable establece para realizar el acuerdo de mérito. En segundo lugar es así, ya que la omisión combatida tampoco conlleva una dilación abierta en el procedimiento natural que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que para ello resulta conveniente citar el criterio de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de forma análoga resulta aplicable en el particular, en cuanto ha fijado un parámetro mínimo objetivo a fin de otorgar certeza jurídica a los justiciables, el cual permite definir cuándo una dilación procedimental, en materia administrativa, puede considerarse como una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización; situación que no se actualiza en el caso concreto, tal como se verá a continuación. Efectivamente, la Sala mencionada, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada, por ser también ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De dicha ejecutoria, emergió la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por todo lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio del Carmen Hernández Medina y a Jorge Alejandro Cuellar Tun, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para el efecto en el proemio de su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En atención a su contenido, y como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza la consulta vía internet, por conducto de la persona que cuente con el nombre de usuario LICGUILLEN26, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, dado que la parte promovente solicita ser notificada por vías remotas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones le sean realizadas vía electrónica a través de la cuenta de usuario antes citada. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por otra parte, no ha lugar a tener por designado el medio alternativo que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correo electrónico) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre de ese mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

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