José Vicente Estrada Hernández
Expediente 623/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 623/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/08/2023
Partes del expediente
- José Vicente Estrada Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en términos del artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es conservable, motivo por el cual deberá conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en lo ordenado en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General en cita, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es destruible, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula del incidente de suspensión la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 623/2023-F, promovido por José Vicente Estrada Hernández, contra actos del Juez Octavo de los Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en este órgano jurisdiccional, José Vicente Estrada Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades, que previa aclaración de su denominación, son los siguientes: Autoridades responsables Juez Octavo Civil, con residencia en esta ciudad. Actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad; y, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Actos reclamados "De la ordenadora, se reclama: 1.- La omisión de verificar el correcto emplazamiento a Juicio Sumario de Desahucio, sus efectos y todo lo actuado, del expediente número 94/2023 del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana, conforme a lo dispuesto por los artículos 117 y 477 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. 2.- La omisión de verificar el correcto desarrollo del procedimiento o subsecuentes notificaciones efectuadas por el personal actuante y la omisión de regularizar cualquier actuación irregular dentro del expediente número 94/2023 del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana. 3.- Cualquier auto, sentencia interlocutoria o sentencia definitiva dictada dentro de los autos del Juicio Sumario de Desahucio con número de expediente número 94/2023 del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana. 4.- La orden de ejecución sentencia definitiva o interlocutorias, así como cualquier orden de desposesión o lanzamiento, respecto del local comercial/cínica hospital ubicado en Avenida Ignacio Zaragoza, también conocida como Santa María, número 3292, colonia Cubillas, código postal 22045, de esta ciudad de Tijuana, emitida dentro del Juicio Sumario de Desahucio con número de expediente 94/2023 del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana. De la Ejecutora, se reclama: 1.- El emplazamiento a Juicio Sumario de Desahucio, ejecutado dentro del expediente número 94/2023 del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana, realizado al suscrito JOSÉ VICENTE ESTRADA HERNÁNDEZ. 2.- Cualquier notificación realizada al suscrito JOSÉ VICENTE ESTRADA HERNÁNDEZ, dentro de Juicio Civil de número 94/2023 del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana respecto de fecha de audiencias de conciliación, pruebas, alegatos, sentencia, ejecutorias, remates judiciales o cualquier otra resolución efectuada sin la presencia del suscrito. 3.- El cumplimiento o ejecución de la orden de desposesión, desalojo o lanzamiento respecto del local comercial/cínica hospital ubicado en Avenida Ignacio Zaragoza, también conocida como Santa María, número 3292, colonia Cubillas, código postal 22045, de esta ciudad de Tijuana, ejecutado dentro del expediente de número 94/2023 del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana. 4.- El embargo, secuestro, depósito ejecutado respecto de los bienes propiedad suscrito, JOSÉ VICENTE ESTRADA HERNÁNDEZ, que se encontraban dentro del local comercial/cínica hospital ubicado en Avenida Ignacio Zaragoza, también conocida como Santa María, número 3292, colonia Cubillas, código postal 22045, de esta ciudad de Tijuana." Segundo. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, en proveído de uno de junio de dos mil veintitrés admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, quienes lo rindieron oportunamente; se emplazó al tercero interesado Marte López Gómez, visible a fojas 89 y 90 de autos; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; en el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados son: La falta de emplazamiento al juicio sumario de arrendamiento 94/2023, del índice del Juzgado Octavo Civil del Partido Judicial de Tijuana y como consecuencia todo lo actuado. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa allegara medio probatorio idóneo y suficiente tendente a desvirtuar dicha negativa, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dichos informes. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando la autoridad responsable niega categóricamente el acto que se le imputa, en tal supuesto, el Juez no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado haga la autoridad responsable, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo cual, al no estar demostrado que con motivo de los hechos plasmados en el escrito de demanda, la autoridad responsable haya actuado en el juicio de origen; en consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Octavo Civil y Actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil, ambos con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que obran en el presente expediente, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Quinto. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo. Por razón de técnica jurídica y dada la estrecha vinculación que existe entre los motivos de inconformidad, éstos se analizarán de manera conjunta en términos del artículo 76 de la ley de la materia. Para una mejor compresión del asunto se citan los antecedentes que dieron origen al sumario en estudio: -En proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el Juez Octavo Civil de esta ciudad, admitió a trámite el juicio sumario de desahucio, interpuesto por José Ángel López Arrollo, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de Marte López Gómez, en contra de José Vicente Estrada Hernández, bajo el número de expediente 94/2023 de su índice, y ordenó al actuario procediera a requerir al demandado para que en el acto de la diligencia de emplazamiento justificara con el recibo respectivo estar al corriente en el pago de las rentas, y en caso de no hacerlo prevenirlo para que dentro del término de cuarenta días procediera a desocupar el inmueble arrendado, apercibiéndolo que de no hacerlo se procedería su lanzamiento, y se embargarían embargar bienes de su propiedad a fin de cubrir las pensiones insolutas. -En dos de febrero de dos mil veintitrés, la actuaria adscrita al Juzgado de origen llevó a cabo la diligencia encomendada, quien al no encontrar a persona alguna fijó en la puerta de accesos principal del domicilio de la parte demandada instructivo, dejando las copias de la demanda y sus anexos, así como la cédula de notificación con una vecina. -El veintitrés de febrero de ese mismo año, al no dar contestación José Vicente Estrada Hernández a la demanda interpuesta en su contra dentro del término concedido, se le declaró en rebeldía, y se le tuvo por confeso de los hechos propios contenidos en la demanda, además, se citó a las partes para oír sentencia definitiva. -En diez de marzo de dos mil veintitrés se dictó sentencia definitiva, en la que fue procedente la vía sumaria de desahucio, y se condenó a José Vicente Estrada Hernández, a la desocupación y entrega del local Comercial/Clínica Hospital ubicado en Avenida Ignacio Zaragoza, también conocido como Santa María, número 3292, colonia Cubillas, código postal 22045, en esta ciudad de Tijuana, asimismo, se condenó al demandado al pago de rentas vencidas respectivas. -El diez de abril de dos mil veintitrés causó ejecutoria el fallo definitivo dictado y el dieciocho de abril siguiente se llevó a cabo la diligencia de embargo. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte quejosa sostiene -en esencia- que se vulneró su derecho de audiencia, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, debido a que el emplazamiento realizado, no cumple con las formalidades de ley, ya que él se encontraba fuera de la ciudad al momento de dicha diligencia, por lo que no pudo haber sido emplazado legalmente conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles. Según se anticipó, los anteriores argumentos son infundados, ya que la diligencia de emplazamiento sí reúne los requisitos previstos el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Para avalar la postura que antecede, es oportuno establecer el marco normativo que regula el emplazamiento en materia civil, específicamente, tratándose de juicios sumarios de arrendamiento, como ocurre en el caso concreto, para lo cual se reproducen los artículos 476 y 477 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California (vigente al momento en que se llevó a cabo el emplazamiento de la quejosa), los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 476.- Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, dictará auto el Juez mandando requerir al inquilino, para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y no haciéndolo, se le prevenga que dentro de veinte días si la finca sirve para habitación; dentro de cuarenta días si sirve para giro mercantil o industrial, o dentro de noventa días si fuere rústica, proceda a desocuparla, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Si lo pidiere el actor, en el mismo auto, mandará que se embarguen y depositen bienes bastantes para cubrir las pensiones reclamadas. Mandará que en el mismo acto se le emplace para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, corriéndole traslado de la demanda, con la entrega de las copias de Ley. El emplazamiento en el juicio de desahucio solo se apegará a las reglas del artículo subsiguiente." Artículo 477.- Será domicilio legal para hacer el requerimiento y traslado a que se refiere el Artículo anterior, la finca o departamento de cuya desocupación se trate. La diligencia se entenderá con el demandado, o en su defecto con cualquier persona de su familia, domésticos o porteros, excepto si fueren empleados o dependientes del propietario. Si el local se encuentra cerrado, podrá entenderse con el agente de la policía o vecinos, fijándose en la puerta, además, en este último caso, un instructivo, haciendo saber el objeto de la diligencia. Si en el acto de la diligencia justificare el arrendatario, con los recibos correspondientes, haber hecho el pago de las pensiones reclamadas, o exhibiere su importe o copia sellada por un Juzgado de escritos de ofrecimiento de pago a los que hubiere acompañado los certificados de depósito respectivos, se suspenderá la diligencia, asentándose constancia de estas circunstancias en el acta y agregándose los justificantes que se presenten, para dar cuenta al Juzgado. Si se exhibiere el importe, se mandará entregar al actor sin más trámite y se dará por terminado el procedimiento. Si se exhibieren copias de escrito de ofrecimiento de pago, se pedirán los originales por oficio al juzgado en que se encuentren, así como los correspondientes certificados. Recibidos éstos se dará por pendientes certificados. Recibidos esto se dará por terminado el procedimiento y se entregarán los certificados al arrendador a cambio de los recibos correspondientes. En caso de presentarse recibos de pago, se mandará dar vista al actor por el término de tres días; si no los objeta, se dará por concluido el juicio; si los objeta, se citará para la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 480." De los preceptos legales transcritos, en lo que interesa, se desprende que la diligencia de emplazamiento en un juicio sumario de desahucio debe reunir los requisitos siguientes: 1. Debe hacerse en el domicilio que corresponda a la finca o departamento de cuya desocupación se trate. 2. La diligencia se entenderá con el demandado, o en su defecto, con cualquier persona de su familia, domésticos o porteros, excepto si fueren empleados o dependientes del propietario. 3. Se correrá traslado con la demanda y deberá hacerse la entrega de las copias de ley. 4. Si el local se encuentra cerrado, podrá entenderse con el agente de la policía o vecinos, fijándose en la puerta, además, en este último caso, un instructivo, haciendo saber el objeto de la diligencia. Ahora, en el caso concreto, se desprende que la diligencia de emplazamiento practicada, sí cumplió con los requisitos antes indicados. Para demostrar lo anterior, se reproduce la diligencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, así como el instructivo, los cuales son del tenor siguiente: "Expediente Número 0094/2023 Juicio: Sumario de Desahucio EMPLAZAMIENTO - - - Tijuana Baja California, siendo las once horas con cinco minutos del día dos de febrero del año dos mil veintitrés, la suscrita Secretaria Actuaria Licenciada YOLANDA MACÍAS HARO adscrita al JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL de este Partido Judicial, hago constar que en unión de la licenciada Ericka Maritza Quintana Manzo, en su carácter de abogada procuradora de la parte actora, con la personalidad acreditada en autos, a quien identifico ampliamente en virtud de anteriores diligencias practicadas, nos constituimos física y legalmente en el domicilio señalado en autos, ubicado en el Local Comercial localizado en Avenida Ignacio Zaragoza también conocida como Calle Santa María número 3292, de la Colonia Cubillas, Código Postal 22045, de esta ciudad, en busca de la parte demandada José Vicente Estrada Hernández, con la finalidad de cumplimentar en sus términos el auto de fecha veintitrés de enero del año dos mil veintitrés, y cerciorada la suscrita de ser este el domicilio correcto en el que se actúa, por así coincidir con los datos de la nomenclatura oficial visible del lugar, así como por habérmelo identificado plenamente la profesionista autorizada de la parte actora que me acompaña, haciendo constar la suscrita que se trata de un Local Comercial, y que después de tocar en la puerta de acceso principal del local en que se actúa en repetidas ocasiones y por espacio de quince minutos sin recibir respuesta de su interior, con fundamento en el artículo 477 del Código Procesal Civil, enseguida, la suscrita me constituyo física y legalmente en la casa habitación contigua de un nivel, de color chedron -sin numeración visible-, donde después de tocar por espacio de diez minutos y nadie atendió a mi llamado; enseguida la suscrita me traslade a la vivienda de enfrente, misma que corresponde a una casa habitación de un nivel color blanca, con cerco de rejas color blanco, identificada con el número 590, procediendo la suscrita a entender la diligencia ordenada con la vecina más próxima, que lo es su vecina de enfrente, que ocupa la casa habitación con el número 590, de la Avenida Ignacio Zaragoza también conocida como Calle Santa María, de la Colonia Cubillas, Código Postal 22045, de esta ciudad, misma vecina de nombre Martha Herroz, quien no cuenta con identificación oficial en este momento, por lo que la suscrita procedo a tomar su media filiación, siendo la siguiente: Ser del sexo femenino, de setenta años de edad aproximadamente, complexión robusta, tez blanca, cabello corto y entrecano, de un metro con sesenta y dos centímetros de estatura aproximadamente, cara redonda, ojos claros y grandes, sin ninguna seña particular visible, quien manifiesta que sí conoce a la parte demandada de referencia, ya que es su vecino de enfrente, que ocupa el Local Comercial, y a quien le hago saber el motivo de la diligencia, por lo que por su conducto LE NOTIFICO y LE HAGO SABER a la parte demandada José Vicente Estrada Hernández, el proveído de fecha veintitrés de enero del año dos mil veintitrés, y en este acto REQUIERO a la parte demandada por el conducto habido, para que justifique con los recibos correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y en caso de no hacerlo se le previene para dentro del término del CUARENTA DÍAS proceda a desocupar el inmueble arrendado, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Enseguida la parte ACTORA, por conducto de su autorizada manifiesta que ella no puede justificar nada, puesto que no es la parte demandada. Por lo que, en virtud de que la diligencia se está llevando a cabo con un vecino y no se tienen a la vista bienes propiedad de la parte demandada, la profesionista precitada manifiesta que por así convenir a los intereses de su representada en este acto, se reserva el derecho de señalar bienes para embargo propiedad de la parte demandada, para hacerlo con posterioridad. Enseguida, con la entrega de las copias simples completas de la demanda, anexos debidamente sellados y cotejados, mismos que consisten en: Demanda; Escritura pública número 71746, volumen 2438, de fecha 06 de enero de 2023, pasada ante la fe del Notario Público Número Nueve; contrato de arrendamiento de fecha primero de marzo del 2018; y cédula de notificación, con los cuales le CORRO TRASLADO y EMPLAZO a la parte demandada de referencia, para que dentro del término de CINCO DÍAS ocurra ante el Juzgado de mi adscripción a oponer excepciones que tuviere, apercibido que de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía. Por último de conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política de Estado de Baja California, con relación a los artículos 1, 3, 6, 12 y demás relativos de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado de Baja California, así como a lo que disponen los preceptos 37, 38, 39, 40 y 41 de Reglamento para el Acceso a la información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, que establecen los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública de Poder Judicial del Estado de Baja California, la sentencia definitiva que en su momento procesal se dicte en el a c presente asunto y que haya causado estado o ejecutoria, deberá estar a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información correspondiente, se hace saber a las partes el derecho que les asiste y que deberán hacer valer hasta antes de que se dicte el fallo, para que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación correspondiente, en la inteligencia que aun en caso de no hacer señalamiento alguno, se suprimirá los datos personales de la Promovente, salvo su nombre en la medida en que no se impida conocer el expediente de cualquier materia, que por disposición legal o dada su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal, o causar un daño irreparable, y en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano administrativo o jurisdiccional respectivo. En el entendido que constituyen información reservada los hipotéticos a que refieren los párrafos segundo, tercero, quinto y sexto del artículo 37 del Reglamento antes referido. Enseguida la vecina de referencia y con quien la suscrita entiendo la presente diligencia, manifiesta que queda enterada en todos sus términos del auto en comento, que recibe las copias completas de la demanda, anexos del traslado y cédula de notificación, debidamente selladas y cotejadas, prometiendo entregar a la parte demandada de referencia y hacerle saber su contenido, manifestando que no desea firmar de recibido en el duplicado de la misma por no considerarlo necesario. Enseguida la suscrita procedo a fijar en la puerta de acceso principal del domicilio de la parte demandada el INSTRUCTIVO RESPECTIVO, haciéndole saber a la parte demandada precitada que las copias de la demanda y sus anexos, así como la Cédula de Notificación, las tiene su vecina de referencia, para que los recoja cuando llegue, con lo anterior, doy por terminada la presente diligencia lo que se asienta para constancia de Ley.- DOY FE. - La Secretaria Actuaria Adscrita al JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL: Lic. Yolanda Macías Haro " De la reproducción que antecede, se obtiene que la Actuaria responsable hizo constar que a las once horas con cinco minutos del dos de febrero de dos mil veintitrés, se constituyó en el domicilio ubicado en local comercial localizado en Avenida Ignacio Zaragoza también conocida como calle Santa María número 3292, de la Colonia Cubillas, Código Postal 22045, de esta ciudad, cerciorada de estar en el lugar correcto por así coincidir con los datos de la nomenclatura oficial visible del lugar y por habérselo identificado plenamente la profesionista autorizada de la parte actora que la acompañaba. Por tanto, procedió a tocar en la puerta de acceso principal del local en que se actuaba sin recibir respuesta, enseguida, se constituyó en la casa habitación contigua sin que nadie atendiera a su llamado, por lo que procedió a trasladarse a la vivienda de enfrente, siendo esta la casa habitación con el número 590, de la Avenida Ignacio Zaragoza también conocida como Calle Santa María, de la Colonia Cubillas, Código Postal 22045, identificada con el número 590, en donde fue atendida por la vecina Martha Herroz, quien manifestó que sí conocía al demandado ya que es su vecino de enfrente que ocupa el local comercial, por lo que procedió atender la diligencia con la antes citada y emplazó por su conducto al demandado aquí quejoso, corriéndole traslado con la cedula de notificación y copia sellada y cotejada de la demanda, así como de sus anexos, los cuales se describieron en la razón correspondiente, asimismo, le informó el plazo con el que contaba para dar contestación a la demanda relativa. Finalmente, procedió a fijar en la puerta de acceso principal del domicilio de la parte demandada el instructivo en el que se hizo saber el objeto de la diligencia, asimismo, por ese conducto le hizo saber que la cédula de notificación, copias de la demanda, y anexos, le fueron entregados a la vecina con quien se atendió la diligencia. Lo anterior permite concluir que -como se anticipó- se cumplieron los requisitos establecidos en la legislación aplicable, por lo siguiente: a. La Actuaria se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora y en el que se ubica el inmueble materia de arrendamiento -circunstancia que no fue controvertida en este juicio de amparo- se cercioró de ser el lugar correcto por los señalamientos que tuvo a la vista y por habérselo identificado plenamente la profesionista autorizada de la parte actora. b. La Notificadora entendió la diligencia con una vecina del bien objeto del juicio, a quien le entregó la cédula que contenía el acuerdo a notificar, así como copia sellada y cotejada de la demanda y sus anexos, los cuales se describieron en la razón correspondiente. c. La Actuaria fijó instructivo en la puerta de acceso principal del domicilio de la parte demandada en el que se hizo saber el objeto de la diligencia. Como se ve, la Actuaria responsable llevó a cabo la diligencia conforme a los lineamientos fijados en el Código de Procedimientos Civiles de Baja California. Por lo que, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la diligencia de emplazamiento analizada no contraviene el principio de legalidad por haberse llevado a cabo a pesar de que éste no se encontraba en la ciudad, ya que el artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles de Baja California, prevé que en caso de que el local se encuentre cerrado, la diligencia podrá entenderse con el agente de la policía o vecinos, siempre y cuando se deje en la puerta el instructivo a que alude el citado artículo, como sucedió en el caso, toda vez que se parte de la premisa de que como el demandado está usando el inmueble, necesariamente tendrá conocimiento de la notificación que se le deje en ese lugar. Luego, si en el caso concreto, no existe controversia en cuanto a que el inmueble descrito en el contrato de arrendamiento es el ubicado en la calle local comercial localizado en Avenida Ignacio Zaragoza también conocida como calle Santa María número 3292, de la Colonia Cubillas, Código Postal 22045, de esta ciudad, domicilio en el que se constituyó la Actuaria responsable, y fijó en la puerta de acceso principal el instructivo en el que se hizo saber el objeto de la diligencia, es claro que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 477 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Por tanto, resulta inconcuso que la diligencia de emplazamiento cumple con los requisitos de la legislación procesal civil del Estado, de ahí, lo infundado de los conceptos de violación relativos. En tales condiciones, ante la ineficacia de los motivos de inconformidad lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que deberá hacerse extensiva respecto de los actos atribuidos a la Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad, al no reclamarse su actuar por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sexto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Vicente Estrada Hernández, contra actos de la autoridad responsable señalada en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo considerando. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a José Vicente Estrada Hernández, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de ésta sentencia. Tercero. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, hoy cuatro de agosto de dos mil veintitrés, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, quien actúa ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que ******************** sí cuenta con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en atención a la solicitud de la parte quejosa en el escrito de cuenta; téngase como autorizado al citado profesionista en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y expídase a su favor la copia simple del proveído que refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, quien actúa ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Tijuana, Baja California, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que feneció el término de quince días otorgado a la parte quejosa mediante auto de veintitrés de junio del año en curso, a efecto de que ampliara su demanda, toda vez que fue notificada por lista el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, surtiendo efectos al día siguiente, transcurriendo dicho plazo del tres al veintiuno de julio de la presente anualidad, con la exclusión de los correspondientes días inhábiles. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111, aplicado a contrario sensu y 114 ambos de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, por lo que se continuará con la tramitación del juicio en que se actúa, en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese.
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