José Vicente De Paul Sánchez Aguilar
Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/06/2021
Partes del expediente
- José Vicente De Paul Sánchez Aguilar
- José Vicente De Paul Sánchez Aguilar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Declaración de estado. Ha causado estado el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo de asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se sobreseyó fuera de audiencia. Valoración. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo General. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, exceso o defecto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio con anexo del Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Téngasele remitiendo en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiocho de abril del presente año, copia certificada de la determinación de treinta de abril de dos mil veintiuno dictada en el juicio... de su índice; así como de la constancia de notificación respectiva a la parte actora. Dígase a la autoridad oficiante que se deja sin efecto el apercibimiento de multa decretado en el auto al que da contestación. Ahora, de dicha determinación se desprende, en su parte conducente, que tuvo a la actora..., aquí tercera interesada desistiéndose de la instancia y de la acción ejercitada en ese juicio, en contra del demandado, aquí quejoso,...; en consecuencia se provee: Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo . Al interpretar dicha causa de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En principio es importante destacar que siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de esas prerrogativas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Asimismo, de entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se pretende controvertir, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de que se concluyera que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a los quejosos en el goce de los derechos que se estimen violados o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En el caso, el acto reclamado consiste en la falta de emplazamiento del quejoso... al juicio sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento, pago de rentas y demás prestaciones mercantil..., del índice de la responsable. Ahora, de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado; al oficio recibido mediante auto de veintiocho de abril del presente año, registrado con el número 6129; así como del oficio de cuenta, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2o, se advierte: 1. Que en auto de doce de febrero del presente año, ordenó la reposición del procedimiento por lo que hace a..., aquí quejoso, ordenó girar los oficios respectivos para citarlo y señaló las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de este año, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de conciliación entre las partes. 2. Que mediante diligencia de doce de marzo de este año, tuvo entre otras cosas, a la actora..., ratificando el escrito de once de marzo del presente año, en el que se desistió de la instancia y de la acción en contra del demandado,..., por lo que se ordenó turnar los autos para el acuerdo respectivo. 3. Que mediante determinación de treinta de abril de dos mil veintiuno, tuvo a la actora la actora..., desistiéndose de la instancia y de la acción ejercitada en ese juicio, en contra del demandado... por haber alcanzado el objetivo perseguido en ese juicio. Lo anterior, hace evidente que al haber tenido a la actora..., mediante resolución de treinta de abril de este año desistiéndose de la instancia y de la acción ejercitada en ese juicio, en contra del demandado..., aquí quejoso, por haberse alcanzado el objetivo perseguido en ese juicio. De ahí que, aun cuando llegara a concluirse que la falta de emplazamiento del aquí quejoso al juicio de origen es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Se afirma lo anterior, en razón de que si bien subsiste el acto atribuido al Juez responsable, pues dentro de las constancias remitidas por éste como sustento a sus actos no se advierte que el aquí quejoso haya sido emplazado al juicio natural, también lo es que dicha omisión ya no tendrá efectos legales o materiales que surtir, toda vez que aun en el supuesto de que se estableciera que el acto es constitucional o no, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria que se llegase a dar, toda vez que los efectos del acto reclamado no se concretarán, pues la actora del juicio se desistió de la instancia y de la acción promovida en contra... Así, para que el juicio de amparo sea procedente, además que el acto reclamado subsista, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica de los quejosos; esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituirle en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ninguna consecuencia jurídica. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. Se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, y una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese, y personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSE VICENTE DE PAUL SANCHEZ AGUILAR EL AUTO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio con anexo del Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Téngasele remitiendo en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiocho de abril del presente año, copia certificada de la determinación de treinta de abril de dos mil veintiuno dictada en el juicio... de su índice; así como de la constancia de notificación respectiva a la parte actora. Dígase a la autoridad oficiante que se deja sin efecto el apercibimiento de multa decretado en el auto al que da contestación. Ahora, de dicha determinación se desprende, en su parte conducente, que tuvo a la actora..., aquí tercera interesada desistiéndose de la instancia y de la acción ejercitada en ese juicio, en contra del demandado, aquí quejoso,...; en consecuencia se provee: Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo . Al interpretar dicha causa de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En principio es importante destacar que siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de esas prerrogativas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Asimismo, de entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se pretende controvertir, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de que se concluyera que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a los quejosos en el goce de los derechos que se estimen violados o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En el caso, el acto reclamado consiste en la falta de emplazamiento del quejoso... al juicio sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento, pago de rentas y demás prestaciones mercantil..., del índice de la responsable. Ahora, de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado; al oficio recibido mediante auto de veintiocho de abril del presente año, registrado con el número 6129; así como del oficio de cuenta, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2o, se advierte: 1. Que en auto de doce de febrero del presente año, ordenó la reposición del procedimiento por lo que hace a..., aquí quejoso, ordenó girar los oficios respectivos para citarlo y señaló las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de este año, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de conciliación entre las partes. 2. Que mediante diligencia de doce de marzo de este año, tuvo entre otras cosas, a la actora..., ratificando el escrito de once de marzo del presente año, en el que se desistió de la instancia y de la acción en contra del demandado,..., por lo que se ordenó turnar los autos para el acuerdo respectivo. 3. Que mediante determinación de treinta de abril de dos mil veintiuno, tuvo a la actora la actora..., desistiéndose de la instancia y de la acción ejercitada en ese juicio, en contra del demandado... por haber alcanzado el objetivo perseguido en ese juicio. Lo anterior, hace evidente que al haber tenido a la actora..., mediante resolución de treinta de abril de este año desistiéndose de la instancia y de la acción ejercitada en ese juicio, en contra del demandado..., aquí quejoso, por haberse alcanzado el objetivo perseguido en ese juicio. De ahí que, aun cuando llegara a concluirse que la falta de emplazamiento del aquí quejoso al juicio de origen es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Se afirma lo anterior, en razón de que si bien subsiste el acto atribuido al Juez responsable, pues dentro de las constancias remitidas por éste como sustento a sus actos no se advierte que el aquí quejoso haya sido emplazado al juicio natural, también lo es que dicha omisión ya no tendrá efectos legales o materiales que surtir, toda vez que aun en el supuesto de que se estableciera que el acto es constitucional o no, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria que se llegase a dar, toda vez que los efectos del acto reclamado no se concretarán, pues la actora del juicio se desistió de la instancia y de la acción promovida en contra... Así, para que el juicio de amparo sea procedente, además que el acto reclamado subsista, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica de los quejosos; esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituirle en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ninguna consecuencia jurídica. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional. Se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, y una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese, y personalmente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se provee: Diferimiento de la audiencia constitucional. Se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, toda vez que por auto de veintiocho de los corrientes, se requirió al Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla para que remita copia certificada del acuerdo que haya recaído a la diligencia de doce de marzo del presente año, desahogada en el juicio de origen, relativa al desistimiento de la actora, de la instancia y de la acción ejercitadas en contra del demandado, aquí quejoso,..., o en su caso de las providencias que al efecto haya tomado. Se fijan de nueva cuenta para su celebración las once horas con diez minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese por lista a todas las partes, incluyendo a las autoridades. Sirve de apoyo por identidad de razón y en virtud de que no se opone a la Ley vigente, la tesis número 2ª. /J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS".
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