José Vicente Ceballos Miranda
Expediente 1372/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/12/2023
Partes del expediente
- José Vicente Ceballos Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo... ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo... Notifíquese.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos se deduce que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo; en consecuencia, para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO LOS AUTOS DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE Y DIECISÉIS DE OCTUBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICEN: Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el primer escrito de la parte quejosa por medio del cual, promueve "incidente de impugnación de documentos y de nulidad de actuaciones realizadas con posterioridad y como consecuencia de este". Respecto del incidente que refiere la parte quejosa, cabe destacar que de una interpretación a la ley de la materia en lo relativo a los artículos que regulan la admisión de incidentes, puede advertirse que este juzgado no está obligado en todos los casos a proveer de conformidad sobre los incidentes ofrecidos por las partes, sino que los mismos dependen de que sean idóneos o conducentes y útiles; es decir, que por cuanto hace a la primer característica tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, y la segunda, se hace consistir en que el incidente sea el medio apropiado para probar el hecho que se pretende demostrar; ello con la finalidad de evitar dilaciones procesales y como consecuencia no violentar la pronta y expedita impartición de justicia. .... Así, resulta precisar que existe diferencia entre el proceso de intelección de valoración de las pruebas y el proceso de valoración de ofrecimiento de las pruebas; en la inteligencia de que la valoración es un ejercicio o actividad intelectiva o de raciocinio del juzgador con objeto de formarse una convicción sobre la eficacia que tengan los medios de prueba. La valoración de las pruebas se circunscribe únicamente a la etapa de juicio (dictado de la sentencia); mientras que la valoración en cuanto al ofrecimiento de pruebas (que implica la decisión de admitirlas o desecharlas) se lleva a cabo al momento de la admisión de la demanda y al acordar la contestación de ésta; momentos en los que ante el ofrecimiento de elementos de convicción, el juez debe otorgarles valor para determinar si las admite o las rechaza (entendiendo al vocablo "valor", en una de sus acepciones, como la actividad humana que determina el grado de utilidad o aptitud de las cosas u objetos para satisfacer determinada finalidad). Por ende, es válido concluir que los medios probatorios ofrecidos por las partes deberán valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción, para determinar si es dable o no admitirlos y desahogarlos. Luego, si se parte que del artículo 79, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos; y que el juzgador, una vez llevado a cabo ese ejercicio mental, lo exteriorice, por medio de un acto procesal en el que motive y funde su decisión para admitir o desechar una prueba determinada. Entonces es necesario establecer qué debe entenderse por pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de una prueba. Al respecto, también de forma temática cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo número 33/2008, estableció que la finalidad de los medios probatorios consiste en la verificación de las afirmaciones de hechos que formulan las partes en un proceso; es decir, que el juzgador se cerciore respecto a los hechos, discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulta necesario para la solución de un conflicto sometido al conocimiento de su jurisdicción. También consideró que la doctrina ha desarrollado los denominados "principios generales de la prueba judicial" y entre éstos se encuentra el "principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba". La Corte sostuvo que dicho principio representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o idóneos; y que de esta manera se contribuye a la concentración y a la eficacia procesal de la prueba. Por consiguiente una prueba será pertinente, idónea o conducente y de utilidad, cuando el oferente explique las razones por las cuales sea necesaria para dilucidar la litis del juicio. Con base en el contexto que precede, es dable para este juzgador analizar cada uno de los elementos que integran el principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Pertinencia: Se traduce en conocer lo que la ley adjetiva permite ofrecer como medio de convicción para demostrar, justificar, controvertir o denostar un hecho materia del proceso. Es aquello que la ley reconoce como prueba o medio de convicción o que no está expresamente reprobado o proscrito en su texto. Idoneidad o conducencia: Implica razonar si una prueba reconocida por la ley (que no vaya contra el derecho) y que se ofrece en el proceso, tiene o no relación inmediata con los hechos controvertidos. Utilidad: Se debe entender a partir del diverso principio doctrinario de eficacia jurídica y legal de la prueba. Si la prueba es necesaria para el proceso, debe tener eficacia jurídica para llevar al juez al convencimiento o a la certeza sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la pretensión voluntaria, o a la culpabilidad penal investigada; esto es, la prueba debe ser útil para demostrar un fin o dilucidar una situación, solo así se justificaría allegarse del medio de convicción necesario para dilucidar una situación determinada, siempre y cuando no vaya en contra de la propia ley o esté expresamente reprobado por ésta. En el caso, se advierte que el objeto del incidente de impugnación de documento y nulidad de actuaciones realizadas con posterioridad y como consecuencia de este, a partir del escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, presentado como cedula de identidad y para el efecto de dar inicio al procedimiento administrativo realizado ante la Dirección General de Regulación Territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de las Ciudad de México, el cual obra en un legajo de pruebas y sirvió de base para dar vista de ampliación de demanda a la parte quejosa respecto de la falta de emplazamiento. Ahora bien, atendiendo a los efectos para los cuales ofrece el incidente que refiere, no es dable acordarlo de conformidad, dado que la valoración de las constancias que integran el procedimiento administrativo de regularización territorial, del cual el quejoso se adolece de la falta de emplazamiento a dicho asunto, no es materia de este juicio. Máxime que calificar las documentales exhibidas por la autoridad responsable en este momento procesal, sería darle algún efecto constitutivo, el cual únicamente sería posible con el dictado de una sentencia de amparo. Asimismo, se reitera que la litis de este asunto versa sobre la falta de emplazamiento administrativo del quejoso **** como tercero extraño y no sobre la validez de las actuaciones procesales dentro de dicho expediente, el cual, no se puede cuestionar ni restar valor probatorio en este momento, dado el alcance de los actos recamados, los cuales se analizarán en estudio de fondo y se dictará lo que en derecho corresponda, atendiendo a la omisión de emplazar al quejoso. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que los argumentos esgrimidos por la parte quejosa y los puntos a desahogar a través del incidente propuesto, no colman los principios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se han mencionado en párrafos precedentes; mismos que han sido adoptados por este juzgado de manera temática. En consecuencia, en términos del artículo 66 de la Ley de Amparo, se estima que no es procedente el "incidente de impugnación de documentos y de nulidad de actuaciones realizadas con posterioridad y como consecuencia de este", por las razones expuestas en párrafos que anteceden. ... Por otra parte, glósese a los autos el segundo escrito de cuenta y se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído de trece de septiembre pasado; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los arábigos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de referencia y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva lo que en derecho proceda, anexándole una copia del escrito mencionado para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano colegiado y las constancias respectivas para su substanciación. En términos del artículo 101, párrafo segundo, de la ley de la materia ríndase el respectivo informe materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, pues mediante auto de trece de septiembre pasado se desechó la prueba que pretendió ofrecer la parte quejosa por los motivos expuestos en el acuerdo de referencia. En virtud de lo anterior, comuníquese al Tribunal Colegiado que conozca de este recurso, que el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció y resolvió el recurso de revisión R.A. 382/2022, el cual fue promovido en este sumario. Asimismo, dada la naturaleza de la queja reclamada y con el fin de evitar el uso de recursos materiales, se ordena hacer disponible el expediente electrónico de este asunto al Tribunal de Alzada correspondiente, con el fin de que cuente con acceso para la consulta de las constancias necesarias para la sustanciación de la queja interpuesta, lo anterior en términos del segundo párrafo, del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Del estado procesal que guardan los autos se deduce que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes para imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Dirección General de Regularización Territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México; en consecuencia, para dar tiempo a lo anterior SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Cabe aclarar que la fecha de audiencia que se menciona se fija en razón a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible programar su celebración con anterioridad a la fecha señalada. ... Con fundamento en los artículos 28, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista el presente acuerdo a las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013 Tomo 2, página 1253, cuyo rubro es el siguiente: ... Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y personalmente al tercero interesado. Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el segundo escrito de cuenta y se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de septiembre pasado; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los arábigos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de referencia y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva lo que en derecho proceda, anexándole una copia del escrito mencionado para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano colegiado y las constancias respectivas para su substanciación. En términos del artículo 101, párrafo segundo, de la ley de la materia ríndase el respectivo informe materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, pues mediante auto de veintiocho de septiembre pasado se desechó la prueba que pretendió ofrecer la parte quejosa por los motivos expuestos en el acuerdo de referencia. En virtud de lo anterior, comuníquese al Tribunal Colegiado que conozca de este recurso, que el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoce del recurso de queja Q.A. 401/2023, el cual fue promovido en este sumario y se encuentra pendiente de resolución. Asimismo, dada la naturaleza de la queja reclamada y con el fin de evitar el uso de recursos materiales, se ordena hacer disponible el expediente electrónico de este asunto al Tribunal de Alzada correspondiente, con el fin de que cuente con acceso para la consulta de las constancias necesarias para la sustanciación de la queja interpuesta, lo anterior en términos del segundo párrafo, del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta de la autoridad responsable Titular de Área de Quejas, Denuncia, Notificaciones y Evolución Patrimonial, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual informa que remitió copia certificada de las constancias con las que pretende acreditar dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante proveído de dieciséis de octubre del año en curso se tuvieron por recibidas dichas constancias y se proveyó lo conducente. Notifíquese.
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