José Vázquez Galdámez

Expediente 803/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
803/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • José Vázquez Galdámez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL ASUNTO EN EL ENTENDIDO QUE EL MISMO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  2. Principal

    V

  3. Principal

    CON ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días para que la parte quejosa diera cumplimiento al requerimiento ordenado en acuerdo de veinticinco de junio del año en curso (fojas 7 y 8), sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda, por lo que hace al acto reclamado a la Junta Especial número 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. Por otra parte, tomando en consideración en auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se reservó proveer con relación al acto reclamado a la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; en tal virtud, al respecto se provee: ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. Precisado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." (Énfasis añadido) Conforme al precepto señalado en segundo término, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En el presente juicio, el acto reclamado consiste en el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente J/O/255/2017, en que la Junta responsable se declaró incompetente por razón de territorio, turnando los autos a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, para que se declarara competente para conocer del asunto. Pronunciamiento que aún no define la cuestión competencial, pues si bien la Junta responsable consideró declinar su competencia a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, esa declaración está sujeta a que esta última la acepte, pues únicamente hasta ese momento podría estimarse que existe verdaderamente una "determinación" sobre la declinación de competencia. Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J.17/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo I, Libro 21, Agosto de 2015, Registro IUS 2009721, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En esas circunstancias, si el acto reclamado no "determina" la cuestión competencial, es decir, no implica que el asunto se resuelva en una jurisdicción diversa de la planteada en un inicio, no puede estimarse que el juicio sea procedente en los términos del artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, con lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, se desecha de plano la demanda de amparo. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente. Se autoriza al secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio.

  4. Principal

    DEBERÁ COMPARECER EL PROMOVENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS AL DESPACHO DE ESTE JUZGADO A RATIFICAR LA FIRMA ESTAMPADA EN EL ESCRITO DE CUENTA.-

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