José Vasquez Velasco
Expediente 398/2016 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2016
Partes del expediente
- José Vasquez Velasco
- JOSÉ VASQUEZ VELASCO y Otros.
Actuaciones
- Incidental
V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 398/2016-II, promovido por **********; y, RESULTANDO: I. Mediante escrito que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridad siguientes: No OrdenRegistro Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja 1 14658 COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD TRASLADO NIEGA 69 II. El peticionario de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado; se solicitaron los informes previos; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, III. Se celebró la audiencia incidental respecto de algunas autoridades y se señaló nueva fecha respecto de las restantes, misma que se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: ÚNICO. La autoridad responsable, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva a *************. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 122, 124, 131 y 132 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ANTONIO DE JESÚS VEGA TEOBA y JOSÉ VASQUEZ VELASCO, contra los actos y la autoridad que se precisó en el considerando único de esta resolución, en virtud del razonamiento ahí expuesto. Notifíquese.
- Incidental
V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 398/2016-II, promovido por ******************CO; y, R E S U L T A N D O: l. Mediante escrito que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, *************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados y las autoridades responsables que a continuación se enuncian: No Orden Registro Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja 1 S/R COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD TRASLADO 2 S/R RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL SUR EN LA CIUDAD DE MÉXICO TRASLADO OMISO II. El peticionario de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado; se solicitaron los informes previos; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, III. Se celebró la audiencia incidental respecto de algunas autoridades y se señaló nueva fecha respecto de las restantes, misma que se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La autoridad responsable señalada como Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe previo, pese a estar debidamente notificada; por tanto, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 131 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos a ella reclamados. En tal virtud, considerando que se reclama una orden de traslado, así como su ejecución, con fundamento en el artículo 139 y 161 de la ley de la materia, se concede la suspensión definitiva a ************, de los actos reclamados, para el efecto de que no sean trasladados del reclusorio en que se encuentran internos hacia cualquier otro; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. La medida cautelar no surtirá ningún efecto, si el traslado de los quejosos se lleva a cabo en acatamiento a un diagnóstico aportado por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reclusión en donde se encuentra interno, ya que en ese supuesto, no procede otorgar tal medida, ya que no se reúne el requisito previsto en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, como lo son los artículos 19, 38, 41 y 48 del Reglamento de Centros de Reclusión del Distrito Federal, de los que se desprende que los internos sujetos a prisión preventiva, una vez clasificado y asignados en dormitorio con aprobación del Consejo Técnico Interdisciplinario, deberán pasar a un dormitorio destinado a prisión preventiva de procesados. Además, si el traslado está sustentado en una medida de seguridad fundada en disposiciones de orden público, la suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno, pues aún de verificarse ante tal supuesto, dicho traslado, sólo constituye una ejecución provisional que no deja sin materia el juicio de garantías ni contraviene lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, en razón de que al margen de que se verificara ese traslado en estricta observancia a las disposiciones de orden público citadas, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado no dependerá de esa ejecución provisional sino de las razones y fundamentos emitidos por la responsable, que desde luego son reparables en la sentencia que sobre el fondo del amparo llegara a dictarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sin que lo antes expuesto se contraponga con lo referido al concederse la medida cautelar respecto del acto reclamado que ocupa la atención, porque en el supuesto de que el traslado de mérito obedezca a razones de seguridad en las prisiones, en atención a la persona de que se trata o a las características del hecho imputado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, independientemente de que se trate de actos de difícil reparación, al contravenir disposiciones de orden público, como lo son las disposiciones que rigen las Prisiones de Máxima Seguridad, las que la sociedad está interesada en su observancia, el interés de esta última prevalece sobre el particular del aquí quejoso y por ello, en ese supuesto es que la medida cautelar no puede surtir efecto legal alguno, por contrariarse las disposiciones de orden público mencionadas. Ello sin que obste la existencia de la tesis aislada que en la Novena Época sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sentido opuesto al que aquí se establece, pues en primer término no es obligatoria para el suscrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la ley de la materia, y por otra parte quien resuelve no comparte las razones en que se sustenta dicho criterio. En efecto, si la autoridad efectuara el traslado, sólo sería de forma provisional, en razón de que en cualquier momento al analizarse la materia del juicio del que emana el presente incidente, como se refirió con antelación, se le podría restituir en el goce del derecho fundamental violado, pues este juzgado federal conserva en todo momento la facultad de analizar la constitucionalidad del acto de molestia reclamado, que de resultar inconstitucional, podría restituirse a la parte quejosa en el derecho que estima violado, al retrotraerse las cosas al estado que guardaban al momento en que se presentó la demanda de amparo. De ahí que no se considere que, al no surtir efecto legal alguno la suspensión en comento, si se funda en disposiciones de orden público por razones de seguridad en las prisiones, en atención a la persona de que se trata o a las características del hecho imputado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, los actos reclamados estarán consumados irreparablemente; pues lo que realmente se planteó en la demanda de garantías es la inconstitucionalidad de tales órdenes y al ejecutarse, sólo produciría efectos provisionales, que no influirían en el estudio de su constitucionalidad; consecuentemente, es manifiesto que acordar de manera diversa implicaría que se soslaye en perjuicio del interés de la sociedad, la administración de las Instituciones de Máxima Seguridad y de que este órgano federal se sustituyera en las facultades propias de las autoridades responsables; ya que con ello, se decidiría respecto de la competencia originaria de autoridades judiciales y administrativas que en el caso, son las únicas facultadas para ordenar, ejecutar y vigilar el traslado de una persona por los motivos indicados. Asimismo, la presente suspensión no surte efecto legal alguno si la orden de traslado aquí reclamado fue dictado con motivo y en cumplimiento de una sentencia que haya causado ejecutoria, pues en ese aspecto la sociedad está interesada en que las sentencias ejecutoriadas se cumplan en sus términos y de conceder la suspensión contra una sentencia ejecutoriada se contravendrían disposiciones de orden público, lo cual prohíbe el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Esta medida de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial y la sociedad está interesada en que tanto las autoridades investigadoras como las judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia, en su caso, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; sin que esto dé lugar a considerar que, en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, toda vez que las mismas se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; atendiendo, además, a que para el caso de que se tratara de consignación de la averiguación previa no resultaría dable modificar el planteamiento ministerial respecto a qué juez hiciera la radicación respectiva y como consecuencia de ésta la prosecución del procedimiento, que en sí mismo es insuspendible y constituye el cumplimiento de diversas garantías constitucionales; de modo que si el traslado se hiciera a un Centro Federal de Readaptación Social con motivo de la competencia que se planteará por el Ministerio Público consignante a un juez federal de aquella jurisdicción, el estudio de la competencia, en su caso, será motivo del auto de radicación y del de término constitucional que se dicte, pero no del traslado mismo. La medida suspensional otorgada no surtirá efectos si la orden de traslado y su ejecución reclamada fue dictada por autoridades diversas a las señaladas como responsables, como tampoco, si fue emitida con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que dio origen a este incidente, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, y en esa medida de igual forma en los autos incidentales no podrá surtir efectos la suspensión en relación con la ejecución de un acto cuya orden no se ha emitido y tampoco si la orden se llevó a cabo. Estas medidas cautelares deben ser acatadas por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Ahora bien, dado que no obra en autos el informe previo ni la constancia de que haya sido debidamente notificada la restante autoridad responsable marcada con el número 1, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy y para su verificativo se fijan las 10:00 HORAS DEL 31 DE MAYO DE 2016. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 122, 124, 131 y 132 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva a *************, contra el acto y la autoridad señalada en el considerando primero de esta resolución, en virtud de los razonamientos ahí precisados. SEGUNDO. Se señala como fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental respecto de las autoridades señaladas en el considerando segundo de esta resolución interlocutoria las 10:00 HORAS DEL 31 DE MAYO DE 2016. Notifíquese.
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