Jose Valdez Villanueva

Expediente 1726/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1726/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
14/12/2015

Partes del expediente

  • Jose Valdez Villanueva
  • Procurador General de Justicia del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual sobreseyó en el juicio de amparo promovido por +, a favor de José Valdez Villanueva; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por +, en favor de José Valdez Villanueva, respecto del acto reclamado a la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero y en términos del último considerando de esta resolución.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta en la que la actuaria judicial adscrita a este juzgado de Distrito manifiesta los motivos por los cuales no le fue posible notificar a la parte quejosa, el proveído de nueve de los corrientes, dictado en el sumario en que se actúa; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese al presente juicio para que surta los efectos legales consiguientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquensele el precitado auto así como los subsecuentes que tengan carácter personal, por medio de la lista que es publicada en los estrados de este órgano de control constitucional, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos . EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR: SE AGREGA OFICIO DE PERITO OFICIAL, SE CITA A LA PARTE QUEJOSA A LAS DOCE HORAS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE PARA LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIA SOLICITADA EN EL DESAHOGO DE PRUEBA PERICIAL.

  4. Incidental

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil quince, dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 81, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Glósense el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo SE REQUIERE al Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México y Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", para que en el término de TRES DÍAS, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, concedida para los siguientes efectos: 1. Dejar insubsistente la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce. 2. Hecho lo anterior, emita un proveído en el cual, al apreciar la violación procesal cometida en perjuicio del quejoso, bajo los lineamientos de la presente resolución, ordene la reposición del procedimiento, así como la nulidad de lo actuado, a partir del auto de quince de diciembre de dos mil catorce que constituye el acto reclamado por esta vía constitucional; 3. Posteriormente, en el mismo acuerdo, deberá requerir al sentenciado para que dentro del término de tres días, designe defensor que lo asista durante el procedimiento de ejecución, designándole entre tanto, a un diverso defensor de oficio, con objeto de no dejarlo en estado de indefensión, en la inteligencia que si el sentenciado omite designar defensor particular, el de oficio continuará en la defensa de los derechos del sentenciado; y, ordenará realizar todas y cada una de las diligencias necesarias, hasta la total culminación del presente asunto, con la asistencia forzosa del defensor del sentenciado. 4. Luego, la autoridad responsable, deberá ordenar la tramitación del recurso de reconsideración interpuesto directamente por en el asunto de origen, por sus cauces legales, hasta el dictado de la resolución correspondiente, en la que deberá analizar el fondo de la cuestión planteada, con base en la Ley aplicable, determinando la procedencia o improcedencia del otorgamiento de todos y cada uno de los beneficios (tales como la remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y libertad condicional) previstos en la ley más favorable, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a derecho proceda; tomando todas las medidas necesarias para obtener los informes correspondientes del Consejo Técnico Interdisciplinario, así como las constancias necesarias y exigidas por la ley, para estar en aptitud de resolver sobre lo peticionado, en la inteligencia que primero deberá analizar el beneficio de remisión parcial de la pena por ser complementario de los restantes beneficios, a través de la remisión parcial de la pena [de considerarse procedente] se podrá se podrá completar la temporalidad para acceder a los beneficios preliberaciones." Con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, con independencia de remitir el juicio que se trata al Tribunal Colegiado en Materia del Penal del Segundo Circuito, en turno, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. A su vez, se les recuerda que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades antes señaladas. Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, entérese a las autoridades requeridas, que aun cuando dejen su puesto, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. Por otra parte, devuélvase las constancias que remitió el Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado; solicitando el acuse de recibo de estilo. Con el apercibimiento que no dar cumplimiento a lo anterior o bien de no manifestar la imposibilidad que tengan para ello, le será impuesta una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en esta entidad, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 248 y 259 de la ley de la materia, sin perjuicio de dictar otras medidas de apremio.

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