Jose Valdemar Rodriguez Anzures

Expediente 1240/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1240/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2017

Partes del expediente

  • Jose Valdemar Rodriguez Anzures
  • Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuarenta minutos del doce de septiembre de dos mil diecisiete, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1240/2017, promovido por José Valdemar Rodríguez Anzures, por su propio derecho. Sin asistencia de las partes. Abierta la misma, se procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda de garantías, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas"; al respecto el Juez, acuerda: se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, los documentos que exhibieron los justiciables como anexo a su demanda, así como la documental que remitió el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificada de los autos de ejecución de laudo del juicio laboral 01/215/08; al no existir pruebas por relacionar ni acordar, se cierra esta etapa, acto continuo, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se advierte que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, por lo que se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS los presentes autos para resolver el juicio de amparo número 1240/2017, y; RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido al día hábil siguiente, por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, José Valdemar Rodríguez Anzures, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó : "IV. ACTO RECLAMADO.-La negativa de la responsable en dar impuso procesal al procedimiento laboral con número de expediente 01/215/2008 en los términos establecido por la Ley, ya que la autoridad responsable ha sido omisa en acordar la promoción presentada el día 27 de junio de 2017, respecto del procedimiento de ejecución por la falta de cumplimiento del tercero interesado, del laudo de fecha 17 de septiembre de 2012, y toda vez que no fue procedente el incidente planteado por el tercero interesado, mediante segundo resolutivo se acordó continuar con la secuela procesal de la ejecución, por lo tanto, mediante la promoción antes citada, esto es del día 27 de junio de 2017, solicite a la responsable pronunciarse respecto de la promoción efectuada desde el día 05 de octubre de 2016, y se procediera a la DESTITUCION DEL CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, con fundamento en el numeral 124 fracción II de la Ley del Servicio Civil vigente." Actos que estima violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose bajo el número 1240/2017; mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de que se trata, en el que se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables. Además, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que la publicación de la sentencia se haría con la supresión sus datos personales. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los numerales 33 y 35 de la Ley de Amparo, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Los actos de molestia se hacen consistir en: "La omisión de la responsable de acordar el escrito de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en el expediente laboral número 01/215/08, en el que solicitaba la imposición de las medidas de apremio a las autoridades demandadas, en virtud de no haber dado cumplimiento a la ejecución del laudo." Al respecto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su Presidente; al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, e informó que ya había dictado los autos conducentes el nueve y diez de agosto de dos mil diecisiete. TERCERO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso particular, la autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y quien ahora resuelve, considera que en efecto, se actualiza la referida causa. El precepto y fracción antes citados, establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del citado precepto legal, se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que se constituye una situación jurídica que destruya la que dio motivo a la promoción de la acción de control constitucional, de tal manera que por esa nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En la especie, de la lectura íntegra de la demanda, se evidencia que el motivo básico de la promoción del juicio constitucional estriba, en que el tribunal responsable no había, acordado el escrito presentado por el quejoso, en los cuales solicitaban hacer efectivas las medidas de apremio contenidas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, imponiendo a la autoridad omisa en cumplir el laudo, la destitución del cargo. En este contexto, tal causa de improcedencia se actualiza, pues el acto reclamado que era la omisión de acordar la petición que por escrito formuló el justiciable, de hacer efectivo el contenido del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, imponiendo a la autoridad omisa en cumplir con el laudo, las medidas de apremio consistentes en multa y destitución del cargo; lo anterior en razón de que, dicha solicitud ya fue acordada en los autos del juicio de origen, el nueve y diez de agosto de este año, e incluso ya fue notificado su contenido al impetrante de amparo, tal como se aprecia de las constancias que en copia fotostática certificada, remitió la responsable, a las que, por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de modo tal, que las cosas regresaron al estado que tenían antes de la violación constitucional. En apoyo a las anteriores consideraciones, se cita la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Materia Común, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En las condiciones relatadas, por lo que hace al acto reclamado precisado, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sumado a lo anterior que, las omisiones de ejecutar el laudo dentro de los términos que marca la ley, pueden ser clasificados como actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su inejecución, pues en esta etapa del procedimiento, corresponde el impulso procesal a la parte que obtuvo lo pedido en el juicio y por ello, el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Lo anterior encuentra apoyo en la ejecutoria de diecinueve de octubre de dos mil once, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 339/2011, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dio origen a las jurisprudencias con rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez trascurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". Debido a lo antes expuesto, es que, no es factible que este juzgado de distrito se ocupe de todo el periodo de ejecución del laudo, porque esta etapa es de impulso procesal obligado del actor en el juicio de origen, el cual debe ser constante y efectivo, y por ello, corresponde a los impetrantes de amparo, efectuar todas las gestiones atinentes para lograr la ejecución del laudo. No se desatiende el sentido de la respuesta que la responsable dio a la petición de los quejosos, respecto a su petición, empero, quien ahora resuelve considera, de cualquier forma actualizada la causal de improcedencia antes analizada, porque no era obligado a la autoridad acordar de conformidad la petición formulada, sino acordar lo conducente respecto a la solicitud elevada a su jurisdicción. No sobra decir, que dicho sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, sin que ello genere agravio a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 70, octubre de 24993, página 57, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Valdemar Rodríguez Anzures, por su propio derecho, en contra de los actos reclamados a la autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo por las razones expuestas en el considerando tercero, del mismo. SEGUNDO. Por las razones vertidas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante La Secretaria, Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el INFORME JUSTIFICADO que rinde el Presidente y Tercer Arbitrio del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; con su contenido y anexo, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas la documental que anexa, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; lo anterior, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 22488, signado por la autoridad responsable la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de uno de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 01/05/05, pero no así la constancia de notificación realizada a la parte actora en el juicio natural. En virtud de lo anterior, y a efecto de acordar lo conducente respecto del oficio que se provee, requiérase a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora, relativa al auto de uno de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral referido. Finalmente, se comunica a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de julio del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.

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