José Uriel González Marure y Otros.

Expediente 102/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
102/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • José Uriel González Marure y Otros.
  • German García Montañez y Otros.
  • Ricardo Benjamín Ramos Cuevas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    I.- "...Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo..., sin que haya sido recurrido el auto de ..., en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo ..., se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido..."

  2. Principal

    I.- "...Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía ..., en ... fojas, por el ...., mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto ..., deducido del expediente en que se actúa, por el que se solicitó notificar a la parte quejosa el proveído de veinticinco de enero pasado. Acúsese el recibo de estilo vía interconexión. Ahora bien, de autos se advierte la razón de imposibilidad de ... de enero de dos mil diecinueve, signada por la actuaria judicial adscrita al ..., de la que se desprende que no se pudo notificar a la parte quejosa el auto de .... de enero del año en curso, por los motivos que expuso; en consecuencia, se ordena la notificación del referido acuerdo, del presente, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con lo establecido por el artículo...., mientras no señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de este órgano jurisdiccional... Que establece: "...auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve... Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del ...; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Juicios de Amparo que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, con el número... El artículo ... establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si el Juez encontrare motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo... Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio... Del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que los accionantes del amparo reclaman de las autoridades responsables lo siguiente: ... Toda vez que reiteradamente los hoy quejosos y los elementos de la policía municipal son objeto de violaciones a los derechos humanos laborales de su profesión como operarios del sistema de seguridad ciudadana siendo incluso expuestos a lesiones corporales y a perder la vida, vejados, discriminados, y desempeñan su labor en condiciones infrahumanas en desventaja total frente a la delincuencia y crimen organizado pues LA FALTA DE EQUIPO POLICIAL que contraviene y pone en riesgo la vida de dichos operarios del sistema de seguridad; LA AUSENCIA DE UNA ESTRATEGIA Y TACTICA POLICIAL que permita que en cada radio patrulla laboren al menos dos elementos pues en más de una década solo se ocupa un elemento por unidad poniendo en riesgo la integridad física y la vida de los policías frente a los embates de los infractores y de la propia delincuencia y crimen organizado; AUSENCIA DE UN SALARIO DIGNO pues en la actualidad nuestro salario no es suficiente para el sustento personal ni de nuestras familias y mucho menos es acorde a las jornadas de trabajo y riesgo situación que incluso el Presidente Municipal al mantener ese salario tan bajo se aparta de diversas disposiciones legales en materia de seguridad y de lo recomendado por el SESNPS sin que en mas de 12 años se halla tenido un incremento sustancial en los haberes de los policías municipales; LA ASIGNACION DISCRIMINATORIA, IRRACIONAL, EN LA ASIGNACION DE SERVICIOS Y TAREAS DE SEGURIDAD SIN TOMAR EN CUENTA PERFIL Y MUCHAS VECES LA EDAD O PADECIMIENTOS MEDICOS DE POLICIAS ya que desde más de tres trienios y a la fecha de presentación de esta Demanda existen elementos de Policía de Edad avanzada, de la tercera Edad o con padecimientos crónicos realizando labores de patrullaje y sobrevigilancia lo que pone en riesgo la integridad de dichos elementos pero sobre todo de ciudadanos compañeros y vulnera la paz pública a que tienen derecho los ciudadanos con una policía eficaz, confiable, preparada, y dotada de capacidades físicas suficientes para desempeñar la función policial; LA FALTA DE INCREMENTO EN LAS REMUNERACIONES ECONOMICAS, AUSENCIA DE PLAN DE ASCENSOS ESTIMULOS y RECOMPENSAS TRANSPARENTE, REAL, AVALADO POR LA SOCIEDAD Y CIUDADANOS DISTINGUIDOS pues actualmente prestaciones como los quinquenios no son acordes a la ley, a diferencia de empleados sindicalizados y de confianza los policías no cuentan con ayuda a transporte, despensa digna, bono de riesgo, vacaciones, y aguinaldo que para los empleados sindicalizados y otros es de 60 y 90 días. LAS RESPONSABLES SE ABSTIENEN DESDE HACE MAS DE 4 MESES DEL PAGO PUNTUAL DE HABERES en perjuicio de los operadores del sistema de Seguridad recibiendo su pago incluso hasta 10 días después de la quincena y tampoco existe un plan de carrera que respete el escalafón y el ascenso por méritos y menos un programa de estímulos y recompensas por actos heroicos y del servicio Y jamás hemos contado con una jubilación digna y suficiente o bien una indemnización por muerte y seguro de vida menos de una pensión para nuestros deudos, Somos expuestos a EXECIVAS JORNADAS DE TRABAJO situación que incluso es materia de Discriminación debido a que a diferencia de otros empleados al servicio del estado como policías trabajamos más de 48 horas semanales contraviniendo lo dispuesto en los artículos .... incluso la mayoría de los elementos de seguridad ciudadana conocidos como Policías Municipales son objeto de discriminación laboral por parte del Comisario de seguridad y mandos medios y superiores pues los servicios son asignados por, interese simpatías amiguismos entre otros factores de índole personal o favoritismos, LAS RESPONSABLES NO FOMENTAN NI LLEVAN A CABO EL DERECHO A UN TRATO DIGNO Y RESPETUOSO de los operadores del sistema y los hoy quejosos pues mandos medios y superiores contravienen lo dispuesto por el artículo 100 apartado A fracción II de la ley de seguridad del estado debido a que son objetos de vejaciones insultos trato denigrante con palabras altisonantes amenazas y expuestos al ridículo la discriminación el descredito entre los mismos compañeros e incluso ante la sociedad lo que provoca desconfianza, repudio rechazo de la sociedad sin que el Presidente Municipal, el Comisario, incluya políticas públicas y programas que eviten este trato denigrante, pondere a la policía recobre la mística el respeto y devuelva la confianza de los ciudadanos a los policías debilitando por el contrario la función y presencia policial, como elementos de Seguridad Ciudadana "Policías" no contamos con el DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ni tenemos acceso al Principio de Certeza, igualdad, en los actos administrativos y laborales como son las sanciones de arresto, procedimientos administrativos y cambios de adscripción pues todos se llevan a capricho y obedecen a interese personales del Comisario, Directores, mandos medios y superiores. Los quejosos como policías y el resto de Ios elementos como operarios del sistema de seguridad carecen de una capacitación actualizada periódica y progresiva y enfocada a los problemas actuales de inseguridad y que ayuden al combate de los delitos de alto impacto y la proximidad social basados en un modelo de gestión de la seguridad que permita reducir los índices delictivos en la entidad y erradicar los delitos de alto impacto ya que los cursos y programas actuales son obsoletos en materia de seguridad sin que las responsables tengan un plan académico ni de carrera profesional policial.". Mismos que aducen tienen derecho a recibir como servidores públicos en activo y trabajadores adscritos a la... Ahora bien, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo ..., que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... En efecto, la causal de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, toda vez que los actos que se reclaman, no resultan ser de autoridad, sino una actuación respecto de la relación administrativa equiparada a la laboral entre trabajadores (quejosos) del sector de seguridad pública, con el puesto de... En efecto, los actos que reclaman los peticionarios del amparo, no derivan de una relación de supra a subordinación, como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino que surgen en un plano de carácter administrativo equiparado al laboral. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernado y, al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo... De lo anterior se aprecia que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones tendentes a gestiones de su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, como acontece en la especie, el referido juicio resultará improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo... En ese contexto, de la demanda se advierte que los actos reclamados devienen de una relación administrativa equiparada a laboral, esto es, los quejosos como trabajadores miembros de una dirección de seguridad pública del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, como patrón equiparado. Entonces, los actos reclamados no pueden ser materia del juicio de amparo, por ser ajenos a una relación de supra a subordinación, ya que el vínculo entre los demandantes del amparo y el referido municipio es de carácter administrativo equiparado a laboral. Asi, los actos reclamados carecen de las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de acontecimientos suscitados en la relación administrativa, equiparada a la laboral que guardan con el referido ayuntamiento, por lo que no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernados, sino una relación administrativa equiparada a laboral en la que el ente público actúa como patrón y no con el carácter de autoridad... Por tanto, se colige que atento a la relación que guardan los quejosos y el ayuntamiento citado, en la que éste tiene la calidad de patrón equiparado, y aquéllos la de trabajadores, en el caso, para efectos del juicio de amparo los actos reclamados no pueden ser considerados como autoridades. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo ...., con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por..."

  3. Principal

    I.- Agréguese el oficio... Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México acusa recibo del exhorto deducido del expediente en que se actúa.

  4. Principal

    I.- Notifíquese; y personalmente al representante común de la parte quejosa por medio de exhorto.

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