José Uriel Garrido Franco
Expediente 1362/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1362/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Uriel Garrido Franco
Actuaciones
- Principal
PRAL 1362/2022 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, recibido en línea el veinticuatro de noviembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnado en este órgano jurisdiccional el veinticinco siguiente, al que acompaña la demanda de amparo promovida por *****, por conducto de su defensora particular *****, contra actos del director del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1362/2022. 2. Competencia legal. Del oficio de cuenta se advierte que la autoridad declinante, mediante proveído de seis de octubre de este año, dictado en el juicio de amparo 925/2022, determinó carecer de competencia para conocer y resolver respecto de la demanda de amparo promovida por *****, por conducto de su defensora particular *****, por razón de territorio. Ante ello, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, por las razones que se expone y que este órgano jurisdiccional comparte, se acepta la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; lo anterior, comuníquese a la autoridad declinante y acúsese recibo. 3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4. Improcedencia de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. " Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo , se advierte que la parte quejosa reclama del 1) director General, 2) responsable del servicio médico y 3) comandante y/o responsable de Seguridad Penitenciaria, todos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, sustancialmente lo siguiente: ? La falta de atención médica. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en la carga procesal para la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio. Por otra parte, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen lo siguiente: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (...); II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; (...) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; (...) XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad." "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley [.]" "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." De los preceptos transcritos se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad ante el director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1.- Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. 2.- En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3.- Admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4.- El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta u objetos, entre otros. De igual forma, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a) Podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Aunado a lo anterior, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla peticiones relativas a casos urgentes; casos en los cuales la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. Por ello, si el quejoso reclama de las autoridades 1) director General, 2) responsable del servicio médico y 3) comandante y/o responsable de Seguridad Penitenciaria, todos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "Cps-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: La falta de atención médica especializada. Sin que se advierta de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en la demanda de amparo, que ha formulado ante el director del centro penitenciario donde se encuentra recluido, petición o queja alguna por escrito, respecto a sus condiciones de internamiento (brindar atención médica). Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo, debió de haber agotado el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que obliga al directo quejoso a agotar todas las instancias contempladas; pues, de lo contrario, en cualquier circunstancia, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Como así lo ilustra la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 61, tomo I, de diciembre de dos mil dieciocho en la página 230, con número de registro 2018548, del rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO . Máxime que, de estimarlo un caso urgente, el quejoso puede acudir directamente ante el juez de Ejecución, sin necesidad de petición administrativa previa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, SE DESECHA, DE PLANO, LA REFERIDO DEMANDA. 5. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada en términos amplios de ese numeral, a ***** (cédula profesional *****), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. Y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere en el escrito de demanda, por así solicitarlo. 6 Notificación por exhorto. Ahora, tomando en consideración que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la parte quejosa se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano de control constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese exhorto en línea al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a efecto de que: a) Notifique a la parte quejosa este proveído en el domicilio ubicado en *****; y b) La requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su notificación, señale domicilio en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, o zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, para recibir notificaciones, o bien, señale usuario para que las notificaciones se le realicen de manera electrónica; con apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizarán mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se conceden facultades amplias al juez exhortado, a fin de que brinde el apoyo en los términos solicitados. 7. Canales de comunicación alternos. Respecto de los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, dígasele que no serán considerados como medios de contacto alternos, toda vez que el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, en su artículo décimo quinto transitorio; empero, será considerado únicamente para comunicación no procesal, en términos del artículo 257 del referido Acuerdo General. 8. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 9. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. 10. Instrucción a la secretaria encargada del expediente. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. También se instruye a la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. 11. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese; por exhorto a la defensora particular y personalmente en el centro de reclusión al quejoso. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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