Jose Uribe Melgar

Expediente 934/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
934/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Jose Uribe Melgar

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV .Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. QSJA

  2. Principal

    MESA IV.- Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número ******, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, el primero de los preceptos reproducidos precisa que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución o de la ley. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé el principio de agravio personal y directo, entendiéndose por agravio todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente; y debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico; y debe ser de realización pasada, presente o inminente. Asimismo, el citado numeral refiere que el juicio de amparo únicamente se puede promover por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Es pertinente destacar que los gobernados pueden en todo momento acudir ante las autoridades de amparo a promover conforme a sus intereses convenga, debiendo para ello cumplir las formalidades que en el caso específico exija la ley, siendo uno de estos requisitos que debe hacerse por escrito, el cual para su validez es necesario que éste se encuentre firmado por el promovente, pues ningún efecto puede producir la gestión respectiva carente de firma del promovente, habida cuenta que éste constituye el signo personal característico de cada individuo, que lo distingue, incluso, identifica en cierto modo y es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción la calidad de genuina y por ende darle el curso legal. Ahora, en el caso específico la demanda de amparo fue presentada vía electrónica, sin embargo la misma carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del promovente, toda vez que la evidencia criptográfica se encuentra a nombre de Salvador Juárez Silva, esto es, una persona diversa a la que promueve la demanda de amparo, por lo que no existe certeza sobre la autenticidad de dicho documento, ya que la firma electrónica certificada es equiparable a un documento de identidad, lo cual equivale a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente lo suscribe para instaurar el juicio de amparo, pues con la ausencia de la firma respectiva, esta carece de validez respecto a dicho promovente, por tanto, su acción se trata de un acto inexistente, puesto que al ser ingresada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, tiene los mismos efectos jurídicos de firma autógrafa, ya que no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el numeral 114 de la ley de la materia, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo. Por ende, ningún efecto puede producir la gestión respectiva carente de firma electrónica certificada del promovente, pues, como ya se expuso, ésta constituye el signo personal característico de cada individuo que lo distingue, incluso, identifica, en cierto modo y es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción la calidad de genuina y por ende darle el curso legal. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por José Uribe Melgar. Ahora, toda vez que no se puede tomar en consideración el contenido del escrito de demanda por carecer de la expresión de la voluntad; en consecuencia, notifíquese por única ocasión en el domicilio contenido en el escrito presentado a nombre de José Uribe Melgar. NOTIFICACIÓN De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. MAA

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