José Uribe Abundez

Expediente 999/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
999/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2015

Partes del expediente

  • José Uribe Abundez

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto desechatorio de la demanda, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, PROVEÍDO QUE A LA LETRA DICE: Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Primera Sala del ****, y otra autoridad.Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 999/2015-E, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal.Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud que, de su contenido se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se expondrá:En efecto, el quejoso señala como actos reclamados los siguientes:"1.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA CC. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA.- La resolución de fecha treinta de abril de dos mil quince publicada y notificada en boletín judicial el día 4 de mayo de dos mil quince a virtud del cual se resolvió el Toca de apelación 243/2015-9 formado con motivo del recurso de apelación que el suscrito interpuso contra la resolución interlocutoria de fecha primero de octubre de dos mil catorce dictada por la responsable ejecutora C. Juez Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, misma que en su parte conducente y dentro de sus resolutivos confirma la resolución recurrida de manera infundada y sin motivación legal alguna violando con ello nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídicas, consagradas en los artículos 14 y 156 Constitucionales así como el principio de congruencia que toda resolución como mínimo debe contener. 2.- La Sentencia interlocutoria de fecha primero de octubre de dos mil catorce dictada por la responsable Ejecutora C. Juez Segundo de lo Civil en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, misma que en su parte conducente declara improcedente e infundado nuestro incidente de prescripción de acción y obligaciones presentado ante la misma responsable por el suscrito en tiempo y forma, violando con ello nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídicas al ser dicha resolución incongruente con las actuaciones y carente de fundamentación y motivación. 3.-Como Consecuencia de lo anterior, reclamo de las autoridades responsables la inminente privación a mis derechos legales y procesales dejándome en estado de indefensión".Como antecedentes de lo reclamado, el inconforme refiere que con motivo de la tramitación en su contra del expediente número ***, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, fue emplazado mediante edictos doce años después de haber iniciado dicho procedimiento, por lo que, hizo valer el incidente de prescripción negativa de las obligaciones civiles derivadas del documento base de la acción.Sin embargo, el Juez responsable pronunció la interlocutoria reclamada de primero de octubre de dos mil catorce, declarando infundado e improcedente el incidente propuesto, por lo que, hizo valer el recurso de apelación ante la Primera *****, quien mediante la diversa resolución que ataca, de fecha treinta de abril del año en curso, determinó confirmar la interlocutoria recurrida.Bajo esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, pues, en relación con el acto de molestia que se hace consistir en la interlocutoria de primero de octubre del año pasado, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de la Materia.Ello es así, pues, como se desprende de lo asentado en párrafos que anteceden, dicha determinación reclamada fue examinada y confirmada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de la diversa resolución de treinta del año en curso, pronunciada en el Toca de apelación número **** por lo que, al ser sustituida procesalmente por la determinación de segunda instancia, es inconcuso que la resolución que nos ocupa ha cesado en sus efectos, y siendo así, no es procedente admitir la demanda de amparo por cuanto hace a dicho acto de molestia.Al caso resulta aplicable, la tesis número I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente."Ahora bien, por lo que toca al segundo acto reclamado, consistente en la resolución de fecha treinta de abril de dos mil quince, este Juzgado Federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede:[.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;."En efecto, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza.Así, el Máximo Tribunal del País estableció, que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior.Sobre esas reglas, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente.Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros.El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. La tesis sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la número P.L. VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época."ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". No obstante lo anterior, la actual Ley de Amparo, en la fracción V, del artículo 107, proporciona un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio de imposible reparación. En efecto, de la literalidad de dicho precepto legal, se obtiene que el legislador estableció como regla general, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte".En la misma porción normativa, el legislador estableció una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, al consignar que el juicio de amparo indirecto procede: "VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto".Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón.Por lo anterior, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo.Bajo ese contexto, se considera que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos considerados como de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.En el caso, como se indicó, el acto reclamado en el juicio especial hipotecario, consiste la resolución de fecha treinta de abril de dos mil quince, dictada en el toca civil número 243/2015-9, interpuesto por el quejoso José Uribe Abundez, en la que se resolvió confirmar la interlocutoria de fecha uno de octubre de dos mil catorce, a través de la cual se declara improcedente e infundado el incidente de prescripción de la acción y obligaciones civiles, la cual constituye un acto procesal cuyas consecuencias solo tienen efectos dentro del procedimiento hipotecario; por tanto, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de los quejosos una ejecución de imposible reparación, pues el efecto de tal decisión es la continuación del juicio, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva, en la que puede repararse la violación que se hubiera cometido respecto a aquélla. De ahí que la resolución que la revoca, no ocasiona violación a los derechos sustantivos, sino sólo a los procesales y, por ende, no procede en su contra el amparo indirecto.Por consiguiente, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, resulta incuestionable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor.Luego, no concurren en la especie los supuestos de procedencia del juicio de amparo, ya que con el acto emitido dentro del expediente de origen, no están de por medio violaciones materialmente inmediatas a derechos sustantivos, por lo que, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por José Uribe Abundez, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad.Al caso, resulta oportuno invocar la tesis número (VIII Región) 2o.3 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en la página 801, del Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", estableció que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, conforme a la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", al establecer que por estos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo."Por otra parte, de conformidad con el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y toda vez que el domicilio que señala la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones personales los estrados de este órgano jurisdiccional; por tanto, se ordena llevar a cabo las notificaciones personales por medio de las listas que se fijan en lugar visible de este Juzgado de Distrito.También, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere a Octavio Fentanes Cano y Bernardo Peña Velázquez, en atención a que se trata de un asunto en materia civil y acreditaron tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tienen por autorizadas para el efecto de oír y recibir notificaciones a las personas propuestas para tal fin en el proemio de la demanda, de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del numeral 12 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo segundo, del artículo 24, de la ley de la materia.En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación.Lo anterior, en términos de la tesis número I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en lo conducente y pertinente, dice:"NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.".En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio constitucional se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto.En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve. Además, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días:"I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; yII. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos."En el entendido, de que el presente proveído deberá notificarse personalmente por única ocasión al promovente del amparo, en el domicilio ubicado en ******, Distrito Federal, Código Postal 03100; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.Por tanto, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juez de Distrito en Turno en Materia Civil en el Distrito Federal, con residencia en la ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído de manera personal, al quejoso *****, en el domicilio señalado con antelación, debiendo entregarle copia autorizada del mismo.En ese sentido, se faculta a dicha autoridad para que en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite al Actuario de su adscripción a efecto de que la notificación, sea practicada incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación.

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