José Ubaldo Arevalo Cazares

Expediente 1343/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1343/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • José Ubaldo Arevalo Cazares

Actuaciones

  1. Principal

    veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de veintiocho de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que corresponda. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, 2 únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta, proveniente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, registrándolo con el R.A. 335/2021; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Consideración previa. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado cuenta con un plazo de veinticuatro horas para resolver si desecha, previene o admite la demanda de amparo y en los casos de los artículos 15 y 20 de la Ley en comento, debe proveerse de inmediato. En ese sentido, como la demanda de cuenta fue recibida el dieciocho de octubre, el término de veinticuatro horas transcurrió a lo largo del día diecinueve siguiente. No obstante, se considera lo siguiente: a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, la impartición de justicia debe ser pronta y expedita; pero también debe ser completa e imparcial, y este juzgador considera que merece mayor ponderación que la impartición de justicia se haga correctamente, que dentro del plazo legal de veinticuatro horas, si ello conlleva una deficiencia en el desempeño de dicho servicio público. b) Conforme a lo dispuesto en el artículo 4º constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y una serie indefinida de jornadas extenuantes de trabajo no cumplen con los extremos de ese derecho fundamental. c) En el artículo 14, fracciones III y IV; y 15 del Acuerdo General 21/2020, se determinó que en los órganos jurisdiccionales se deberá procurar que labore presencialmente la menor cantidad de personas, sin que en ningún momento pueda estar presente en forma simultánea más del 30% del personal y que deberá privilegiarse el trabajo a distancia; y conforme al calendario vigente, el horario presencial laboral de este juzgado será de las 10:00 am a 16:00 p.m. d) Desde el mes de julio de dos mil veintiuno, se ha presentado un gran número de demandas y promociones en este juzgado y se ha enfrentado una excesiva carga de trabajo para proveer sobre la admisión de demandas de amparo, máxime que durante la semana comprendida del trece al diecinueve de julio de la citada anualidad, este órgano jurisdiccional se encontró de turno para recibir y dar seguimiento a las demandas de carácter urgente que se presenten fuera del horario de la Oficialía de Partes Común. En consecuencia, con fundamento en los artículos 4 y 17 Constitucionales, en relación con el Acuerdo General 21/2020, este órgano jurisdiccional emite el presente acuerdo hasta el día de hoy. Oficio con el que se da cuenta. Por recibido el oficio 1576-I signado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa su acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno dictado en el expediente D.A. 496/2021, por el que se declaró legalmente incompetente para resolver el asunto, al considerar que el acto que se reclama no se emitió por un Tribunal Judicial, Administrativo o del Trabajo durante la tramitación de un juicio, por lo que dicho acto es susceptible de reclamarse en amparo indirecto, por tanto la competencia para conocer del amparo en su contra, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México conforme a lo dispuesto en el artículo 170, en relación con los diversos 45 y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al expediente D.A. 496/2021 de su índice, oficio UQDR/SRA/2168/2021 y expediente *************** en un tomo. Hágase del conocimiento del tribunal oficiante que en estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada por razón de la vía. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ******************, por propio derecho; contra actos del Departamento de Denuncias de la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1343/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez examinada la demanda, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, ya que no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Del contenido de la demanda y las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la intención de la parte quejosa consiste en reclamar el acuerdo de doce de julio de dos mil veintiuno que puso fin al procedimiento radicado en el expediente ***************. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: . Inclusive, en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en materia administrativa, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: . Razones de la improcedencia. En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. En efecto, para este Juzgador, la solicitud hecha por **************** constituyó una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le pone fin a esa instancia, precisamente en la medida en que refleja la última voluntad oficial sobre lo pedido. Por estas razones, el oficio reclamado constituye una resolución definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado. En el entendido de que el vocablo instancia, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe entenderse como una petición o solicitud, mas no como una instancia derivada de un recurso, pues para este supuesto específico se establece la fracción XIII de ese precepto, en la que se prevé: "XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo". Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Como se advierte del artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que la ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: 1) Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido conforme a la Ley de Amparo]. 2) Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. 3) Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. 4) Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones tal y como se advierte de las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis de la demanda este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: 1. Los actos no carecen de fundamentación. De las documentales que integran el expediente 2021/JFCA/DE206, se advierte copia del oficio reclamado y de su simple lectura se advierte que la autoridad que lo emitió citó diversos preceptos, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la demanda se advierte que la cuestión que plantea el quejoso, consiste en determinar si el oficio reclamado se emitió conforme a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, audiencia, así como si el escrito presentado podía constituir un recurso administrativo en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o una petición formulada a la autoridad, lo que constituye un planteamiento de mera legalidad. Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. En mérito de lo expuesto, al acreditarse también de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *******************. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomo de pruebas. Tomando en consideración que se anexa el expediente ******************** en un tomo, del índice de la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena mantener por separado las citadas constancias, mismas que se denominaran como cuaderno auxiliar I, en el entendido que las subsecuentes actuaciones, se llevarán a cabo en el presente cuaderno principal. Por lo que una vez que ya no sean necesarias dichas documentales, se acordara lo conducente. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12, en relación con el diverso 24, ambos de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Por lo que hace al número telefónico y correos electrónicos que proporciona, se toma conocimiento de los mismos, para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

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