José Trinidad Priego Domínguez

Expediente 1330/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1330/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • José Trinidad Priego Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por este órgano de control constitucional, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por lo tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe. humber ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ En esta fecha queda firmado el oficio que se gira para notificar el proveído que antecede. El número de su control se anota en la minuta que se agrega para constancia y seguimiento. Conste. El actuario recibe el oficio de referencia. Última foja del proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de amparo 1330/2021-II. Conste.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de proveer lo conducente en relación al señalamiento de la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente administrativo laboral 1019/E06/2019, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, debido a que del contenido del informe justificado con que se da cuenta se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el día dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, señaló las diez horas del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, cuya omisión se dolía la parte quejosa, por lo que ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que, como se dijo, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente dentro del expediente administrativo laboral 1019/E06/2019, de su índice, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con tres minutos del uno de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la persona moral tercero interesada AFX Industries, S. A de C. V., por conducto de su representante legal licenciado Pedro Flores Pérez, el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 465/2021-I, se aprecia que en resolución pronunciada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Eduardo Reyna Vega, en contra de los actos que reclamó al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Dicha determinación, causó ejecutoria por auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por ninguna de las partes, y en esa propia fecha se requirió el cumplimiento de la misma. El Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante sus oficios J2F/3034/2019, recibidos en proveídos de diez y veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, informó el acatamiento a la ejecutoria de amparo, lo que aseveró con las constancias que anexó a dichas misivas. Las referidas constancias fueron puestas a la vista del impetrante de garantías y de la parte tercera interesada; sin embargo, no hicieron manifestación alguna; por tanto, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Así las cosas, la protección constitucional en el juicio de amparo en que se actúa, concedida por este órgano de control constitucional, fue para los efectos siguientes: "1. Cite a las partes a la audiencia prevista por el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, misma que se verificará dentro de tres días, con el fin de que en ella aleguen lo que a su derecho convenga en relación con el incidente planteado dentro del expediente 00001/2008. 2. Una vez realizado lo anterior, concurran o no las partes a la referida diligencia, deberá pronunciarse la resolución correspondiente, dentro de los cinco días siguientes." En esa tesitura, una vez analizadas las constancias de autos, se estima que la autoridad responsable en este juicio, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, señaló las diez horas del nueve de septiembre del año actual, para que tuviera verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; y, posteriormente, mediante interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, llevó a cabo la resolución incidental de la liquidación de la sociedad conyugal promovida por el aquí quejoso, dentro del expediente 0001/2008, en contra de Teresa de Jesús Reyna Vega, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio por mutuo consentimiento. En consecuencia, debe concluirse que en el caso, es procedente declarar, sin perjuicio de que las partes interesadas intenten el medio de impugnación correspondiente, que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, desde el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia protectora se dictó el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 2. Dicho fallo causó ejecutoria el treinta de agosto de dos mil veintiuno. 3. La fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento lo es el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 4. El oficio relativo se recibió en la oficialía de este Juzgado de Distrito el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se tiene por cumplida la ejecutoria. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes, que cuentan con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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