Jose Trinidad Moreno Ramírez
Expediente 1159/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jose Trinidad Moreno Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio del Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el cual se agrega únicamente para efectos de control, toda vez que mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y el veintitrés de mayo del año en curso, se declaró consentida la misma. Notifíquese.
- Principal
Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "Efectos de la concesión del amparo que se otorga. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos de que la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por sí o a través de la Administración Local de Recaudación de Torreón: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Devuelva al quejoso, las cantidades totales que enteró por los conceptos de "COMPRA-VENTA", "APERTURA DE CRÉDITO", "ARTÍCULO 79-A LHE", así como los de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL", según se desprenden de los recibos digitales de pago con números de referencia 758686528 y 758686537, ambos de quince de agosto de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional". Impugnación. Inconforme con la sentencia, las autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad y en proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por dicha superioridad en la que modificó la sentencia recurrida para quedar como sigue: "(.) Se desincorporen de la esfera jurídica de José Trinidad Moreno Ramírez, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y no se apliquen en lo presente y futuro. Se dejen insubsistentes los cobros de derechos por servicios registrales, mismos que deberán ser con base en la cuota mínima que establece el artículo 79-B, es decir, por el monto de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por cada registro de compraventa y apertura de crédito, así como que se le reintegre el excedente. Hecho lo anterior, proceda a devolver la diferencia de los pagos realizados por la quejosa al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, los cuales constan en los recibos indicados, correspondientes a los conceptos de los rubros de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN y SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL". Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas." Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, asimismo, dejó insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de quince de agosto de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con número de referencia 758686528 y 758686537 y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales de referencia, por la cantidad de $8,913.00 (ocho mil novecientos trece pesos 00/100 moneda nacional), informando que puso a disposición del quejoso el cheque número 14348, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveído de cinco de abril del año en curso, se dio vista a las partes. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales, asimismo, dejó insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de quince de agosto de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con número de referencia 758686528 y 758686537 y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales de referencia, por la cantidad de $8,913.00 (ocho mil novecientos trece pesos 00/100 moneda nacional), el cual fue recibido por el quejoso, tal y como se advierte de las constancias que anexó la responsable a su oficio de cuenta. En apoyo a lo expuesto se invoca, aplicada por analogía, la tesis aislada clave III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, del texto siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado." Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo que remite el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
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