JOSE TRINIDAD MORENO PANTOJA y Otros.

Expediente 251/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
251/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2017

Partes del expediente

  • JOSE TRINIDAD MORENO PANTOJA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede asentada por la Secretaria, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, dado que la Jueza Séptimo Civil de Partido en León, Guanajuato envió tres tomos de prueba del juicio civil ***, se ordena devolver los mismos a sus lugares de origen, solicitando los acuses de recibo condignos.

  2. Principal

    Téngase por recibido y agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el oficio de cuenta signado por la Jueza Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato, al que adjunta la demanda de amparo promovida por ***, con anexos, constancias de emplazamiento a quien se señaló como tercero interesado ***, así como su informe con justificación y el que rindiera el Juez Séptimo Civil de Partido en León, Guanajuato; tres tomos de prueba del juicio civil C**/2011, de esta última autoridad; y las constancias del exhorto 124/2016; del índice de la autoridad oficiante, demanda promovida contra los actos que estimaron violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 251/2017-VI-2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Mediante oficio, con transcripción de este auto, acúsese recibo a la Jueza Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato. Con las constancias consistes en tres tomos de fotocopias del Juicio Civil C**/2011, del índice del Juzgado Séptimo Civil de Partido en León, Guanajuato, atento a su voluminosidad y para su mejor manejo, guárdense por separado en tres tomos de pruebas. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, así como las documentales que se adjuntaron a la misma, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la misma resulta improcedente, por lo que procede desecharla. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis pormenorizado de la demanda de amparo, se desprende que los promoventes ***, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra lo que denomina ".la orden judicial inminente de desalojarnos del bien inmueble ubicado en *** la ciudad de Moroleón, Guanajuato; lo anterior sin que previamente esa autoridad nos haya emplazado, o sin que nos hayan requerido para que nos defendamos en el juicio correspondiente del índice consecutivo correspondiente al Juzgado Séptimo Civil de Partido de León, Guanajuato". Precisión que encuentra apoyo en las Tesis de Jurisprudencia siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Como antecedentes del acto reclamado, se desprende en lo que aquí interesa: 1.- Que los promoventes ***, aducen tener su domicilio en el inmueble ubicado en *** la ciudad de Moroleón, Guanajuato, del cual es propietaria ***. 2.- Que con fecha 19 de septiembre de 2016, una persona que afirmó pertenecer al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y que dijo llamarse Soraida Suárez, se hizo presente en el domicilio ubicado en *** la ciudad de Moroleón, Guanajuato; acompañado de otra persona que dijo ser abogado y pertenecer al bufete jurídico de ***, quien se negó a dar su nombre y ambas personas los amenazaron e intimidaron con despojarlos de la propiedad argumentando que venían a dar cumplimiento a un exhorto que remitía el Juzgado Séptimo Civil de Partido en León, Guanajuato; dentro del expediente ***/2011, siendo el número de exhorto 124/2016; indicando que había una orden judicial de realizar dicho lanzamiento, por lo que los quejosos se sorprendieron y corrieron a esas personas, quienes les advirtieron que regresarían con la fuerza pública. 3.- Todo lo anterior, señalaron los quejosos, en el entendido de no haber sido emplazados a juicio por ningún banco, ni haber sido citados en alguna causa penal. Ahora bien, de las constancias que presentó la Jueza Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato, dentro del exhorto 124/2016, se advierte que la citada demanda de amparo indirecto, fue presentada ante el citado órgano judicial, con fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, dictándose un acuerdo, con fecha diez de octubre de aquel año, ordenándose el emplazamiento del "tercero perjudicado", la rendición de los informes justificados y, por oficio 326, se ordenó la remisión de las referidas constancias, al Juzgado de Distrito en Turno, en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Analizado la demanda de amparo suscrita por ***, se obtiene que promovieron Juicio de Amparo Indirecto, previsto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, tan es así, que de manera literal en la demanda, citada se cumplen los requisitos de forma establecidos por el diverso numeral 108 de la Ley de Amparo en vigor. Entonces, evidentemente, ***, promovieron Juicio de Amparo Indirecto frente al acto que reclamaron tanto del Juzgado Séptimo Civil de Partido en León, Guanajuato (autoridad que señalan como ordenadora); como de la Jueza Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato; y del actuario de su adscripción (a quienes señaló como ejecutoras), no obstante, la demanda fue presentada ante una autoridad que legalmente no estaba facultada para recibirla. Así, no puede considerarse que los quejosos intentaran promover el Juicio de Amparo en la vía directa, lo que justificaría presentar dicha demanda ante la autoridad responsable, por el contrario, los quejosos son precisos y categóricos al manifestar que promovían, una demanda de amparo en la vía indirecta. Por lo anterior, tampoco es dable concluir que los quejosos equivocaron la vía, se insiste, único supuesto en que la presentación de la demanda ante la autoridad señalada como responsable, ya que, de la literalidad de la demanda de amparo, se advierte que se dirige a un Juez de Distrito en Turno, en Celaya, Guanajuato; cumpliendo los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, y formulando puntos petitorios al Juez de Distrito en Turno del Décimo Sexto Circuito, luego entonces no existe ninguna equivocación en la vía, por parte de los quejosos. En consecuencia, resulta que la demanda de amparo recibida a las doce horas con veintiocho minutos, del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, fue presentada de manera extemporánea, es decir, fuera del término de quince días que contemplan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que los quejoso, afirman haber tenido conocimiento del acto reclamado, el 19 diecinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. Por su contenido, se cita la tesis VI.3o.C.21 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia Común, Página 1888, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA ANTE JUZGADO DE DISTRITO. NO SE INTERRUMPE EL TÉRMINO QUE LA LEY ESTABLECE PARA TAL EFECTO, POR NO HABER EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA. De lo dispuesto por los artículos 163 y 165 de la Ley de Amparo, se desprende que la demanda de garantías contra sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable y que la presentación de la demanda ante una autoridad distinta no interrumpe el término respectivo. Por tanto, si una demanda de amparo directo, que a pesar de haberse formulado como tal se presenta ante un Juzgado de Distrito, para determinar su oportunidad debe estarse a la fecha en que es recibida por el Tribunal Colegiado de Circuito y no a la de presentación ante el Juzgado de Distrito. Lo anterior es así, porque si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 1/95, con el rubro: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO.", publicada en la página 43, del Tomo I, correspondiente al mes de mayo de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció que para determinar la oportunidad en la promoción de una demanda de amparo directo planteado como indirecto debe atenderse a la fecha de presentación de dicha demanda ante el Juzgado de Distrito, ese criterio se refiere sólo a los casos en que el quejoso equivoca la vía, promoviendo su demanda como amparo indirecto, contra actos respecto de los cuales procede el amparo uniinstancial, pero no a aquellos en que expresamente plantea su demanda como amparo directo, y no obstante ello, la presenta ante un Juzgado de Distrito, pues en este caso, para determinar si fue presentada oportunamente, debe estarse a la fecha en que fue recibida en el Tribunal Colegiado correspondiente." De lo anterior expuesto, se advierte que en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado; toda vez que la demanda de amparo fue promovida en forma extemporánea a los quince días a que se refiere el citado artículo 17 de la Ley de la Materia, y con ello el acto fue consentido, conforme a la fracción XIV del referido numeral 61 de la misma Ley. Es aplicable la jurisprudencia J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Página 1035, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como la diversa tesis del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII-Enero, Octava Época, consultable a página 201, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición." Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esto es, del contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo se obtiene que, entre otras hipótesis, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezará a computarse a partir del día siguiente al en que la parte promovente haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; y del diverso numeral 61 fracción XIV, se desprende que, para el caso de no promoverse el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el indicado artículo 17, se tendrán por consentidos tácitamente los actos reclamados. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que los promoventes, como expresamente lo citan, tuvieron conocimiento del acto que reclama el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, mientras que del matasellos estampado al oficio por el que se recibió la demanda, en la oficina de Oficialía de Partes común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Celaya Guanajuato, se desprende que la demanda fue presentada ante la autoridad competente para su trámite, hasta el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, por tanto, transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende, consintieron los actos reclamados, siendo así que se considera que el desechamiento por extemporaneidad de la presentación de la demanda, es una consecuencia lógica y jurídica. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que no se promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que al efecto señala el segundo de los preceptos legales invocados; se desecha la demanda promovida por ***. Es consultable la Tesis consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, Materia Común, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Y por lo que informa, en su parte conducente, la Jurisprudencia número 27/96, obtenida de la Contradicción de Tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, visible en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Epoca, Materia Común, instancia del Pleno; cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (El subrayado es de este Juzgado de la Federación). Es de precisarse que son aplicables las tesis invocadas, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con la misma, indicando: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Los quejosos señalan como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones "las listas que se publican diariamente en día hábil en las oficinas de este Juzgado de Distrito a su cargo." siendo que éstas no constituyen un domicilio propiamente dicho; en consecuencia, hasta en tanto se haga señalamiento al respecto, las notificaciones de este auto y de los subsecuentes, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme las reglas que al efecto establecen los artículos 27, fracción III, inciso a) y el artículo 29 de la Ley de Amparo. Téngase como autorizado para recibir notificaciones al licenciado ***, en los términos amplios que indica el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su Cédula Profesional SI se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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