Josè Trinidad Millàn Martínez
Expediente 698/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Josè Trinidad Millàn Martínez
- Josè Trinidad Millàn Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
II... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior al quejoso y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
II... Atendiendo al contenido de la razón de cuenta, se tiene al actuario de la adscripción manifestando la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso el auto por el cual se desechó su demanda, por lo que con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo, notifíquesele el acuerdo en comento, el presente proveído y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en lugar visible de este Juzgado. Proveído de 22/julio/2021: "... Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ..., por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Cometida por Particulares en San Agustín, Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 698/2021-II. Previo acordar lo conducente, es dable destacar que el ocurso que se atiende fue promovido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web en el que las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, consultar a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos, lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal. Acorde con lo anterior, los artículos 1º, 3º, 14, 16, 45, 46 y 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indican los requisitos para presentar demandas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como la forma de consultar el expediente electrónico. En este contexto, del artículo 3º de la ley invocada se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 16 del acuerdo aludido párrafos precedentes, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de la misma norma y se registren en el sistema, estableciendo los pasos para realizar dicho trámite. Además, el artículo 42 del acuerdo en cita establece las excepciones para promover demandas sin tener firma electrónica, que son aquellos en los que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Lo que en la especie no acontece, tomando en consideración que los quejosos reclaman la orden de aprehensión y detención libradas en su contra; así como su ejecución; los cuales es evidente no encuadran en alguno de los supuestos contemplados en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Sobre esa base, el ocurso de cuenta carece de las evidencias criptográficas que denoten la firma electrónica de los quejosos, pues aparece la de una persona diversa y como se ha señalado, atendiendo a la normatividad invocada es necesario que los promoventes cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Aunado a que, como ya se preció, los actos reclamados no se tratan de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como alguno de los que enuncia el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, es inconcuso que el suscrito está facultado para proveer respecto del escrito de demanda a la luz de los razonamientos expuestos y en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 3º, 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3. De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla. Así, de los preceptos invocados queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del presente juicio, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Relacionado con lo anterior, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la ley de la materia, es necesario que el promovente ingrese su "nombre de usuario y contraseña" que generó al momento de registrarse, o bien, a través de su firma electrónica vigente; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda y agregarán a dicho escrito su firma electrónica. Lo anterior, implica que ante la falta de firma electrónica a nombre del promovente no existe voluntad de su parte para dar inicio a la presente instancia constitucional. En ese orden de ideas, como se ha mencionado el escrito que se provee carece de las firmas de los promoventes, pues aparece la evidencia criptográfica de la firma de diversa persona y no de aquellos, por ende adolece del requisito indispensable para expresar su voluntad, pues es a través de la firma electrónica correspondiente que se responsabilizan de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda.... En ese orden de ideas, se desecha la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 3º, 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos....
- Principal
II.- Vista la demanda de amparo...
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