José Trinidad González Araujo

Expediente 1252/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1252/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • José Trinidad González Araujo
  • Ricardo del Carmen Marfil Herrera y Otros.
  • José Trinidad González Araujo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Vista la certificación de cuenta, por cuanto de la misma aparece que el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad en contra de la determinación veintisiete de agosto del año que transcurre (fojas 184 a 187), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que se haya hecho valer; en tal virtud, con fundamento en el referido artículo 202 de la Ley de Amparo, relacionado con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, como lo dispone su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicha determinación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto vigésimo primero, capitulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, por cuanto de la misma aparece que el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad en contra de la determinación veintisiete de agosto del año que transcurre (fojas 184 a 187), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que se haya hecho valer; en tal virtud, con fundamento en el referido artículo 202 de la Ley de Amparo, relacionado con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, como lo dispone su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicha determinación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto vigésimo primero, capitulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al centro archivístico judicial.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA.- Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Por lo anterior, se advierte que en el caso, existe una la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud de que la parte actora -aquí quejosa-, se desistió de las acciones ejercitadas dentro del juicio laboral 131/2017, trayendo como consecuencia el archivo definitivo del juicio laboral de origen, por lo que, este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio de la propia Ley de Amparo, procede al análisis de oficio de dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, constituye una cuestión de orden público. Por lo anterior, se advierte que en el caso, existe una la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, en virtud de que la parte actora -aquí quejosa-, se desistió de las acciones ejercitadas dentro del juicio laboral 131/2017, trayendo como consecuencia el archivo definitivo del juicio laboral de origen, por lo que, este órgano de control constitucional declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR CONCEDIDO.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

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