José Trinidad Garcia Piceno

Expediente 680/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 67 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
680/2019
Año
2019
Actuaciones
67
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • José Trinidad Garcia Piceno
  • Ayuntamiento Conmstitucional de José Sixto Verduzco, Michoacán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 67.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. SE TIENE POR NO INTERPUESTO RECURSO Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo de tres días que se concedió a la parte promovente del amparo para que cumpliera con el requerimiento formulado en auto de trece de julio de dos mil veintidós, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y con fundamento en el artículo 88, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en consecuencia provéase lo que en el derecho corresponda. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Asimismo, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obra en autos diversos documentos originales, glosados de la foja 11 a la 14, 21, 23, 28, 29 y 41 Bis (folder con diversas fotografías), mismos que anexó junto con el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. SE AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N704292, valioso por la cantidad de $ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., el cual fue exhibido en su momento por la parte quejosa, a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional concedida en autos; en consecuencia, hágase de su conocimiento que se deja a su disposición el billete de depósito antes aludido; debidamente endosado a favor de la promovente, previa identificación y acta de entrega que se levante, en el entendido de que la misma deberá hacerse dentro de los días y horario establecido para tal efecto. En el entendido que de no hacerlo en el lapso de dos años, con fundamento en el artículo 50, de la Ley de la Tesorería de la Federación, prescribirán a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Jospe Trinidad García Piceno, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto de fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós. SE REQUIEREN COPIAS DE TRASLADO Atento a su contenido, previo a proveer en cuanto al fondo de su petición, con apoyo en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificado de este proveído, exhiba una copia más de su escrito de agravios necesaria para correr traslado a la totalidad de las partes; lo anterior, se hace necesario ya que se requieren seis para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada, otra para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y una más para el expediente, y únicamente se exhibió el original ocho copias. APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Jospe Trinidad García Piceno, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto de fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós. SE REQUIEREN COPIAS DE TRASLADO Atento a su contenido, previo a proveer en cuanto al fondo de su petición, con apoyo en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificado de este proveído, exhiba una copia más de su escrito de agravios necesaria para correr traslado a la totalidad de las partes; lo anterior, se hace necesario ya que se requieren seis para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada, otra para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y una más para el expediente, y únicamente se exhibió el original ocho copias. APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    ??????????????? veintitrés de junio de dos mil veintidós V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-680/2019, promovido por Adolfo Arreygue Flores y Jonathan Baruch Arreygue, en cuanto apoderados de José Trinidad García Piceno, contra actos del Presidente Municipal de José Sixto Verduzco y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de junio del dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Adolfo Arreygue Flores y Jonathan Baruch Arreygue, en cuanto apoderados de José Trinidad García Piceno, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "I. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Presidente Municipal de José Sixto Verduzco. Tiene su domicilio conocido . 2. Ayuntamiento Constitucional de José Sixto Verduzco que puede ser emplazado al presente juicio por conducto del Síndico de dicho Ayuntamiento. 3. Secretario del H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, que tiene su domicilio conocido. 4. Director General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, que tiene su domicilio conocido en. 5. Director de Obras Públicas y Proyectos dependiente de la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, con domicilio conocido. 6. Director del Departamento de Construcción dependiente de la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco con domicilio conocido. 7. Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, con domicilio conocido. 8. Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de José Sixto Verduzco, con domicilio conocido en. 9. Comisario Ejidal del Ejido de Pastor Ortiz, con domicilio conocido.". "IV. ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: La constante molestia y acoso por parte de las autoridades anteriormente señaladas, mediante las diferentes visitas y escritos girados contra nuestro representado el señor José Trinidad García Piceno, mediante los cuales de manera intimidante y autoritaria pretenden despojarlo de una fracción de su propiedad y/o derecho ejidal e invadir una fracción de la misma, que además es el lugar en que ha vivido y lo hace hasta este momento, siendo este mismo lugar es en el que siempre ha estado como miembro ejidatario y tiene reconocido dicho carácter conforme a la constancia que se anexa a la presente demanda de garantías que lo acredita como ejidatario, por lo que se hace del conocimiento que desde hace unos meses han estado visitando a nuestro representado legal el señor José Trinidad García Piceno, tanto la síndico del Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, la C. Ibeth Lourdes Ávila Pérez, como el comisariado Ejidal del Ejido de Pastor Ortiz el C. José Luis Ayala Carrillo para amenazarlo con quitarle un pedazo de su propiedad ejidal, sin presentar documentación alguna que lo avale o justifique, esto por el simple hecho de tratarse de un acto de autoridad, lo anterior argumentando su deseo y pretensión de pasar una calle por una fracción de la propiedad de nuestro representado, sustentando dicho acto únicamente en un escrito sin valor judicial alguno en el que por medio de firmas vecinales de conformidad intentan amedrentar y desorientar al C. José Trinidad García Piceno, señalando que dichas obras serán ejecutadas por medio del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de José Sixto Verduzco, quien es el indicado para realizar obras de alcantarillado y paso de ductos de agua potable Además denota el ilegal proyecto y obra que las autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar en una porción de la propiedad ejidal de nuestro representado, la cual corresponde al LOTE 10 y/o 12, COLONIA SERVANDO CHAVEZ, EN PASTOR ORTIZ y que se ubica en inmediaciones de la calle Acámbaro, entre calles Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez perteneciente al municipio de José Sixto Verduzco, obra dentro de la cual se incluye la destrucción de la ?????????????? barda perimetral de dicha propiedad ejidal del señor José Trinidad García Piceno y es con la finalidad de que puedan pasar el servicio de agua potable y alcantarillado esto pese a que existe el área pública suficiente para hacerlo sin que se afecte el derecho de ciudadanos como sucede en este caso particular. Cualquier orden para realizar o ejecutar una construcción en el área correspondiente la propiedad ejidal del C. José Trinidad García Piceno correspondiente al LOTE 10 y/o 12, COLONIA SERVANDO CHÁVEZ EN PASTOR ORTIZ y que se ubica en inmediaciones de la calle Acámbaro, entre calle Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez perteneciente al municipio de José Sixto Verduzco, incluyendo la orden de destrucción de la barda perimetral con la cual se delimita la propiedad de nuestro representado y que se ubica en dicho lugar. La ilegalidad de cualquier acuerdo dictado por el C. Presidente Municipal de José Sixto Verduzco o por el Ayuntamiento de José Sixto Verduzco o por cualquier organismo dependiente del Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, así como de cualquier contrato, convenio o de cualquier otra naturaleza celebrado entre dichas autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar en la propiedad ejidal de nuestro representado el C. José Trinidad García Piceno, correspondiente al lote 10 y/o 12, COLONIA SERVANDO CHÁVEZ, EN PASTOR ORTIZ y que se ubica en inmediaciones de la calle Acámbaro, entre calle Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez, perteneciente al Municipio de José Sixto Verduzco, incluyendo la destrucción de la barda perimetral o cualquier objeto de delimitación que se ubique en dicho lugar." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos preceptos previstos en Tratados Internacionales. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previas sus aclaraciones, en auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el presente asunto; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Luego, en auto de fecha veintinueve de enero del dos mil veintiuno, se dejó de tener como autoridad responsable al Comisariado Ejidal de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán. Finalmente desahogadas las pruebas admitidas el veintiocho de abril del dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza administrativa ???????????? que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial donde esta potestad federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: I. La autorización que realizaron las autoridades responsables para que se llevara a cabo una obra pública consistente en la pavimentación y servicios públicos como lo es agua alcantarillado y alumbrado público sobre una fracción correspondiente al lote 10 y/o 12, ubicado en las inmediaciones de la calle Acámbaro, entre Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez, del municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán. II. Como consecuencia de la ejecución de dicha obra el afectar la propiedad que el quejoso afirma tiene respecto del lote en cita, con el posible derrumbamiento de la barda perimetral que afirma se encuentra sobre la calle Acámbaro. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Secretario y Director de Agua Potable y Alcantarillado, ambos del Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, así como el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, se advierte que negaron la existencia de los actos que se les reclaman. A pesar de ello, la quejosa no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tales manifestaciones. De modo que al no haber sido desvirtuadas las negativas de las autoridades responsables, en la ???????????? especie, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo1, y lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades indicadas. Apoya lo anterior, la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 1 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.].". Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Presidente Municipal, Ayuntamiento Constitucional y Director General de Obras Públicas, todos de José Sixto Verduzco, Michoacán, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, en cuanto que ordenaron la realización de la obra de pavimentación en la calle Acámbaro, entre calle Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez del municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". ?????????????? Además, tal afirmación se corrobora con las constancias que en copia simple adjunto la parte quejosa (fojas 31 a 33 de este expediente), y las anexas, en original al informe justificado rendido por la Síndica Municipal en representación del Ayuntamiento de José Sixtos Verduzco, Michoacán, (fojas 99 y 100. Documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 1292, 1973 y 2024 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 2 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." 3 "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". 4 "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Así como con la prueba testimonial e inspección ocular adminiculada con pericial y asistencia de perito oficial desahogadas en autos (fojas 237 a 243 y 509 a 521 de este expediente) a las cuales se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 197, 211 y 215 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no ????????????? exista agravio encaminado a ese fin". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". En efecto, en relación con el acto reclamado precisado en el numeral II del considerando segundo, consistente en la afectación en la propiedad que el quejoso afirma tiene respecto del lote 10 y/o 12, ubicado en las inmediaciones de la calle Acámbaro, entre Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez, del Municipio de José Sixto Verduzco, con el posible derrumbamiento de la barda perimetral que afirma se encuentra sobre la calle Acámbaro, con motivo de las obras de pavimentación de dicha calle, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". Se entiende por actos consumados de modo irreparable, aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias físicas y materialmente, no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ahora, en la especie, de la narración de antecedentes realizada en el considerando tercero, se observa que las responsables en virtud a las obras de pavimentación en la calle Acámbaro entre Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez, del Municipio de José Sixto Verduzco, ya realizaron el derrumbe de la barda perimetral que el quejoso alega se encontraba dentro del lote que afirma posee identificado con el número 10 y/o 12. Así se advierte del contenido de la diligencia relativa a la inspección ocular adminiculada con pericial, ya valorada en párrafos precedentes, llevada a cabo en dicho lote el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, pues en ella se hizo constar entre otras cosas: ". asimismo por el personal actuante se advierte que por el viento, se dice por la calle Acámbaro no existe barda perimetral, sino ??????????????? únicamente se encuentra una de las fachadas del inmueble con acceso directo a la calle.". Por lo anterior, las violaciones que pudiera considerar el amparista se hubieren cometido por el hecho de derrumbar la barda que afirma existía en el lote número 10 y/o 12 sobre la calle Acámbaro entre Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez, del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, se realizaron en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente. De ahí que no pueden ser restituidas al haber desaparecido el objeto del juicio, consistente en evitar o paralizar el derrumbamiento de la referida barda que alega el quejoso (sin acreditarlo) se encontraba como delimitante de su domicilio, al ya haber sido ejecutado. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Décima Época Registro: 2016185 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.A.C.7 K (10a.) Página: 1376 ACTO CONSUMADO DE MANERA IRREPARABLE. LO CONSTITUYE LA ORDEN DE DEMOLICIÓN DE UN INMUEBLE QUE SE EJECUTA PLENAMENTE. En términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ahora, en el caso de que en un juicio de amparo indirecto se reclame la orden de demolición de un bien inmueble y del análisis de las constancias relativas se obtenga que ésta ya se produjo plenamente, es decir, que el inmueble fue demolido, y de autos también se obtiene que este acto fue con el propósito de construir uno nuevo, debe considerarse que constituye un acto consumado de manera irreparable, pues no es posible física y materialmente restituir dicho inmueble al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas, además, sería ilusorio examinar su constitucionalidad, ya que aun cuando pudiera resultar inconstitucional, la sentencia de amparo no podría tener el efecto de lograr su destrucción, al haber desaparecido el objeto del juicio, consistente en evitar o paralizar la demolición del inmueble, pues resulta físicamente imposible restituir a la quejosa la misma edificación en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ser demolida, razón por la que evidentemente el juicio de amparo resulta improcedente. En consecuencia, al actualizarse en relación con el aludido acto la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, este Juzgado de Distrito también estima que respecto del acto precisado en el numeral II), y en el numeral I), del considerando segundo, ?????????????? consistente en la autorización que realizaron las autoridades responsables para que se llevara a cabo una obra pública consistente en la pavimentación y servicios públicos como lo es agua, alcantarillado y alumbrado público, sobre una fracción correspondiente al lote 10 y/o 12, ubicado en las inmediaciones de la calle Acámbaro, entre Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez, del Municipio de José Sixto Verduzco, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal de la Ley de Amparo, que hacen valer las autoridades responsables al momento de rendir sus respectivos informes justificados. Para evidenciar lo anterior conviene mencionar que los artículos citados, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que ???????????? se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 ????????????? Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Esto quiere decir que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a)Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b)Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d)Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos). En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ?????????????? MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Como se observa, conforme al invocado criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las condicionantes para demostrar el interés jurídico son: a)La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b)Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición general frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de ???????????? amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya que sea por una circunstancia personal o por una regulación grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Así las cosas, la parte quejosa señala como acto reclamado la autorización que realizaron las autoridades responsables para que se llevara a cabo una obra pública consistente en la pavimentación y servicios públicos como lo es agua, alcantarillado y alumbrado público sobre una fracción correspondiente al lote 10 y/o 12, ubicado en las inmediaciones de la calle Acámbaro, entre Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez, del municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán y su ejecución. Sin embargo, dicho quejoso carece de legitimación para promover el juicio de amparo, porque la determinación reclamada no se advierte que tenga efectos sobre algún derecho de la parte quejosa, pues aunque ésta refiere en su demanda de amparo que su propiedad abarca una fracción de la referida calle Acámbaro, por donde se está realizado la obra aludida, esa circunstancia, como se pondrá de manifiesto en párrafos subsecuentes, no se demuestra con las pruebas aportadas por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 807072 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXXII Materia(s): Común Tesis: Página: 3490 PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias.". Sentado lo anterior es menester reiterar que en el caso, el quejoso José Trinidad García Piceno instó el presente juicio de amparo para combatir la orden y ejecución de una obra de pavimentación sobre la calle Acámbaro, entre la calle Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez del Municipio de José Sixto Verduzco, la que considera afecta la propiedad que afirma tiene del lote número 10 y/o 12 sobre las inmediaciones de la calle Acámbaro, entre calle Sahuayo y Morelia, de la colonia y Municipio ya precisados. Luego, si se considera que, en el decir del quejoso, el acto reclamado afecta su derecho de propiedad y posesión, entonces, resulta necesario que dicho peticionario del amparo acredite plenamente su interés jurídico o legítimo, lo cual constituye un presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia de ???????????? la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Ahora, de las constancias que integran el juicio de origen se obtiene lo siguiente: ? Que el tres de mayo del dos mil diecinueve, el Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Pastor Ortiz, Michoacán, así como el Presidente del Consejo de Vigilancia del mismo ejido, hicieron constar que después de haber tenido una asamblea con los vecinos de la colonia de la colonia Servando Chávez, el día veintiocho de abril de ese mismo año, llegaron a la conclusión de que al no haber acudido José Trinidad García Piceno, se le hiciera un citatorio para que se presentara a la Comisaría Ejidal, con el fin de que acreditara que su lote es "delimitado como se ve por la barda perimetral". ? También hicieron constar que el día veintinueve de abril de ese mismo año, el hoy quejoso llegó a la cita, pero que no exhibió documento alguno de su casa o lote, para poder delimitar o hacer una rectificación de medidas y que en esa reunión les mencionó ". Que no lo había traído al llegar al punto se le invitó a reconocer y permitir lo antes dicho, mencionando el C. José Trinidad que esa pared la había construido desde hace poco más de 30 años y como propuesta en definitivo que su abogado le dijo que no cediera a nada", que también mencionó "que el C. Rubén Robledo Agabo en reunión anterior le había manifestado que así se podía construir el pavimento de dicha calle."5. ? De igual forma, se advierte que el veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, los integrantes del Comisariado Ejidal antes referido y el Presidente del Consejo de Vigilancia del mismo, certificaron lo siguiente: ".Que en base al documento del tres de mayo del año en curso, hacemos la siguiente corrección: Donde dice calle Jiquilpan, debe decir calle Acámbaro, Colonia Servando Chávez, Comunidad de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán. Así como también manifestamos que el C. JOSÉ TRINIDAD GARCÍA PICENO, a la fecha de hoy no ha acreditado con constancia alguna la delimitación de su lote y casa habitación ubicada en dicha colonia, por lo cual él menciona que el C. José Jesús Hernández Ramos, persona quien le cedió el lote nunca le firmó constancia de dicha cesión (A LA FECHA FINADO) Y sin que nos conste su versión, no es posible elaborarle documento alguno y por consecuencia no es posible ninguna rectificación, más que a simple vista pasan por su lote los servicios de agua potable, drenaje e 5Foja 99. ???????????? inclusive se encuentra un tirante de sujeción de un poste propiedad de (C.F.E)"6. De lo antes narrado, tenemos que el quejoso para acreditar el derecho de propiedad que dice tener exhibió: a)Copia cotejada del certificado parcelario número 000001030214, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional el dieciocho de noviembre del dos mil quince, que ampara la parcela número 355Z-1 P 1/1 del Ejido Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, Estado de Michoacán, con una superficie de 2-58- 51.910 dos hectáreas, cincuenta y ocho áreas, cincuenta y un punto novecientos diez centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Noreste 181.100 metros en línea quebrada con parcela 341 y brecha, al sureste 178.250 metros, con parcela 360, al suroeste 195.830 metros con bordo, al noroeste 222.360 metros con parcela 341, a favor de José Trinidad García Piceno, de conformidad con transmisión de derechos por sucesión7. b) Copia simple de una constancia expedida por el Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, en el cual hace constar que José Trinidad García Piceno, en cuanto ejidatario, es titular del derecho ejidal que 66 Foja 100. 77 Foja 23. ampara el terreno identificado como solar ejidal número 12 de la manzana 1, ubicado en el predio denominado colonia Servando Chávez, con una superficie total de 283.153 metros, con las siguientes medidas y colindancias: Norte: 22.54 meros, colinda con calle sin nombre, sur:19.89 metros colinda con solar 11, oriente: 11.31 metros, colinda con calle Zitácuaro y poniente: 17.27 metros colinda con solar 13.8 c) Original del aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de J. TRINIDAD GARCÍA P., respecto del lote número 10, col. Servando Ch., Pastor Ortiz, correspondiente al periodo facturado del cuatro de marzo del dos mil diecinueve al tres de mayo del dos mil diecinueve9. d) Copia simple de un oficio signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, Michoacán, dirigido el veintitrés de mayo del dos mil diecinueve al Comisariado Ejidal del Ejido Pastor Ortiz, Michoacán, a través del cual le remitió un escrito signado por varios vecinos de la calle Acámbaro, entre Sahuayo y Morelia, colonia Servando Chávez, Pastor Ortiz, Municipio de Sixto Verduzco, Michoacán, donde afirma le hicieron de su conocimiento que J. TRINIDAD GARCÍA 8 Foja 25 9 Foja 28. ???????????? PICENO, invade y obstaculiza la realización de una obra de pavimentación, donde por el dicho de vecinos se adjudicó parte de la calle, dejando los servicios públicos dentro de su propiedad, por lo cual solicitó se iniciara el procedimiento correspondiente para que el Ayuntamiento pudiera realizar los trabajos de pavimentación en la referida calle de Acámbaro10. Documentales la primera y tercera que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 12911, 19712 y 20213 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 10 Foja 31 11 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." 12 "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". 13 "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, ofreció: e) L a prueba testimonial que fue desahogada a cargo de los testigos Pedro Mora Martínez, Isidro Cerafín Rodríguez Arriaga y Rafael Robledo Zamora; por el Juez Mixto de Primera Instancia en Puruándiro, Michoacán, en auxilio de las labores de este juzgado, el diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve14; y, f) L a prueba de inspección ocular adminiculada con pericial y con asistencia de perito oficial, desahogada en auxilio de las labores de este juzgado por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán, el veinticuatro de febrero del dos mil veintidós15. g) P ericial desahogada por el experto Jorge Luis Ramírez Campso, designado por la parte quejosa16 14 Fojas 237 a 243. 15 Fojas 509 a 521. 16 Fojas 184 a 191. ???????????? Medios de convicción que ya fueron valorados en el considerando cuarto de esta sentencia. No obstante ello, debe decirse que tales pruebas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que le asiste para acudir al presente juicio de amparo. Ello es así, en atención a que de las referidas constancias que integran el juicio de origen, se desprende que el inmueble cuya afectación defiende en esta instancia constitucional lo identifica en su demanda de amparo como el ubicado en el lote 10 y/o 12 en las inmediaciones de la calle Acámbaro, entre calle Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez del Municipio de José Sixto Verduzco. Mientras que con el certificado parcelario que anexa acredita que es propietario virtud a "TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR SUCESIÓN", de la parcela número 355 Z-1 P 1/1 P, del ejido Pastor Ortiz del Municipio de José Sixto Verduzco en el Estado de Michoacán, con una superficie de 2-58- 51.910 dos hectáreas, cincuenta y ocho áreas, cincuenta y un punto novecientos diez centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Noreste 181.100 metros en línea quebrada con parcela 341 y brecha, al sureste 178.250 metros, con parcela 360, al suroeste 195.830 metros con bordo, al noroeste 222.360 metros con parcela 341. De manera que para acreditar en forma plena su interés jurídico se encontraba obligado a demostrar que con las obras de pavimentación sobre la calle Acámbaro, entre la calle Sahuayo y Morelia, de la Colonia Servando Chávez del Municipio de José Sixto Verduzco, al derribar la barda que el hoy quejoso afirma se encontraba delimitando su propiedad relativa al lote precisado anteriormente, en efecto se afectó parte del referido lote. Para lo cual era necesario demostrara, en principio, que el lote 10 y/o 12 ubicado en las inmediaciones de la calle Acámbaro, entre calle Sahuayo y Morelia, en la colonia Servando Chávez del Municipio de José Sixto Verduzco, se encuentra dentro de la parcela 355 Z-1 P 1/1 P, del ejido Pastor Ortiz del Municipio de José Sixto Verduzco en el Estado de Michoacán, con una superficie de 2-58-51.910 dos hectáreas, cincuenta y ocho áreas, cincuenta y un punto novecientos diez centiáreas. O en su caso, era necesario demostrara que el lote 10 y/ 12 ya referido, tiene identidad con el ubicado en el número 23 de la calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, de la colonia Servando Chávez, del Ejido Pastor Ortiz, del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán. Al efecto, la constancia de propiedad expedida supuestamente por el Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Pastor Ortiz, el trece de enero de dos mil quince, se exhibió en copia simple. Además que sólo se signó supuestamente por el Presidente del Comisariado Ejidal y no por todos sus integrantes, quienes, además, no tienen facultades para emitir tales constancias sin autorización de la Asamblea Ejidal, que es el órgano máximo dentro del Ejido. Mas aún que tampoco constituye un acto traslativo de dominio. De ahí que carece de toda certeza probatoria. Lo mismo sucede con la copia simple del escrito dirigido al Comisariado Ejidal el veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, donde obran diversas ??????????????? firmas referentes a que el quejoso invade y obstaculiza una obra pública. Lo cual no fue corroborado, ni tiene eficacia probatoria, pues no constituye un acto traslativo de dominio; lo que también sucede con el aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad exhibido. Por su parte los atestes Pedro Mora Martínez, Isidro Cerafín Rodríguez Arriaga y Rafael Robledo Zamora, a cargo de quienes se desahogó la prueba testimonial ofrecida por el propio quejoso, manifestaron que éste tiene su domicilio en dicho lugar y que fue ahí donde se ejecutó el derrumbe de la barda perimetral. Por tanto, también debían demostrar que el inmueble donde los testigos refirieron que el ahora quejoso tiene su domicilio (número 23 de la calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, de la colonia Servando Chávez, del Ejido Pastor Ortiz, del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán), es el mismo que afirma se encuentra ubicado en el lote 10 y/o 12, ya referido; y que dicho inmueble además se encuentre o forme parte de la parcela 355 Z-1 P 1/1 P, cuya propiedad ampara el certificado parcelario número 000001030214; todo ello a fin de que el peticionario del amparo acreditara que al realizar las obras de pavimentación referidas, la barda demolida en las inmediaciones de su domicilio correspondía a parte de su propiedad y no a la vía pública. Pero, aun cuando se ofreció y desahogó la prueba testimonial, con ésta únicamente quedó demostrado que los atestes fueron coincidentes en declarar, como lo es que José Trinidad García Piceno, tiene su domicilio en la calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, número 23, colonia Servando Chávez, Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco; sin embargo, no refieren que éste corresponda al lote 10 y/o 12 de mérito, menos aún que se encuentre dentro de la parcela número 355 Z-1 P 1/1 P, también ya identificada anteriormente. De igual forma con dicha testimonial se demuestra que el aquí amparista, tiene viviendo en calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, número 23, colonia Servando Chávez, Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco, desde hace aproximadamente cuarenta o cuarenta y cinco años, que esa misma temporalidad tiene de haberse construido la casa y la barda cuya demolición se reclama, que la barda perimetral que colinda con la calle Acámbaro y Zitácuaro, estaba construida desde antes de que instalaran los tubos de drenaje y agua potable, y que sí les consta que desde hace unas semanas antes de que se verificara el desahogo de esa prueba, se han llevado a cabo trabajos de pavimentación en la calle Acámbaro esquina con Zitácuaro y, que con motivo de esos trabajos, la barda perimetral del terreno que afirman es propiedad de José Trinidad García Piceno, fue derrumbada, todo lo cual adujeron lo sabían porque lo han visto y transitan por ese lugar. Asimismo, con el desahogo de la prueba de inspección ocular adminiculada con pericial y asistencia de perito, únicamente quedó demostrado que en el lugar donde dijeron constituirse el personal actuante del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán, junto con el perito oficial designado por este juzgado federal de nombre José Luis Pérez Hernández, el quejoso José Trinidad ?????????????? García Piceno, Jonathan Baruch Arreygue y Arreygue, en cuanto apoderado del quejoso, así como Alfredo González Franco y Adrián Avalos Banderas, en cuanto testigos de asistencia designados por el peticionario del amparo, dichos atestes dijeron identificar el predio en el cual se llevaría a cabo la diligencia, que lo fue en el lote 10 y/o 12, calle Zitácuaro esquina con Acámbaro, colonia Servando Chávez, en Pastor Ortiz, perteneciente al Municipio de José Sixto Verduzco, también manifestaron que en el mismo es donde habría de verificarse el desahogo de esa prueba, asimismo indicaron que lo aseguraban porque conocen el lugar y a su propietario que afirmaron es José Trinidad García Piceno, corroboraron que ese lugar se encuentra en la esquina que forman las calles de Acámbaro y Zitácuaro. Enseguida el juez de primer grado al describir el inmueble asentó que es una casa habitación de una sola planta, en color amarillo, con construcción tipo tradicional, momento en el cual además autorizó a la parte promovente la toma de fotografías del lugar que indicó serían exhibidas en el presente expediente17 y se dio la intervención del perito oficial José Luis Pérez Hernández, para coadyuvar en el desahogo de la prueba quien al desahogar el resto de los puntos en torno a los cuales se solicitó su desahogo, lo cual hizo en los siguientes términos: " (.) Se continúa con el segundo de los puntos consistente en que el perito indique los materiales con los que se encuentra construida la barda perimetral de la propiedad, así como la finca específicamente, a lo que en uso de la voz el 17 Fojas 518 a 521. perito refiere: "Esta construida a base de tabique rojo recocido y junteado con mortero, así como refuerzos verticales y horizontales de concreto armado"; asimismo por el personal actuante se advierte que por el viento, se dice por la calle Acámbaro no existe barda perimetral sino únicamente se encuentra una de las fachadas del inmueble con acceso directo a la calle. Teniendo entonces por desahogado este punto. Se continúa con el tercero de los puntos que consiste en que el perito determine la antigüedad de la finca así como de la barda perimetral, a lo que en uso de la palabra el perito que nos asiste refiere: "Se aprecia que tiene una antigüedad de entre 30 treinta y 40 cuarenta años", por lo que se da por desahogado este punto. Se sigue con el cuarto de los puntos, consistente en que el perito determine la afectación real que genera la obra a la propiedad del quejoso, a lo que el perito que nos asiste indica: "Para dar contestación a este punto y toda vez que me es necesario analizar las prueba y realizar trabajos de gabinete y de campo, solicito se me conceda el plazo de 10 diez días para rendirlo por escrito", manifestación a la que este tribunal acuerda que se concede el plazo solicitado por el experto de lo cual queda debidamente enterado, obligándose a rendirlo ante órgano jurisdiccional exhortado a efecto de que en su momento sea remitido juntamente con la presente acta al tribunal federal de amparo. Se continúa con el quinto de los puntos y que consiste en que el perito señale qué tipo de daños se generaron o se pudieron generar a la propiedad con motivo del desarrollo de la obra señalada en autos, a lo cual el punto que nos asiste expresa: "Igualmente como lo precise en el punto anterior es necesario realizar trabajos de campo comparativos con trabajos de gabinete, por lo que solicito se me conceda el mismo plazo para rendir este punto por escrito"; a lo que el tribunal acuerda que se concede idéntico plazo determinado en el punto anterior, bajo los mismos lineamientos".18 Así, el nueve de marzo del dos mil veintidós el perito en cita exhibió su dictamen, en el cual en respuesta a los puntos cuatro y cinco señaló lo siguiente: 18 Fojas 509 a 516. ??????????????? "4.- Que el perito determine la afectación real que genera la obra a la propiedad de nuestro representado. Respuesta: De conformidad con el estudio de las documentales de carácter técnico que se encuentran agregadas al expediente, así como los trabajos realizados en la diligencia de Inspección Judicial, se puede establecer que la afectación real que se generó al realizar la obra consistente en la construcción de la calle de concreto hidraúlico, es el derribamiento de su barda perimetral por el viento norte teniendo como consecuencia la disminución de superficie del inmueble que es la casa habitación. 5.- Que el perito señale que tipo de daños se generaron o se pudieran generar a la propiedad con motivo del desarrollo de la obra señalada en autos. Repuesta: Con base en el estudio minucioso de las documentales de carácter técnico que se encuentran agregadas al expediente, así como los trabajos técnicos realizados en el lugar se puede establecer que con la construcción de la vialidad se afectó principalmente a la barda perimetral construida a base de tabique rojo recocido con refuerzos verticales y horizontales de concreto armado, en el lado norte en una extensión de 60.00 metros lineales aproximadamente." Es decir, aun cuando con el desahogo de la prueba testimonial y pericial quedó demostrado que en las inmediaciones de la calle Acámbaro, esquina con Zitácuaro del poblado ya indicado, con motivo de las obras de pavimentación de la calle citada en primer término, las autoridades encargadas de realizar dicha obra derrumbaron la barda perimetral del lote identificado como 10 y/o 12. También es verdad que de dichas pruebas no se desprenden datos suficientes que lleven a la convicción de este juzgador, en principio, a constatar la identidad del predio del cual se ostenta como propietario el hoy quejoso, es decir el lote 10 y/o 12, calle Zitácuaro esquina con Acámbaro, colonia Servando Chávez, en Pastor Ortiz, perteneciente al Municipio de José Sixto Verduzco, con el diverso identificado por los testigos como ubicado en el número 23 de la calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, de la colonia Servando Chávez, del Ejido Pastor Ortiz, del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán; y, la parcela 355 Z-1 P 1/1 P, cuya propiedad ampara el certificado parcelario número 000001030214. Mas aún que en la diligencia referida no quedó corroborado el motivo por el cual fueron requeridos testigos de asistencial para identificar el predio, esto es, no se hizo constar la inexistencia de signos exteriores, como la falta de placas con el nombre de la calle y colonia, ni el número exterior del inmueble que hiciera necesario recurrir a testigos que indicaran el lugar donde habría de realizarse la diligencia. Atestes que no son peritos y prácticamente manifestaron el lugar donde habría de efectuarse la inspección y el inmueble sobre el que habría de realizarse la experticia, lo que genera incertidumbre sobre la confiabilidad de ambas pruebas. Lo anterior en virtud de que los puntos en torno a los cuales se ofreció y desahogó tanto la testimonial, como la inspección con la asistencia de perito, únicamente identificó la ubicación actual de dicho lote y constató que se verificó la destrucción de la barda en cuestión, a través de testigos de asistencia sin justificarlo; y, ninguno de los cuestionamientos estuvo dirigido a acreditar, como ya se dijo, que el lote 11 y/o 12, es el mismo que se identifica como el ubicado en el número 23 de la calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, de la colonia Servando Chávez, del ??????????????? Ejido Pastor Ortiz, del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, ni menos se demostró que el mismo se encuentre dentro de la parcela 355 Z-1 P 1/1 P; y que por tanto la barda perimetral del mismo se encontraba también dentro del área de dicha parcela. De modo que, además, existe franca contradicción entre lo manifestado por los testigos el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; y lo referido en la inspección judicial, con asistencia de perito el veinticuatro de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, el perito designado por la parte quejosa, Jorge Luis Ramírez Campos, en su dictamen presentado ante este juzgado el treinta de agosto del dos mil diecinueve, refirió haberse constituido en el lote 11 y/o 12, de la calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, de la colonia Servando Chávez, en la cabecera Municipal de Pastor Ortiz, Michoacán; y al desahogar los cuestionamientos cuatro y cinco, expuso lo siguiente: "RESPUESTA No. 4: Una vez analizado y observado el trazo de la obra, esta no corresponde a un trazo recto, sino que se adaptó al trazo original de la calle, observándose varias curvas de nivel y se determinó la afectación real de la obra a la propiedad, toda vez que invadió en gran parte el lado norte de la propiedad afectando su barda perimetral en su totalidad siendo derribada como se aprecia, porque de acuerdo al trazo del inmueble original, el trazo de la obra debió haber librado la esquina noroeste y toda la barda perimetral norte, como consecuencia del trazo de la calle es bastante amplio en todo su lado norte de la propiedad. Por lo que se observan afectaciones importantes al inmueble en parte de la construcción principalmente en sus bardas perimetrales. RESPUESTA No. 5: Observando los daños que se generaron a la propiedad con motivo del desarrollo de la obra, fueron considerables, debido a que la empresa constructora no respetó los límites perimetrales delimitados en la barda construida, sino que abrió caja de la vialidad, sin autorización alguna, de donde debió informar a los beneficiarios las metas y afectaciones de la obra, y como no hubo nada de información previa ni información administrativa, dicha empresa constructora, demolió la barda perimetral sobre la calle Acámbaro, demoliendo la barda perimetral de tabique rojo recocido, castillos, cadenas de desplante, hasta las Zapatas de cimentación, afectando 65.00 metros lineales de banda perimetral, con una altura de 2.30 metros de altura". Con el dictamen pericial aportado por el perito designado por la parte quejosa19, tampoco se demuestra que el lote 11 y/o 12, es el mismo que se identifica como el ubicado en el número 23 de la calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, de la colonia Servando Chávez, del Ejido Pastor Ortiz, del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, ni menos se demostró que el mismo se encuentre dentro de la parcela 355 Z-1 P 1/1 P; y que por tanto la barda perimetral del mismo se encontraba también dentro del área de dicha parcela. Pues aunque dicho experto expone que existe una afectación real de la obra a la propiedad del hoy quejoso afectando en su totalidad la barda perimetral, al haber sido derribada, no describe qué instrumentos técnicos y documentación utilizó, para llegar a la conclusión de que dicha barda efectivamente estuviera dentro de la superficie correspondiente a la multicitada propiedad. Además de que como ya se dijo anteriormente ninguno de los cuestionamientos estuvo dirigido a acreditar, como ya se dijo, que el lote 11 y/o 12, es el mismo que se identifica como el ubicado en el número 23 de la calle Zitácuaro, esquina con Acámbaro, de la colonia Servando Chávez, del Ejido Pastor Ortiz, del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, ni menos se demostró que el mismo se encuentre dentro de la parcela 355 Z-1 P 1/1 P; y que por tanto la barda perimetral del mismo se encontraba también dentro del área de dicha parcela. 19 Fojas 184 a 191. ??????????????? En ese contexto, es evidente que en el presente juicio el peticionario de amparo, no acreditó en forma plena el interés jurídico ni legítimo que le asiste para instar la acción de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 209637 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 84, Diciembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/340 Página: 53 INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESION DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 203341 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Febrero de 1996 Materia(s): Civil Tesis: VI.3o. J/2 Página: 327 POSESION, IDENTIFICACION DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACION. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". En tal virtud, si el quejoso no demostró con prueba idónea que la fracción del inmueble afectado (barda perimetral) se encuentra dentro de la parcela cuya propiedad acreditó en autos con el certificado parcelario, es evidente que, no puede afirmarse que dicho acto le causa perjuicio y, por ende, debe concluirse que el mismo no afecta su interés jurídico. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 190377 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia ??????????????? Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C. J/13 Página: 1606 PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado". Igualmente, la tesis de rubro y texto: "Época: Octava Época Registro: 209749 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Civil Tesis: II. 1o. C. T. 204 C Página: 387 IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDONEA PARA LA. La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área". En virtud a lo antes expuesto, la carga procesal de ofrecer las pruebas necesarias para demostrar el interés jurídico y legítimo de manera plena dentro de este juicio de amparo, correspondía al propio quejoso, lo cual como ya se puso de manifiesto no realizó. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 187777 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Página: 15 INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En suma, al actualizarse la causal de improcedencia analizada respecto de ambos actos reclamados, procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo20. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: 20 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." ??????????????? "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÙNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Trinidad García Piceno, contra actos del Presidente Municipal de José Sixto Verduzco y otras autoridades, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintitrés de junio del dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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