José Trinidad García Nava
Expediente 88/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Trinidad García Nava
- Juez Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual informa, que el órgano jurisdiccional de su adscripción, acepta la competencia que le fue planteada a través de proveído de uno de abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo indirecto 88/2016-II-G, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, en el que este Juzgado Federal declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de garantías promovido por....., contra actos de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero fracción I, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual informa que admitió el impedimento planteado por este Juzgado Federal, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, al que le fue asignado el impedimento 2/2016.
- Principal
Vista la demanda de garantías, contra actos de este Juzgado Séptimo de Distrito. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 88/2016-II-G. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que el promovente señala como acto reclamado: "La orden de aprehensión y su cumplimiento". Ahora bien, es dable establecer lo que señala el artículo 51 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.se excusa para conocer de la demanda de garantías, en base a las siguientes consideraciones: Luego, de la fracción IV del artículo transcrito en el párrafo que antecede, se desprende que un Juez de Distrito deberá excusarse para conocer del asunto en que se actúa; al tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, o si hubiera emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada. Por tanto, al tener este Juzgado Federal el carácter de autoridad responsable al haber emitido el acto reclamado en la causa penal 11/2015, que se reclama en el presente sumario, se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, por lo que, éste órgano Jurisdiccional se excusa para conocer del presente juicio de garantías. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 54 de Ley de la Materia, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Turno en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco de Juárez, Guerrero, a fin de que se sirva a calificar el impedimento planteado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/44, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página mil trescientos cuarenta y cuatro del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.-De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." Por otra parte, del escrito inicial de demanda se aprecia que el promovente solicita la suspensión del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de la Materia, este juzgador provee al respecto. Tramítese en la vía incidental por cuerda separada y duplicado la suspensión que se solicita, lo anterior en términos del artículo 128 de la Ley de la Materia. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias para ello. DOMICILIO.- Se tiene por señalado el domicilio que se indica para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Asimismo, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.
- Incidental
Visto lo de cuenta, se provee; en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo, contra actos del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, en acuerdo de esta misma fecha, se apertura por duplicado y separado el presente incidente de suspensión. Sin que haya lugar a señalar fecha para la audiencia incidental, ni requerir a las autoridades responsables su informe previo, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver la excusa planteada en el expediente principal del cual deriva el cuaderno incidental en que se actúa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); se apercibe al quejoso que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y el principio de la celeridad procesal. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, es menester señalar de manera específica los actos que en la especie se reclaman, con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa. En congruencia con lo anterior, se advierte que la medida cautelar se solicita contra el acto que a continuación se precisa: "La orden de aprehensión y su cumplimiento". Ahora bien, no obstante que el quejoso refiere que el acto reclamado consista en la orden de aprehensión, ello, no es así, pues como se advierte de la certificación de cuenta, se trata del auto de siete de diciembre de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 11/2015, en la que se ordenó girar la orden de reaprehensión del quejoso, con motivo de haber incumplido con las obligaciones que contrajo al habérsele concedió el goce de su libertad provisional bajo fianza, en virtud de que no compareció a firmar el libro de Gobierno de Control de Procesados Bajo Caución ante este Juzgado Federal, ni a plasmar la impresión de la huella dactilar en el Sistema Biométrico (SIBAP); en consecuencia, se considera que es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por lo que con fundamento en los artículos 124, 128, 130 y 136 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, quedando el quejoso a disposición de este juzgado por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la autoridad ordenadora por lo que se refiere a la continuación del procedimiento de ejecución; lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público. Bajo esas condiciones, surte sus efectos desde luego, de conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlo, si el quejoso dentro del plazo de setenta y dos horas contados a partir de la legal notificación de este proveído, no otorga garantía por la cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, y a entera satisfacción de este Juzgado, suma que se fija como medida de aseguramiento con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 136, de la ley de la materia y se determina de manera discrecional acorde con lo dispuesto por el numeral 124 bis del citado cuerpo normativo. REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 879 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el dos de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 883 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos." , en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 899, fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso del quejoso. Asimismo, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo de los directos quejosos; el concepto deberá decir: Para garantizar la suspensión provisional ó definitiva (según el caso), concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo, y precisando como autoridad: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo de los Bravo; sin que la ausencia de esos requisitos conlleve a tener por no exhibida la garantía, sino que, en su caso, se ordenara el canje del documento valioso por otro que reúna esas exigencias. De igual forma, de ser el caso, deberá presentarse ante el Juez responsable para la continuación del procedimiento, cuantas veces se le requiera, sin importar día o mes, en hora de despacho o al día siguiente, si cualquiera de éstos resultara inhábil y en el caso de incumplimiento por parte del incidentista, dejará de surtir efectos la suspensión aquí obsequiada, quedando expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL" De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión.(Novena Época, Registro: 198729, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 16/97, Página: 226). Así también, la medida cautelar que se concede tampoco impedirá que se detenga al quejoso, por órdenes de autoridades distintas de las señaladas como responsables o dictadas con posterioridad a la presentación de la demanda. DOMICILIO. Con fundamento en la fracción I, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Como lo solicita el impetrante en el escrito inicial de demanda, se tiene como autorizados en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a las personas nombradas en el escrito de cuenta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada por duplicado del presente proveído, previa razón de su recibo que obre en autos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Jose Rubio Villegas818/2011
- José Sánchez Moctezuma835/2015
- José Santos Díaz Suarez153/2020
- Jose Santos Rodriguez1006/2010
- José Saturnino Balan Ku359/2023
- José Solano Guzmán875/2023
- José Trinidad García Nava1354/2019
- José Uno Guatemala Flores829/2019
- José Uriel Vega Sierra1192/2016
- José Uriel Venancio García550/2018
- José Valdovinos Izazaga91/2015
- José Vega Luna310/2023