José Trinidad Flores Romo

Expediente 2572/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2572/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • José Trinidad Flores Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan os presentes autos, de los que se advierte que ya obra en los mismos el acuse de recibo del oficio 43988, girado a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual se le hacía de su conocimiento la tramitación del incidente de cumplimiento sustituto tramitado en este juicio de amparo, así como las demás actuaciones practicadas en dicha incidencia. En consecuencia, de conformidad con el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la abrogada Ley de Amparo, se cita a las partes para el desahogo de la audiencia de alegatos relativa al incidente de cumplimiento sustituto, para lo cual se fijan las once horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    - Informa en vías de cumplimiento. Téngase por recibido el oficio signado por *******, Síndico del Ayuntamiento Municipal de Jocotepec, Jalisco, mediante el cual, en relación con el comunicado 54419/2019 de siete de noviembre de dos mil diecinueve, remite copias certificadas de diversas constancias, a fin de acreditar las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; lo que se ordena agregar al expediente en que se actúa para que obre como corresponda, quedando a la espera de que el resto de las autoridades requeridas en el referido acuerdo, informen lo conducente.

  3. Principal

    Estése a lo acordado. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el escrito remitido signado por Ignacio Coss y León Álvarez, en su carácter de parte quejosa, por medio del cual, solicita la devolución de los documentos exhibidos en el juicio de amparo en que se actúa; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en auto de doce de mayo de dos mil diecisiete, toda vez que en citado proveído se ordenó la devolución de los instrumentos en comento. Autorización de copias certificadas Por otra parte, solicita copias certificadas de los documentos anexados al expediente en que se actúa; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de las copias que solicita, previo recibo y razón que se otorgue en autos; en el entendido que podrán ser entregadas por conducto de la persona que al efecto señala. Informa cambio de titular. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  4. Principal

    En este acto, la licenciada Sagrario Torres Velázquez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hace constar: Que en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se señalaron las diez horas con quince minutos del día de hoy, para la celebración de la citada audiencia incidental. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en los autos del presente juicio de amparo, relativas a la citada incidencia, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación al respecto, por los motivos que expone, aplicada por analogía, la tesis de la Octava Época, instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 185, que a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas" A lo anterior, la Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Acto continuo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humana que ofertaron las partes en la dilación respectiva, y la prueba pericial en materia contable. Enseguida, en la presente audiencia se tienen por formulados los alegatos que la parte quejosa y la responsable (en relación al dictamen rendido por la perito oficial) que expusieron en la substanciación del presente incidente; por tanto, al no haber más alegatos que recibir, el Juez declara concluida la presente audiencia incidental y ordena traer a la vista los autos del incidente respectivo, para dictar la interlocutoria correspondiente. S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del incidente innominado relativo al cumplimiento de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 2073/2015 promovido para establecer la cantidad que debe pagarse al quejoso por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones derivadas del despido injustificado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Gerardo Sierra García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades, que hizo consistir en: "III. Autoridad o autoridades responsables: El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara. El titular de la Sindicatura del Ayuntamiento de Guadalajara. El titular de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Sindicatura del H. Ayuntamiento de Guadalajara. El titular del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco. Acto reclamado Del Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara: Haber resuelto mi separación como Policía Tercero en el procedimiento administrativo PA/31/2012 instaurado en mi contra. Las consecuencias y efectos jurídicos de la separación decretada en mi contra. Del titular de la Sindicatura del Ayuntamiento de Guadalajara: Haber incoado en mi contra el procedimiento administrativo PA/31/2012. Del titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara: Haber substanciado el procedimiento administrativo número PA/31/2012, que en mi contra se instauró, dentro del cual desechó todas las pruebas que oferté. Del titular del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco: Que haya emitido un resultado de "no apto" para que el suscrito continuara en mi cargo de Policía Tercero, sin dar cumplimiento a las normas técnicas y estándares mínimos en la materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Que haya emitido un resultado de "no apto" para que el suscrito continuara en mi cargo de Policía Tercero, sin contar con la acreditación, al momento en que me fueron practicados los exámenes respectivos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Que haya determinado considerado "no apto" para el servicio policial, sin indicar las conductas nocivas que supuestamente se me detectaron, ni mucho menos las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que éstas fueron realizadas y sin aportar las pruebas que las acreditaran" SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de seis de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, previos los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional y el ocho de enero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia, en la que, por una parte, se decretó el sobreseimiento del juicio y por otra, se negó el amparo solicitado. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de revisión principal 494/2016, quien en sesión de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia en los siguientes términos: "PRIMERO.- Se modifica la resolución recurrida, emitida el ocho de enero de dos mil dieciséis. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio constitucional, respecto de los actos atribuidos a los Titulares de la Sindicatura y de la Dirección Jurídica de Sindicatura, ambos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. TERCERO.- La justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo Sierra García, en los términos y para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria" En el último considerando de la ejecutoria de mérito, se precisaron los efectos del otorgamiento del amparo, en la forma siguiente: "(.) se dejen insubsistentes los exámenes de control de confianza que le fueron aplicados al promovente, el reporte final en cuanto a los exámenes de referencia (de poligrafía, médico y toxicológico), así como la totalidad del procedimiento de separación y la resolución definitiva que recayó al mismo, en relación con el aquí quejoso; lo que conduce, insístase, a: El pago y la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y La anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada" TERCERO. Recepción de testimonio y requerimiento. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el testimonio de mérito y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento del fallo protector. Luego, en auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se recibió el oficio signado por el Director de lo Jurídico y por el delegado de la autoridad responsable, Secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, Jalisco, posteriormente denominada Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, mediante el cual remitieron diversas constancias relacionadas con el pretendido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como el acuerdo de veinticinco de abril de ese año, emitido por el citado Comisario, en que ordenó dejar insubsistente el procedimiento administrativo de separación, así como la resolución emitida en el mismo; asimismo, giró oficio a la Jefa de Recursos Humanos de esa dependencia para que hiciera la anotación en el expediente personal del quejoso Gerardo Sierra García, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que éste fue separado o destituido de su cargo de policía tercero, en forma injustificada. Posteriormente, en acuerdo de doce de mayo de la citada anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, por el que adjuntó, entre otras constancias, el oficio que el Encargado del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad pública, le dirigió al Jefe de Recursos Humanos de la Comisaría Pública de Guadalajara, Jalisco, para informar que ya realizó la anotación en la base de datos de los Registros Estatal y Nacional de Personas de Seguridad Pública; asimismo, señala que remitió oficio al Presidente Municipal de esta ciudad capital e informó que dejó insubsistentes los exámenes de control de confianza que se aplicaron a la parte quejosa. CUARTO. Trámite del incidente innominado. En proveído de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la solicitud de la delegada de las autoridades responsables dependientes del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y se ordenó la apertura del incidente innominado a que se refieren los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, a efecto de cuantificar el monto a pagar al quejoso, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones ordenadas en la ejecutoria de amparo; se dio vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes. Por su parte, las autoridades responsables ofertaron diversas documentales y este órgano Jurisdiccional, de oficio, ordenó el desahogo de la prueba pericial contable y para tal efecto designó a Elizabeth Quezada Solorza, quien emitió su dictamen mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el cual ratificó el día seis del mismo mes y año. Seguidos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia incidental; y, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó resolución en la que se estableció el importe a pagar a la parte quejosa, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones inherentes. Inconforme con tal determinación, la delegada de las denominadas autoridades responsables, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, interpuso recurso de queja, que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en sesión de quince de enero de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que declaró parcialmente fundado el recurso de mérito y revocó la resolución impugnada para el efecto siguiente: ".Se concluye que al resultar parcialmente fundados los agravios, lo procedente es revocar la interlocutoria recurrida que resolvió el incidente de liquidación de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para el efecto de que el juzgador cuantifique nuevamente las sumas que corresponden al quejoso con motivo de la protección constitucional, en el apartado del pago de veinte días por cada año de servicio laborado, ajustado a lo aquí referido y así mismo excluya de la liquidación el concepto de prima de antigüedad." En cumplimiento a la anterior determinación este órgano jurisdiccional el cinco de abril de dos mil diecinueve, dictó resolución interlocutoria de conformidad a los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO. Es procedente el incidente innominado promovido por la delegada de la autoridad responsable, Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco y, por tanto, se establece que deberá pagar al quejoso Gerardo Sierra García, la cantidad de $432,163.44 (cuatrocientos treinta y dos mil ciento sesenta y tres pesos con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional), como resarcimiento del despido injustificado de que fue objeto, que se concretizó con la emisión de la resolución de separación del puesto de policía segundo que venía desempeñando, conforme a las consideraciones expuestas en los puntos 40, 41 y 42 de esta resolución. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el penúltimo considerando de esta resolución. TERCERO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.". En contra de dicha determinación, la parte quejosa y el delegado del Comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora Policía de Guadalajara, interpusieron recursos de queja, mismos que por razón de turno, tocó su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrándolas bajo los números 228/2019 y 229/2019, respectivamente; y en sesión veinticinco de junio del año en curso, resolvió los citados medios de impugnación en los términos siguientes: Por una parte, el recurso de queja número 228/2019, cuyos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Es procedente y fundado el recurso de queja a que este toca se contrae. SEGUNDO.- Se modifica la interlocutoria recurrida, para los efectos antes precisados". Mientras que, dentro del recurso de queja 229/2019; en el que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Es procedente y fundado el recurso de queja a que este toca se contrae. SEGUNDO.- Se modifica la interlocutoria recurrida, para los efectos antes precisados". En cumplimiento a la anterior determinación este órgano jurisdiccional el quince de julio de dos mil diecinueve, dictó resolución interlocutoria de conformidad a los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es procedente el incidente innominado promovido por la delegada de la autoridad responsable, Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco y, por tanto, se establece que deberá pagar al quejoso Gerardo Sierra García, la cantidad de $1´465,386.42 (un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil, trescientos ochenta y seis pesos con cuarenta y dos centavos), como resarcimiento del despido injustificado de que fue objeto, que se concretizó con la emisión de la resolución de separación del puesto de policía segundo que venía desempeñando, conforme a las consideraciones expuestas en los puntos 40, 41 y 42 de esta resolución. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el penúltimo considerando de esta resolución. TERCERO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales". En contra de dicha determinación, el delegado del Comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora Policía de Guadalajara, interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno, tocó su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrándola bajo el número 373/2019, respectivamente; y en sesión veintiocho de octubre del año en curso, resolvió el citado medios de impugnación bajo los siguientes puntos resolutivos: "[.] PRIMERO. Es procedente y fundado el recurso de queja a que este toca se contrae. SEGUNDO. Se revoca la interlocutoria recurrida, para los efectos antes precisados. [.]". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el presente incidente innominado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Objeto del Incidente innominado. En primer término, cabe precisar que el objeto del presente incidente innominado consiste en determinar la cantidad que debe pagarse al quejoso, a fin de que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, en estricto acatamiento a los lineamientos del fallo protector y en términos de lo dispuesto por el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Estudio de fondo del incidente. Ahora, para establecer la cantidad que debe pagarse a la parte quejosa, por los conceptos a que tiene derecho respecto del puesto de policía tercero que desempeñaba hasta que se dio por terminada la relación laboral, entre otros, la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía por la prestación de sus servicios; se estima pertinente acudir a los lineamientos establecidos en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos precisados en la sentencia que concedió el amparo solicitado al quejoso, las pruebas aportadas por las partes; las directrices contenidas en la ejecutoria emitida en el toca relativo a los recursos de queja 250/2018, 228/2019, 229/2018 y 373/2019. Sobre tales cuestiones indemnizatorias que tienen derecho a percibir los elementos de seguridad pública, derivadas del despido injustificado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversos criterios jurisprudenciales, como los contenidos en las tesis de la Décima Época, números 198/2016, 117/2016 y 110/2012, publicadas en los libros 38, enero de 2017, Tomo I; 35, octubre de 2016, Tomo I y XII, septiembre de 2012, Tomo 2, página 505, 897 y 617, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos." "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS. Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor público de una institución policial, por violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada." "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado." En los reseñados criterios orientadores del máximo tribunal constitucional del país, de índole obligatoria para todas las autoridades de la República Mexicana, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se estableció, en esencia, lo siguiente: - Para determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta aplicable, como mínimo, el monto previsto en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara y, en consecuencia, la indemnización engloba el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin excluir la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, para acudir a los mismos; - Cuando se impugne la ilegalidad de la resolución de separación del cargo por violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo, tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado que se encontraban previo a la violación, por existir restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo debe ser constreñir a la autoridad responsable a resarcir el derecho de que se privó al quejoso, mediante el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, así como a la anotación en el expediente personal del servidor público y en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que éste fue separado o destituido de manera injustificada; - El enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", debe entenderse como la obligación de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, hasta que se realice el pago correspondiente. Por su parte, la sentencia ejecutoria que concedió a la parte quejosa el amparo solicitado, fue para los efectos siguientes: ".Los efectos de la protección federal son para que se dejen insubsistentes los exámenes de control de confianza que le fueron practicados al promovente, el reporte final en cuanto a los exámenes de referencia (de poligrafía, médico y toxicológico), así como la totalidad del procedimiento de separación y la resolución definitiva que recayó al mismo, en relación con el aquí quejoso; lo que conduce, insístase, a : 1) el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y 2) la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada." Ahora, para determinar la cantidad que debe pagarse a la quejosa, por los conceptos a que tiene derecho en el puesto de policía tercero que desempeñaba hasta que se dio por terminada la relación laboral, se requiere acudir a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de quince de enero del año en curso, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca relativo al recurso de queja 250/2018, en la que, para lo que aquí interesa, se estableció: "(.) Esto es así, porque del mismo documento que señala la recurrente, se observa que fue emitido en esa fecha en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 610/2014, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en donde se determinó que la separación se decretó mediante la resolución de siete de febrero de dos mil catorce en ese procedimiento administrativo, que precisamente constituyó el acto reclamado en ese juicio de amparo. que se resolvió ese procedimiento administrativo, en la que se decretó la separación, sin posibilidad de una ulterior reinstalación, aun con la posterior resolución que fue emitida con motivo de la reposición de ese procedimiento administrativo. (.) En efecto, del dictamen pericial que obra a foja quinientos noventa y ocho del juicio de amparo en estudio, se advierte que la diestra estableció como fecha de ingreso el uno de julio de mil novecientos noventa y ocho y de separación el trece de febrero del dos mil catorce, calculando en el recuadro relativo a la antigüedad, un total de diecinueve años con cinco meses, lo que aritméticamente resulta incongruente si se toma en cuenta la antigüedad contabilizada al momento de la separación; empero, dicho cálculo no se ve delimitado por la fecha de cese, sino la data en la que fue emitido el dictamen pericial a efecto de sustentar el incidente innominado, es decir, al cinco de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de diecinueve años con cinco meses es correcto, sin embargo, lo fundado del agravio relativo, es que el cálculo, partiendo de esas temporalidades es incorrecto acorde a jurisprudencia de la Suprema Corte, por lo que ve a la indemnización prevista por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la obligación resarcitoria del Estado debe de comprender desde el ingreso como elemento de seguridad al ámbito de administración pública, hasta el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y no aquel en que se realice el pago, porque ésta debe hacerse por años de servicio y no hasta que se decida sobre la liquidación, en el entendido de que la finalidad de esa prestación es premiar o reconocer el tiempo que el trabajador estuvo al servicio. (.) Finalmente, resulta fundado el acuerdo recurrido, el agravio en el que manifiesta que al quejoso no le corresponde el pago de "12 días por año", dictaminado por la diestra y validado por el juzgador, porque aquello no está establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, ni en las leyes secundarias. Esto es así, en virtud de que esos doce días por año a que hace referencia la recurrente, los incluyó en su dictamen la perito atendiendo a la prestación identificada como Prima de antigüedad, concepto por el cual, como acertadamente lo manifiesta la autoridad recurrente en sus agravios, no se encuentra contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, como obligación resarcitoria que el Estado deba cumplir. (.) Se concluye que al resultar parcialmente fundados los agravios, lo procedente es revocar la interlocutoria recurrida que resolvió el incidente de liquidación de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para el efecto de que el Juzgador cuantifique nuevamente las sumas que corresponden al quejoso con motivo de la protección constitucional, en el apartado del pago de veinte días por cada año de servicios laborado, ajustándose a lo aquí referido, y así mismo excluya de la liquidación el concepto de prima de antigüedad." De dicha ejecutoria se desprende que, con independencia de las imprecisiones en que incurrió la perito oficial para establecer la antigüedad del ahora quejoso y la consecuente cuantificación del monto a pagar, la obligación resarcitoria del Estado, comprende desde la data en que el ahora quejoso ingresó como elemento de seguridad al ámbito de la administración pública, que fue el uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, hasta el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, que aconteció el trece de febrero de dos mil catorce y no aquel en que se realice el pago, como se estableció en el dictamen pericial, porque ésta debe hacerse por años de servicio y no hasta que se decida sobre la liquidación, en el entendido que la finalidad de esa restauración es premiar o reconocer el tiempo que el trabajador prestó sus servicios, pues así lo determinó la Superioridad, al señalar ".dicho cálculo no se ve delimitado por la fecha de cese, sino en la data en que fue emitido el dictamen pericial a efecto de sustentar el incidente innominado, es decir, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de diecinueve años con cinco meses es correcto.". Ahora bien, con relación a la resolución dictada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 228/2019, en la parte que interesa se determinó lo siguiente: "Ante lo parcialmente fundado de los agravios de aquella queja 250/2018, este colegiado concluyó que lo procedente era revocar la interlocutoria allá recurrida, que resolvió el incidente de liquidación, de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para el efecto de que el Juzgador cuantificara nuevamente las sumas que corresponden al quejoso con motivo de la protección constitucional, en el apartado del pago de veinte días por cada año de servicios laborado, ajustándose a lo precisado en tal ejecutoria, y excluyera de la liquidación, el concepto de prima de antigüedad. De lo anteriormente narrado se desprende, como se adelantó, que son fundados los agravios de la presente queja 228/2019, porque en aquella diversa queja 250/2018, interpuesta por la autoridad responsable, no fue materia de agravio ni de estudio, lo relativo a la improcedencia del pago por el concepto de "salarios vencidos"; de ahí que al quedar intocado dicho concepto de pago, no podía válidamente ser rechazado ahora por la A quo, en la interlocutoria combatida en esta queja 228/2019, ya que, en ese aspecto, quedó firme la determinación por dicho concepto de "salarios vencidos", al constituir cosa juzgada, y por ende, inalterable. Además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada por la A quo, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.", la Superioridad ya determinó que el Estado no está obligado a pagar salarios vencidos, al no incluirse en el indicado precepto constitucional; lo cierto es que en la misma jurisprudencia se determinó el pago de la remuneración diaria ordinaria, y al respecto precisamente en la interlocutoria aquí recurrida, la A quo determinó, a partir del dictamen pericial, que el salario diario integrado que percibía el elemento de seguridad quejoso, era de $618.82 (seiscientos dieciocho pesos con ochenta y dos centavos, moneda nacional); de ahí que el cálculo de dicha percepción, debe atender al monto así dictaminado, con independencia de que la denominación del concepto utilizado por la perito haya sido incorrecta. Consecuentemente, debe declararse procedente y fundado el recurso, y modificarse la interlocutoria recurrida, para el efecto de que se resuelva nuevamente el incidente de que se trata, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de la queja 229/2019 y de esta ejecutoria a efecto de calcularse las sumas de dinero correspondientes con motivo de la protección federal, en la que se incluya lo relativo a la remuneración diaria ordinaria -denominada por el perito como salarios caídos-.". Asimismo, y con relación a la sentencia emitida en el recurso de queja 229/2019, dictada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el tribunal del conocimiento, resolvió lo siguiente: "Ante lo parcialmente fundado de los agravios de aquella queja 250/2018, este colegiado concluyó que lo procedente era revocar la interlocutoria allá recurrida, que resolvió el incidente de liquidación, de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para el efecto de que el Juzgador cuantificara nuevamente las sumas que corresponden al quejoso con motivo de la protección constitucional, en el apartado del pago de veinte días por cada año de servicios laborado, ajustándose a lo precisado en dicha ejecutoria, y excluyera de la liquidación, el concepto de prima de antigüedad. De lo anteriormente narrado se desprende, como se adelantó, que son fundados los agravios de la presente queja 229/2019, porque en la indicada ejecutoria, este Colegiado le ordenó expresamente al Juzgado Federal, que cuantificara nuevamente las cantidades que le correspondían al promovente con motivo de la protección federal, en el apartado del pago de veinte días por cada año de servicios laborado, ajustándose a los lineamientos de dicha ejecutoria, en los que medularmente se estimó que el cálculo de la antigüedad, para efectos de la indemnización, era incorrecto, toda vez que acorde a jurisprudencia de la Suprema Corte, por lo que ve a la indemnización prevista por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación resarcitoria del Estado debe de comprender desde el ingreso como elemento de seguridad al ámbito de administración pública, hasta el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y no aquel en que se realice el pago, porque ésta debe hacerse por años de servicio y no hasta que se decida sobre la liquidación, en el entendido de que la finalidad de esa prestación es premiar o reconocer el tiempo que el trabajador estuvo al servicio; y que esa obligación resarcitoria, conforme a la jurisprudencia que interpreta lo que debe entenderse como indemnización y demás prestaciones que el Estado está obligado a pagar a aquel servidor público separado de forma injustificada, precisamente incluía el concepto de tres meses y veinte días de salario por cada año laborado. Por tanto, deviene ilegal la interlocutoria aquí recurrida, puesto que la Juzgadora Federal se limitó a determinar la indemnización correspondiente, tomando como base las cantidades determinadas por la perito; sin embargo, soslayó la obligación impuesta en la mencionada ejecutoria de la queja 250/2018, en la que expresamente se le ordenó cuantificara nuevamente las sumas que corresponden al quejoso con motivo de la protección constitucional, en el apartado del pago de veinte días por cada año de servicios laborado, ajustándose a lo referido en tal ejecutoria. Consecuentemente, debe declararse procedente y fundado el recurso, y modificarse la interlocutoria recurrida, para el efecto de que se resuelva nuevamente el incidente de que se trata, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de la queja 228/2019 y de esta ejecutoria, con la finalidad de que se recalcule el monto correspondiente al concepto de veinte días por año, por el periodo respectivo, desde la fecha de ingreso a la institución policiaca (uno de julio de mil novecientos noventa y ocho) y hasta el día en que se materializó el cese del quejoso (trece de febrero de dos mil catorce).". Por último y en cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de queja 373/2019, dictada el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el tribunal del conocimiento, resolvió lo siguiente: "[.] Consecuentemente, debe declararse procedente y fundado el recurso, y revocarse la interlocutoria recurrida, para el efecto de que se resuelva nuevamente el incidente de que se trata, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, con la finalidad de que: Se excluya del cálculo respectivo el concepto de "prima de antigüedad"; y Se recalcule el monto correspondiente al concepto de veinte días por año, en el apartado de "indemnización constitucional", por el periodo respectivo, desde la fecha de ingreso a la institución policiaca (uno de julio de mil novecientos noventa y ocho) y hasta el día en que se materializó el cese del quejoso (trece de febrero de dos mil catorce). [.]". De lo expuesto se colige, que la Superioridad determinó en la resoluciones mencionadas, revocar la resolución interlocutoria de quince de julio de dos mil diecinueve, para el efecto de que este órgano jurisdiccional, por una parte, recalcule el monto correspondiente al concepto de veinte días por año, por el periodo respectivo, desde la fecha de ingreso a la institución policiaca (uno de julio de mil novecientos noventa y ocho) y hasta el día en que se materializó el cese del quejoso (trece de febrero de dos mil catorce); y en otra, se excluya del cálculo respectivo el concepto de "prima de antigüedad". Ahora bien, a efecto de cumplimentar lo ordenado en las resoluciones referidas resulta pertinente relacionar que, en la resolución reclamada se determinó, que del dictamen rendido por la perito oficial, el sueldo mensual integrado que el quejoso percibía, ascendía a la cantidad de $18,564.50 (dieciocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional), el cual comprende los conceptos de salario (catorce mil seiscientos noventa y tres pesos con cuatro centavos); quinquenio (trescientos treinta y seis pesos con cuarenta y seis centavos moneda nacional); despensa (quinientos setenta pesos moneda nacional); transporte (cuatrocientos cuarenta y cinco pesos moneda nacional) y por servicios extraordinarios (dos mil quinientos veinte pesos moneda nacional). En ese sentido, debe decirse que el salario diario integrado que perciba el elemento de seguridad pública, ahora quejoso, era por $618.82 (seiscientos dieciocho pesos con ochenta y dos centavos, moneda nacional). Del propio dictamen pericial se observa el cálculo aritmético que la experta llevó a cabo para concluir que al quejoso le corresponde un total de $1´309,819.64 (un millón trescientos nueve mil ochocientos diecinueve pesos con sesenta y cuatro centavos, moneda nacional), que se obtienen de sumar los conceptos siguientes: Salarios caídos: $840,357.65 (ochocientos cuarenta mil trescientos cincuenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos, moneda nacional); Prima vacacional: $11,473.92 (once mil cuatrocientos setenta y tres pesos con noventa y dos centavos, moneda nacional); Aguinaldo: $95,913.31 (noventa y cinco mil novecientos trece pesos con treinta y un centavos, moneda nacional); Día del policía: $28,773.96 (veintiocho mil setecientos setenta y tres pesos con noventa y seis centavos, moneda nacional); Indemnización constitucional: $296,002.25 (doscientos noventa y seis mil dos pesos con veinticinco centavos, moneda nacional); y, Prima de antigüedad: $37,298.64 (treinta y siete mil doscientos noventa y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos, moneda nacional). En ese tenor y a efecto de cumplimentar lo determinado en las sentencia relativa a la queja citada, lo procedente resulta, por una parte, eliminar la cantidad relativa al concepto denominado como prima de antigüedad, y en otra, recalcular el monto correspondiente al concepto de veinte días por año, por el periodo respectivo, desde la fecha de ingreso a la institución policiaca uno de julio de mil novecientos noventa y ocho y hasta el día en que se materializó el cese del quejoso trece de febrero de dos mil catorce e incluirlo en el concepto de indemnización constitucional De esa forma, la cantidad que debe pagarse a la parte quejosa, por indemnización constitucional y demás conceptos precisados, resulta en un total de $1'169,238.64 (un millón ciento sesenta y nueve mil, doscientos treinta y ocho pesos y sesenta y cuatro centavos), que se obtienen de sumar los conceptos siguientes: Salarios caídos: $840,357.65 ochocientos cuarenta mil trescientos cincuenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos, moneda nacional Prima vacacional: $11,473.92 once mil cuatrocientos setenta y tres pesos con noventa y dos centavos, moneda nacional Aguinaldo: $95,913.31 (noventa y cinco mil novecientos trece pesos con treinta y un centavos, moneda nacional) Día del policía: $28,773.96 (veintiocho mil setecientos setenta y tres pesos con noventa y seis centavos, moneda nacional y Indemnización constitucional: $ 192,719.80 (ciento noventa y dos mil, setecientos diecinueve, pesos y ochenta centavos) cuantificados desde la fecha de ingreso a la institución policiaca -uno de julio de mil novecientos noventa y ocho- y hasta el día en que se materializó el cese del quejoso -trece de febrero de dos mil catorce De esa forma, la cantidad que debe pagarse a la parte quejosa, por indemnización constitucional y demás conceptos precisados en este fallo, es por $1'169,238.64 (un millón ciento sesenta y nueve mil, doscientos treinta y ocho pesos y sesenta y cuatro centavos), menos las cantidades que por concepto de deducciones que conforme a derecho procedan, debidamente actualizadas, tomando como base del salario diario establecido por la diestra, más sus respectivos aumentos y actualizaciones Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, den cumplimiento a la ejecutoria de mérito Se les apercibe que de no cumplir con lo anterior, en el lapso antes indicado, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), tomando como base el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), de conformidad con la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, que establecen que en el caso de que no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos efectuados, el órgano jurisdiccional, remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la substanciación del incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. CUARTO. Publicación Conforme lo establece el artículos 6°, apartado "A", fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS.LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Por lo anteriormente expuesto y fundado en el presente incidente innominado, se resuelve PRIMERO. Es procedente el incidente innominado promovido por la delegada de la autoridad responsable, Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco y, por tanto, se establece que deberá pgar al quejoso Gerardo Sierra García, la cantidad de $$1'169,238.64 (un millón ciento sesenta y nueve mil, doscientos treinta y ocho pesos y sesenta y cuatro centavos), como resarcimiento del despido injustificado de que fue objeto, que se concretizó con la emisión de la resolución de separación del puesto de policía segundo que venía desempeñando, conforme a las consideraciones expuestas en los puntos 40, 41 y 42 de esta resolución. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el penúltimo considerando de esta resolución. TERCERO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 17,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano