Jose Trinidad Barrera Sanchez

Expediente 728/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
728/2020
Año
2020
Actuaciones
37
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Jose Trinidad Barrera Sanchez
  • Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y, visto su contenido, téngasele devolviendo diligenciado el despacho 360/2021 orden 466/2021, del que se advierte que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se notificó al quejoso José Trinidad Barrera Sánchez, el auto de doce de agosto actual; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja la aludida comunicación oficial en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo signado por el encargado del despacho, por vacaciones del Titular del Juzgado de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y, visto su contenido, téngasele devolviendo diligenciado el despacho 333/2021 orden 427/2021, del que se advierte que el veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, notificó al quejoso José Trinidad Barrera Sánchez, la sentencia de veintiuno de julio actual; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja el despacho 333/2021 orden 427/2021 en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 728/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Trinidad Barrera Sánchez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el quejoso José Trinidad Barrera Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes (foja 2 vuelta): "AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, sede conocido Puebla, Puebla, y Gobernador y Secretario de Gobernación del Estado sede conocido Puebla, Puebla- - ACTO RECLAMADO. A) La omisión de aplicar lo dispuesto por los arábigos 102 y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. B) La omisión de aplicar el Decreto de fechas 23 y 26/03/2020 por parte del Gobernador Constitucional." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20, fracción VIII, Apartado B, 21, 22 último párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda, y trámite del juicio, y reposición de procedimiento. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, advirtiéndose de autos lo siguiente; I) que por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo con el número 728/2020, y además se previno al quejoso para que aclarara el escrito de demanda que dio origen al presente juicio de constitucional; II) en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se desechó el escrito recibido físicamente en este juzgado de Distrito, por el que el peticionario de amparo pretendió dar cumplimiento la prevención de la demanda, ello por no contar con firma; y III) por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de garantías. Sin embargo, en virtud de la ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la que declaró fundada la queja 137/2020, respecto de los tres autos acabados de indicar, ello en virtud de haberse actuado cuando el quejoso no contaba aún con asistencia técnica para desahogar la prevención que se le dirigió por auto de siete de octubre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito, por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, repuso el procedimiento y se dejó sin efectos el auto indicado de (siete de octubre de dos mil veinte) y los diversos de veintinueve de octubre y nueve de noviembre de dos mil veinte; y, se previno al quejoso y defensor público a efecto de que aclararan la demanda de amparo (fojas 162 a 165). TERCERO. Admisión de Demanda y Trámite del juicio. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, previa prevención cumplida en el sentido de señalar bajo protesta de decir verdad no saber el domicilio de los terceros interesados e indicar el número de expediente del índice del juez de Ejecución donde derivan los actos reclamados, siendo "2021 jesi" (Sic), se admitió a trámite la demanda sin incidente de suspensión (fojas 182 a 186), se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 192). CUARTO. Ampliación de la demanda. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 294 a 297), se admitió a trámite la ampliación de la demanda que presentó el defensor público del quejoso contra de la autoridad y acto siguientes (foja 290): "I. AUTORIDAD RESPONSABLE, en su carácter de ordenadora y ejecutora al: Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula. II: ACTO RECLAMADO. Lo constituye la omisión de poner al quejoso a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, en relación a la causa penal 242/1999 y 264/1999 y sus acumulados de los del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla." De la indicada ampliación se requirió informe justificado a la señalada autoridad responsable, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 311). QUINTO. Parte tercera interesada. Al respecto se emplazó a los siguientes terceros interesados: a) En cumplimiento al auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (fojas 182 a 186), se emplazó al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla (foja 193); y, b) En cumplimiento al auto de ocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 294 a 297), se emplazó con dicho carácter al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla (foja 310). SEXTO. Cita para audiencia. En proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno (fojas 355 a 357), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, y del escrito de ampliación de la misma, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y ampliación de la misma, como de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna de las autoridades responsables los siguientes actos: Del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, 2. Gobernador del Estado de Puebla; y 3. Secretario de Gobernación del Estado de Puebla: a) La omisión de aplicar lo dispuesto por los arábigos 102 y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (relativos al trámite de la ejecución de la Sentencia Penal); y, b) La omisión de aplicar los Decreto de fechas 23/03/2020 y 26/03/2020 "por parte del Gobernador Constitucional" (relativos, según el quejoso, al indulto concedido por el ejecutivo a personas de la tercera edad o que se encuentren en las hipótesis preliberacionales). Del 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla: c) La omisión de poner al quejoso a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOSRECLAMADOS, CERTEZAO INEXISTENCIADELOS.TÉCNICAEN ELJUICIODEAMPARO." I. Al respecto las autoridades responsables 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, 2. Gobernador del Estado de Puebla; y 3. Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado correspondiente (fojas 194, 216 a 226 y 235 a 240) negaron los actos que se les atribuyeron. La primera de las autoridades refirió que no son ciertos los actos que se le atribuyen dado que el quejoso "no está a disposición de este Juzgado de Ejecución de Sentencias Itinerante"; y las diversas argumentaron que son ajenos a la aplicación de los artículos 102 y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que no "constan publicados Decretos, en los cuales el ejecutivo del Estado conceda indulto tal y como lo manifiesta el impetrante en sus antecedentes". Inexistencia de actos no fue desvirtuada por la parte quejosa, no obstante que se le dio vista con los indicados informes justificados por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 278 y 279), y notificado al quejoso (foja 321) y al defensor público (fojas 288 y 289), el tres y cuatro de junio de dos mil veintiuno, respectivamente. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables que han quedado precisadas en los incisos a) y b) del considerando segundo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. La diversa autoridad responsable 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, al rendir el informe justificado refirió que el acto que se le atribute es "parcialmente cierto"; pero se tiene por cierto el acto omiso, por así advertirse de dicho informe (fojas 342 y 343). La existencia del acto omiso reclamado, consistente en no poner a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, al sentenciado en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999 de su índice, se advierte de las copias certificadas de las constancias que integran la indicada causa penal (anexo I), con valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ya que a la fecha de la presentación de la demanda (seis de octubre de dos mil veinte), no se advierte que dicho juez haya puesto a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, al sentenciado. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza del acto reclamado, consistente en la omisión del 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, de poner a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, al sentenciado en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999, el mismo es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. Por tanto, la promoción del juicio de amparo no está sujeta al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el día seis de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial y luego fue remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este juzgado de Distrito, entonces, es evidente que su promoción fue oportuna. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que interpreta el artículo 21 de la Ley abrogada que es idéntico al numeral 17 de la Ley de Amparo vigente en cuanto al término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La omisión que reclama la parte quejosa, tiene su origen en un proceso penal que se tramitó conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y sus reformas, y a la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo que favorezca al sentenciado. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tiene el carácter de sentenciado, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado que se atribuye al 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, parte. Así, corresponde al suscrito encargado del despacho determinar si el acto omiso vulneran o no algún derecho fundamental de la parte quejosa. Al respecto, se reclama al 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la omisión de: c) de no poner al sentenciado a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999. La parte quejosa, por conducto del defensor público, vía conceptos de violación, señaló lo siguiente: - Que la omisión precisada vulnera en contra del quejoso su derecho humano a una tutela judicial efectiva. El anterior concepto de violación se califica de infundado sin que se advierta deficiencia alguna que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ello en virtud de lo que se argumenta a continuación. En principio, se narran algunos antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las documentales que remitió la autoridad responsable 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, consistentes en las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999, así como de la documental pública que anexó el quejoso a su escrito de demanda, y que son los siguientes: I. Por sentencia de cuatro de mayo de dos mil uno (fojas 444 vuelta a 472 del anexo I), se condenó a José Trinidad Barrera Sánchez, aquí quejoso, por el delito de violación calificada y violación equiparada, los puntos resolutivos de la sentencia son (fojas 471 vuelta y 472 del anexo I): "(.) PRIMERO: En autos quedo plena y legamente comprobado los delitos de VIOLACIÓN CALIFICADA y VIOLACIÓN EQUIPARADA, previstos y sancionados por los artículos 267, 269 fracción IV, 272 fracción II del Código de Defensa Social para el Estado, cometido el primero en agravio de CLAUDIA IVONNE FARFÁN CARPINTERO y el segundo en perjuicio DE ERIKA LISSETTE FARFÁN CARPINTERO, por los que acuso el Agente del Ministerio Público. SEGUNDO. En el ordinario quedo plena y legalmente comprobada la responsabilidad penal de JOSÉ TRINIDAD BARRERA SÁNCHEZ, en la comisión de los delitos citados en el punto resolutivo que antecede, por el que precisó y actualizó acusación el Ministerio Público en su contra. TERCERO. Por las transgresiones a las normas de Defensa Social, se conceda a JOSÉ TRINIDAD BARRERA SÁNCHEZ, a sufrir una pena privativa de la libertad de 37 TREINTA Y SIETE AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A 765 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN ESTA REGIÓN. La primera será compurgara en el Centro Penitenciario que al efecto designe el Ejecutivo del Estado y la segunda se ingresara a la institución protectora de los delitos. CUARTO. Por las razones expresadas en el octavo considerando de la presente resolución se absuelve al acusado del pago de la reparación del daño moral y material. QUINTO. Con apoyo en las fracciones III y IV del artículo 69 de nuestra Ley Punitiva se suspende al sentenciado del ejercicio de sus derechos políticos y civiles, por el mismo periodo que tarde en extinguirse la sanción corporal impuesta, debiéndose dar aviso a la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores para dar cabal cumplimiento. SEXTO. En diligencia formal amonéstese al sentenciado de referencia para que no reincida. SEPTIMO. Dese aviso a la superioridad, al ciudadano Director de Readaptación Social de este Distrito Judicial, el sentido de esta resolución definitiva para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese (.)." II. Inconforme con lo anterior, el sentenciado, aquí quejoso, promovió recurso de apelación (foja 473 del anexo I); siendo modificada la sentencia por resolución de once de octubre de dos mil uno (fojas 479 a 488 del anexo I), emitida en toca de apelación 747/2001 por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, para quedar en los siguientes términos (fojas 487 vuelta del anexo I): "(.) TERCERO. Por las transgresiones a las leyes de Defensa Social, se conceda a JOSÉ TRINIDAD BARRERA SÁNCHEZ, a sufrir una pena privativa de la libertad de 32 TREINTA Y DOS AÑOS 6 MESES y al pago de una multa equivalente a 765 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO días de salario mínimo vigente en la época y región de la comisión del delito; la primera de las sanciones deberá ser compurgada en el Centro Penitenciario que al efecto designe el Ejecutivo del Estado, mientras que la segunda podrá hacerse efectiva a través del procedimiento económico coactivo de la oficina recaudadora correspondiente, debiéndose ingresar al Fondo para la Protección de las Víctimas de los Delitos. SEGUNDO. Se confirma los demás puntos resolutivos de la sentencia Condenatoria de fecha 4 cuatro de mayo del 2001 dos mil uno, dictada por el Ciudadano Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso 242/99, mismo que dio origen a la tramitación del toca número 747/2001, de los de esta Alzada(.)". II. Por auto de once de diciembre de dos mil uno, el juez penal a) puso a disposición del Ejecutivo del Estado al Sentenciado, a fin de que se designara el lugar en donde debería compurgar la pena impuesta y le remitió las ejecutorias relativas; b) ordenó hacer la amonestación correspondiente; y c) requirió al sentenciado para que en el término de (10) diez días exhibiera el importe de la multa impuesta, apercibido que de no hacerlo se haría efectiva a través de las oficinas rentísticas de la ciudad de Puebla (477 y 489 del anexo I). III. Por auto de veintiuno de enero de dos mil dos, el juez acordó el oficio del Director de Ejecución de Sentencias, en el sentido de que no podría remitirle el original de la causa solicitada, en virtud de que el sentenciado promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución de alzada, y además le informó que no había ninguna otra causa instruida en contra del sentenciado (foja 507 vuelta del anexo I). IV. Del indicado juicio de amparo directo que promovió el sentenciado en contra de la resolución de alzada conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número D-001/2002 (foja 506 del anexo I), y previos los trámites legales, el ocho de febrero de dos mil dos, el órgano colegiado determinó negar el impetrante de mérito el amparo y protección de la justicia federal (foja 509 del anexo I). V. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil dos, el juez penal de origen volvió a acordar lo siguiente: a) puso a disposición del Ejecutivo del Estado al Sentenciado, a fin de que se designara el lugar en donde el sentenciado debería compurgar la pena impuesta y le remitió las ejecutorias relativas; b) ordenó hacer la amonestación correspondiente; y c) requirió al sentenciado para que en el término de (10) diez días exhibiera el importe de la multa impuesta, apercibido que de no hacerlo se haría efectiva a través de las oficinas rentísticas de la ciudad de Puebla (508 y 511 del anexo I). El auto indicado se notificó al sentenciado el siete de marzo de dos mil dos (foja 511). VI. De autos se aprecia que en relación a la sentencia condenatoria: I) el veintidós de marzo de dos mil dos, se giró el oficio correspondiente al Director General de Centros del Estado de Puebla (foja 514), sin que se advierta de autos el acuse de recibido; II) en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil dos, se amonestó al sentenciado, "exhortándolo a la enmienda del delito ya que si volviera a comer otro delito, la sanción que se le impondrá será mayor a la que se ha quedado condenado, de lo cual dijo quedar entendida firmando al margen y al calce." (fojas 511 vuelta y 513); y, III) por proveído de dos de abril de dos mil dos, en virtud de que transcurrió el término concedido al sentenciado para que hiciera el pago de la multa a fe condenado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de febrero del mismo año, y se ordenó girar oficio al recaudador de rentas de la ciudad de Puebla, para que hiciera efectiva la multa impuesta al sentenciado por la cantidad de $20,665.00 (veinte mil seiscientos sesenta y cinco pesos, 00/100 moneda nacional), sin que se advierta de autos el acuse de recibido. VII. También se advierte que en febrero de dos mil quince, el sentenciado volvió a promover juicio de amparo directo en contra de la resolución de alzada y del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número D-34/2015, y desechó la demanda de garantías como se advierte del auto de trece de febrero de dos mil quince (foja 545 del anexo I); y, VIII. Por último, del original del oficio sin número de siete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 4) que el quejoso anexó al escrito de demanda, que le dirigió la encargada del despacho de la Subdirección Jurídica del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se advierte que a la fecha de su emisión (siete de noviembre de dos mil dieciséis), el quejoso se encontraba compurgando en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, una pena de prisión de (32) treinta y dos años, (6) seis meses de prisión, en virtud de sentencia de alzada (toca 747/2001) que modificó la de primera instancia. Luego, de lo acabado de narrar, es preciso determinar lo siguiente: a) que el sentenciado, aquí quejoso, se encuentra compurgando en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, una pena de prisión de (32) treinta y dos años, (6) seis meses de prisión, en virtud de la sentencia de alzada que modificó la de primera instancia, y se encuentra a disposición del ejecutivo del estado, pues desde los autos de once de diciembre de dos mil uno y de veintiocho de febrero de dos mil dos, el juez penal así lo determinó, siendo notificado de ello el quejoso el siete de marzo de dos mil dos (foja 511); y si bien no se advierte el acuse relativo de la puesta a disposición, no procede pronunciarnos al respecto al no ser el acto reclamado en esta vía de amparo. b) Que en relación a la ejecución de la sentencia condenatoria, ya se amonestó al sentenciado, y por lo que hace a la multa impuesta se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de febrero del mismo año, y se ordenó girar oficio al recaudador de rentas de la ciudad de Puebla, para que hiciera efectiva la multa impuesta al sentenciado por la cantidad de $20,665.00 (veinte mil seiscientos sesenta y cinco pesos, 00/100 moneda nacional), y si bien no se advierte el acuse del oficio recibido por la oficina recaudadora, tampoco procede pronunciarnos la respecto al no ser el acto reclamado en esta instancia. Ahora, como ya se dijo, el quejoso reclama al 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la omisión de: c) de no ponerlo a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, por lo que hace a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999, refiriendo el defensor de oficio que con ello se transgrede en su contra el derecho humando a una tutela judicial efectiva a que alude el artículo 17 Constitucional. En el caso se sostiene lo infundado del concepto de violación en estudio, ya que si bien se reclama una omisión, en el caso es necesario identificar si existe obligación jurídica por parte de juez penal responsable de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera inconstitucional. Al respecto, este juzgado de Distrito no advierte determinación o disposición alguna que obligue de oficio al juez penal responsable a poner al sentenciado a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en una omisión ante una solicitud de la parte quejosa en ese aspecto, esto es que le haya solicitado que lo ponga a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla. Por tanto, no se advierte transgresión a la garantía individual de acceso a la impartición de justicia, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, a que alude el segundo párrafo segundo de artículo artículo 17 Constitucional, el cual señala: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El numeral transcrito sustenta que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y sus resoluciones deben ser emitidas en forma pronta, completa e imparcial, de tal suerte que el elemento esencial del requisito de prontitud en la impartición de justicia lo constituye el que las resoluciones se dicten dentro de los plazos que fijan las leyes. Sin embargo, en el caso a estudio no se puede concluir que hay transgresión a dicha garantía, pues no hay determinación, disposición o solicitud alguna que obligara al juez penal responsable para que de oficio pusiera al sentenciado a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla. Cobra aplicación la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos."5 En efecto, la omisión del juez penal de ponerlo al sentenciado a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, no es ilegal, pues de autos se advierte que en autos de once de diciembre de dos mil uno y de veintiocho de febrero de dos mil dos, determinó ponerlo a disposición del ejecutivo del estado. Ahora, si bien es cierto que con la entrada en vigor el (19) diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la facultad de ejecutar de penas, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Y que en virtud de la reforma anterior, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación única en materia de ejecución de penas en la República Mexicana. También es cierto que, en sus artículos transitorios, no se advierte que los procedimientos donde ya se dictó sentencia firme bajo el sistema mixto, ahora, dichos sentenciados o procedimientos se pongan de oficio a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Penales. El artículo tercero transitorio estableció: "Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional." Al respecto, dicha legislación tiene vigencia en el Estado de Puebla a partir del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, pues en esa fecha, el Congreso del Estado de Puebla emitió la declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el territorio del Estado de Puebla, y entró en vigor el día de su publicación. De la lectura de las disposiciones transitorias reproducidas, se colige que, a partir del inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, quedaron abrogadas todas aquellas disposiciones normativas relativas a la ejecución de las penas en todas las entidades federativas, que para el caso de Puebla, fue el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y, sólo "los procedimientos" iniciados previo a esa data, continuarían sustanciándose conforme a la legislación con la que se radicaron. Así, por los "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de "las solicitudes" sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional, por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada o la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, entre otros. No se soslaya que la Ley Nacional en comento recoge el sistema acusatorio penal y que el quejoso fue sentenciado bajo el sistema mixto; sin embargo, la vigencia de la ley no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con anterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pues sus artículos transitorios, tampoco lo son en cuanto a dicha situación. Cobra aplicación, por las razones que la conforman, la jurisprudencia I.2o.P. J/3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que señala: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio." En tales condiciones, se tiene que la Ley Nacional de Ejecución Penal actualmente se encuentra vigente, sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema penal, entonces, éste puede dirigir al juez de ejecución cualquier solicitud sobre temas de "ejecución penal" en general, ello a efecto de que tenga acceso a los beneficios que actualmente prevé dicha ley. A manera de ejemplo los beneficios preliberacionales, como lo refiere la tesis 1a. XXXVII/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1255 del Tomo II, Libro 66, mayo de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019817, que señala: "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. LAS PERSONAS CONDENADAS BAJO EL SISTEMA PROCESAL TRADICIONAL SÍ PUEDEN SOLICITARLOS. Conforme a los artículos transitorios de dicha ley, la intención del legislador al emitirla fue derogar los distintos beneficios preliberacionales previstos tanto en el Código Penal Federal como en las legislaciones especiales de la Federación y las relativas a las entidades federativas, para que sólo fueran aplicables los establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De igual forma, dispuso que los procedimientos que se encuentren en trámite a su entrada en vigor, deberán sustanciarse en términos de la legislación vigente al inicio de éstos, pero aplicando los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la ley nacional aludida, de acuerdo con el principio de mayor beneficio para la persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, los beneficios preliberacionales, al constituir mecanismos de control jurisdiccional, no impactan en un tema procesal sino en un aspecto sustantivo al estar vinculados directamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social, de ahí que no sea aplicable la excepción contenida en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional que implementó el sistema de justicia penal acusatorio y oral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Por ende, si esos beneficios inciden en las afectaciones a la libertad personal derivadas de la pena que el legislador considera necesaria para cumplir con los fines sustantivos de ésta, no hay razón para dar un trato desigual a los condenados bajo sistemas procesales distintos, si los beneficios introducidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal resultan más favorables a los solicitantes conforme al referido principio. Así, el referente para su otorgamiento que prevé esta ley, no radica en el sistema procesal en que fueron juzgados los peticionarios de la medida, sino en que ésta les sea más benéfica. Por lo tanto, en atención al régimen transitorio aludido y al principio de interpretación más favorable para la persona, los beneficios preliberacionales contenidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal sí pueden ser solicitados por personas condenadas bajo el sistema procesal penal tradicional, porque constituyen mecanismos de control jurisdiccional y no existe justificación alguna que permita negarles el acceso a los beneficios de los que actualmente gozan los sentenciados bajo el sistema procesal penal acusatorio oral, pues se encuentran en idénticas condiciones de reclusión." En virtud de lo anterior, se tiene que directamente el sentenciado deberá dirigir cualquier solicitud relativa a ejecución de penas al juez de Ejecución; pues el juez penal que conoció de su procedimiento no tiene obligación de hacerlo de oficio; pudiendo actuar dicho juez penal si se le dirige una petición al respecto, donde sólo tendrá que proveer conforme a sus facultades. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación expresado por el quejoso y, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, PROCEDE NEGAR EL AMPARO promovido por José Trinidad Barrera Sánchez, respecto del acto que reclamó del 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, consistente en la omisión de poner al quejoso a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999. SEPTIMO. Notificación al quejoso. Ahora bien, tomando en consideración que el aquí impetrante de amparo se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso José Trinidad Barrera Sánchez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 728/2020; d) Notifique al quejoso la presente determinación y le corra traslado con copia autorizada de la misma; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto al acto que José Trinidad Barrera Sánchez reclamó al 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, 2. Gobernador del Estado de Puebla; y 3. Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta resolución y en virtud de lo narrado en el apartado I del considerando tercero de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Trinidad Barrera Sánchez, respecto del acto que reclamó, al 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, precisado en el inciso c) del considerando segundo, en virtud de las manifestaciones vertidas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente la quejoso (vía despacho) y al defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables, a los agentes del Ministerio Público (terceros interesados), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  4. Principal

    (SE PUBLICA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL DEFENSOR PÚBLICO DEL QUEJOSO, LA SIGUIENTE SENTENCIA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 728/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Trinidad Barrera Sánchez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el quejoso José Trinidad Barrera Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes (foja 2 vuelta): "AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, sede conocido Puebla, Puebla, y Gobernador y Secretario de Gobernación del Estado sede conocido Puebla, Puebla- - ACTO RECLAMADO. A) La omisión de aplicar lo dispuesto por los arábigos 102 y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. B) La omisión de aplicar el Decreto de fechas 23 y 26/03/2020 por parte del Gobernador Constitucional." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20, fracción VIII, Apartado B, 21, 22 último párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda, y trámite del juicio, y reposición de procedimiento. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, advirtiéndose de autos lo siguiente; I) que por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo con el número 728/2020, y además se previno al quejoso para que aclarara el escrito de demanda que dio origen al presente juicio de constitucional; II) en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se desechó el escrito recibido físicamente en este juzgado de Distrito, por el que el peticionario de amparo pretendió dar cumplimiento la prevención de la demanda, ello por no contar con firma; y III) por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de garantías. Sin embargo, en virtud de la ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la que declaró fundada la queja 137/2020, respecto de los tres autos acabados de indicar, ello en virtud de haberse actuado cuando el quejoso no contaba aún con asistencia técnica para desahogar la prevención que se le dirigió por auto de siete de octubre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito, por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, repuso el procedimiento y se dejó sin efectos el auto indicado de (siete de octubre de dos mil veinte) y los diversos de veintinueve de octubre y nueve de noviembre de dos mil veinte; y, se previno al quejoso y defensor público a efecto de que aclararan la demanda de amparo (fojas 162 a 165). TERCERO. Admisión de Demanda y Trámite del juicio. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, previa prevención cumplida en el sentido de señalar bajo protesta de decir verdad no saber el domicilio de los terceros interesados e indicar el número de expediente del índice del juez de Ejecución donde derivan los actos reclamados, siendo "2021 jesi" (Sic), se admitió a trámite la demanda sin incidente de suspensión (fojas 182 a 186), se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 192). CUARTO. Ampliación de la demanda. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 294 a 297), se admitió a trámite la ampliación de la demanda que presentó el defensor público del quejoso contra de la autoridad y acto siguientes (foja 290): "I. AUTORIDAD RESPONSABLE, en su carácter de ordenadora y ejecutora al: Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula. II: ACTO RECLAMADO. Lo constituye la omisión de poner al quejoso a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, en relación a la causa penal 242/1999 y 264/1999 y sus acumulados de los del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla." De la indicada ampliación se requirió informe justificado a la señalada autoridad responsable, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 311). QUINTO. Parte tercera interesada. Al respecto se emplazó a los siguientes terceros interesados: a) En cumplimiento al auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (fojas 182 a 186), se emplazó al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla (foja 193); y, b) En cumplimiento al auto de ocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 294 a 297), se emplazó con dicho carácter al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla (foja 310). SEXTO. Cita para audiencia. En proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno (fojas 355 a 357), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, y del escrito de ampliación de la misma, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y ampliación de la misma, como de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna de las autoridades responsables los siguientes actos: Del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, 2. Gobernador del Estado de Puebla; y 3. Secretario de Gobernación del Estado de Puebla: a) La omisión de aplicar lo dispuesto por los arábigos 102 y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (relativos al trámite de la ejecución de la Sentencia Penal); y, b) La omisión de aplicar los Decreto de fechas 23/03/2020 y 26/03/2020 "por parte del Gobernador Constitucional" (relativos, según el quejoso, al indulto concedido por el ejecutivo a personas de la tercera edad o que se encuentren en las hipótesis preliberacionales). Del 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla: c) La omisión de poner al quejoso a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOSRECLAMADOS, CERTEZAO INEXISTENCIADELOS.TÉCNICAEN ELJUICIODEAMPARO." I. Al respecto las autoridades responsables 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, 2. Gobernador del Estado de Puebla; y 3. Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado correspondiente (fojas 194, 216 a 226 y 235 a 240) negaron los actos que se les atribuyeron. La primera de las autoridades refirió que no son ciertos los actos que se le atribuyen dado que el quejoso "no está a disposición de este Juzgado de Ejecución de Sentencias Itinerante"; y las diversas argumentaron que son ajenos a la aplicación de los artículos 102 y 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que no "constan publicados Decretos, en los cuales el ejecutivo del Estado conceda indulto tal y como lo manifiesta el impetrante en sus antecedentes". Inexistencia de actos no fue desvirtuada por la parte quejosa, no obstante que se le dio vista con los indicados informes justificados por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 278 y 279), y notificado al quejoso (foja 321) y al defensor público (fojas 288 y 289), el tres y cuatro de junio de dos mil veintiuno, respectivamente. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables que han quedado precisadas en los incisos a) y b) del considerando segundo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. La diversa autoridad responsable 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, al rendir el informe justificado refirió que el acto que se le atribute es "parcialmente cierto"; pero se tiene por cierto el acto omiso, por así advertirse de dicho informe (fojas 342 y 343). La existencia del acto omiso reclamado, consistente en no poner a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, al sentenciado en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999 de su índice, se advierte de las copias certificadas de las constancias que integran la indicada causa penal (anexo I), con valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ya que a la fecha de la presentación de la demanda (seis de octubre de dos mil veinte), no se advierte que dicho juez haya puesto a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, al sentenciado. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza del acto reclamado, consistente en la omisión del 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, de poner a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, al sentenciado en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999, el mismo es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. Por tanto, la promoción del juicio de amparo no está sujeta al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el día seis de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial y luego fue remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este juzgado de Distrito, entonces, es evidente que su promoción fue oportuna. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que interpreta el artículo 21 de la Ley abrogada que es idéntico al numeral 17 de la Ley de Amparo vigente en cuanto al término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La omisión que reclama la parte quejosa, tiene su origen en un proceso penal que se tramitó conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y sus reformas, y a la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo que favorezca al sentenciado. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tiene el carácter de sentenciado, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado que se atribuye al 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, parte. Así, corresponde al suscrito encargado del despacho determinar si el acto omiso vulneran o no algún derecho fundamental de la parte quejosa. Al respecto, se reclama al 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la omisión de: c) de no poner al sentenciado a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999. La parte quejosa, por conducto del defensor público, vía conceptos de violación, señaló lo siguiente: - Que la omisión precisada vulnera en contra del quejoso su derecho humano a una tutela judicial efectiva. El anterior concepto de violación se califica de infundado sin que se advierta deficiencia alguna que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ello en virtud de lo que se argumenta a continuación. En principio, se narran algunos antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las documentales que remitió la autoridad responsable 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, consistentes en las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999, así como de la documental pública que anexó el quejoso a su escrito de demanda, y que son los siguientes: I. Por sentencia de cuatro de mayo de dos mil uno (fojas 444 vuelta a 472 del anexo I), se condenó a José Trinidad Barrera Sánchez, aquí quejoso, por el delito de violación calificada y violación equiparada, los puntos resolutivos de la sentencia son (fojas 471 vuelta y 472 del anexo I): "(.) PRIMERO: En autos quedo plena y legamente comprobado los delitos de VIOLACIÓN CALIFICADA y VIOLACIÓN EQUIPARADA, previstos y sancionados por los artículos 267, 269 fracción IV, 272 fracción II del Código de Defensa Social para el Estado, cometido el primero en agravio de CLAUDIA IVONNE FARFÁN CARPINTERO y el segundo en perjuicio DE ERIKA LISSETTE FARFÁN CARPINTERO, por los que acuso el Agente del Ministerio Público. SEGUNDO. En el ordinario quedo plena y legalmente comprobada la responsabilidad penal de JOSÉ TRINIDAD BARRERA SÁNCHEZ, en la comisión de los delitos citados en el punto resolutivo que antecede, por el que precisó y actualizó acusación el Ministerio Público en su contra. TERCERO. Por las transgresiones a las normas de Defensa Social, se conceda a JOSÉ TRINIDAD BARRERA SÁNCHEZ, a sufrir una pena privativa de la libertad de 37 TREINTA Y SIETE AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA EQUIVALENTE A 765 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN ESTA REGIÓN. La primera será compurgara en el Centro Penitenciario que al efecto designe el Ejecutivo del Estado y la segunda se ingresara a la institución protectora de los delitos. CUARTO. Por las razones expresadas en el octavo considerando de la presente resolución se absuelve al acusado del pago de la reparación del daño moral y material. QUINTO. Con apoyo en las fracciones III y IV del artículo 69 de nuestra Ley Punitiva se suspende al sentenciado del ejercicio de sus derechos políticos y civiles, por el mismo periodo que tarde en extinguirse la sanción corporal impuesta, debiéndose dar aviso a la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores para dar cabal cumplimiento. SEXTO. En diligencia formal amonéstese al sentenciado de referencia para que no reincida. SEPTIMO. Dese aviso a la superioridad, al ciudadano Director de Readaptación Social de este Distrito Judicial, el sentido de esta resolución definitiva para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese (.)." II. Inconforme con lo anterior, el sentenciado, aquí quejoso, promovió recurso de apelación (foja 473 del anexo I); siendo modificada la sentencia por resolución de once de octubre de dos mil uno (fojas 479 a 488 del anexo I), emitida en toca de apelación 747/2001 por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, para quedar en los siguientes términos (fojas 487 vuelta del anexo I): "(.) TERCERO. Por las transgresiones a las leyes de Defensa Social, se conceda a JOSÉ TRINIDAD BARRERA SÁNCHEZ, a sufrir una pena privativa de la libertad de 32 TREINTA Y DOS AÑOS 6 MESES y al pago de una multa equivalente a 765 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO días de salario mínimo vigente en la época y región de la comisión del delito; la primera de las sanciones deberá ser compurgada en el Centro Penitenciario que al efecto designe el Ejecutivo del Estado, mientras que la segunda podrá hacerse efectiva a través del procedimiento económico coactivo de la oficina recaudadora correspondiente, debiéndose ingresar al Fondo para la Protección de las Víctimas de los Delitos. SEGUNDO. Se confirma los demás puntos resolutivos de la sentencia Condenatoria de fecha 4 cuatro de mayo del 2001 dos mil uno, dictada por el Ciudadano Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso 242/99, mismo que dio origen a la tramitación del toca número 747/2001, de los de esta Alzada(.)". II. Por auto de once de diciembre de dos mil uno, el juez penal a) puso a disposición del Ejecutivo del Estado al Sentenciado, a fin de que se designara el lugar en donde debería compurgar la pena impuesta y le remitió las ejecutorias relativas; b) ordenó hacer la amonestación correspondiente; y c) requirió al sentenciado para que en el término de (10) diez días exhibiera el importe de la multa impuesta, apercibido que de no hacerlo se haría efectiva a través de las oficinas rentísticas de la ciudad de Puebla (477 y 489 del anexo I). III. Por auto de veintiuno de enero de dos mil dos, el juez acordó el oficio del Director de Ejecución de Sentencias, en el sentido de que no podría remitirle el original de la causa solicitada, en virtud de que el sentenciado promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución de alzada, y además le informó que no había ninguna otra causa instruida en contra del sentenciado (foja 507 vuelta del anexo I). IV. Del indicado juicio de amparo directo que promovió el sentenciado en contra de la resolución de alzada conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número D-001/2002 (foja 506 del anexo I), y previos los trámites legales, el ocho de febrero de dos mil dos, el órgano colegiado determinó negar el impetrante de mérito el amparo y protección de la justicia federal (foja 509 del anexo I). V. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil dos, el juez penal de origen volvió a acordar lo siguiente: a) puso a disposición del Ejecutivo del Estado al Sentenciado, a fin de que se designara el lugar en donde el sentenciado debería compurgar la pena impuesta y le remitió las ejecutorias relativas; b) ordenó hacer la amonestación correspondiente; y c) requirió al sentenciado para que en el término de (10) diez días exhibiera el importe de la multa impuesta, apercibido que de no hacerlo se haría efectiva a través de las oficinas rentísticas de la ciudad de Puebla (508 y 511 del anexo I). El auto indicado se notificó al sentenciado el siete de marzo de dos mil dos (foja 511). VI. De autos se aprecia que en relación a la sentencia condenatoria: I) el veintidós de marzo de dos mil dos, se giró el oficio correspondiente al Director General de Centros del Estado de Puebla (foja 514), sin que se advierta de autos el acuse de recibido; II) en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil dos, se amonestó al sentenciado, "exhortándolo a la enmienda del delito ya que si volviera a comer otro delito, la sanción que se le impondrá será mayor a la que se ha quedado condenado, de lo cual dijo quedar entendida firmando al margen y al calce." (fojas 511 vuelta y 513); y, III) por proveído de dos de abril de dos mil dos, en virtud de que transcurrió el término concedido al sentenciado para que hiciera el pago de la multa a fe condenado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de febrero del mismo año, y se ordenó girar oficio al recaudador de rentas de la ciudad de Puebla, para que hiciera efectiva la multa impuesta al sentenciado por la cantidad de $20,665.00 (veinte mil seiscientos sesenta y cinco pesos, 00/100 moneda nacional), sin que se advierta de autos el acuse de recibido. VII. También se advierte que en febrero de dos mil quince, el sentenciado volvió a promover juicio de amparo directo en contra de la resolución de alzada y del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número D-34/2015, y desechó la demanda de garantías como se advierte del auto de trece de febrero de dos mil quince (foja 545 del anexo I); y, VIII. Por último, del original del oficio sin número de siete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 4) que el quejoso anexó al escrito de demanda, que le dirigió la encargada del despacho de la Subdirección Jurídica del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se advierte que a la fecha de su emisión (siete de noviembre de dos mil dieciséis), el quejoso se encontraba compurgando en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, una pena de prisión de (32) treinta y dos años, (6) seis meses de prisión, en virtud de sentencia de alzada (toca 747/2001) que modificó la de primera instancia. Luego, de lo acabado de narrar, es preciso determinar lo siguiente: a) que el sentenciado, aquí quejoso, se encuentra compurgando en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, una pena de prisión de (32) treinta y dos años, (6) seis meses de prisión, en virtud de la sentencia de alzada que modificó la de primera instancia, y se encuentra a disposición del ejecutivo del estado, pues desde los autos de once de diciembre de dos mil uno y de veintiocho de febrero de dos mil dos, el juez penal así lo determinó, siendo notificado de ello el quejoso el siete de marzo de dos mil dos (foja 511); y si bien no se advierte el acuse relativo de la puesta a disposición, no procede pronunciarnos al respecto al no ser el acto reclamado en esta vía de amparo. b) Que en relación a la ejecución de la sentencia condenatoria, ya se amonestó al sentenciado, y por lo que hace a la multa impuesta se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de febrero del mismo año, y se ordenó girar oficio al recaudador de rentas de la ciudad de Puebla, para que hiciera efectiva la multa impuesta al sentenciado por la cantidad de $20,665.00 (veinte mil seiscientos sesenta y cinco pesos, 00/100 moneda nacional), y si bien no se advierte el acuse del oficio recibido por la oficina recaudadora, tampoco procede pronunciarnos la respecto al no ser el acto reclamado en esta instancia. Ahora, como ya se dijo, el quejoso reclama al 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la omisión de: c) de no ponerlo a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, por lo que hace a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999, refiriendo el defensor de oficio que con ello se transgrede en su contra el derecho humando a una tutela judicial efectiva a que alude el artículo 17 Constitucional. En el caso se sostiene lo infundado del concepto de violación en estudio, ya que si bien se reclama una omisión, en el caso es necesario identificar si existe obligación jurídica por parte de juez penal responsable de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera inconstitucional. Al respecto, este juzgado de Distrito no advierte determinación o disposición alguna que obligue de oficio al juez penal responsable a poner al sentenciado a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en una omisión ante una solicitud de la parte quejosa en ese aspecto, esto es que le haya solicitado que lo ponga a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla. Por tanto, no se advierte transgresión a la garantía individual de acceso a la impartición de justicia, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, a que alude el segundo párrafo segundo de artículo artículo 17 Constitucional, el cual señala: "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El numeral transcrito sustenta que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y sus resoluciones deben ser emitidas en forma pronta, completa e imparcial, de tal suerte que el elemento esencial del requisito de prontitud en la impartición de justicia lo constituye el que las resoluciones se dicten dentro de los plazos que fijan las leyes. Sin embargo, en el caso a estudio no se puede concluir que hay transgresión a dicha garantía, pues no hay determinación, disposición o solicitud alguna que obligara al juez penal responsable para que de oficio pusiera al sentenciado a disposición del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla. Cobra aplicación la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos."5 En efecto, la omisión del juez penal de ponerlo al sentenciado a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, no es ilegal, pues de autos se advierte que en autos de once de diciembre de dos mil uno y de veintiocho de febrero de dos mil dos, determinó ponerlo a disposición del ejecutivo del estado. Ahora, si bien es cierto que con la entrada en vigor el (19) diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la facultad de ejecutar de penas, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Y que en virtud de la reforma anterior, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación única en materia de ejecución de penas en la República Mexicana. También es cierto que, en sus artículos transitorios, no se advierte que los procedimientos donde ya se dictó sentencia firme bajo el sistema mixto, ahora, dichos sentenciados o procedimientos se pongan de oficio a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Penales. El artículo tercero transitorio estableció: "Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional." Al respecto, dicha legislación tiene vigencia en el Estado de Puebla a partir del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, pues en esa fecha, el Congreso del Estado de Puebla emitió la declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el territorio del Estado de Puebla, y entró en vigor el día de su publicación. De la lectura de las disposiciones transitorias reproducidas, se colige que, a partir del inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, quedaron abrogadas todas aquellas disposiciones normativas relativas a la ejecución de las penas en todas las entidades federativas, que para el caso de Puebla, fue el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; y, sólo "los procedimientos" iniciados previo a esa data, continuarían sustanciándose conforme a la legislación con la que se radicaron. Así, por los "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de "las solicitudes" sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional, por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada o la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, entre otros. No se soslaya que la Ley Nacional en comento recoge el sistema acusatorio penal y que el quejoso fue sentenciado bajo el sistema mixto; sin embargo, la vigencia de la ley no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con anterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pues sus artículos transitorios, tampoco lo son en cuanto a dicha situación. Cobra aplicación, por las razones que la conforman, la jurisprudencia I.2o.P. J/3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que señala: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio." En tales condiciones, se tiene que la Ley Nacional de Ejecución Penal actualmente se encuentra vigente, sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema penal, entonces, éste puede dirigir al juez de ejecución cualquier solicitud sobre temas de "ejecución penal" en general, ello a efecto de que tenga acceso a los beneficios que actualmente prevé dicha ley. A manera de ejemplo los beneficios preliberacionales, como lo refiere la tesis 1a. XXXVII/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1255 del Tomo II, Libro 66, mayo de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019817, que señala: "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. LAS PERSONAS CONDENADAS BAJO EL SISTEMA PROCESAL TRADICIONAL SÍ PUEDEN SOLICITARLOS. Conforme a los artículos transitorios de dicha ley, la intención del legislador al emitirla fue derogar los distintos beneficios preliberacionales previstos tanto en el Código Penal Federal como en las legislaciones especiales de la Federación y las relativas a las entidades federativas, para que sólo fueran aplicables los establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De igual forma, dispuso que los procedimientos que se encuentren en trámite a su entrada en vigor, deberán sustanciarse en términos de la legislación vigente al inicio de éstos, pero aplicando los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la ley nacional aludida, de acuerdo con el principio de mayor beneficio para la persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, los beneficios preliberacionales, al constituir mecanismos de control jurisdiccional, no impactan en un tema procesal sino en un aspecto sustantivo al estar vinculados directamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social, de ahí que no sea aplicable la excepción contenida en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional que implementó el sistema de justicia penal acusatorio y oral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Por ende, si esos beneficios inciden en las afectaciones a la libertad personal derivadas de la pena que el legislador considera necesaria para cumplir con los fines sustantivos de ésta, no hay razón para dar un trato desigual a los condenados bajo sistemas procesales distintos, si los beneficios introducidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal resultan más favorables a los solicitantes conforme al referido principio. Así, el referente para su otorgamiento que prevé esta ley, no radica en el sistema procesal en que fueron juzgados los peticionarios de la medida, sino en que ésta les sea más benéfica. Por lo tanto, en atención al régimen transitorio aludido y al principio de interpretación más favorable para la persona, los beneficios preliberacionales contenidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal sí pueden ser solicitados por personas condenadas bajo el sistema procesal penal tradicional, porque constituyen mecanismos de control jurisdiccional y no existe justificación alguna que permita negarles el acceso a los beneficios de los que actualmente gozan los sentenciados bajo el sistema procesal penal acusatorio oral, pues se encuentran en idénticas condiciones de reclusión." En virtud de lo anterior, se tiene que directamente el sentenciado deberá dirigir cualquier solicitud relativa a ejecución de penas al juez de Ejecución; pues el juez penal que conoció de su procedimiento no tiene obligación de hacerlo de oficio; pudiendo actuar dicho juez penal si se le dirige una petición al respecto, donde sólo tendrá que proveer conforme a sus facultades. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación expresado por el quejoso y, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, PROCEDE NEGAR EL AMPARO promovido por José Trinidad Barrera Sánchez, respecto del acto que reclamó del 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, consistente en la omisión de poner al quejoso a disposición del Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, en relación a la causa penal 242/1999 y su acumulada 264/1999. SEPTIMO. Notificación al quejoso. Ahora bien, tomando en consideración que el aquí impetrante de amparo se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso José Trinidad Barrera Sánchez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 728/2020; d) Notifique al quejoso la presente determinación y le corra traslado con copia autorizada de la misma; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto al acto que José Trinidad Barrera Sánchez reclamó al 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante en el Estado de Puebla, 2. Gobernador del Estado de Puebla; y 3. Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta resolución y en virtud de lo narrado en el apartado I del considerando tercero de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Trinidad Barrera Sánchez, respecto del acto que reclamó, al 4. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, precisado en el inciso c) del considerando segundo, en virtud de las manifestaciones vertidas en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente la quejoso (vía despacho) y al defensor público; y, por oficio a las autoridades responsables, a los agentes del Ministerio Público (terceros interesados), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

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