José Trinidad Acosta Acosta

Expediente 237/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
237/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • José Trinidad Acosta Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de depuración el presente expediente, ya que se negó el amparo en el presente juicio, además carece de relevancia documental, y el incidente de suspensión pues se negó y concedió la medida cautelar, por ende glósese el original. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse las constancias que remitió la responsable; sin que sea necesario acusar recibo, al ser una reproducción autorizada.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 237/2017; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este juzgado, José Trinidad Acosta Acosta, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez admitida la demanda y seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una orden que afecta la libertad personal, emitida por una autoridad judicial del orden penal cuya ejecución se efectúa dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. En términos de la Ley de Amparo, es pertinente establecer que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México lo siguiente: El auto de vinculación a proceso de dos de febrero de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta administrativa 4/2017 contra José Trinidad Acosta Acosta por el delito de extorsión con modificativa (complementación típica con punibilidad autónoma al haberse ostentado el activo como miembro de un grupo delictuoso, se haya cometido con violencia, así como el activo sea miembro de una institución de seguridad pública), en agravio la víctima de identidad reservada A.R.C. TERCERO. La citada Juez aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la carpeta administrativa 4/2017. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió la responsable al rendir dicho informe, consistentes en la carpeta administrativa 4/2017 y cuatro DVD´s certificados, así como la carpeta de investigación TEM/TEJ/TEJ/083/018736/17/01; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, así como de registros de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa, además de que su contenido se encuentra certificado por la autoridad judicial competente, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se les atribuyen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Este juzgador no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna; por ello, procede entrar al fondo del asunto. La parte quejosa señala como conceptos de violación, lo siguiente: a. La autoridad responsable dictó una determinación carente de fundamentación y motivación, de conformidad con los artículos 14, 16 y 19 constitucionales, en virtud de que los datos de prueba no son idóneos ni pertinentes para acreditar la probable responsabilidad del justiciable en la comisión del ilícito que se le imputa, con lo cual se vulneran sus derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica. b. Aduce el quejoso que el Juez de Control no realizó un estudio de los datos de prueba, en virtud de que sólo cumplió con su deber de detener a una persona armada. c. Es incorrecto que se le pretenda atribuir la comisión de un delito respecto del cual no se reúnen los elementos para demostrar la conducta ilícita que se le imputa, ya que se trata de demostrar su probable intervención en el hecho delictuoso de extorsión, sin embargo, se debe tomar en consideración que el sujeto pasivo portaba un arma de fuego, sin contar con la autorización respectiva, máxime que el testigo presencial de los hechos (delegado del municipio) no cuenta con facultades para autorizar dicha portación; consecuentemente, no se le debe atribuir la comisión del delito de extorsión al quejoso. d. Resultan contradictorias las declaraciones vertidas por los elementos policiacos, respecto de las horas en las que supuestamente se suscitaron los hechos, por lo que no son idóneas para acreditar el hecho delictivo ni la participación del quejoso. e. La representación social en el nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio, dado que en sus actuaciones debe actuar de buena fe. Conforme a lo anterior, la Litis se precisa a establecer si el acto reclamado que en esta vía constitucional se combate se colmaron los requisitos establecidos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, si se tuvo por acreditado el hecho delictivo y la probable participación del quejoso. QUINTO. En primer término, conviene precisar que la resolución que constituye el acto reclamado se analizará de conformidad con el nuevo sistema penal instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, debe indicarse que en términos de lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 412/2010, la litis constitucional en el presente asunto, debe ceñirse a considerar únicamente los datos de investigación o los datos de la defensa, en que las partes procesales apoyen su respectiva teoría jurídica, y que haya tenido en cuenta la autoridad responsable para motivar su emisión; tomando en consideración, desde luego, que hasta esa etapa procesal, los datos ofrecidos y desahogados no han adquirido todavía el carácter de prueba. En ese sentido, es infundado el motivo de disenso reseñado con el inciso a, donde el quejoso aduce que el auto de vinculación a proceso carece de fundamentación y motivación, pues el mismo se encuentra previsto en el artículo 19 constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que debe reunir ese tipo de actos para justificar los actos de molestia derivados del mismo; por tanto, la legalidad del acto reclamado se hará a la luz del mencionado precepto legal, el cual textualmente dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." La redacción del precepto transcrito revela, en atención a los objetivos perseguidos por la reforma constitucional en materia penal, no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, según sea el caso, únicamente con base en los datos de investigación que en la solicitud de una orden de aprehensión o en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en la aludida audiencia. En ese sentido, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso: El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso: El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De lo anterior, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario se reúnan los requisitos siguientes: a) Que se haya formulado imputación, según el caso; esto es, que le haya comunicado el ministerio público en presencia del juez, que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados. b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; es decir, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. El Juez, de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o peticiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aunado a lo anterior, se requiere que no existan pruebas que eliminen el delito, la responsabilidad o la pena. Además de que dicha resolución, también deberá cumplir con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, que disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Pues aunque el auto de vinculación a proceso tenga exigencias específicas previstas en el artículo 19 constitucional, también debe respetar las exigencias constitucionales genéricas para todo acto de autoridad, como son el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, y el deber de fundamentación y motivación. En efecto, el auto de vinculación a proceso no priva de la libertad al inculpado, sino que únicamente lo sujeta para los fines procesales; y por ende, sus efectos son distintos a los de los actos de privación y molestia a que se refiere el artículo 14 antes invocado, sin embargo, se ha sostenido el criterio que tratándose de un auto de término constitucional sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento, pero en términos del artículo 173 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 20 constitucional, como es el que tenga la oportunidad de rendir una declaración; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituyen verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas. Una vez precisado lo anterior, se procederá al estudio del acto reclamado, a fin de determinar si existe alguna violación a los derechos humanos de exacta aplicación de la ley y de legalidad, previstas en los artículos constitucionales. En ese sentido, el auto de vinculación a proceso, implica la autorización al ministerio público para realizar actos de molestia en contra de la persona vinculada a proceso, para que sea investigado por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado; de ahí que dicho auto requiera que satisfaga los requisitos previstos en los artículos 16 y 19 constitucionales y 316, 317 y 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como: Sea emitido por escrito, por autoridad competente. El ministerio público realice la imputación. Se funde y motive la causa legal del procedimiento. Se fijen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del hecho ilícito atribuido. Se haya rendido declaración o exista manifestación de no hacerlo en la forma y con los requisitos establecidos por la ley. Los datos sean suficientes para establecer la comisión de un hecho determinado en la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese sentido, de la lectura de la trascripción del acto reclamado, así como de la reproducción de los discos ópticos y acústicos, certificados por la responsable, donde se contiene copia del registro de video y audio, entre otros, de la audiencia de formulación de imputación, y del dictado de la vinculación a proceso, reproducidos y analizados por este órgano federal; medios de convicción a los que se les concedió valor probatorio anteriormente, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la naturaleza del actual sistema penal, se obtiene lo siguiente: 1. A las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, la cual se desarrolló bajo los siguientes puntos: - La Juez de Control, una vez que individualizó a las partes -ministerio público y defensor particular-; hizo saber al indiciado José Trinidad Acosta Acosta los derechos consagrados en su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - Asimismo, se le requirió para que nombrara un defensor; en atención a ello, designó a un defensor particular, quien aceptó y protestó el cargo conferido, asimismo individualizó al imputado; - La Juez de Control concedió a la representación social el uso de la voz, con la finalidad de que calificara de legal la detención del imputado, donde escuchó a las partes; y acontecido ello calificó de legal la detención de José Trinidad Acosta Acosta. - Una vez que calificó de legal la detención, la Juez responsable dio uso de la voz a la representación social quien formuló imputación e hizo del conocimiento los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación; - Se concedió un receso, en el cual, enterado el imputado de su derecho de declarar o guardar silencio, manifestó que sí era su deseo declarar; - Acontecido lo anterior, la representación social solicitó se le vinculara a proceso; sin embargo, el indiciado pidió que se duplicara, el plazo constitucional a fin de resolver su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas. 2. El dos de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de duplicidad del término constitucional, donde se desahogaron los siguientes datos de prueba: - Entrevistas a cargo de Pablo López Catalán, Juan Hernández García y Francisco Vences Salgado; - Ampliación de entrevista de la víctima A.R.C.; - Ampliación de entrevista del testigo Norberto Artemio Rojas González; y, - Documental pública consistente en la publicación del periódico Sol de Toluca, de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. 3. El propio dos de febrero de dos mil diecisiete, la Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra José Trinidad Acosta Acosta por el delito de extorsión con modificativa (complementación típica con punibilidad autónoma al haberse ostentado el activo como miembro de un grupo delictuosos, se haya cometido con violencia, así como el sujeto activo sea miembro de una institución de seguridad público, en agravio de la víctima de identidad reservada A.R.C. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional. Como se advierte, sí se cumplieron los requisitos formales para el dictado del auto de vinculación; además de que el hecho delictuoso imputado se encuentra previsto por la ley, la cual fue expedida con anterioridad al mismo. De ahí que en concepto de este juzgador, la resolución en estudio satisface las formalidades exigidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, tan es así que la responsable precisó las razones lógico-jurídicas que lo llevaron a tener por acreditado el ilícito así como la probable participación del imputado en su comisión, amén de que expresó los fundamentos legales sobre los cuales basó su actuar. Asimismo, el impetrante de amparo aduce en su concepto de violación que los medios de prueba no son idóneos ni pertinentes para acreditar su probable responsabilidad en la comisión del delito que se le imputa; sin embargo, el juez de la causa determinó que los datos de prueba allegados por la institución ministerial, consistentes en: I. Entrevistas de los oficiales remitentes Ulises Encande Cuate y Juan Luis Cruz Garcés; II. Informe policial homologado de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, signado por los elementos Ulises Encande Cuate y Juan Luis Cruz Garcés; III. Certificado médico a favor del imputado José Trinidad Acosta Acosta; IV. Entrevista de la víctima de iniciales A.R.C.; V. Entrevista del testigo Norberto Artemio Rojas González; VI. Informe de investigación de entorno social. VII. Acta pormenorizada de inspección de vestimenta e indicios; VIII. Certificado médico de estado psicofísico y de lesiones del imputado José Trinidad Acosta Acosta de veintisiete de enero de dos mil diecisiete; IX. Entrevista del testigo Esteban Javier Reyes; X. Oficio PMT/SEC.A/016/17; XI. Oficio PMT/SEC.A/017/17; XII. PMT/SEC.A/018/17; XIII. Acta de inspección ocular de investigación. Datos de prueba desahogados durante la duplicidad del término constitucional. XIV. Entrevistas a cargo de Pablo López Catalán, Juan Hernández García y Francisco Vences Salgado; XV. Ampliación de entrevista de la víctima A.R.C.; XVI. Ampliación de entrevista del testigo Norberto Artemio Rojas González; y, XVII. Documental pública consistente en la publicación del periódico Sol de Toluca, de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Pues con ellos, al ser ponderados en su conjunto fueron suficientes para generar convencimiento en el Juez de Control responsable para ubicar al ahora quejoso en tiempo, lugar y circunstancias respecto de los hechos constitutivos del delito, pues el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el imputado José Trinidad Acosta Acosta solicitó a la víctima A.R.C. la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), bajo la amenaza de atentar contra la vida del pasivo o sus familiares en caso de no entregar dicho dinero; ello, en virtud de que el día de los hechos el sujeto pasivo se encontraba en el crucero que comunica las comunidades del Agostadero, Potrero y Cienaguillas, municipio de Texacaltitlán, Estado de México cuando el imputado viajaba a bordo de una patrulla de la policía municipal 21276 acompañado de otros policías, quien descendió de dicha unidad para acercarse a la víctima. Por lo que una vez que se encontraba el activo junto a la víctima A.R.C., lo jaló del brazo, cuestionándolo que qué hacía ahí, por lo que le contestó que cuidaba del Ejido, acto seguido el imputado José Trinidad Acosta Acosta con palabras altisonantes amenazó a la víctima solicitándole la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), y que si no le entregaba el dinero requerido le iba a ir mal a él y a su familia, quienes iban a pagar las consecuencias, donde continuo diciendo el imputado al pasivo que llamara a sus familiares para que le llevaran el dinero. Debe decirse que existe el antecedente, que según la entrevista de la víctima A.R.C., el doce de enero de dos mil diecisiete, aproximadamente a las veinte horas el imputado le dijo "que dejara de hacer el trabajo de los talamontes, que de lo contrario lo iban a levantar, que ya sabía que trabajaba para la familia michoacana y que le iba a ir mal a él y a su familia, porque hasta su familia iba a pagar las consecuencias, que mejor se fuera a su casa". Asimismo, cabe aclarar que el día de los hechos, al imputado se le localizó un arma de fuego, la cual la víctima utilizaba para el cuidado del monte, donde el accionante constitucional amenazó al pasivo quien le quitó el artefacto bélico y le solicitó la cantidad antes mencionada. Finalmente, los elementos de la policía de la Comisión de Seguridad Ciudadana al circular sobre el lugar de los hechos, se percataron de la comisión del hecho delictivo, donde auxiliaron a la A.R.C. y del ateste Norberto Artemio Rojas González, por lo que pusieron a disposición de las autoridades al imputado. Se comparte la determinación de la Juez de control al considerar que con las entrevistas de la víctima A.R.C. y del ateste Norberto Artemio Rojas González, y las desahogadas dentro de la duplicidad del término constitucional, al ser coincidentes en la fecha, hora y lugar de la comisión del hecho delictivo, en la que refirieron que el impetrante de amparo amenazó y encañonó con el arma de fuego a la víctima, donde le solicitó la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), a quien también le dijo que llamara a sus familiares para que le llevaran el dinero solicitado, máxime que ambos declarantes de igual manera manifestaron el antecedente acontecido el doce de enero de dos mil diecisiete, antes mencionado. En el mismo sentido, dicha circunstancia la enlazó con lo relatado por los elementos de la policía Ulises Encande Cuate y Juan Luis Cruz Garcés, quienes fueron consistentes y coherentes al establecer que al encontrarse en el lugar de los hechos, una vez que el sujeto pasivo les solicitó su ayuda, narraron el hecho delictivo, quienes manifestaron que al efectuar una revisión al activo del delito localizaron un arma de fuego con la que la víctima fue encañonada, así como tres teléfonos celulares, indicios que pusieron a disposición de la representación social, entrevistas que se adminicularon con el informe policial signado por éstos. Adminiculó a tales datos de prueba, la inspección de vestimenta e indicios, en la que se observó que el imputado el día de los hechos su atuendo era el de un policía municipal, asimismo, que los indicios puestos a disposición fueron el arma de fuego la cual se encontraba abastecida en su cargador con seis cartuchos útiles y tres teléfonos celulares, con la cual se pudo determinar que el imputado es un elemento activo de una corporación de policía de seguridad pública del Ayuntamiento de Texcaltitlán, Estado de México, lo cual se corroboró con los oficios signados por el Secretario de dicho municipio, en los que refirió entre otras cosas, que el imputado se encontraba adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de dicha municipalidad, que tenía a su cargo la unidad vehicular Mitsubishi, con número económico 21276 y las horas laborables del quejoso, donde ingresó a trabajar a las seis horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Datos de prueba que adecuadamente fueron ponderados y tomados en consideración por la juez responsable, y los consideró idóneos, porque de su contenido surgió información que se vinculó a los hechos y suficientes pues le permitió conocer en forma objetiva y razonada la existencia de un comportamiento que la ley señala como delito, con lo cual deviene infundado su argumento reseñado en el inciso b. Lo anterior, en razón de que la juez responsable ponderó todos los datos de prueba aportados por la representación social, los cuales contrario a lo que aduce el accionante constitucional en su motivo de disenso d, fueron coincidentes al referir el tiempo, lugar y modo de comisión del hecho delictivo, así como la probable intervención en el ilícito que se le imputa. De igual manera, la juez de control manifestó que el imputado sin algún derecho obligó a la víctima a hacer algo, en este caso fue la entrega de una suma de dinero bajo amenaza de muerte, con la finalidad de obtener un lucro. Asimismo, precisó las circunstancias que lo llevaron a determinar la modificativa del delito que se le imputa al impetrante de amparo, pues de los datos de prueba se apreció que éste pertenecía a una institución de seguridad pública, máxime que también se ostentó como un miembro de una organización delictiva "La Familia Michoacana", ejerciendo violencia moral a la víctima, amenazándolo con un arma de fuego y apuntándole en el pecho, misma que fue puesta a disposición de la representación social, con lo cual se tuvieron por acreditadas hasta este momento procesal las modificativas del ilícito en comento. Se determinó que se acreditaba la forma de intervención del imputado como autor del hecho delictuoso, en términos del artículo 11, fracción I inciso c) del Código Penal vigente en el Estado de México. Consecuentemente, la responsable determinó que se tenía por acreditado el hecho delictuoso, pues conforme a lo previsto en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente se requiere de datos que permitan tener por acreditado un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, sin que le sea necesario un análisis de cada uno de los elementos del hecho delictuoso ni el estudio de la conducta. Asimismo, la responsable tuvo correctamente por acreditado el dolo, en razón a que el actuar con conocimiento y voluntad, resultó antijurídico, no sólo por transgredir el orden jurídico vigente y afectar el bien jurídico por la norma, la libertad y seguridad de las personas, y no estar amparado por causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito que tornara lícito su comportamiento, por lo que se integra el injusto penal, el imputado contaba con una salud mental y psíquica adecuada al realizar el acto delictivo, no padecía perturbaciones de las señaladas en el artículo 16 del Código Penal en vigor, poseía el mínimo de capacidad de autodeterminación para cometer el delito, existiendo una conciencia de antijuridicidad, y con lo que quedaron colmados los extremos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que dictó auto de vinculación a proceso. Resulta aplicable la tesis XXIII.10P (10ª), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 17 de febrero de 2017 10:19 h, Décima época, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." De ahí, que a criterio de quien aquí resuelve, fue correcta la determinación emitida por la Juez de Control responsable. Es importante destacar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, la ley no exige que se tengan elementos de convicción que establezcan de modo indudable la culpabilidad del sujeto activo, basta que los datos que arroje la indagatoria, sean suficientes para la comprobación de un hecho señalado por la ley como delito, y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, en razón de que en dicho auto sólo debe puntualizarse el o los datos por los cuales se seguirá el proceso y determinar, como se hizo en el presente caso, si están demostrados los datos que establecen que se cometió un hecho ilícito, y si existen pruebas que hagan probable la responsabilidad en su comisión, pero de ningún modo se debe precisar, que ésta se justificó en grado de plenitud, toda vez que ello constituye el objeto del proceso y materia de la resolución definitiva, sostener lo contrario equivaldría a rebasar las exigencias a que alude el artículo 19 de nuestra Ley Fundamental. Bajo las relatadas consideraciones, contrario a lo argumentado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, no se infringen sus derechos fundamentales, pues para la emisión de un auto de vinculación a proceso, como se anticipó, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no exige que se tengan elementos de convicción completamente claros que establezcan de modo indudable la responsabilidad del imputado, sino únicamente que los datos que permitan comprobar que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que en el caso concreto se encuentran colmados, pues los datos de prueba existentes hasta ese momento procesal resultan bastantes para ello. En razón de lo anterior, debe decirse que la resolución que constituye el acto reclamado se encuentra debidamente fundada y motivada, habida cuenta que, en principio, la fundamentación ha sido entendida como el deber que tiene la autoridad de invocar los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; la motivación ha sido referida a la expresión de los razonamientos por las cuales la autoridad responsable considera que los hechos en que se basa, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Sobre la base de lo anterior, la autoridad responsable citó, en primer término los preceptos legales en los que se ubica la conducta del inculpado en el procedimiento penal, amparista en el presente juicio biinstancial, expresando los motivos y argumentos tendentes a demostrar por qué consideró que se acreditaba el hecho delictuoso y la probable intervención del quejoso en su comisión; asimismo, valoró los medios probatorios que fueron puestos bajo su potestad, expresando los motivos por los que les concedía eficacia demostrativa en términos de los numerales que para tal efecto prevé la ley de la materia y fuero; ante esas circunstancias es evidente que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución General de la República. Robustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo III, Administrativa, Parte SCJN, página 46, correspondiente a la Séptima Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, también resulta infundado su argumento vertido en el inciso d, donde el impetrante constitucional aduce que no se le puede imputar la comisión del delito de extorsión, en virtud de que se encontraba en cumplimiento de un deber y que el sujeto pasivo no contaba con un permiso para portar el arma de fuego, pues de autos no se aprecia que haya aportado dato de prueba con el cual desvirtué tal situación, en cambio de los datos aportados por la representación social, se apreció que hasta este momento procesal sí existieron elementos para considerar que el imputado pretendió extorsionar a la víctima al solicitarle la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), lo cual se robusteció con las entrevistas del testigo Norberto Artemio Rojas González y de los elementos de la policía que auxiliaron a la víctima y a éste al instante en que se suscitaban los hechos. Finalmente, tampoco le asiste la razón al accionante constitucional señalado en el inciso e, pues hasta el momento no se tiene conocimiento que la representación social haya actuado en contravención a los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia que le imponen los artículos 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se concluye que ha actuado conforme a sus facultades y atribuciones que la ley le impone. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por José Trinidad Acosta Acosta, contra resolución de dos de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la carpeta administrativa 4/2017 en la que se emitió el auto de vinculación a proceso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Trinidad Acosta Acosta contra el acto y autoridad que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos asentados en el último considerando de la presente sentencia.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, se advierte que a las diez horas con diez minutos del nueve de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia constitucional y se turnaron los autos para la elaboración de la resolución que en derecho corresponda; por lo tanto, a efecto de no dejar promoción pendiente de acordar, agréguese al cuaderno de antecedentes la promoción de cuenta, por medio de la cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, comunica que se suspendió el proceso en la carpeta **** que se instruye al aquí quejoso por el delito de *** con modificativa, hasta en tanto se dicte la sentencia correspondiente, de lo que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio por medio del cual el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, devuelve diligenciado el despacho 31/2017, formado con motivo del diverso 54/2017 (orden 113/2017), derivado del juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene legalmente notificado al tercero interesado con iniciales ***********, del proveído de veintiocho de febrero de la presente anualidad; asimismo, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista al tercero de referencia con los informes rendidos por las responsables por un término continuo de ocho días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Jorge Manuel Cano Corona, que da fe.

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