José Transito Ramírez Ramírez
Expediente 907/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Transito Ramírez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el testimonio de la resolución emitida el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja administrativa *** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, remitido por el secretario de acuerdos de su adscripción, cuyo punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja, por lo que se revoca el auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo indirecto ***, promovido por **********, por lo que se ordena admitir a trámite la demanda de amparo." Acúsese recibo a la superioridad por vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno relativo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención al punto vigésimo, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el legajo de copias certificadas del expediente en que se actúa, que fue remitido por la alzada, deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude tal punto; mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En estricto acatamiento a lo resuelto por la superioridad, al respecto se provee: Admisión. Con fundamento en los artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite, la demanda presentada por **********; en contra de actos del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Guanajuato; lo anterior, en la inteligencia, de que se dicho expediente se encuentra registrado con el número de expediente 907/2019-IV. Intervención de la representante social. Dese la intervención que corresponda a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, deberá tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibidas que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://dpepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_iniasp. Es aplicable la jurisprudencia 2./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253. Libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Sumario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Causales de sobreseimiento. Con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Incidente de suspensión. Sin que se tramite incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la parte quejosa.
- Principal
A sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, comunica que el magistrado presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por **********por conducto de su autorizada **********, el cual quedó registrado como el número de queja administrativa 200/2019.
- Principal
Visto el escrito presentado electrónicamente por ********** autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el recurso de queja que promueve, en contra del auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, ríndanse el informe a que alude el artículo 101 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es cierto que este juzgado dictó el auto recurrido y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno; acompáñese el original del ocurso de cuenta y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente.
- Principal
Vista la demanda de cuenta formulada por ********** por propio derecho, en contra de actos del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Guanajuato, con residencia en León, por violaciones al artículo 8 constitucional. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 907/2019-IV-B. ? Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ahora, en el caso, es dable advertir que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1° y 5° fracciones I y II de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda. A fin de justificar lo anterior, se relata que el dieciséis de agosto de la presente anualidad, fue recibida la solicitud formulada por el aquí promovente del amparo al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Guanajuato, con residencia en León, sin que a la fecha se le haya dado respuesta (omisión por la que acude a la presente instancia constitucional). Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere el dispositivo invocado en cuanto al breve término, pues este debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. Por su parte, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo estatuye que salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda, transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente. Dicho numeral textualmente señala: Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Precisado lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó su petición ante el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Guanajuato, con residencia en León, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve; y la demanda de amparo fue recibida el dos de octubre del año que trascurre, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, esto es, han transcurrido treinta y dos días hábiles desde su promoción, es decir, ha pasado más de un mes, sin considerar los días: Agosto de dos mil diecinueve: diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno. Septiembre de dos mil diecinueve: uno, siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve. Por ser inhábiles. En ese sentido, una vez que transcurran los aludidos tres meses, y de ser el caso de que la autoridad responsable no haya dado respuesta, entonces sí podría alegarse alguna omisión. Por lo anterior, es inconcuso que no ha transcurrido el término dispuesto, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, pues de los numerales invocados se advierte que dicho plazo es de tres meses, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del lapso antes indicado para dar respuesta al ahora solicitante de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, febrero de 1994, octava época, cuyo rubro y texto es: PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión breve término, a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. Por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por **********, contra la infracción que se demanda al numeral 8 de la ley fundamental, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia referidos. Se invoca, por contenido substancial, el criterio de la décima época, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1861 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VIII, mayo de 2012, tomo 2, materia constitucional, tesis: VI.1o.A.21 A (10a.), registro: 2000772, que indica: DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD., se desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla. ? Domicilio y autorizados. Asimismo, como lo solicita el promovente, se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, a los usuarios ********** matriculados debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. En tales condiciones y con el objeto de generar seguridad jurídica a las partes y no duplicar notificaciones, no ha lugar a tenerse como domicilio físico para tal fin el señalado en su escrito de cuenta. Sin perjuicio de que en caso de que el suscribiente opte por designar nuevamente un domicilio físico diverso para dicho fin, podrá gestionar lo conducente, pero se revocará el electrónico. En el entendido de que la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar los usuarios de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscrita cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del invocado numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la diversa persona que refiere en su ocurso, por así solicitarlo expresamente. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- José Socorro Herrera Mendoza925/2022
- José Socorro Tarín Palma990/2021
- José Tadeo Aguilera Huerta799/2019
- José Tadeo Aguilera Huerta1193/2019
- José Tomás Clemente Rodríguez Pérez516/2022
- José Tomás Clemente Rodríguez Pérez921/2021
- Jose Trejo Zuñiga589/2021
- Jose Trejo Zuñiga625/2021
- José Trinidad Cota Valdez728/2014
- José Trinidad Ricardo Torres García194/2018
- José Ulises Ariza Rodriguez74/2022
- Jose Ulises Solorzano Gutierrez570/2021