José Torres Ramírez
Expediente 209/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2017
Partes del expediente
- José Torres Ramírez
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto por el que se desecho la demanda de amparo, ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, en el entendido que el mismo es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de dicha parte procesal las documentales que acompaña a su escrito de cuenta, la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia incidental. Sin que sea procedente tener como medios de convicción de su parte, las diversas documentales señaladas en su ocurso de mérito con los números 3 y 4, las cuales refiere obran en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente; lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, la tramitación se sigue por cuerda separada; por lo tanto, si es su deseo que estos obren en el presente juicio deberá exhibirlos y en su caso, este Juzgado procederá a su cotejo. Por otro lado, vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra señalada esta fecha para la celebración de la audiencia incidental; sin embargo, no obran en autos los informes previos de las autoridades señaladas como responsables foráneas respecto a las cuales la parte quejosa amplió su demanda de amparo, ni existe constancia de que hubiesen recibido el oficio mediante el cual se les solicitó dicho informe. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumpla lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. Sin que lo anterior implique demérito alguno al principio de justicia pronta y expedita, pues el diferimiento de la audiencia incidental por lo que atañe al carácter de autoridades foráneas, se estima que es el estrictamente indispensable para dar oportunidad a que se alleguen los informes previos respectivos, considerando la distancia por el lugar de su residencia, cuestión que desde luego no se encuentra normada en el ordinal 133 de la Ley de Amparo, dejando por tanto, la apreciación de ello a criterio del juzgador. Notifíquese.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de 14 de febrero de dos mil dieciséis: "RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a ***, por propio derecho; promoviendo demanda de amparo contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia de Jalpan, de Serra, Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número , anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. DESECHAMIENTO. Análisis de procedencia del juicio de amparo. De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa reclama del Juez responsable, el proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado en ejecución de sentencia, dentro del juicio mercantil 280/2013 del índice de la autoridad responsable, acuerdo mediante el cual el juez natural desechó el incidente de nulidad de notificaciones; medio de impugnación que fue interpuesto por el aquí quejoso como parte material de la trilogía procesal del juicio de origen. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan. En el caso el acto reclamado dimana del expediente 280/2013 del índice del Juzgado responsable, en específico el proveído de veinticuatro de enero de la actual anualidad, mediante el cual el juez natural desechó el incidente de nulidad de notificaciones hecho valer por la parte quejosa; medio de impugnación que fue interpuesto por el aquí quejoso quien dice solicitó al juzgador en cita que al admitir el recurso de referencia suspendiera los actos de ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen. Pues bien, dicha determinación se dictó con motivo del procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no se trata de un acto autónomo de ésta. Tampoco constituye la resolución definitiva que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien ordena el archivo. No se trata tampoco de un acto dictado en el procedimiento de remate. En efecto, se trata de una resolución dictada en ejecución de sentencia, cuyo resultado puede trascender a la determinación final de dicha etapa procesal, sin embargo, contrario a las manifestaciones de la parte quejosa, no se reúnen los requisitos de excepción para que proceda el amparo contra esa resolución, toda vez que no se afectan sus derechos sustantivos, ya que dicha cuestión fue materia del juicio de origen, lo que culminó en la sentencia que ahora se está ejecutando. Por tanto, se insiste, los criterios jurisprudenciales de mérito, siguen siendo aplicables, en términos del Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece lo siguiente: "(.) La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley (.)." Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. ".
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