José Tomoteo Vázquez Luna

Expediente 123/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
123/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • José Tomoteo Vázquez Luna
  • Cesar Flores Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de diez de septiembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción III del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese.

  2. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción IV del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso b) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo el escrito de expresión de agravios, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, uno de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por José Timoteo Vázquez Luna, por propio derecho, parte quejosa en el expediente en que se actúa, en contra del auto de diez del mes y año en curso, dictado en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 6/2021. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 195 a 196 y 201 a 223); además, con el mismo se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (foja 224), haciendo manifestaciones al respecto únicamente la parte quejosa. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de diez de septiembre de dos mil veinte este órgano colegiado concedió a José Timoteo Vázquez Luna, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Sala responsable procediera en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar, emita otra en la que: a) Dé respuesta frontal a todos los agravios planteados por el recurrente en la apelación de origen; y, b) Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." -foja 185 vuelta- Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte la Sala responsable dejó insubsistente la resolución de diez de enero del presente año que constituye el acto reclamado (foja 196). Mediante oficio de veintidós de octubre de dos mil veinte el Secretario de Acuerdos adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala responsable, remitió copia certificada de la nueva resolución de veintiuno de octubre del presente año, en la cual realizó lo siguiente: Analizó los agravios formulados por la parte apelante en los que sostuvo, esencialmente, que fue incorrecto que la juez del conocimiento tuviera por acreditados los tres elementos de la acción reivindicatoria consistentes en la propiedad, posesión e identidad del bien inmueble; así como, que fue ilegal la valoración de las pruebas ofrecidas, tanto por el actor, como por el demandado; motivos de inconformidad que la Sala declaró parcialmente fundados por las razones siguientes: Respecto a la propiedad del inmueble se obtiene que el actor demostró que es propietario del inmueble ubicado en el lote número 345 bis de la manzana cincuenta y cinco, ubicado en calle diecinueve, número seiscientos siete de la colonia unidad federal Hidalgo, con las pruebas siguientes: Instrumento notarial anexado por el actor a su demanda relativo al acto de compraventa celebrado entre Ma. Teresa de Jesús Ramírez Arévalo, como vendedora, y Justo Lozano Tovar, como comprador; al cual le otorgó valor probatorio conforme al artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles. El demandado al contestar su demanda reconoció la propiedad del inmueble a que se refiere la documental citada con anterioridad en favor del actor, argumentando, además que él no posee la propiedad de su demandante. No obstante lo anterior, la Sala consideró que no se demostró el segundo de los elementos de la acción reivindicatoria consistente en que el demandado tenga la posesión del inmueble propiedad del actor, por las razones siguientes: De la lectura de la contestación de la demanda no se obtiene que el demandado haya admitido que se encuentre en posesión del bien propiedad del accionante, sino que afrimó que el que posee es uno diverso amparado por el instrumento notarial treinta y ocho mil setecientos ochenta, volumen quinientos cinco del cual se advierte que adquirió la propiedad del lote trescientos cuarenta, ubicado en la colonia Federal Hidalgo de la ciudad de Tlaxcala, actualmente con el número seiscientos nueve de la calle diecinueve, colonia Xicohténcatl, en el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala -al cual le otorgó valor probatorio pleno en conformidad con el precepto 431 del Código de Procedimientos Civiles-, es decir, se trata de un inmueble distinto al que reclama el actor. Con la prueba testimonial de cinco de junio de dos mil catorce a cargo de Daniel Hernández Sánchez y Cesar Sevilla Keever, resultan de oídas, en virtud de que no les constan los hechos que depusieron, porque mientras el primero supone la fecha en que asegura que su presentante dejó de poseer el bien que reclama y se enteró de la desposesión en un domicilio distinto al de la ubicación del inmueble; y por lo que hace al segundo de ellos, los hechos que declaró los conoció por información de la esposa de su presentante; probanza a la que no le otorgó valor probatorio para demostrar la posesión del inmueble en términos de los artículos 445 y 446 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. La prueba de inspección judicial realizada el cuatro de junio de dos mil quince se llevó a cabo en el predio seiscientos nueve de la calle diecinueve de la colonia Xicohténcatl, Tlaxcala, es decir, en un inmueble distinto al que el actor afirma es de su propiedad; asimismo, se desprende de la diligencia de inspección judicial de nueve de junio de dos mil catorce que el personal judicial dio fe de una fotografía exhibida por el actor en donde aparece la fachada del inmueble con el número seiscientos siete, fotografía que no fue admitida en términos de ley; por tanto, la responsable señaló que para que la inspección judicial cree convicción debe realizarse sobre objetos que no requieran de conocimientos especiales o científicos, como en la especie aconteció, determinar si el inmueble que posee el demandado correspondía al del actor según los títulos exhibidos, ello con sustento en el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del rubro siguiente: "ACCIÓN REIVINDICATORIA, LA INSPECCIÓN JUDICIAL POR SÍ SOLA ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)". No se encuentra acreditada la identidad del bien inmueble, tomando como base que al respecto la prueba idónea es la pericial, y en el caso la del actor y del tercero en discordia, mientras que la del demandado si tiene fuerza convictiva por las razones siguientes: De la confrontación del dictamen del perito tercero en discordia con el dictamen del perito del actor, se evidencia que coinciden hasta en el modo de establecer las razones por las que concluyen que el inmueble poseído por el demandado corresponde al de la propiedad del actor, lo cual genera duda sobre la imparcialidad con la que se condujeron. Sin que pase inadvertido que el perito tercero en discordia sustentó su dictamen en datos que recabó en la inspección judicial de cuatro de junio de dos mil quince (diligencia desahogada en predio distinto al que el actor señaló en su demanda), por lo que con mayor razón adolece de valor el dictamen señalado de acuerdo al artículo 444 del código adjetivo civil. El dictamen del perito tercero en discordia quien demostró que los datos del instrumento notarial del actor son equívocos, ya que de acuerdo al plano catastral es ilógico que el lote 345 bis colinde al sur con el lote 341, al oriente con el lote 345 y al poniente con Concepción Rodríguez Vázquez; pues del análisis al plano interno del catastro municipal se obtuvo que en la calle diecinueve no existe el lote 435 bis; lo que la responsable concluyó que el lote 345 bis que reclama el actor es distinto al que tiene en posesión el demandado, pues aun cuando los dos se ubican en la manzana 55, éstos se sitúan en lugares distintos, prueba que le otorgó valor probatorio pleno en términos del precepto 431 del Código de Procedimientos Civiles. En el dictamen del perito de la parte demandada, se realizó el estudio de los instrumentos notariales, tanto del actor, como del demandado, obteniéndose que los inmuebles ahí asentados no tienen identidad y que el lote 345 bis (propiedad del actor) es distinto al lote 340 (propiedad del demandado). Dictámenes a los que les otorgó pleno valor probatorio en términos del artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles, por crear convicción y contener datos lógicos que permiten formar criterio respecto de la identidad formal del inmueble, conforme a los títulos de propiedad y además sobre la identidad material de estos. En virtud de lo anterior, la responsable indicó que no se acreditaron dos de los elementos de la acción reivindicatoria, como lo es la posesión e identidad del inmueble entre el que aparece en el título del demandante con el que materialmente pretende se le reivindique, y en la especie se encontró acreditada la excepción de falta de identidad en el predio a reivindicar, por lo tanto, revocó el fallo de primer grado y reasumió jurisdicción para resolver (foja 222). Finalmente, con libertad de jurisdicción dictó resolución en la que declaró procedente la vía ordinaria civil de juicio reivindicatorio, pero consideró que el actor no probó su acción puesta en ejercicio y que el demandado demostró la excepción de falta de identidad en el predio a reivindicar; por tanto, absolvió al demandado de las prestaciones que le fueron reclamadas (foja 222). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Ahora bien, el quejoso José Timoteo Vázquez Luna al desahogar la vista que se le otorgó con el informe del cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 230 a 232), sostiene que ésta no se encuentra cumplida por las razones siguientes: La responsable señala de manera ilegal, inatendible e incongruente que el primer elemento de la acción reivindicatoria se encuentra demostrado en autos, ello no es así, porque de la documental consistente en el instrumento notarial que el actor adjuntó a su demanda se puede acreditar que éste si es propietario, mismo bien inmueble que la Sala responsable describe, el cual es completamente diferente al de la propiedad del demandado. Uno de los agravios planteados en el recurso de apelación fue que en los autos del expediente de origen no se encontraba demostrado de manera fehaciente la existencia del primer elemento que para la procedencia de la acción real reivindicatoria, exige la fracción I del artículo 916 del Código Procesal Civil, en virtud de que de dichas actuaciones el demandado no reconoció al actor como propietario del bien inmueble de su propiedad y posesión. La sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veinte no condena al actor al pago de gastos y costas, a pesar de que se actualiza el supuesto previsto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, pues el actor no obtuvo sentencia favorable por lo que el pago de gastos y costas le beneficia al demandado, independientemente si se reclamaron o no, ya que es una sanción para la parte actora por no haber obtenido sentencia favorable. Al respecto, debe indicarse que resultan inatendibles sus manifestaciones, ya que controvierten la resolución emitida por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector; por tanto, dichas manifestaciones al no combatir los lineamientos a los que se apegó la responsable al acatar los efectos de la ejecutoria de amparo, escapan a la materia y límite de estudio de la presente resolución, pues cuestionan aspectos que, en su caso, constituyen un nuevo acto de autoridad, cuya legalidad no puede ser objeto de análisis en la presente resolución, pues equivaldría a abordar cuestiones propias de un diverso juicio de amparo. Lo anterior, por analogía, tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 121/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 786, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, sino la forma en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia protectora, con la pretensión de analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de inconformidad hecho valer." Asimismo, se reitera que son inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa, en virtud de que este Tribunal al otorgar la protección constitucional, lo hizo confiriendo a la autoridad responsable libertad de jurisdicción, para que resolviera lo que en su derecho procediera. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Página: 222, con registro 168905, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad".

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