José Tomas Pimentel Bustamante

Expediente 444/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
444/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • José Tomas Pimentel Bustamante

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Tomás Pimentel Bustamante, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Por recibida la razón del actuario adscrito a este juzgado, mediante la se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia encomendada por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, por las razones que expone en la misma; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes al quejoso, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado; en el entendido que deberá quedar constancia de la sección de actuaria de tal notificación. Notifíquese. EN CONSECUENCIA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO QUE DICE... Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Recepción y registro de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Tomás Pimentel Bustamante, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 444/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Desechamiento de la demanda. En ese sentido, se tiene que en el caso el quejoso reclama: "IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: 1. A) LO ES LO ORDENADO POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA, EN AUDIENCIA DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2022, EN AUTOS DE LA CAUSA AUXILIAR Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 48/2019, PARTICULARMENTE EN DONDE ORDENA DEJAR INSUBSISTENTE EL ACUERDO DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2022, SUSCRITO POR LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA LIC. MARISELA ESCALONA MIRAMON, ASÍ COMO DEJAR INSUBSISTENTES LAS DILIGENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE PERSONA POR FOTOGRAFÍA PRACTICADOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUC: ECA/ECA/ECA/034/141414/18/07, PRACTICADAS EN FECHA 3 DE JUNIO DEL 2021." Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 6 y 107, fracción V, de la invocada ley; así como el 21 de la Ley Fundamental. Tales numerales establecen: Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo el artículo 21 de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualice un motivo resultante de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Ahora, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el agraviado obtiene una resolución favorable. Sobre tal aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que los actos procesales tienen una ejecución irreparable si sus consecuencias afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución, pues esa transgresión es jurídicamente trascendente porque sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que le beneficie. Caso contrario se presenta cuando dicha afectación no tiene una ejecución de naturaleza irreparable, es decir, cuando las consecuencias son susceptibles de extinguirse sin vulnerar los derechos fundamentales del individuo y sin dejar huella en su esfera jurídica. Dichas hipótesis dieron origen a la jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." la cual se cita como sustento a las consideraciones anteriores, al versar sobre la distinción entre actos dentro del procedimiento que son de imposible reparación, de aquellos que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, debido a que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo resolución favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso específico el acto reclamado consiste en la audiencia de veinticinco de marzo del año en curso, dictado en la causa 48/2019, en donde ordena dejar insubsistente el acuerdo de Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 once de marzo del año en curso, en la que ordena dejar insubsistentes las diligencias de reconocimiento de persona por fotografía, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que en esencia se tratan de actos tendientes al desahogo de pruebas la causa auxiliar 48/2019; y en su caso, pudiera afectar derechos procesales de las partes dentro del procedimiento, ya que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no ataca de forma material algún derecho sustantivo. Luego, se insiste, será en su caso hasta el pronunciamiento de la sentencia correspondiente, cuando pudieran influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución mencionada, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses legales de la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del proceso de referencia, cuestión que, se insiste no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una resolución favorable. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene una resolución favorable. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva y, en su caso, se impugne a través del juicio constitucional, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación que hubiera afectado a la parte quejosa. Ahora bien, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado". Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. El Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido el criterio reiterado de que por regla general la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, como se advierte de las tesis aisladas LXVIII y CXXXV/2004, consultables en las páginas 1113 y 351, del tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente, que son del tenor literal siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." De ahí que en el caso de procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, en el caso a estudio, el perjuicio que la parte quejosa estima le causa es el hecho de que las responsables ordenen dejar insubsistente el acuerdo de once de marzo del dos mil veintidós, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura Lic. Marisela Escalona Miramon, así como dejar insubsistentes las diligencias de reconocimiento de persona por fotografía practicados en la carpeta de investigación NUC: ECA/ECA/ECA/034/141414/18/07, practicadas el tres de junio del dos mil veintiuno. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues como se reitera no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad determine en un momento dado sí resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, o en su caso, la formulación de la imputación, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por el quejoso. Domicilio. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle 26-A, Número cuatro, Fraccionamiento Industrial San Juan Iztacala, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54160, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Recepción y registro de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Tomás Pimentel Bustamante, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 444/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Desechamiento de la demanda. En ese sentido, se tiene que en el caso el quejoso reclama: "IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: 1. A) LO ES LO ORDENADO POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA, EN AUDIENCIA DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2022, EN AUTOS DE LA CAUSA AUXILIAR Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 48/2019, PARTICULARMENTE EN DONDE ORDENA DEJAR INSUBSISTENTE EL ACUERDO DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2022, SUSCRITO POR LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA LIC. MARISELA ESCALONA MIRAMON, ASÍ COMO DEJAR INSUBSISTENTES LAS DILIGENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE PERSONA POR FOTOGRAFÍA PRACTICADOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUC: ECA/ECA/ECA/034/141414/18/07, PRACTICADAS EN FECHA 3 DE JUNIO DEL 2021." Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 6 y 107, fracción V, de la invocada ley; así como el 21 de la Ley Fundamental. Tales numerales establecen: Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo el artículo 21 de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualice un motivo resultante de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Ahora, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el agraviado obtiene una resolución favorable. Sobre tal aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que los actos procesales tienen una ejecución irreparable si sus consecuencias afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución, pues esa transgresión es jurídicamente trascendente porque sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que le beneficie. Caso contrario se presenta cuando dicha afectación no tiene una ejecución de naturaleza irreparable, es decir, cuando las consecuencias son susceptibles de extinguirse sin vulnerar los derechos fundamentales del individuo y sin dejar huella en su esfera jurídica. Dichas hipótesis dieron origen a la jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." la cual se cita como sustento a las consideraciones anteriores, al versar sobre la distinción entre actos dentro del procedimiento que son de imposible reparación, de aquellos que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, debido a que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo resolución favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso específico el acto reclamado consiste en la audiencia de veinticinco de marzo del año en curso, dictado en la causa 48/2019, en donde ordena dejar insubsistente el acuerdo de Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 once de marzo del año en curso, en la que ordena dejar insubsistentes las diligencias de reconocimiento de persona por fotografía, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que en esencia se tratan de actos tendientes al desahogo de pruebas la causa auxiliar 48/2019; y en su caso, pudiera afectar derechos procesales de las partes dentro del procedimiento, ya que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no ataca de forma material algún derecho sustantivo. Luego, se insiste, será en su caso hasta el pronunciamiento de la sentencia correspondiente, cuando pudieran influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución mencionada, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses legales de la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del proceso de referencia, cuestión que, se insiste no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una resolución favorable. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene una resolución favorable. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva y, en su caso, se impugne a través del juicio constitucional, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación que hubiera afectado a la parte quejosa. Ahora bien, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado". Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. El Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido el criterio reiterado de que por regla general la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, como se advierte de las tesis aisladas LXVIII y CXXXV/2004, consultables en las páginas 1113 y 351, del tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente, que son del tenor literal siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." De ahí que en el caso de procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, en el caso a estudio, el perjuicio que la parte quejosa estima le causa es el hecho de que las responsables ordenen dejar insubsistente el acuerdo de once de marzo del dos mil veintidós, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura Lic. Marisela Escalona Miramon, así como dejar insubsistentes las diligencias de reconocimiento de persona por fotografía practicados en la carpeta de investigación NUC: ECA/ECA/ECA/034/141414/18/07, practicadas el tres de junio del dos mil veintiuno. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues como se reitera no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad determine en un momento dado sí resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, o en su caso, la formulación de la imputación, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por el quejoso. Domicilio. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle 26-A, Número cuatro, Fraccionamiento Industrial San Juan Iztacala, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54160, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 Amparo indirecto 444/2022 correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 444/2022 enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese.

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